El diario El Mostrador en su edición del 10 de junio, nos informa las increíbles declaraciones del Jefe de la Zona Oriente Alberto Ayala a los periodistas, respecto a la eliminación de Carlos Gajardo de su función de persecutor en el caso Corpesca: “ … todas las investigaciones deben tener un debido proceso y cuando yo veo permanentemente que elementos de una investigación están en los diarios y medios, yo como fiscal regional tengo que tomar las medidas del caso», … «no tengo cómo imputar nada a nadie, sería una infamia de mi parte hacerlo, pero tengo que tomar las medidas. Tuve muchas personas afectadas, por esto abrimos investigaciones respecto a filtraciones. De muchas otras causas ustedes se acogieron al legítimo derecho de guardar sus fuentes y yo debo resguardar el debido proceso».

El fiscal jefe sostuvo que no ha conversado con el fiscal Gajardo. Que no comete la infamia de imputar nada a nadie, pero igual lo defenestra. Hubo persona afectadas que siguen sin ser reparadas. Inicia investigaciones respecto a filtraciones pero no puede mostrar resultados.
El Mostrador también señala que: “El movimiento de Ayala fue interpretado como un “golpe blanco” al fiscal Gajardo. De acuerdo a fuentes internas, Gajardo era el único que no se “agachaba” ante Ayala”.
“Las versiones decían entonces que Ayala tenía un “dilema” con Gajardo por no poder “controlarlo” y no poder “sacarlo”, ya que es el fiscal “estrella”.
“Para muchos, dejar a Gajardo fuera del caso Corpesca es una pasada de cuentas de Alberto Ayala, ya que ambos mantienen una “difícil” relación desde hace meses, cuyo punto más álgido fue en febrero”.

Considero increíbles estas declaraciones porque dejan al descubierto una mezquina lucha de vanidades, una guerra despiadada por la notoriedad y el escalamiento burocrático, a costa de lo que se supone que es su muy delicada función: impartir justicia. Si hay algo desmoralizador para la sociedad son estos abusos; constituyen una traición a la buena fe de los ciudadanos y un abuso de poder inaceptable. Dejan al descubierto que las “filtraciones” de los elementos de las investigaciones -que se suponen reservadas- ocurren en beneficio de los miembros del poder judicial tratando de alcanzar el estrellato por medio de una impúdica competencia.
Pero esto es aun mas escandaloso: Las infidencias y abuso de poder de los funcionarios de la justicia destruyen carreras, reputaciones y causan graves e irreparables perjuicios a las personas que tienen la desgracia de caer en medio de esta lucha de intereses personales, sin que la Corte Suprema, el Ministerio de Justicia, ni el Congreso se den siquiera por aludidos. Tan grave como eso, es que en la furia de esta riña nadie tiene tampoco el menor recato en atentar grave e impunemente contra la seguridad nacional.
Dentro de lo que la prensa bautizó como “Caso Fragatas”, -la investigación llevada a cabo por el Fiscal de la Zona Oriente Carlos Gajardo para esclarecer los posibles delitos ocurridos en el proceso de modificación de las estructuras de las fragatas adquiridas por Chile al gobierno de Holanda-, se dispuso la incautación de la información contenida en el computador de uno de los investigados, el empresario Guillermo Ibieta.
Este “disco duro” fue incautado por la policía civil y entregado a la Fiscalía Oriente para, se supone, su custodia y análisis para los fines de la investigación. Muy poco después, un periódico electrónico nacional dio a conocer que había tenido acceso a los 100.000 archivos de información referida a “transacciones bancarias, informes de ex marinos chilenos, recomendaciones de lobby para distintos proyectos y un contrato secreto de Asmar”. Y precisa aun más: “Se trata de sólo una muestra de lo que contiene el disco duro de este “intermediario” de cuyos 43 gigabytes (el diario electrónico citado) obtuvo una copia íntegra. La misma que está en manos del fiscal de la zona oriente Carlos Gajardo”.
Esta información fue el puntapié inicial para varias semanas de especulaciones, suposiciones, cuestionamientos y nuevas acusaciones periodísticas a todas las personas y organismos que tuvieron la desgracia de estar mencionados en los documentos de Ibieta que, por lo demás, nadie podía asegurar que dijeran la verdad o mintieran.
Los afectados fueron severamente vulnerados en sus derechos. Los antecedentes obtenidos por la policía, en uso de las atribuciones entregadas a ellos para apoyar a la justicia, se transformaron en instrumento para juzgarlos y condenarlos frente a la opinión pública. No tuvieron ocasión de defenderse; fueron declarados culpables aunque la justicia, eventualmente, los declarara inocentes.
El procedimiento fue ilegal e inmoral, sin embargo lo más grave es que nunca se aclaró la fuga de información secreta desde la Fiscalía Oriente, desde la Policía o desde otra fuente, hacia el medio electrónico.
Pero es peor, esta situación, en si misma seria y preocupante, no terminó ahí. El fenómeno volvió a repetirse.
Dentro de la misma investigación, el Ministro de Fuero Manuel Antonio Valderrama Rebolledo y el Fiscal Metropolitano Oriente Carlos Gajardo, solicitaron al Ministro de Defensa amplia información respecto al proceso de adquisición de los buques y materiales conexos, la que fue entregada por el Comandante en Jefe de la Armada al Ministro de Defensa Nacional mediante el Oficio Secreto N° 4561/3079 del 25 de Junio de 2012, – junto a una carpeta con información clasificada como Secreto, respecto al cual se solicitó tener presente lo señalado en el Código de Justicia Militar, el Código de Procedimiento Penal y el Código Procesal Penal en cuanto a “evitar la divulgación de la información durante la investigación y substanciación del eventual proceso y que al término de éste, los antecedentes sean devueltos a la Armada”.
Pues bien, muy poco después, el mismo medio digital los dio a conocer, in extenso y completamente, en su publicación electrónica. Nuevamente, ni el Ministro de Defensa Nacional, ni el Ministerio de Justicia, ni la Corte Suprema, ni el Ministro de Fuero, ni el Fiscal de la Zona Oriente tomaron acción legal ante esta gravísima vulneración de la seguridad de la defensa nacional.
De acuerdo a la ley, dentro de las 24 horas de haberse producido la publicación de estos documentos, y mediante ella, de haberse producido un eventual delito, las autoridades afectadas debieron haber interpuestos las denuncias correspondientes. En efecto, sea el Fiscal de la Zona Oriente o el Ministro de Defensa debieron haber procedido en la forma señalada. Algunos días después, sólo el Comandante en Jefe de la Armada lo había hecho.
No pasó nada, ni entonces ni después.
Esto se ha repetido muchas veces, por ejemplo, con la Investigación respecto a lo sucedido el 27 de febrero de 2010, en que todos los tomos de la investigación fueron a parar al escritorio de Ascanio Cavallo, decano de Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez, quien la usó para especular, suponer y desprestigiar impunemente a personas e instituciones.
Caben muchas preguntas, pero sin duda la primera y principal es saber la causa del incumplimiento de la obligación funcionaria de diversas autoridades del Ejecutivo y también del Poder Judicial de denunciar posibles delitos y llevar a cabo las investigaciones necesarias para identificar a los culpables, los responsables, sus cómplices y determinar las razones de la reiterada repetición de hechos similares que configuran graves violaciones a un Derecho Humano como es la honra y dignidad de las personas, y a la seguridad de la defensa nacional, ambos delitos sancionados con severidad en todo el mundo.
No es conducente ni justo atribuir estas situaciones a la prensa como actividad o como gremio; menos cuestionar la libertad de prensa. Tampoco debilitar lo avanzado respecto a transparencia de los actos de las autoridades o funcionarios, pero es imprescindible la existencia de una supervisión y una contrapartida efectiva que acote la impunidad de los que trasgreden esas normas en beneficio propio -fama o dinero-.
El incumplimiento por parte de las autoridades Judiciales, Ministeriales, de la Policía y otros, de las normas legales que los obligan a denunciar, investigar y sancionar las conductas ilegales, abusivas y prepotentes de las autoridades judiciales en perjuicio de los ciudadanos de a pié, no puede ser tolerado. Menos la conformación de asociaciones ilícitas entre periodistas carentes de ética y traficantes de información reservada.
La pregunta clave es: ¿quién custodia a los custodios?. Sus autoridades jerárquicas, obviamente que no. Las autoridades políticas y judiciales se desentendieron y guardaron silencio, hoy están pagando por su complicidad.
Cuando los afectados son miembros de la Judicatura las investigaciones mueren en la nada. Cuando son otros, los fiscales abusan de su poder.
Mañana el afectado puede ser ser usted y estará indefenso.

Fernando Thauby García
T3 SpA
Consultores
11 de junio de 2015