Alejandro Solís, jubilado del Poder Judicial, es uno de esos personajes oscuros e impresentables que flotan al amparo de las convulsiones sociales prestando servicios a sueldo a los ganadores de turno.

El que ahora nos ocupa tiene un prontuario amplio: mirista asociado al movimiento cuando fungía de juez en San Fernando en 1973 y parecía que ese grupo ganaría la guerra civil que la izquierda propiciaba en Chile. Se benefició de la benevolencia del Gobierno Militar que liberó y entregó a la custodia del Presidente de la Corte Suprema Don Enrique Urrutia Manzano a los terroristas existentes en el Poder Judicial, quien investigaría y tomaría las medidas que correspondieran.

Inventor de aberraciones jurídicas risibles -si no perjudicaran brutalmente a sus víctimas- es una de las mayores vergüenzas en la historia de la judicatura chilena. En compañía de Juanito Guzmán forman la dupla mas conspicua de mediocres útiles de alto relieve y baja decencia.

El periódico La Tercera en su edición del domingo 16 de agosto de 2015, nos informó que “El ex magistrado Alejandro Solís -quien investigó emblemáticas causas que afectaron a la Dina- encabezará una nueva Unidad de Derechos Humanos que el gobierno decidió crear, a través del Ministerio de Defensa, para facilitar la entrega de información de las Fuerzas Armadas. La iniciativa constituye la respuesta de La Moneda a las demandas de agrupaciones por el fin de los llamados «pactos de silencio» en dichas instituciones” y que “A primera hora de mañana -lunes 17-, el ex ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Alejandro Solís cruzará el vestíbulo de ingreso al Ministerio de Defensa, en pleno centro de Santiago».

«En esa cartera -liderada desde hace tres meses por José Antonio Gómez (PR)-, el ex magistrado asumirá la cabeza de la Unidad de Derechos Humanos, entidad que comenzará a funcionar en el mismo instante en que Solís se instale en su nueva oficina de calle Zenteno”.

Dicha Unidad “Va a tener los medios y los recursos para relacionarse con el presidente de la Corte Suprema, con los auditores de las distintas ramas, para que los ministros que requieran cierta información se dirijan específicamente a esta unidad para buscar y hacer toda la investigación necesaria para saber si los antecedentes se están pidiendo, existen o no y por qué no existen”.

Para el cumplimiento de su labor investigativa y punitiva, “La oficina de Solís … contará con acceso a antecedentes en red que hoy están en manos de las Fuerzas Armadas. La repartición, en todo caso, no sólo se remitirá a la entrega de información -en caso de que esté disponible-, sino que, además, deberá dar respuestas concretas ante la eventualidad de que los datos solicitados no sean encontrados”.

La nominación fue manejada con gran secreto por parte del Ministro de Defensa José Gómez, ex militante comunista, para evitar que se repitiera lo que Solís tipificó como “presiones de los militares” para que no ejerciera, desde su condición de retiro, su «asesoría» en la marcha de los procesos a militares. Se fue maldiciendo a la Corte Suprema e insinuando ser víctima de los “intrigantes” de esa alta instancia judicial.

Según La Tercera, “La designación de Solís es una apuesta largamente deseada por Gómez. El hoy ministro de Defensa había buscado contar con la asesoría del ex magistrado desde que estaba a la cabeza del Ministerio de Justicia”. “La nominación tiene una connotación especial para el propio ex magistrado. Sólo esta semana -en el programa El Informante, de TVN- el ex juez denunció que integrantes del Ejército presionaron para que el año pasado dejara el cargo que lo facultaba para asesorar a los ministros en visita que investigan los crímenes contra los derechos humanos”.

Una venganza perfecta. Toda una saga.

Lo que parecía la creación -con escaso tino político y dudosa constitucionalidad- por parte del Gobierno, de un Comisario Político con amplios poderes, con libre y directo acceso a toda la información de las FFAA, parece haberse transformado en algo mas inocuo -solo uno mas de los 80.000 vagos contratados en diversas reparticiones por este gobierno-, “para precisar y agilizar la información que solicitaran los ministros –que parece no saben escribir- que atienden causas contra los militares» y que como ambos dejaron en claro por la prensa, «ninguno de los dos (Muñoz ni Solís), “son detectives” no les cabe tarea alguna de investigar. En breve, Solís hará el trabajo de una secretaria cara y fea.

Como es habitual, un invertebrado senador gremialista y miembro de la comisión de Defensa, -un payaso triste- Víctor Pérez, perdió la oportunidad de quedarse callado e hizo su aporte sosteniendo que “es la decisión del gobierno y se respeta”. Para esa perla le pagamos algo así como 7 millones de pesos mensuales.

La penosa fotografía de El Mercurio que muestra Solís con cara de bagre con estreñimiento a su llegada a su cubículo en el ministerio de Defensa; sentado en un escritorio escolar; con una corchetera, un destacador color lila y un rollo de cinta scotch no resulta particularmente  impresionante, mas bien proyecta la imagen de que se trata de un pituto para un colega marxista que necesita equilibrar su presupuesto mensual:

TRABAJO PARA UN HERMANO.

Fernando Thauby García

18 de agosto de 2015