ANTECEDENTES

Desde el primer gobierno de la Concertación estuvo presente la necesidad de modernizar el sector defensa para llevarlo a una condición acorde con el progreso que experimentaba el país en casi todos sus aspectos. El Gobierno Militar sin duda efectuó una gran tarea de modernización del Estado, pero dejó fuera al sistema de defensa nacional.

Este debate estuvo rodeado de un ambiente político en que la relación civil – militar estaba muy influída por el término de gobierno militar y por las desconfianzas y suspicacias al respecto.

Esta situación se manifestó en un intenso y prolongado debate que se materializó a través de un grupo muy variado de civiles y militares que llegó a conformar lo que en ese entonces se conoció como la “Comunidad de Defensa”, que culminó en una visión compartida que, en breve, asumía que la modernización de la defensa incluía en forma principal cambios en su dirección superior: El Ministerio de Defensa.

Este largo proceso culminó en un proyecto de ley que vino a concretarse en la Ley Nº 20.424.

EL MENSAJE DE LA LEY 20.424

Dentro de los argumentos mas relevantes para hacer estos cambios estaba la idea de “fortalecer la autoridad presidencial y la autoridad ministerial en la gestión de los procesos de gobierno …

El Mensaje también explicaba qué entendía por “Conducción Superior” la que corresponde al Presidente y declaró que la nueva organización ministerial debía dar satisfacción a dos objetivos: “actualizar la normativa orgánica y fijar una estructura que sea capaz de llevar a cabo el ciclo completo de políticas públicas del sector, comenzando con la emisión de una “Política Estratégica Nacional como objetivo general de carácter político del Estado (Gobierno) frente al actuar de la Defensa”.

LA LEY 20.424

Dado el ambiente reinante, a la Ley se le introdujeron elementos “de resguardo” político que no contribuyeron a clarificar el texto propuesto por el gobierno sino a restarle eficacia. La Ley, al establecer las funciones del Ministerio y del Ministro de Defensa solo hizo una enumeración general sin especificar como serían llevadas a cabo.

Sin perjuicio de lo anterior, el estilo general de la Ley deja amplio espacio para la interpretación de su articulado, que en manos de un Ministro comprometido con su función le permitiría hacerse cargo de sus insuficiencias.

En su origen se planteó un problema difícil de resolver: para hacerse cargo de la aplicación de la nueva Ley era imprescindible conocer las técnicas y la práctica de la gestión moderna de la defensa, conocimiento escaso en nuestro medio político y profesional, civil y militar, aspecto que debió haber sido enfrentado tanto en el Reglamento como en la implantación, puesta en marcha y operación de la nueva organización.

En lo que al personal se refiere, el Artículo 6º de la ley facultó al Presidente de la República para fijar las plantas y escalafones de personal dentro del plazo de un año, contado desde el 30 de marzo de 2010 mediante uno o más decretos con fuerza de ley suscritos por el Ministro de Defensa Nacional y el Ministro de Hacienda. Junto con darle esta facultad al Ejecutivo, lo coartaron radicalmente: “Respecto del personal referido en el inciso anterior, el Presidente de la República podrá dictar las normas modificatorias de naturaleza estatutaria, y remuneratorias que sean necesarias para el adecuado encasillamiento y traspaso que disponga” pero “No podrá tener como consecuencia, ni podrá ser considerada como causal de término de servicios, supresión de cargos, cese de funciones o término de la relación laboral del personal traspasado o encasillado”. “No podrá significar pérdida del empleo, disminución de remuneraciones, modificación de los derechos estatutarios y previsionales del personal traspasado o encasillado”.

En otras palabras, se le está diciendo al Presidente de la República que conforme un Ministerio moderno, con tareas de “Dirección Superior y capaz de llevar a cabo el ciclo completo de políticas públicas del sector, comenzando con la emisión de una “Política Estratégica Nacional como objetivo general de carácter político del Estado frente al actuar de la Defensa”, muy diferentes y mucho mas complejas que las que las tareas administrativas rutinarias que  hacía anteriormente , pero se le impone mantener al mismo personal.

EL REGLAMENTO DE LA LEY

El Reglamento debía hacerse cargo de establecer con cierta precisión qué hacer y cómo hacerlo respecto a las tres funciones principales del Ministerio:

La Función Directiva, que se refiera fundamentalmente a la determinación de FINES y consiste en la producción de Políticas que determinen los objetivos, la estrategia política, los recursos financieros que delimitan las políticas y la doctrina o formas generales de hacer las cosas, en todo el sector defensa y en su relación con otros sectores del estado: relaciones internacionales, economía y valores políticos. La Función Logística que se produce mediante la obtención, asignación y control de los recursos humanos, materiales y de infraestructura y se refiere principalmente a MEDIOS y la Función Operativa que corresponde a la Planificación y empleo de las fuerzas y está conectada con FORMAS o estrategias operativas.

Dado que estas tres funciones están interrelacionadas permanentemente, los procesos tienen que llevarse a cabo en forma integrada lo que requiere un liderazgo y supervisión muy intensos y permanentes. El Reglamento, que es una simple enumeración de tareas, no fue un aporte sustantivo para ampliar y especificar la forma concreta de materializar la intención de la Ley. Pese a todo, este Reglamento, si bien no ayuda, tampoco rigidiza ni traba las opciones de manejo ministerial mas allá de lo manejable, dejando espacio para la acción del Ministro que decida impulsar la implantación y consolidación de la nueva organización.

UN POCO DE HISTORIA NECESARIA

El Proyecto de Ley fue enviado al congreso a comienzos de la administración Bachelet, el 2 de septiembre del 2005, promulgado el 2 de febrero de 2010 y publicado el 4 de febrero de 2010. El Reglamento fue publicado 27 de enero del 2012 ya bajo la administración Piñera.

Como se puede apreciar, el lapso entre la promulgación y publicación de la Ley y la dictación del Reglamento fue de mas de un año, lo que sumado a la designación de Jaime Ravinet como Ministro, una persona que por haber sido Ministro en el sistema anterior se consideraba -injustificadamente- un experto en el tema, -designado como parte de una maniobra política alejada de la búsqueda de eficiencia en la modernización del ministerio de Defensa-, pone de relieve la ausencia de comprensión por parte de las autoridades de la administración Piñera de la complejidad de la tarea a emprender.

Al comienzo de esa administración se puso en funcionamiento un sistema de “semáforos” que apuntaban a controlar el avance de las tareas asignadas a cada Ministro bajo el control de la Secretaría General de Gobierno. La constante incapacidad del Ministro de Defensa para cumplir las metas, fue una de las razones de su prematuro reemplazo por Andrés Allamand el 13 de enero de 2011 quien a partir de septiembre del mismo año que, tras tragedia aérea en Juan Fernández, dedicó su atención a la promoción de su candidatura presidencial con intenso uso de las FFAA en su beneficio electoral. El 5 de noviembre fue reemplazado por Rodrigo Hinzpeter hasta el fin del gobierno de Piñera con un desempeño que nadie pudo apreciar si es que hubiera habido alguno.

Desde marzo del presente año –7 meses efectivos- , se encuentra en funciones el nuevo equipo gubernamental que conllevó la incorporación de nuevas autoridades y funcionarios de confianza política.

Este breve recuento muestra que el Ministerio de Defensa de la administración Piñera no fue sometido al proceso de reorganización sistemática de su estructura orgánica y operativa, necesaria para llevar a cabo las funciones determinadas por su nueva Ley Orgánica.

EL MINISTERIO DE DEFENSA “MODERNIZADO”

Se pueden identificar tres ámbitos deficitarios en la gestión Piñera y de los gobiernos anteriores de la Concertación:

Político: No existió voluntad del gobierno de Piñera para impulsar los cambios, fijar políticas generales y específicas y poner en práctica de manera definitiva lo establecido en la Ley. Existieron –y existen- fuerzas, dentro del Ministerio, que se oponen a cambiar el status quo actual y que oponen resistencia y distorsionan el contenido y espíritu de la Ley.

Técnico: La Ley, en su parte destinada a la protección de las personas ingresadas por cuoteo político en la Concertación, estableció claramente que el personal que servía en el Ministerio de Defensa antes de la promulgación de la Ley debía pasar a conformar la planta del nuevo Ministerio, distribuida de acuerdo a los cargos creados, generando tres situaciones: Retención de personal antiguo que no fue capacitado para cumplir sus nuevas funciones. Ingreso y contratación de nuevo personal por cuoteo político, no calificado para los cargos asignados. Politización de las designaciones que produjo un ambiente de desconfianza al interior de la organización. Cada nuevo gobierno incorporó un número de sus adherentes que desconfían y compiten con los ingresados por otros gobiernos, así, en la realidad, las autoridades trabajan solo con los funcionarios de su confianza contratados por ellos mismos o por “asesores” externos”, protegiéndose de el sabotaje o la deslealtad de los demás funcionarios.

Gestión: La ausencia de las directivas políticas del nivel mas alto impidió la determinación de metas generales y específicas. Sin metas, objetivos, planificaciones ni programaciones, resultó imposible el control del cumplimiento de metas y la evaluación del personal del Ministerio.

ADMINISTRACIÓN ACTUAL

Los déficits se siguen planteando en los mismos tres ámbitos, aunque con diferentes contenidos:

Político: La administración Bachelet tiene un programa de cambios de gran magnitud y complejidad en diferentes áreas, mientras defensa es un “no problema”. En este sentido, no existe urgencia para impulsar cambios, fijar nuevas políticas ni poner en práctica en forma definitiva la nueva Ley. Las fuerzas que se oponen a los cambios dentro del ministerio se han solidificado y estructurado haciéndolo mas difícil.

Técnico: Sigue plenamente vigente el problema de la falta de capacitación, agravando el problema el ingreso, en cada cambio de administración, de nuevas autoridades en diversos niveles. La ausencia de un “servicio civil” profesional no permite la continuidad de las acciones.

Gestión: El programa de la nueva administración parece no haberse hecho cargo de la necesidad de implementar el sistema Plan Programa Presupuesto como eje central de la modernización de la gestión de la defensa ni de la urgente necesidad de emitir todos los documentos de Dirección Política para comenzar a asumir el control efectivo del sector.

En síntesis, la modernización de la defensa modernizó muy poco y centró su atención y activismo en aspecto sin duda de gran trascendencia pero ajenos al eje del quehacer funcional de la defensa: El código de Justicia Militar; los homosexuales y las mujeres en las FFAA; los derechos humanos; acuerdos de cooperación y relaciones exteriores del sector.

En breve, la modernización del Ministerio de Defensa es una tarea mal hecha.

La conmemoración de los 40 años del 11 de septiembre de 1973 en medio de una campaña electoral fue la ocasión propicia para un repaso intenso de todo lo truculento e impactante ocurrido a partir de esa fecha. La “memorización” corrió por cuenta de los medios de comunicación, que en esta ocasión y dentro de su banalidad habitual, se esmeraron en la búsqueda de imágenes y declaraciones impactantes. La novedad la aportó una entrevista efectuada por tres canales de televisión a un senil e inconexo Manuel Contreras que aportó la cuota de barbaridades que el caso requería. Otra sorpresa fue la aparición de nuevos e impensados “sobrevivientes” de Villa Grimaldi y las rocambolescas peripecias de algunos buenos burgueses que nadie hubiera pensado que estuvieron a un tris de engrosar la lista de los detenidos desaparecidos. La pretensión de haber estado  en ese siniestro lugar parece haberse transformado en certificado de demócrata y «nuevo derechista» reformado; en algo que “viste”.

Luego vino la semana de las Fiestas Patrias y el foco de la atención pública volvió a las elecciones, a las sorpresas que ella pudiera deparar y al cálculo de cómo me afectaría a mi si fuera electo X, Y o Z.

¿Qué dejó a los chilenos este recuento de espantos?, creo que algo comenzó a sonar raro a muchos de los periodistas e intelectuales que enfrentan este tema desde una perspectiva seria y de largo plazo, y de esa incomodidad están comenzando a surgir las preguntas críticas para el devenir de nuestra sociedad, algunas de las cuales podrían ser:
¿Cómo fue que llegamos a eso?; ¿por qué y cómo fue que nuestra sociedad se intoxicó de odio, resentimiento y furia?; desde el 70 hasta el 11 de septiembre del 73, ¿qué pretendían realmente los políticos de ambos bandos en pugna?; ¿es que nadie se daba cuenta de la gravedad de la situación del país?; ¿quiénes eran, política y moralmente -en su fuero interno- los líderes políticos de ese entonces, varios de los cuales siguen en funciones?; -¿cómo se explica que el extremismo revolucionario amenazara de muerte a la oposición y a las FFAA con una escopeta descargada?; ¿cómo fue que sus líderes huyeron abandonando a sus seguidores, sin dar nunca cuenta de su irresponsabilidad y deslealtad?; ¿qué creían los líderes de la UP que resultaría de su intento de que las FFAA se les plegaran para hacer, en su nombre, la revolución que ellos mismos había abortado?; la violencia represiva ¿fue una y la misma en cada momento del Gobierno Militar?; ¿cómo es que hubo militares profesionales que llegaron a eso?; ¿es ese un rasgo derivado de su condición militar o de una déficit cultural general de nuestra sociedad?; ¿cómo la pugna de poder entre los miembros de la Junta de Gobierno se reflejó en la violencia represiva; la intervención norteamericana política y financiera, ¿contribuyó a agravar el enfrentamiento antes y después del 11 de septiembre?; ¿cómo afectaron a la política interna las feroces presiones económicas, políticas y militares extranjeras contra el Gobierno Militar?; ¿la intervención de los gobiernos de Cuba y la Unión Soviética, mediante la organización y apoyo a grupos armados y entrenados en sus territorios, ¿cambiaron la naturaleza del conflicto interno en Chile?; ¿por qué, parte significativa de la opinión pública apoyó al Gobierno Militar y continúa considerándolo necesario?; ¿quiénes eran Pinochet y Allende tanto como personas como en su rol de gobernantes y líderes políticos y que responsabilidades les caben en el desastre ocurrido?; ¿cómo planeaba Allende y la UP continuar su revolución si conseguía el apoyo militar vía Prats?; ¿después de Carrizal Bajo, qué venía?; considerando que el PC sigue validando la vía armada como una opción para conquistar el poder, ¿donde están las armas que internó y nunca fueron habidas?.
Al final del día, la pregunta global es que llevó a Chile a quebrarse y llegar a ser una sociedad de enemigos, y que hoy -a mas de 40 años- algunos grupos sigan intentando considerarse “ganadores” para satisfacer sus complejos y traumas personales, montados sobre una pirámide de muertos, desaparecidos, encarcelados, difamados, dolor y odio, para lo cual necesitan que el resto de Chile siga “perdiendo”. Sería patético si no fuera tan peligroso.

Por otro lado, si todo se olvida, si no se recuerda nada, ¿cómo vamos a obtener algún provecho de la experiencia?. Debemos clarificar para que queremos recordar. Esta no es una cuestión retórica. Se puede recordar con propósitos muy diferentes. Si el ser humano es perfectible, necesita imperiosamente que su código de conducta vaya incorporando sus experiencias, buenas y malas, y para eso es necesario recordarlas. Para olvidar es necesario primero recordar y luego decidir olvidar. Cada persona tiene derecho a ser completamente independiente de su pasado y disponer de él como le plazca.

Pero la memoria tiene buenos y malos usos.

Una buena explicación –para mi- es la de Tzvetan Todorov, que señala que “el acontecimiento recuperado puede ser leído de manera literal y de manera ejemplar. En la manera literal el recuerdo no conduce a nada más allá de si mismo. Todas las interpretaciones se instalan sobre él, se subrayan las causas y consecuencias de ese acto; a su autor, y se extienden todas las consecuencias del trauma a todos los instantes de la existencia de ambos, culpable y víctima. Alternativamente, en una lectura ejemplar, una vez recuperado el recuerdo -sin negar su propia singularidad- se decide utilizarlo como una manifestación de una categoría más general que sirva de modelo para comprender otras situaciones nuevas. Así, el pasado se convierte en principio de acción.
Una vez establecido el pasado, la pregunta sería ¿para qué puede servir y con qué fin?.

¿Qué utilidad tiene el pasado si no permite ver la aberraciones del presente?. Una persona que fue víctima de prisión injusta o de torturas no podría homenajear a Fidel Castro, a Kim Jong Il, ni proteger a Margot Honecker ex – dueña de la Stasi. Un crimen no explica al otro, en ningún sentido, pero ¿si no ayuda a mejorar al presente y el futuro, que utilidad tendría la memoria?. Salvo que existan otros intereses. Sea perpetuarse como víctima eterna, con las ventajas que ello acarrea en cuanto a supremacía moral y otras ventajas, como manera de deslegitimar una visión política adversaria, a un sector social o a instituciones que  desagradan o peor aún, colarse de contrabando entre las víctimas y apoderarse de parte de la deuda simbólica, como está sucediendo en nuestro país.

La memoria tiene otra arista complicada: ¿cómo y quién elije que recordar?.
Siguiendo a Paul Ricoeur, existe la memoria y el olvido, pero éste último, en sociedades complejas, es más bien una decisión de «no recordar»; es decir, decidir si se olvida o no, y que parte de la memoria se olvida. Las opciones selectivas de olvido suelen ser complicadas, pues muchas veces explotan en la cara: sea la supresión de la idea de izquierda durante el Gobierno Militar  u hoy, de la ideología y el comportamiento de la UP previa al 11 de septiembre del ’73.

La razón es que las explicaciones parciales siempre dejan heridos en el camino. Heridos que quedan frustrados con el sistema; que consideran han sido sometidos a un tratamiento «injusto» en la construcción de los consensos sociales y que, por lo mismo, buscan revertirlos. La selección no puede sino ser «un pacto social» de alta legitimidad. Otra conclusión relevante de Ricoeur es que la Historia, por principio, se «niega» a ser de nadie, pues porfiadamente destruye las construcciones oficiales. El intento algo patético de la “ley de olvido selectivo” que significó el proyecto de Ley de Memoria Histórica del año pasado, no es más que una aproximación totalitaria para tratar de «borrar al faraón del registro», como en el antiguo Egipto. Un inconducente intento de “oficializar” que la tragedia chilena comenzó el 11 de septiembre de 1973, que a partir de esa fecha, y solo desde esa fecha, hay buenos y malos, culpables e inocentes, perfectamente identificados.

Eso no solo no funciona, sino que deja preguntas abiertas que normalmente destruyen a los que buscan imponer esa visión restrictiva. Ha llegado el tiempo de pensar y hablar en serio, no hacerlo nos puede llevar a repetir la historia.

Las palabras del Comandante en Jefe de la Armada en su discurso del 21 de mayo recién pasado, constituyeron una noticia de primera magnitud. Su declaración de asunción de responsabilidades produjo un impacto social significativo, y no podía ser de otra manera en un país en que las autoridades de todo tipo hacen las contorsiones más increíbles para eludir cualquier asomo de responsabilidad que pudiera afectarlas.

No podía dejar de ser un notición que alguien voluntariamente y sin ser requerido por nadie se hiciera cargo de lo suyo.

Lo más curioso es que el Almirante no dijo nada nuevo ni sorprendente. A solo tres días del maremoto, cuando todas las autoridades gubernamentales se daban de codazos para arrancar y buscaban por cielo y tierra como sacar las castañas del fuego con la mano de cualquier gato, el Almirante fue el primero que planteó la eventual responsabilidad de un organismo de la Armada, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, debido a la prestación de una asesoría dubitativa a la Onemi, organismo nacional encargado de las alertas, alarmas y control ante catástrofes.

La interpretación de lo dicho por el Almirante es también muy decidora de la impericia lectora de los chilenos, incluyendo a los abogados señores Raúl Meza y Alfredo Morgado y al Honorable Senador señor Jorge Pizarro, y de la escasa capacidad analítica de la prensa nacional.

Dijo textualmente: “Como Comandante en Jefe de la Armada, he tomado las decisiones que a mi saber y entender eran las mejores para recuperar al Personal Naval, a nuestro material, apoyar a la ciudadanía, reconstruir la infraestructura dañada y recuperar el aprecio y respeto de quienes nos juzgaron antes de escucharnos. Toda la responsabilidad es mía y me siento en paz. He dado mi batalla y he luchado sin descanso ni mezquindades por lo que he creído correcto y necesario”.

Con todo respeto, pero me parece que lo dicho lo podría entender hasta un lector de PSU de 100 puntos. ¿Cómo el Almirante podría hacer un “mea culpa” –arrepentirse- de haber tomado las mejores decisiones para recuperar al personal, el material y la infraestructura dañada?. ¿Qué querían?, ¿qué trabajara a media fuerza?, ¿Qué tomara las peores decisiones posibles?, ¿que no asumiera la responsabilidad de recuperar a la Armada?. Dos presidentes confiaron en él y avalaron su desempeño en la conducción de la Armada: recuerden que lo designó Bachelet y lo confirmó Piñera.

Parece haber algo fundamentalmente erróneo en la interacción de nuestra dupla prensa – lectores.

Muchos periodistas leen mal, escriben peor y su lógica parece ser la de determinar qué es lo que acarrea más agua para el molino ideológico de la preferencia del medio o suya, para luego reconfigurar los dichos y los hechos de las personas para apoyar las conveniencias electoreras de su candidato, candidata o lote preferido.

Cuando se nombra a una persona para desempeñar un cargo de gobierno, directivo o administrativo se espera que trate de optimizar el rendimiento de los recursos que se le asignan; que planifique el funcionamiento de la organización a su cargo; que nombre personas idóneas en los puestos de mando intermedio; que identifique las deficiencias y anomalías funcionales de la organización, y que se haga cargo de las consecuencias que las omisiones, obras, expresiones y sentimientos de la organización a su cargo generan en las personas, el entorno, la vida de los demás y los recursos asignados al cargo conferido.

La responsabilidad es un valor que está en la conciencia de la persona, que le permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus actos, siempre en el plano de lo moral. Una vez que se pasa a la puesta en práctica, entramos al plano ético y jurídico donde las responsabilidades son individuales y específicas y están dadas por leyes y reglamentos.

¿Qué tiene entonces de raro que a tres días del maremoto el Almirante haya planteado que la Armada, la institución a su cargo, y que él como su Comandante en Jefe, tenían una responsabilidad MORAL, general, por cualquier error u omisión en el cumplimiento de los cometidos de todos y cada uno de los integrantes de la Armada, los cuales, en su debido tiempo y lugar podrían también tener que asumir responsabilidades personales, particulares, en los planos éticos y jurídicos?.

Todo esto no es tan difícil de entender, cualquier columnista, de cualquier periódico, de cualquier país civilizado del mundo, lo entendería completamente y así se lo plantearía a sus lectores. Excepto en nuestro pobre país.

Mirémoslo desde la otra punta. Desde la de las autoridades.

El 12 de marzo del 2002 mediante el Decreto N°156, firmado por Ricardo Lagos Escobar como Presidente de la República; José Miguel Insulza como Ministro del Interior y Michelle Bachelet como Ministro de Defensa, fue aprobado el Plan Nacional de Protección del Ministerio del Interior. El primer artículo del Decreto dispone taxativamente que todos los organismos “dependientes o relacionados con el Estado y las empresas del Estado, conformarán su acción a las directrices indicativas que se imparten en el plan aprobado y darán estricto cumplimiento a las tareas que a ellos se les asignan”, con lo cual todas las acciones quedan supeditadas a la disposición o autorización desde el puesto de mando central: la Onemi.

El artículo tercero establece que “El Ministerio del Interior adoptará las medidas tendientes a obtener la integral y oportuna aplicación del Plan Nacional de Protección Civil, mediante la coordinación que, conforme a su Ley Orgánica, corresponde ejecutar a la Oficina Nacional de Emergencia”. Clarito.

Por su parte, el dictamen de la Contraloría Nº 42.822, emitido el año 2008, prohibió taxativamente a las FFAA intervenir en todo asunto que involucrara a civiles, sin orden previa del gobierno.

Como si fuera poco, mediante el Decreto Exento N° 369 del 25 de Febrero del 2010, bajo las firmas de los Ministros Vidal y Pérez Yoma, se acordó “un sistema” para la colaboración de las FFAA en caso de desastres, verdaderamente increíble por lo absurdo y estúpido: “Ocurrido un evento, su validación deberá ser verificada por los Directores Regionales de la Onemi en coordinación con los estamentos técnicos definidos para estos efectos en el Plan Nacional de Protección Civil. Efectuado el respectivo análisis y la determinación de requerimientos en terreno por las autoridades pertinentes, previa aprobación de la Dirección Nacional de la Onemi se efectuarán los requerimientos necesarios al Estado Mayor de la Defensa Nacional para que éste organismo coordine su traslado”. Con esto se dejaba fuera del “sistema” a los Comandantes en Jefe Institucionales y a las instituciones como sistema orgánico y se les impedía actuar. ¿Con que cara los políticos de oposición reclaman por la falta de participación de la Armada en las primeras hora de la catástrofe si su propio gobierno la había marginado expresamente?.

Se puede apreciar entonces que los Ministros de Estado de Interior y Defensa, de la exclusiva confianza de la entonces Presidente República, como encargados de materializar con sus acciones las políticas de gobierno, hicieron un muy mal plan -un plan absurdo- para el control de catástrofes y centralizaron las decisiones, los recursos y la información en un ente, la ONEMI, a la cual no proveyeron de la infraestructura, medios, autoridad ni personal de mando de la calidad requerida.

Las FFAA, para hacer cualquier cosa requerían la previa evaluación, coordinación y aprobación de la jefatura de la Onemi que la noche del maremoto la Onemi, a la cabeza de la cual se encontraba la Presidente acompañada del Ministro del Interior y de Defensa, vagaba en las nubes de la indecisión; desconectados del planeta, a la “espera del piloto”; sin leer sus propias instrucciones escritas en la muralla de la Onemi: “con terremoto sobre grado 7 hay que decretar alerta y alarma general” y como dijo Bitar, tratando de evitar a cualquier precio “entregar el gobierno con las FFAA en las calles”.

Es evidente que la cúpula de gobierno falló lamentablemente en el cumplimiento de sus funciones específicas y sus integrantes no solo tienen responsabilidad moral -que nadie en su sano juicio podría desconocer- sino que tienen responsabilidad ética y jurídica, ya que se trata de tareas específicas de sus cargos y propias de ellos y de nadie más, y deben asumirlas.

Pero ninguno (a) se hace cargo de ello, ni siquiera de su obvia responsabilidad moral que no hay por donde dejar de reconocer. Mientras simultáneamente y sin ni una sola crítica del periodismo profesional, ellos y sus adláteres, se escandalizan e intentan echar barro al Almirante, por ser el único que lo ha hecho. El mundo al revés.

¡Qué decir del increíble “olvido” mediático de las responsabilidades de la ex presidente Michelle Bachelet, al no disponer el empleo de las fuerza militar para controlar los saqueos y desmanes de turbas descontroladas que asolaban la zona damnificada. ¿No es eso denegación de auxilio a la ciudadanía, una responsabilidad directa y personal de esa autoridad?. ¿Por qué esta omisión no extraña a nadie?, ¿En dónde está el periodismo imparcial e independiente?, ¿Qué pasa en Chile?¿Es que la libertad de prensa es solo una fachada para permitir que los medios y profesionales correspondientes distorsionen, mientan, oculten y manipulen la verdad?

Pero esto no es nuevo, es una práctica nacional consolidada.

En el desastre de Antuco: en cualquier parte del mundo hubiera sido el Ministro de Defensa quien hubiera estado ahí, frente a la opinión pública dando la cara. El de Chile no estuvo, desapareció. El responsable gubernamental de la dirección de la defensa: escondido.

El 27 de Febrero del 2010, el Ministro de Defensa, parado entre los críticos de las instituciones de la defensa. Francisco Vidal, el líder político de la defensa, el encargado y responsable de gobierno del funcionamiento de la misma, mediante una pirueta impúdica intenta quedar parado entre los jueces y castigadores.

En este esquema mental es poco probable que la actitud del Almirante sea comprendida ya que esta es la confirmación de dos Chiles que coexisten: uno con valores concretos y otro relativista y adaptativo.

El 12 de marzo del 2002 mediante el Decreto N°156, firmado por Ricardo Lagos Escobar como Presidente de la República; José Miguel Insulza como Ministro del Interior y Michelle Bachelet como Ministro de Defensa, fue aprobado el Plan Nacional de Protección del Ministerio del Interior. En el se declara que las consideraciones fundamentales para reemplazar el Plan existente desde 1977 son la “necesidad (de) implementar un nuevo Plan que consulte los aspectos preventivos, de mitigación, de preparación y alertamiento temprano, respondiendo a los compromisos internacionales suscritos por Chile” y la necesidad de adecuarse al “proceso de modernidad y rediseño de la Administración Pública en que se encuentra empeñado el Supremo Gobierno …”.

El primer artículo del Decreto dispone taxativamente que todos los organismos “dependientes o relacionados con el Estado y las empresas del Estado, conformarán su acción a las directrices indicativas que se imparten en el plan aprobado y darán estricto cumplimiento a las tareas que a ellos se les asignan”, con lo cual todas las acciones quedan supeditadas a la disposición o autorización desde el puesto de mando central: la Onemi.

En efecto, el artículo tercero establece que “El Ministerio del Interior adoptará las medidas tendientes a obtener la integral y oportuna aplicación del Plan Nacional de Protección Civil, mediante la coordinación que, conforme a su Ley Orgánica, corresponde ejecutar a la Oficina Nacional de Emergencia”. Esta centralización, en un plan de emergencia, en que la posibilidad de interrupción total y prolongada de las comunicaciones es casi segura, elimina la capacidad de las organizaciones, particularmente de las FFAA, para aplicar iniciativa y emprender acciones en los lugares incomunicados, en ausencia de órdenes de la Onemi / Ministerio del Interior. Para peor, el dictamen de la Contraloría Nº 42.822, emitido el año 2008, prohibió taxativamente a las FFAA intervenir en todo asunto que involucrara a civiles, sin orden previa del gobierno.

El Plan, en su Presentación identifica algunos desastres a ser considerados:

“terremotos, sequías, inundaciones, erupciones volcánicas, incendios urbanos y forestales, accidentes químicos, deslizamientos, aludes, etc., (que) son recurrentes en Chile”.

A continuación explica que la experiencia nacional está asociada a sus “impactos inmediatos” materiales y humanos  y a las “secuelas” que afectan a la calidad de vida, y destaca la necesidad de poner también un fuerte énfasis en la administración y manejo de riesgos, como estrategia efectiva de “prevención”.

Aquí encontramos el primer error que se irá agravando a medida que se desarrolla el Plan. En efecto, como se aprecia, el Plan considera tres tiempos secuenciales: prevención, impacto inmediato y secuelas, que son correctos para los ejemplos de catástrofes identificadas en el plan, pero que no son aptos para enfrentar un tsunami que requiere de un elemento específico fundamental que debe ser llevado a cabo con la máxima eficiencia en el lapso entre las medidas de prevención (pre catástrofe) y el impacto inmediato de la misma (pos catástrofe): la emisión de órdenes de alerta, alarma y evacuación, que deben llegar a todos los potenciales afectados, en cuestión de minutos y previa evaluación del Mando centralizado: la Onemi.

En la parte II, Antecedentes, se señala que la Protección Civil es responsabilidad del Estado y por extensión, del Gobierno que lo administra y dirige. Explica que el Ministerio del Interior tendrá a su cargo la planificación y coordinación de las actividades necesarias y que “las funciones que competen al Ministerio del Interior … serán ejercidas por éste a través de ONEMI”. “La creación de este órgano técnico especializado refleja la permanente preocupación del Estado de velar por el desarrollo de la protección civil, incluidos sus aspectos de prevención de desastres y de coordinación de las actividades de las entidades públicas o privadas, relacionadas con la temática, y del empleo de los recursos humanos y materiales disponibles”. En breve, la autoridad central -el Ministro del Interior- asume sus tareas a través de un organismo ad- hoc -la Onemi- que debe coordinar el accionar de todos los organismos técnicos participantes.

El Ministerio del Interior / Onemi, actúa a través de los Intendentes y Gobernadores y las Municipalidades, bajo su dirección, pueden “apoyar” su trabajo.

Esta parte concluye señalando que la ONEMI, en uso de sus atribuciones legales, “dispuso la constitución de Comités de Emergencia Regionales (C.E.R.), Provinciales y Comunales, con el carácter de comisiones de trabajo permanentes, presididos por el Intendente, Gobernador o Alcalde respectivo, y la constitución de los Centros de Operaciones de Emergencia, (C.O.E), esto es, un lugar o espacio físico que debe ser habilitado por la respectiva Autoridad Regional, Provincial y Comunal, para que se constituyan en él, en su oportunidad, las personas encargadas de administrar las emergencias o desastres que se produzcan y de adoptar o proponer, según proceda, las medidas de solución que de tales eventos se deriven”.

Esta parte es clave, ya que sitúa claramente las responsabilidades de planeamiento en los C.E.R. que luego llevan a cabo sus funciones operativas desde los C.O.E..

Las emergencias,  en su planificación y en su operación son administradas por los Intendentes que actúan desde instalaciones de mando ad-hoc, dispuestas por ellos.

En la parte IV. Marco Conceptual, el Plan insiste en que “la protección a las personas”, es ejercida bajo la coordinación de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior, ONEMI y ella implica la “ejercitación”. Que es bien sabido que en la zona en que ocurrió el tsunami, no se hizo.

Los CER se relacionan con las organizaciones públicas y privadas que proporcionan los medios humanos y materiales para “hacer cosas”, mediante los  Comités de Protección Civil, conformados por las “instituciones y organismos públicos y privados, que por mandato legal, competencia o interés, puedan aportar a la gestión de protección civil”.

Y dispone que “debe constituirse Comités de Protección Civil a nivel Nacional y en cada Región, Provincia y Comuna del país, siendo presididos cada uno de ellos, según corresponda, por el Ministro del Interior, por el Intendente Regional, Gobernador Provincial y Alcalde respectivos, quienes tendrán la facultad de fijar, por resolución fundada, las normas especiales de funcionamiento de los mismos, convocar a los miembros que los integrarán y el orden de subrogación. Estos Comités de Protección Civil, entre otras tiene la tarea “Mantener permanentemente operativas las instalaciones y servicios anexos de apoyo a las actividades a desarrollarse en el Centro de Operaciones de Emergencia, C.O.E.”

Deberán estar representados en estos Comités los servicios, organismos, cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas y Carabineros del área jurisdiccional respectiva, e instituciones de los sectores públicos y privados que, por la naturaleza de sus funciones e importancia de sus recursos humanos y materiales disponibles, sean necesarios para la prevención de riesgos y solución de los problemas derivados de emergencias, desastres y catástrofes”.  Otra vez de olvida la emisión de alertas y alarmas de tsunamis y de evacuación.

Se puede apreciar que las FFAA no participan como organizaciones estructuradas sino solo con los elementos que puedan existir normalmente en la zona de la catástrofe; a nivel nacional, la relación fuerzas militares – Onemi se concentra en la persona del Jefe del Estado Mayor Conjunto, cuando éste reciba las tropas y medios que el ministerio de  Defensa disponga para que concurra en apoyo de las intendencias. Es decir, los Comandantes en Jefes y la estructura de mando, coordinación y control institucional quedan desvinculadas de la crisis, así como sus medios logísticos, de comunicaciones y otros que no sean asignados al Jefe del Estado Mayor Conjunto.

Esta curiosa organización “desarma” las instituciones, deja afuera a sus Comandantes en Jefes y desarticula su forma normal de actuar, instalando una organización de tarea artificial y sin capacidad real de mando y control, al poner a fracciones de las mismas bajo el mando de la Jefatura del Estado Mayor Conjunto, dependiente directamente del Ministro de Defensa, que funciona solo cuando se le asignan medios es decir, en una base ad-hoc y obviamentedespués de la catástrofe.

En el caso del terremoto y maremoto del 27 de febrero del 2010, los CER no funcionaron desde sus COE, el Jefe del Estado Mayor Conjunto no pudo mandar ya que no tenía tropas ni medios asignados en ese momento y los Comandantes en Jefe estaban prohibidos, por el mismo Plan, de intervenir con sus medios. Como si fuera poco, el Ejecutivo no declaró Estado o Zona de emergencia hasta el día siguiente. Declaración que habría permitido  a las FFAA actuar en la protección de la ciudadanía.

Cuando se produce una emergencia, la alarma la constituye la misma emergencia. Un terremoto, por el movimiento de la tierra; una erupción volcánica, por el penacho de magma saliendo por la boca del volcán; una inundación, por la invasión del aguas. ¿Y los maremotos?. No cabe duda que los maremotos pueden estar asociados al movimiento de la tierra y ser percibido por las personas, pero también puede no serlo, también puede haber terremotos sin maremotos. En todos estos casos, alguien debe evaluar si se da o no alarma y orden de evacuación. Esa autoridad es el Ministerio del Interior / Onemi. Pregunta, ¿Cómo considera el Plan que se ordenarán ambas acciones, a todo Chile, incluyendo caletas y poblados, desde el nivel central en Santiago, en cosa de minutos?. No había ningún procedimiento que permitiera asegurar que eso ocurriera.

Una vez producida la alarma que, reitero, no estaba considerada para los tsunamis, se constituían los COE, para iniciar el manejo de la crisis. Al respecto el Plan dispone: “El Ministro del Interior, Intendentes Regionales y Gobernadores Provinciales y Alcaldes dispondrán la habilitación, en la ciudad donde tengan su asiento, de un “Centro de Operaciones de Emergencia”, C.O.E., que corresponde a un lugar físico que debe contar con las facilidades necesarias de comunicación para centralizar la recopilación, análisis y evaluación de la información de modo que permita, de acuerdo al tipo de evento destructivo realizar las coordinaciones, tomar decisiones oportunas y precisas, diseminar información procesada a los servicios técnicos ejecutores, autoridades superiores y medios de comunicación social”. Esto subraya lo absurdo de la acción del Intendente de Concepción llamando por teléfono al Comandante en Jefe de la II Zona Naval, preguntándole si iba a haber maremoto, cuando -de acuerdo al plan- era el SER / COE / Intendente quien debía llamarlo para informarle el resultado de la decisión de la Onemi y suya.

El Shoa, por su parte, debía reportarse a la Onemi y desde allí recibir las informaciones de terreno aportadas por las intendencias, gobernaciones y alcaldías, para corroborar sus predicciones teóricas, instrumentales, con la realidad observada por las personas. Eso ocurrió en forma intermitente, tarde, en forma incompleta o no ocurrió. ¿Cómo iba a ocurrir si los COE nunca funcionaron?

El Plan continúa: “El local, los elementos de trabajo, útiles de escritorios y demás que sean necesarios para el funcionamiento de los Comités de Protección Civil y Centros de Operaciones de Emergencia, serán suministrados a nivel nacional por ONEMI y a nivel regional, provincial y comunal, por la Intendencia Regional, Gobernación Provincial y Municipalidad respectiva. En esta parte, se omite el elemento clave: comunicaciones. Lo peor: el equipamiento, cuando existió, fue escuálido o insuficiente. Y en todo caso, inadecuado para emitir alertas y alarmas.

Un periodista poco serio, sin haber leído el Plan, se sorprende y acusa a las Capitanías de Puerto por no “organizar la evacuación”. Primero, no estaban autorizadas para hacerlo; segundo, los COE nodeclararon alrtas ni evacuación; tercero, las que recibieron información directa del Shoa, podían podían alertar a los buques navegando y a los capitanes de los buques en puerto –Lota Talcahuano, San Vicente, San Antonio, entre las principales- a los que se les ordenó zarpar, cosa que la mayoría hizo. Pero no tenían ninguna atribución para disponer ni menos organizar alertas y evacuaciones de la población civil. ¿Por qué la II Zona Naval recibió información del Shoa?: porque está en la red de comunicaciones marítima de alerta a los buques navegando y en puerto. ¿Por qué no advirtieron a la población de Talcahuano?; porque el Plan lo prohibía expresamente, eso lo debía hacer la Onemi vía Intendencia. Sus atribuciones se limitaban a advertir a los buques.

Que la justicia y la prensa no se agoten en buscar culpables entre los ejecutores antes de analizar con cuidado el Plan pergeñado por las altas autoridades desde el 12 de Marzo del 2002 , concentradas más en la distribución de poder y manejo de fondos que en producir resultados que satisficieran el Bien Común. La justicia en Chile es inescrutable e incomprensible para el ciudadano común: El ex Ministro Pérez validó el plan, no proveyó los medios que insistentemente solicitó la ex Directora de la Onemi y se presentó tarde a cubrir su puesto en la Onemi: fue declarado inocente de todo. El Subsecretario Rosende llegó a la hora a su puesto para situaciones de emergencia, se hizo cargo de un plan inoperante y sin los medios necesarios para hacerlo funcionar: fue declarado culpable -el que ahora haga hara kiri para apoyar a su candidata presidencial es harina de otro costal-.

El Decreto Exento N°760 del 25 de febrero del 2010 firmada por los Ministros Edmundo Pérez y Francisco Vidal es una muestra clara de la voluntad gubernamental de acaparar poder aun creando esquemas operativos absurdos. En él se establece una comunicación directa entre la Onemi y el Estado Mayor de la Defensa, para que éste disponga personal y capacidad de transporte de carga a disposición  de la Onemi, como únicas tareas asignadas a la defensa nacional en caso de catástrofe, excluyendo en forma completa a las FFAA, como si ellas no tuvieran nada más que hacer y aportar cuando la población es sometida al violento estrés de una catástrofe. Esa aberración fue abolida por Decreto Exento N° 889 del 16 de marzo del 2010, firmado por los ministros Ravinet y Hinzpeter.

Lo que mató a esas 181 personas fue un plan absurdo, hecho con un criterio ideológico de marginación de las FFAA. Apuntado a producir efectos mediáticos mediante la repartición de carpas, mediaguas y frazadas a los damnificados de algún evento menor.

El 19 de febrero, La Tercera publicó una interesante columna  referida a los antecedentes que podrían haber incidido en la crisis argentino – británica del ´82.

El año 1978, desde mediados de año, Julio para ser precisos, se iniciaron los preparativos chilenos para enfrentar la agresión argentina que intentaría  conquistar parte de la Patagonia chilena y posiblemente otros pedazos de Chile continental.

La firme y decidida postura de nuestro gobierno los llevó a reconsiderar su intención y tras muchos ires y venires, la disputa volvió a los cauces diplomáticos, ahora bajo la mirada del Papa Juan Pablo II, negociación que se prolongaría hasta 1982.

Pero esta crisis no salió de la nada. Desde hacía muchos años, para ciertos círculos nacionalistas argentinos el asunto austral con Chile no era tema cerrado.

Como se recordará en 1878, Argentina y Chile estuvieron próximos a ir a la guerra como resultado del avance argentino sobre la Patagonia, que culminó con la captura del puerto de Santa Cruz, hasta entonces avanzada chilena en la costa del Atlántico.

Las negociaciones entre ambos países, posteriores  a la Guerra del Pacífico, pusieron frente a los negociadores argentinos a un gobierno chileno bien armado, triunfante, con experiencia bélica y con una economía sólida. Las cosas se arreglaron lo mejor que se pudo y todo terminó en el Abrazo del Estrecho, entre juramentos de paz y amistad, tras una década larga de crisis y carrera armamentista.

A mediados del siglo XX, en pleno frenesí peronista  -Argentina se situaba entre las siete primeras economías del mundo-  surgieron de nuevo, renovadas, las frustraciones pendientes de la negociación señalada y en los círculos políticos e intelectuales  argentinos nacieron escuelas geopolíticas inspiradas en los modelos alemanes y nazis que encontraban de lo más absurdo que un país de tercer orden como Chile impidiera o restringiera la “natural”  supremacía y expansión de su país, y esa expansión pasaba por transformar a Argentina en un país bioceánico, para lo cual Chile era un estorbo; lo que procedía era una “Conquista del Oeste”.

Y así, llegamos a las Malvinas o las Falkland (usted elige, yo me referiré a Las Islas).

La columna señalada al comienzo dice: “David Joy, entonces consejero de la embajada británica (en Buenos Aires) quiere saber lo que su par chileno, Raúl Schmidt, podía contarle sobre aquella experiencia, que pudiera arrojar luces sobre una posible guerra … Joy estaba interesado «particularmente en escuchar sus comentarios sobre el origen común de los problemas actuales de soberanía de Argentina con ambos gobiernos, el británico y el chileno». Schmidt había sido jefe de gabinete del ministro de Relaciones Exteriores de Pinochet hasta 1978, el almirante Patricio Carvajal. Contaba, entonces, con información privilegiada y de primera mano sobre el tema.

«La tesis de Schmidt se basa esencialmente en la necesidad de la Armada argentina de tener un puerto estratégico más al sur de su actual puerto seguro más austral, Puerto Belgrano (en el sur de la provincia de Buenos Aires). La opción obvia, Ushuaia, no es satisfactoria desde este punto de vista, dado que se encuentra bajo constante vigilancia chilena», explica el informe de la diplomacia británica al cual BBC Mundo tuvo acceso.

«Por lo tanto, los argentinos están, según Schmidt, desesperados por conseguir algún otro puerto seguro en el sur, necesidad que puede verse satisfecha accediendo a las islas del sur del Beagle o a las Falklands. En este contexto, él cree que las disputas por la soberanía están vinculadas», continúa el informe”.

Esta es una hipótesis muy interesante que da alguna profundidad a la interpretación de algunos sectores de que la Crisis de 1978 habria sido solo una “excepcción causada por dos dictaduras”, como si un proceso de esta complejidad histórica pudiera reducirse al mero capricho de dos grupos de Poder

En efecto, la estrategia naval no es un asunto que inquiete a muchas personas más allá de los marinos. Hay varias escuelas y un corpus teórico bastante bien desarrollado. No parece este el lugar ni el momento para entrar en profundidades, pero un breve análisis de este caso nos podrá ilustrar adecuadamente y nos permitirá sacar algunas conclusiones.

La etapa final de la crisis del ´78 se configuró con los dos ejércitos frente a frente, con el Ejército de Chile a la defensiva, con pretensiones de contraatacar  después de la ofensiva inicial argentina y el Ejército Argentino desplegado para una curiosa maniobra terrestre sin un centro de gravedad definido, más bien orientada a dar lustre a varios generales que, frente a sus huestes, pretendían marchar directamente a la victoria.

Las Armadas, tema que nos inquieta en esta ocasión; cada una en posición para iniciar sus maniobras. La Escuadra chilena desplegada en el gran archipiélago situado entre el Estrecho de Magallanes y el Cabo de Hornos, a caballo entre el Pacífico y el Atlántico. Los argentinos, en Puerto Belgrano, lejos hacia el norte de su país.

Argentina, que quería conquistar  la misma área insular en que los marinos chilenos se encontraban desplegados, tenía que venir a desembarcar sus soldados para conquistar las islas, para eso debía eliminar a la Escuadra de Chile y luego proceder a la conquista de las islas en que se encontraban defendidas  por nuestra Infantería de Marina.

¿Qué pasó?. El gobierno argentino tomó la decisión de atacar:  mediados de diciembre de 1978; oportunamente la Flota de Mar argentina zarpó desde Puerto Belgrano rumbo al área del Canal Beagle. Una larga navegación con las tropas y los helicópteros embarcados, a poco andar se desencadenó un temporal como los que suelen ocurrir en esos lugares, las negociaciones se prologaban. Los buque navegaban con dificultades, el lanzamiento de los aviones desde el portaviones se tornaba un tarea riesgosa o imposible, los buques se golpeaban incesantemente, las tropas se mareaban, el material sufría por el mal trato de los elementos. Mientras tanto, la Escuadra de Chile estaba desplegada en “La Posición” austral, en aguas calmas, con espacio para cambiar de ubicación frecuentemente, con protección antiaérea y contra superficie, sin gastar combustible, con apoyo logístico asegurado, sus tripulaciones descansadas.

Llegó el día 18, la Flota de Mar se acercaba a la boca del Beagle cansada y golpeada, la flota chilena oculta lista para salir cuando quisiera, fresca, full operativa, con la retirada asegurada para aquellos buques que sufrieran daños.

Esta es la diferencia entre tener o no Una Posición. Asi, la hipótesis del Diplomático Señor Schmidt era del todo acertada.

La guerra con Chile quedó postergada. Pero la evidencia de lo difícil que sería combatir contra Chile en el mar, sin contar con la Posición adecuada  quedó muy clara en la experiencia naval argentina.

Aquí está una de las motivaciones para el ataque argentino sobre Las Islas el 2 de abril del 82. La otra fue la “escapada hacia adelante” para salir de un atolladero político y económico imposible.

La pregunta es: ¿los actuales afanes del gobierno Kirchner por Las Islas es sólo una nueva “escapada hacia adelante” o persiste la conciencia de que se requiere una buena “Posición” para una estrategía naval austral y antártica?. Esto no implica necesariamente ni siquiera prioritariamente un ataque contra Chile. Hay otros objetivos valiosos que demandan dicha posición en la región austral, desde la explotación de los recursos pesqueros y ahora petroleros y de gas natural del Atlántico y Pacifico Sur hasta la proyección a la Antártica, cuestión que cada día cobra mayor relevancia y a la que Argentina tradicionalmente le ha dedicado mucha atención, y para lo cual una “posicion” es nuevamente muy necesaria.