Los ciudadanos sufren la corrupción en dos niveles: uno que requiere de su complicidad y concurso, como son el tráfico de influencias, el soborno la extorsión y el fraude que se ven reflejadas en acciones como entregar dinero a un funcionario público para ganar una licitación; pagar una coima para evitar una clausura u obtener un contrato que de otra manera no conseguiría, y otro mas complejo que deriva del ejercicio sistemático y organizado del abuso de poder político en la gestión del estado, en beneficio del funcionario, de sus familiares, de su partido o de sus socios o para causar a daño a otros.
En la primera el afectado es
cómplice, ya que se requiere su consentimiento y complicidad, en la segunda es
víctima, ya que el sistema estatal le impone una situación a la que él debe
someterse.
La primera es un delito de las
personas directamente involucradas, la segunda es institucional y por
consiguiente mucho mas grave y dañina ya que involucra la confianza pública, el
respeto a la autoridad y funciona sobre la base de estructuras políticas de facto creadas para
defraudar y robar haciendo uso del poder político otorgado por la misma
ciudadanía, para otros fines.
En Chile este segundo tipo de
corrupción se ha apoderado de grandes sectores del estado y está causando grave
daño a la economía y destruyendo la moral ciudadana. Es un ataque directo,
constante y mortal a la institucionalidad política y al estado democrático.
Esta
corrupción no es nueva, no ha pasado inadvertida ni han faltado políticos que
la hayan denunciado. El ex Presidente y ex Diputado del PPD Jorge Schaulsohn lo
hizo ya el año 2006, en que denunció públicamente esta situación y fue
conminado a “explicar sus declaraciones”, lo que hizo al siguiente tenor:
“Santiago, 22 de diciembre de 2006
Señores Miembros
Tribunal Supremo Partido Por la Democracia
Compañeros:
Respondo a la nota fechada el 12 del corriente en la cual se me
solicita «informe por escrito acerca de los hechos que podrían explicar
mis declaraciones», aparecidas en los medios de comunicación y que se
refieren al tema de la falta de probidad durante los últimos años.
En primer lugar, cabe señalar que ellos son públicos y notorios y
obran en conocimiento de la opinión pública en general ya que han recibido
profusa difusión y condena de la propia Presidenta Michelle Bachelet … se
desprende inequívocamente que existe plena conciencia de que afrontamos un
serio quebrantamiento de la probidad pública, junto a abusos de poder y
recursos fiscales para fines políticos … en el caso de Chiledeportes hay varios
funcionarios formalizados por los delitos de fraude y estafa al fisco. Entre
ellos, algunos militantes de nuestro partido, por haber confeccionado un
listado de asignaciones cuyos
beneficiarios serían parlamentarios, concejales y alcaldes PPD. De
hecho, los implicados en el ya famoso «affair» del email, Farías y
Morales, han sido objeto de sanciones por este mismo tribunal y el jefe de
gabinete del ministro Secretario General de Gobierno debió dimitir.
… Mención aparte merece el hecho que dos de los cuatro
vicepresidentes electos en los últimos comicios internos enfrentan acciones
judiciales por, entre otras cosas, haber incluido facturas falsas en su
rendición de cuentas ante el Servel. Me refiero al senador Guido Girardi y a la
diputada Carolina Tohá … Como resultado de todo ello, tres de los vicepresidentes
están cuestionados y dos suspendidos del ejercicio de sus cargos … .
… En el contexto de estos escándalos
se abrió también un debate sobre la presencia masiva de los denominados
«operadores» en puestos de la administración pública. Se trata de individuos
que acceden a cargos de relevancia fruto del «padrinazgo» de
caudillos al interior de los partidos, en compensación por apoyos recibidos en
campañas internas o de elección popular y que han sido protagonistas de muchos
de los hechos de corrupción. … Ello, sin perjuicio de una gran cantidad de
personas que ocupan formalmente cargos en el Estado, pero sólo como medio de
sustentar sus gastos de vida mientras se dedican por entero a la actividad
político partidista.
Desgraciadamente los casos analizados
no son únicos ni extraordinarios y han persistido pese a todos los esfuerzos de
la Concertación por atacar el problema. En Chiledeportes, entonces Digeder, ya
en 1992 se habían suscitado situaciones irregulares que dieron lugar a la
formación de una Comisión Investigadora de la Cámara y a reformas legales,
llegándose incluso a cambiar su nombre. Todos recordamos el caso del
“desmalezamiento” que afectó a la Refinería de Petróleos de Concón … .También
está el doloroso episodio de las indemnizaciones de Enap, las asesorías de
Codelco, los sobresueldos y la saga de MOP-Gate, que consistió en el uso de
medios ilegítimos e ilegales para alcanzar propósitos declarados como loables,
tales como el mejoramiento de la infraestructura, y que derivó en el procesamiento,
detención y condena de numerosos funcionarios públicos.
Es difícil aquilatar el daño que ha
significado para la probidad el que estas ilegalidades en vez de haber sido
condenadas se hayan justificado. Con ello se envió la señal equivocada respecto
de lo que se espera de los funcionarios públicos en materia de probidad y se
avaló la doctrina de que el fin justifica los medios. … La persistencia de
hechos censurables llevó al ex ministro del Presidente Patricio Aylwin Edgardo
Boeninger, en entrevista publicada en el diario El Mercurio el domingo 3 de
diciembre, a hablar de «generalización de prácticas indebidas, corruptelas
crecientemente difundidas en el Estado». Agrega que en la Concertación se
pensó que así como el privado favorecía fundamentalmente a los partidos de
derecha «no sería ilegítimo recibir financiamiento público a través de los
recursos estatales para los programas sociales». Estos conceptos fueron
refrendados el domingo recién pasado por el ex subsecretario del Presidente Eduardo
Frei y del Presidente Ricardo Lagos y ex presidente del Partido Socialista,
Gonzalo Martner, quien afirmó que los partidos de la Concertación se
beneficiaron con fondos reservados y que el intervencionismo electoral existió.
Sobre esta materia debo consignar que me consta que efectivamente
cuando asumí la presidencia del PPD en 1994 existía desde antes y continuó
después un sistema de ayuda económica directa que en ese entonces recibían
todos los partidos de la Concertación proveniente del Ejecutivo.
El tema de la corrupción no es nuevo
entre nosotros; ya emergía con fuerza en la agenda pública a mediados de los
noventa. Casos como los que afectaron a la Onemi, RPC, Digeder, Serplac III
Región, Colectores de Esval, falsificaciones de Aduanas, fraude al fisco en Empremar,
arriendos ilícitos en Emporchi, Indap, Sence, entre muchos otros, llevaron al
Presidente Frei a constituir una Comisión Nacional de Ética Pública, la que me
correspondió integrar en mi calidad de presidente de la Cámara de Diputados, y
que propuso 40 medidas para combatirla.
Sin embargo, al cabo de unos pocos años una nueva crisis derivó en el acuerdo
Insulza-Longueira, cuyo propósito fue superar una difícil coyuntura política
derivada del uso indebido de gastos reservados para inflar las remuneraciones
de un conjunto de funcionarios públicos. Y, ahora, en el cuarto gobierno de la
Concertación, la Presidenta Michelle Bachelet se ha visto obligada a repetir la
historia, convocando, una vez más, a un grupo asesor y a proponer 30 medidas
adicionales, entre las que llaman
especialmente la atención las que combaten la intervención abusiva del
Ejecutivo en los procesos electorales, un hecho que hasta hace muy pocas
semanas nos negábamos a reconocer.
Es necesario, entonces, preguntarse
¿por qué, pese a las medidas adoptadas por los sucesivos gobiernos
concertacionistas, que obviamente reconozco y valoro, no hemos podido derrotar
este flagelo? Es indudable que corrupción siempre existirá, pero hay que estar
vigilantes.
Como afirma el profesor Carlos Peña González, nada sacamos con
hablar de corrupción si no somos capaces de ver la realidad y tomar nota de que
se trata de una forma de conducta fuertemente arraigada en una tradición de
Estado muy fuerte que ha estimulado el surgimiento de una cultura de la mendicidad
hacia el Estado que es aprovechada por quienes viven de la política; estar
largo tiempo en el poder genera ocasiones para la corrupción y para la captura
del Estado por oligarquías y grupos que acaban aferrándose al poder a cualquier
costo.
El antídoto, sugiere Peña, es que hay que esmerarse en hacer
circular y renovar las elites, cosa que entre nosotros no ocurre. La cultura a
la que aludo impone como valor y obligación superior lealtad al grupo por sobre
los principios; privilegiar a los amigos y parientes; seleccionar proyectos en
función de intereses y no de mérito. En síntesis, el cultivo de la mediocridad
en desmedro de la excelencia.
Me entristece la intolerancia y falta de
espíritu democrático de que han hecho gala muchos de mis compañeros”.
Sin otro particular, les saluda
afectuosamente,
Jorge Schaulsohn B.
Santiago, 22 de diciembre de 2006
EFECTOS
DE ESTA CARTA RENUNCIA
“Jorge
Schaulsohn fue expulsado del Partido por la Democracia”
Publicado: Martes, 26 de Diciembre de
2006 a las 22:35hrs.
“El abogado Jorge Schaulsohn Brodsky perdió su calidad de militante del
Partido por la Democracia (PPD), según resolvió el Tribunal Supremo de la
tienda, que consideró que el político fue incapaz de entregar antecedentes que
justificaran sus denuncias de corrupción en la Concertación, amparadas bajo lo
que denominó «ideología de la corrupción».
Han transcurrido 13 años desde esta denuncia y la situación ha empeorado
sustancialmente. Se han conformado mafias que cubren todo el espectro de la institucionalidad
del Estado: Municipalidades; Servicios Públicos; Empresas del Estado; Cámara de
Diputados; Senado; Ministerios; Contraloría y la recientemente descubierta
extensión hacia el Poder Judicial.
Su influencia también alcanza a la empresa privada e incluso las
iglesias y clubes deportivos.
Los jefes/propietarios de estas mafias pueden ejercer su poder a lo
largo y ancho de la instituciones del estado y de la sociedad toda y mover
influencias, dinero, cargos, favores y dádivas a su gusto y placer.
Se han transformado en poderes paralelos a las autoridades legítimas y
abusadores de la ciudadanía desde una condición de impunidad total.
¿Desde donde operan estos capos mafiosos?, desde los partidos políticos y a través de diputaciones y senaturías que
se prolongan a lo largo de 10, 20 y 30 años cargos sobre los cuales ya han
adquirido títulos de propiedad como ocurre con Letelier y otros.
El primer paso, modesto pero imprescindible, para romper las cadenas que
estas pandillas nos han impuesto es reducir sustancialmente la cantidad de
diputados y senadores, eliminar la reelecciones, reducir drásticamente sus
dietas escandalosas, aumentar el poder y actividad de los organismos
fiscalizadores y generar nuevas instancias que permitan a los ciudadanos requerir
informaciones a diputados y senadores, las que deban tener respuesta
obligatoria y a breve plazo.
Vamos mal, mañana peor.
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