En su serie “Chile y Perú en La Haya”, José Rodríguez Elizondo, uno de los mejores conocedores de las relaciones entre ambos países, hace un recuento de las acciones con que Alan García  inició el proceso que nos llevó a La Haya, que resumo más o menos así: El año 2006, García reconoció que se encontraba en un brete. En su accidentado y nada memorable primer mandato había abierto un frente de conflicto con Chile que no lo beneficiaba en su nuevo intento presidencial. Concluyó que su mejor opción era “encapsular” el diferendo y dejarlo en el limbo, sin abjurar de su judicialización y a la vez sin avanzar en la crisis. En palabras de Rodríguez: “Si Bachelet aceptaba el desafío, podría crearse un contexto “win-win”. Ni ella apostaría la soberanía chilena a un fallo judicial, de pronóstico incierto por definición, ni él se expondría a un fallo que lo aislara y/o acogiera la fuerte posición jurídica de Chile. ¿Y si Bachelet no cotizaba su oferta?… Elemental: diría que la arrogancia chilena justificaba la demanda, arremetería con todo su peso –que ahora no era poco- y quedaría absuelto ante la Historia”..

García tenía un problema de tiempo. Debía amarrarlo todo antes instalarse. Se agendó una cumbre informal con Chile, recién electo vino a Santiago, pero Bachelet no recogió el guante y García regresó a Lima decidido a llevar a Chile a La Haya. “En definitiva, Bachelet se mantendría en la línea de Lagos, mientras García retomaba, en lo fundamental, la política agresiva de Toledo”. Hasta aquí Rodríguez.

García comenzó con una serie de declaraciones hostiles desafiando a Chile a una competencia económica dura. En medio de esta ofensiva, la Cancillería chilena intervino innecesariamente señalando al Hito 1, ya cuestionado por Perú, como el primer referente geográfico que delimitaría la nueva región de Arica – Parinacota. García aprovechó el desacierto y presionó a Bachelet para que retirara la indicación, ya que “en caso contrario, él se vería obligado a demandar (a Chile) ipso facto, acosado como estaba por los nacionalistas”. Chile echó pié atrás afirmándose en que el Tribunal Constitucional, “dictaminó que la indicación era nula por motivos de forma”. García remachó su triunfo haciendo trascender que aquello “no lo dejaba satisfecho”.

Hasta ahí estaba claro que la iniciativa la llevaba García y que Chile estaba siguiendo su juego, con nuestra Cancillería “atajando los penales” a medida que él los pateaba.

Y el proceso continuó: Emprendió una campaña contra la imagen internacional de nuestro país: Chile un mal vecino. En este contexto se sitúa su fantasiosa propuesta de un “pacto de no agresión” entre los dos países, tratando de mostrar a Chile como un país agresor. El gobierno peruano, consciente de la buena imagen de Chile emprendió una campaña comunicacional global para minar esa reputación. Para ello, -nos informa El Mostrador-, contrataron a la Agencia de Comunicaciones Interimage Latinoamericana, S.A., con sede en Miami, de propiedad del guatemalteco Julio Ligorría, reconocido lobbista internacional, por un pago anual de US$ 200 mil más gastos y otros ítems reservados. Como se puede ver, una cifra bastante modesta dentro de la importancia del tema. Ligorría en persona asesoró al gobierno limeño. Acudió en varias oportunidades al Palacio de Miraflores y a Torre Tagle para presentar el plan, la estrategia e incluso los contenidos, los que, una vez construidos, eran difundidos tanto por Perú como por Interimage actuando en nombre del Perú. García perseveró en su plan.

Trató a Chile de “envidioso”, “republiqueta” y otros epítetos provocadores. La presidente Bachelet conservó la calma y no lo siguió en ese camino.

La inoportuna explosión de un caso de espionaje vino a empeorar la situación y el broche de oro lo puso García abusando de la buena fe de Bachelet cuando se comunicaron por teléfono para tratar el caso del desatinado general Donayre. García decidió dar explicaciones por los exabruptos alcohólicos del militar antes de que el gobierno chileno se enterara. Con Bachelet al teléfono le aseguró que Donayre no seguiría en funciones y ella dio por superado el incidente. Incluso declaró a los medios que entre ambos habían desactivado un tema explosivo. Bachelet ignoraba que el diálogo había sido compartido con todo el gabinete peruano y que el general no se iba por sanción, sino porque ya había iniciado su expediente de jubilación. Cuando se enteró de la burla, llegó el fin de la amistad que quedaba y el asunto se tornó personal.

El 16 de enero de 2008 Allan Wagner –designado agente del Perú- presentó la demanda en La Haya. Entretanto Chile se encontraba en un proceso de negociaciones con Bolivia con una “agenda sin exclusiones” de 13 puntos, acordada en julio de 2006. En realidad Chile se interesaba en los 12 puntos referidos a diversos temas de cooperación, drogas, confianza mutua y negocios y Bolivia en uno solo: como obtener una salida soberana al mar. En el lapso comprendido entre 2007 y 2009, es decir simultáneamente a los hechos entre Perú y Chile señalados anteriormente, dos comisiones de los gobiernos de Evo Morales y de Bachelet se reunieron casi en secreto para buscar alternativas de solución a la aspiración marítima boliviana. Se habría considerado un enclave en Tarapacá, en una zona ubicada al sur de la Quebrada de Camarones y al norte de Iquique. La fórmula «sin soberanía» que se debatió sorteaba las obligaciones del Tratado de 1929, que dispone que Chile deba consultar a Perú antes de ceder parte de ese territorio nacional, sin perjuicio de lo cual el lado boliviano, desde un comienzo, dejó claro que la propuesta tenía que contemplar “el terreno para construir una ciudad, un aeropuerto, carreteras y una playa” y que constituía “un primer paso que debía culminar en la cesión de la soberanía del enclave”. El enclave ofrecido el año 2007, que tuvo variaciones entre ese año y el 2009, se lo menciona ubicado “al Norte de Iquique”; en “Mejillones del Norte” cercano a Pisagua; “en un punto al Sur de la Quebrada de Camarones” y en “Tiliviche”. En Chile no se supo nada de esto, por lo que hay que referirse a la información boliviana: el Vice Canciller de ese país Hugo Fernández explica que “El primer semestre del año 2009 una delegación de tres técnicos del gobierno de Bolivia viajó en forma reservada a la provincia de Tarapacá donde se reunieron con funcionarios de la Cancillería y de la Dirección de Fronteras y Límites (de Chile). Los técnicos viajaron en un transporte regular, vestidos como personas corrientes, los esperaron en Iquique y después fueron en helicóptero al lugar del enclave”. “El viaje duró tres días y la comitiva boliviana se respaldó con mapas y documentos topográficos para inspeccionar las características del terreno y las potencialidades de tal enclave”. “Hay un documento en el que se menciona la visita conjunta sobre la cual se hizo un estudio específico para luego ser elevado como acta de una posible solución”. Según algunos medios periodísticos bolivianos habría habido un segundo viaje. Esta oferta de Chile a Bolivia constituía un fuerte golpe al Perú, -que sin duda se enteró de inmediato y en detalle de la movida-, sin embargo García no recogió el guante y sin darse por aludido siguió sin cambios su maniobra en la Haya. Aquí podemos identificar dos momentos. Primero entre 1977, fecha de inicio de las conversaciones con Bolivia y el 16 de enero del 2008, fecha de la presentación de la demanda peruana. Aquí se puede entender la oferta chilena de un enclave a Bolivia como una forma de presionar a Perú para no llevar a Chile a una demanda en La Haya y segundo, entre esa fecha y los viajes de la comisión boliviana a Tarapacá para visitar el posible enclave, en que ya no había efecto disuasivo posible por cuanto la demanda estaba presentada y solo conseguía agudizar el conflicto con Perú … salvo que se jugara con la idea de “patear el tablero” y meter a Bolivia en la disputa con Perú a cambio de un enclave temporalmente sin soberanía pero con la intención de cambiar esa condición a futuro para crear una nueva situación geopolítica. Era un juego rudo, pero válido.

García jugaba al límite: según la prensa peruana habría manifestado que “no había que hacer enojar a Chile porque se iban a llevar sus inversiones (en Perú) y devolvernos a los compatriotas que viven allá”. Lo de las inversiones es más amplio: que el gobierno de Bachelet se llevara “las inversiones chilenas en Perú” era un problema, sin duda, pero más problema para él era que en Chile se apretara a los inversionistas peruanos para obligarlos a “irse”, lo que le crearía una crisis política interna con los grandes empresarios de su país. Desde otro punto de vista, García estaba identificando las dos vulnerabilidades que Chile podía explotar para disuadirlo de continuar con su intento de llevarlo a La Haya -las inversiones y los migrantes-. Las siguientes acciones del gobierno chileno, con las informaciones disponibles, resultan incomprensibles. García predicaba en pro de “las cuerdas separadas”, es decir la tramitación de la demanda en La Haya por un lado y las relaciones bilaterales por otra y el gobierno de Chile se oponía alegando que las relaciones entre los dos países eran integrales y únicas, es decir no se podían separar los temas. Sorprendentemente, el Gobierno de Bachelet por voluntad propia separó la demanda en La Haya de los dos problemas que atemorizaban a García y que constituían el capital de nuestro gobierno para intentar disuadirlo de seguir adelante: primero con la firma del Tratado de Libre Comercio del 2007 y luego con la Reforma Migratoria del 2008, con lo que puso a cubierto los dos flancos expuestos de Perú.

Así las cosas se inició el gobierno de Piñera y concluyó el de García. El proceso de La Haya estaba en marcha y ya era indetenible. Continuar las negociaciones -por el enclave- con Bolivia no aportaban nada y suponían hipotecar irremediablemente la futura relación con Perú, aun cuando el fallo de La Haya fuera positivo para Chile.

Piñera estableció su propia estrategia: Jugaría al establecimiento de un futuro compartido con Perú, cualquiera que fuera el fallo en La Haya. Puso en marcha tres líneas de acción: No negociaría soberanía ni enclave con Bolivia. La segunda, pese a la asimetría estructural del contencioso, Chile cumpliría cualquier fallo y la tercera, que frente a Perú actuaría en “cuerdas separadas” mientras se ventilaba el pleito. Lo demás es sabido.

De esta saga puedo extraer seis conclusiones significativas: la primera, es que en Chile carecemos de un sistema de planificación y conducción estratégica integrada acorde a la velocidad y complejidad de las relaciones internacionales en el siglo XXI; segundo, que la propuesta del futuro gobierno de Bachelet respecto a que “Una concepción moderna e incluyente de nuestra acción internacional requiere de un Sistema Integrado de Política Exterior”, que provea un diseño y visión estratégica a la Política Exterior, constituye una aproximación correcta y oportuna para comenzar a solucionar ese déficit. Tercero, que la conducción de la política exterior no es un problema jurídico sino político. Sin duda contiene y debe considerar los elementos jurídicos, pero en función de la acción política, de poder; cuarto, que los críticos de la política exterior del gobierno de Piñera deben comenzar por explicar sus propias acciones frente a Perú, Bolivia y su sorprendente debilidad ante Argentina, algunas de las cuales resultan incomprensibles con la información disponible y que el conjunto de ellas constituyen un fracaso integral. Cinco, el problema con Perú y Bolivia no puede seguir siendo postergado y requiere que sea enfrentado con honestidad y decisión. Chile no puede, en su actual condición de poder nacional aceptar ser ignorado, insultado, presionado y burlado impunemente. El primer paso es poner fin a nuestro compromiso con el Pacto de Bogotá y recuperar el control sobre nuestra política exterior. Un país que no se hace respetar no merece respeto, y sexto, el parámetro central de la política exterior de Chile es su interés nacional permanente, no las preferencias ideológicas de sus administradores transitorios y en eso la opinión pública debe estar vigilante, porque Chile es de todos los chilenos y no del Gobierno de turno.

Entendiendo como “Mundo Militar” al conjunto de militares en retiro -oficiales y suboficiales- organizados en varias estructuras; a sus familias y a las personas y grupos que se relacionan con ellos y sobre los cuales éstos ejercen influencia o atracción. La relación entre la derecha y el «mundo militar» es un tema sobre el cual existen estereotipos que pocas veces son sometidos a análisis y cuestionamiento.

Desde un punto de vista sociológico, el mundo militar es una parte de la elite social, entendida ésta como un conjunto de individuos o grupos que ocupan posiciones de autoridad y ejercen influencia por cuanto poseen determinadas características que son valoradas socialmente. La capa superior de la sociedad la conforma la “elite gobernante” bajo la cual se sitúa una “elite no gobernante”. Los militares se encuentran en este segundo nivel. Para que cumplan su función, es fundamental que se sientan comprometidos con la elite gobernante, lo que requiere conocimiento y confianza mutua.

La organización militar chilena -desde su fundación por O´Higgins- fue una elite “abierta”, es decir accesible a cualquier persona que compartiera sus valores y doctrinas, tanto es así que en Chile, particularmente durante el siglo XX, se constituyó en uno de los mecanismos de movilidad social más eficaces, en particular para la clase baja en su avance hacia la clase media; para el movimiento del pueblo desde el campo hacia las zonas urbanas y de educación para los sectores más pobres de la sociedad.

Desde fines del siglo XIX este rol de movilidad social de la organización militar se acentuó, lo que sumado a sus tradicionales bajas rentas les ganó el desprecio de la aristocracia nacional y su apelativo de “siúticos” y “medio pelo” más aún a partir de los años ´30 del siglo XX en que su apoyo a las reformas sociales los terminó de alejar de la derecha. Este desprecio fue mutuo, ya que el contacto frecuente de la generalidad de los militares con la aristocracia provinciana, y de sus mandos con la aristocracia santiaguina, les mostró una clase anticuada, prejuiciosa y con una visión de mundo obsoleta y simple.

La asunción del gobierno de la Unidad Popular se encontró con el mundo militar cercano al partido mesocrático -la Democracia Cristiana- ; alejados de la Derecha por las razones expuestas, y profundamente anticomunista y antimarxista por su contacto generalmente conflictivo con esos partidos; en parte consecuencia del antimilitarismo ideológico de la izquierda y por el antagonismo generado por el empleo político de los militares para el control de huelgas y conflictos laborales. Era un choque de culturas entre un grupo tradicionalista, nacionalista y de clase media, con los partidos revolucionarios con una visión internacionalista y una vocación proletaria, exacerbada por la Guerra Fría y la nueva versión del socialismo castrista militarizado.

La “agudización de las contradicciones” por parte de la UP y otros movimientos de izquierda -como el MIR- que la entendían como motor de la revolución, agravó este antagonismo, pese a los esfuerzos de Allende por atraerlos en su apoyo. En este  proceso se fue produciendo la convergencia de la DC, los partidos de derecha y el mundo militar, y su agrupamiento en torno a un conjunto de valores democráticos occidentales y representativos de las clases medias, a los que la derecha adhirió con el fervor de alguien que se ahoga. El único punto de unión real era solo el sentirse igualmente atacados por la UP.

Se produjo así una alianza en que los militares actuaban en función de valores que representaban a la clase media –la generalidad de los chilenos- y con el propósito de “salvar a la república”; la DC –nunca amiga de los militares- envuelta en una lucha ideológica a muerte con el marxismo, necesitaba todos los apoyos que pudiera conseguir para derrocar a la UP, y la Derecha, articulada en torno a la defensa de su estilo de vida tradicional, de sus negocios, empresas y propiedades agrícolas, intereses que, por esta vez, convergían con los de los otros dos actores principales: los militares y el grueso del partido mesocrático.

A poco andar después del “11”, la DC se alejó del Gobierno Militar y éstos quedaron en el gobierno en compañía de la derecha, comprometidos en un programa político y económico compartido intensamente, pero por diferentes razones: los militares pensaban que era positivo para Chile y la derecha lo promovía porque “además” de ser positivo para Chile, lo era para sus intereses -y también lo fue-.

Sobre estas interpretaciones se construyó una presunta alianza. Pero en el fondo la diferencia sociológica de base se mantenía. Rosario Guzmán, hermana del asesinado senador Jaime Guzmán lo señala con crudeza: “(Jaime) supo que (ciertos próceres aristocráticos) lo despreciaban porque él nunca miró en menos a los militares. Entendía que la lógica y formación militares son diametralmente diferentes a los del mundo civil, pero él no se sentía superior a ellos ni les parecía justo haberlos utilizado para que pusieran orden en medio del caos y luego abandonarlos a su suerte y hacerles la desconocida”. Asi, en la misma medida que la distancia entre los valores de unos y los intereses de otros crecían, aumentaba la distancia entre los militares y la derecha. Durante veinte años la derecha esgrimió su condición de minoría parlamentaria como excusa para no hacer nada, y cada vez en forma más abierta destacó como la memoria del Gobierno Militar debilitaba su postura política y abría flancos para la defensa de sus intereses político – partidistas y económicos. El mundo militar debía callarse y agradecer que no les pegaran más de lo que ya estaban recibiendo.

Así las cosas llegó el gobierno de Piñera quien en su campaña electoral se comprometió a que se haría justicia con los militares prisioneros. Sin ser requerido, prometió:“En nuestro gobierno vamos a velar para que la justicia se aplique a todos los ciudadanos de nuestro país, incluyendo por supuesto a las personas que están en servicio activo o en retiro de nuestras Fuerzas Armadas y de Orden, sin arbitrariedades, en forma oportuna y sin mantener procesos eternos que nunca terminan, respetando garantías fundamentales como es el debido proceso, como es la presunción de inocencia y como es también la imparcialidad del tribunal que debe juzgar los casos, y también la aplicación correcta de acuerdo a nuestra legislación y de los tratados internacionales del principio de prescripción de los delitos”.

A semanas de asumir el cargo, se negó a conceder a los militares prisioneros los beneficios carcelarios que se les concedían a los criminales comunes y que le habían sido dados a todos los violentistas de la izquierda, incluidos los condenados por crímenes cometidos después del Gobierno Militar. El Ministerio de Justicia con Felipe Bulnes primero y luego con Teodoro Ribera, endureció las condiciones de los prisioneros, el número de procesados aumentó en forma exponencial y se incrementó el número de persecutores, sumando nuevos abogados y manteniendo a los que dejaron los gobiernos de la Concertación. Claramente las promesas electorales no significaban nada para quien las firmó.

El shock más fuerte fue su manejo de la Defensa: la designación de un ex ministro DC, Jaime Ravinet, quien llegó a continuar su agenda personal tal como lo había hecho en su desempeño ministerial durante la Concertación, y luego la designación de Allamand, acompañado de un grupo de jóvenes de la fronda aristocrática, encabezados por su jefe de gabinete, Eduardo Riquelme, que no perdió oportunidad de ofender, pasar a llevar y manifestar su desprecio a cuanto general pasó por su oficina. Allamand llegó a limpiar “los establos de Augías” de la corrupción, a poner orden y a mostrar su autoridad y “liderazgo”, y sobre todo a promover su candidatura presidencial. El broche de oro lo puso Piñera en persona con su abrupta descalificación de buena parte de los miembros de su Alianza de gobierno como “cómplices” del Gobierno Militar.

La situación actual es la previa al 11 de septiembre de 1973, los militares y la derecha no tienen nada en común. Los primeros tratando de regirse por principios y por los intereses nacionales, los segundos manejándose por conveniencias e intereses sectoriales. Ocasionalmente ambos podrán coincidir, pero será solo un accidente, no el motivo de una relación de fondo. No existe apoyo automático de uno hacia el otro y no hay afectio societatis de ninguna especie. Ambos grupos tiene diferentes visiones de mundo respecto a Chile.

La mejor muestra de lo dicho es un diálogo entre un conspicuo parlamentario de la UDI y la señora de un militar en retiro, en una reunión convocada por el primero en el Congreso en que el político, algo molesto ya que sus candidatos no estaba encontrando eco en el mundo militar, manifiesta: – “Tienen que apoyarnos para que la Concertación no logre una gran mayoría parlamentaria”; – “Se equivoca, no votaremos por ustedes. No nos representan”; … -cara de sorpresa … -“Si, mientras nuestros maridos arriesgaban sus vidas, ustedes se enriquecían y cuando hubo que defenderlos, ustedes los abandonaron”.

La Derecha parece creer, por motivos inexplicables, que los militares están “amarrados” a votar por ella, que no tienen libertad política. No asimilan que el presidente y su grupo «quemó las naves». Se trata de que “la Nueva Derecha” nuevamente está tratando de repetir su juego de 1891 y 1925. Las consecuencias serán, obviamente de su responsabilidad.

Para mal de males, “los militares” han adquirido conciencia del poder que les da disponer de un gran número de adherentes disciplinados capaces de organizarse para hacer sentir su peso electoral.

Varios miles de votos: los que le faltaron a Allamand en las primarias y que le seguirán faltando a la «nueva derecha», que se reparte a los votantes como si fueran monos amaestrados.

En Chile la clase media es mayoritaria. No es homogénea, existe una ya asentada y otra emergente. Ambas comparten los valores que las definen como clase media: viven de su trabajo, creen en el esfuerzo personal, valorizan la educación, son frugales y ahorrativas, respetan las reglas, quieren paz y estabilidad para seguir progresando. Sus valores son conservadores y burgueses y están conscientes y orgullosas de ello, sin embargo simultáneamente, en menor o mayor grado, su realidad económica es precaria: una enfermedad catastrófica o prolongada; un accidente grave –desde un terremoto a un incendio-; la concurrencia simultánea de varios hijos a la educación superior; perder el empleo o ser víctimas de un robo o estafa mayor, puede llevarse todo en un abrir y cerrar de ojos y devolverlos a la pobreza y la proletarización sin que puedan hacer mucho para evitarlo. La ayuda social gubernamental está focalizada principalmente hacia las clases mas desposeídas.

Su inconmovible confianza en que la educación es lo que hace la diferencia, -lo que consolida su nuevo estatus y solidifica su nueva realidad-, la ha llevado a hacer un esfuerzo titánico por llevar a sus hijos a la universidad, sin embargo los resultados han sido frustrantes: están endeudados, la educación a que tuvieron acceso es mediocre y siguen marginados del juego ya que carecen de las redes sociales para acceder a los cargos –públicos y privados- que hace ya tiempo fueron apropiados por las oligarquías sociales, sindicales y políticas, y que son los que tienen las remuneraciones a que aspiraban.

Los que soñaron con emprender, se encuentran con que la educación que recibieron no los capacitó para ello; que no tienen acceso al financiamiento y que siguen dependientes de otros o del Estado.

Esta es la base de la protesta. Desde el año 2011 los estudiantes de clase media y sus familias reclaman que la educación es un derecho y que para ello, no podía continuar siendo un negocio que ni siquiera les daba lo que les prometía y frente al cual se encontraban indefensos. En efecto, la educación superior entregada por las universidades estatales es, generalmente, de calidad, pero el número de estudiantes que admite es finito y la pobre calidad de su gestión hace que si se las pretendiera expandir, el costo creciera exponencialmente. Por su parte, la calidad de las universidades privadas es directamente proporcional a su costo, así, las de mejor calidad tiene altos precios y las más baratas, son deficientes.

Junto a lo anterior, se encontró con que las barreras académicas de entrada en ambos tipos de universidades segregaban a los alumnos según la calidad de la educación media recibida, con lo que la diferenciación se acentuaba: los estudiantes que recibieron mala educación media solo pueden acceder a universidades de calidad deficiente lo que los lleva, en un círculo vicioso, a endeudarse para luego no encontrar el empleo con la remuneración esperada, mientras que los provenientes de buena enseñanza media tendrían acceso a las universidades de calidad, -privadas o estatales- y podría acceder a los empleos mejor remunerados.

Según los estudiantes (Fielbaum, Andrés), la disputa quedó planteada en los siguientes términos: “Los estudiantes exigen que el negocio educacional se termine en todo el sistema educativo, y que la gratuidad se materialice en financiamiento directo a las instituciones para que estas puedan colaborar entre si en vez de competir. El gobierno, por su parte, exige respeto a la libertad de emprendimiento asegurando que el no entregar fondos públicos a las instituciones que lucran es suficiente. Asimismo argumenta que lo que debiera importar a los estudiantes es no pagar de su propio bolsillo, pero el cómo se entreguen las platas es problema del Gobierno”. Según el mismo dirigente, si las transformaciones en educación es “dirigida y procesada por los mismos viejos partidos y actores de la transición, es difícil esperar otra cosa que no sea un mero maquillaje” y cuando se evidenciaron “los conflictos de interés presentes tanto en la Concertación como en la derecha, comprendimos que una iniciativa que cambie el sistema educativo desde su raíz no provendría desde el mundo político chileno”.

En breve, el problema de la educación parece planteado en dos grandes ámbitos: (1) Costo y financiamiento y (2) Acceso y calidad.

Si tomamos universidades de la misma o equivalente calidad, encontraremos que el costo es parecido, la diferencia está en el destino de los excedentes: en las privadas, va a los dueños de la universidad y en las estatales, va a los gestores y administradores de la misma. En cuanto al financiamiento, en las privadas sale principalmente de las familias de los estudiantes y en parte del Estado y en las estatales principalmente del Estado y en parte de las familias.

La otra parte del problema parece estar en el segundo ámbito: Acceso y calidad. En efecto, si la universidad –pública o privada- es de alta calidad, el acceso será selectivo y la retribución en remuneraciones a sus egresados, será adecuada. Si la calidad de la universidad es deficiente, también en ambos casos, el acceso será irrestricto pero no habrá retribución o habrá una pobre retribución en términos de remuneraciones laborales a sus egresados.

Así las cosas me parece que la solución va por un cambio integral del sistema educacional que apunte a la educación como instrumento de emancipación -tanto respecto de los grandes empleadores particulares, como del Estado- que no solo dé igualdad de oportunidades con posterioridad al egreso del sistema educacional sino que también permita el fácil y libre intercambio, en cualquier momento de la vida, entre la actividad laboral y la educacional que deje que cada cual avance hasta donde su potencial se lo permita, en el momento y forma que lo desee. Parece también evidente que un sistema así solo puede tener éxito si el sistema educacional apunta a la formación no solo de trabajadores y empleados asalariados sino principalmente de emprendedores, innovadores y creadores que no solo produzcan valor agregado y riquezas sino también trabajos mejores y más satisfactorios.

Me parece que la educación debe ser siempre sin fines de lucro, en el caso de la educación superior así lo dice la ley, quienes entraron a esa actividad lo sabían desde el principio y solo la falta de fiscalización y la complicidad estatal permitió su existencia y afincamiento. Por otra parte, lo que se recibe gratis no es apreciado aprecia, así, la educación pagada es mejor aprovechada, pero para que ello sea factible, debe ser segmentada en tramos mucho más breves que permitan que los afectados puedan asumir una carga económica más reducida, en momentos sucesivos de su vida. Una educación superior que retiene a sus alumnos por 5, 6 ó 7 años continuados es un arcaísmo insostenible: un sistema hecho para hijos de ricos o de la elite gobernante. No hay hijo de vecino común y corriente que pueda resistir ese ritmo de pagos ni de endeudamiento.

El sistema debe apuntar a una educación analítica, culturalmente globalizada, experimental, con frecuentes reciclajes y oportunidades de acceso y reentrada del sistema educacional al mundo laboral y viceversa, acompañado de un sistema que de igualdad de oportunidades para el acceso al crédito, al financiamiento y las informaciones necesarias para emprender con razonables posibilidades de éxito.

La diferencia en calidad de la educación media es consecuencia de muchas variables que van desde el lugar de residencia hasta la madurez del estudiante, en un sistema flexible como el que se describe la baja calidad que se obtuvo en un determinado momento podría ser revertida cuando cada persona en cualquier momento y condición de su vida, decida complementar o perfeccionar su educación media y orientarla para acceder a un ámbito específico de la creatividad y el emprendimiento. Esta flexibilidad abriría la competencia y debilitaría el sistema de castas generado por los colegios VIP a que acceden tanto los vástagos de la elite de izquierda como de derecha.

De esta manera, los verdaderos agentes de cambio social y económico serían los emprendedores de la clase media, que empleando sus virtudes y valores habrían encontrado el ambiente apropiado para hacer realidad todas sus potencialidades

No creo tener la solución perfecta, pero dado que esto no ha sido tema electoral y no ha logrado atraer la atención de la clase política, propongo estas ideas a la reflexión de los lectores.

En Chile la clase media es mayoritaria. No es homogénea, existe una ya asentada y otra emergente. Ambas comparten los valores que las definen como clase media: viven de su trabajo, creen en el esfuerzo personal, valorizan la educación, son frugales y ahorrativas, respetan las reglas, quieren paz y estabilidad para seguir progresando. Sus valores son conservadores y burgueses y están conscientes y orgullosas de ello, sin embargo simultáneamente, en menor o mayor grado, su realidad económica es precaria: una enfermedad catastrófica o prolongada; un accidente grave –desde un terremoto a un incendio-; la concurrencia simultánea de varios hijos a la educación superior; perder el empleo o ser víctimas de un robo o estafa mayor, puede llevarse todo en un abrir y cerrar de ojos y devolverlos a la pobreza y la proletarización sin que puedan hacer mucho para evitarlo. La ayuda social gubernamental está focalizada principalmente hacia las clases mas desposeídas.

Su inconmovible confianza en que la educación es lo que hace la diferencia, -lo que consolida su nuevo estatus y solidifica su nueva realidad-, la ha llevado a hacer un esfuerzo titánico por llevar a sus hijos a la universidad, sin embargo los resultados han sido frustrantes: están endeudados, la educación a que tuvieron acceso es mediocre y siguen marginados del juego ya que carecen de las redes sociales para acceder a los cargos –públicos y privados- que hace ya tiempo fueron apropiados por las oligarquías sociales, sindicales y políticas, y que son los que tienen las remuneraciones a que aspiraban.

Los que soñaron con emprender, se encuentran con que la educación que recibieron no los capacitó para ello; que no tienen acceso al financiamiento y que siguen dependientes de otros o del Estado.

Esta es la base de la protesta. Desde el año 2011 los estudiantes de clase media y sus familias reclaman que la educación es un derecho y que para ello, no podía continuar siendo un negocio que ni siquiera les daba lo que les prometía y frente al cual se encontraban indefensos. En efecto, la educación superior entregada por las universidades estatales es, generalmente, de calidad, pero el número de estudiantes que admite es finito y la pobre calidad de su gestión hace que si se las pretendiera expandir, el costo creciera exponencialmente. Por su parte, la calidad de las universidades privadas es directamente proporcional a su costo, así, las de mejor calidad tiene altos precios y las más baratas, son deficientes.

Junto a lo anterior, se encontró con que las barreras académicas de entrada en ambos tipos de universidades segregaban a los alumnos según la calidad de la educación media recibida, con lo que la diferenciación se acentuaba: los estudiantes que recibieron mala educación media solo pueden acceder a universidades de calidad deficiente lo que los lleva, en un círculo vicioso, a endeudarse para luego no encontrar el empleo con la remuneración esperada, mientras que los provenientes de buena enseñanza media tendrían acceso a las universidades de calidad, -privadas o estatales- y podría acceder a los empleos mejor remunerados.

Según los estudiantes (Fielbaum, Andrés), la disputa quedó planteada en los siguientes términos: “Los estudiantes exigen que el negocio educacional se termine en todo el sistema educativo, y que la gratuidad se materialice en financiamiento directo a las instituciones para que estas puedan colaborar entre si en vez de competir. El gobierno, por su parte, exige respeto a la libertad de emprendimiento asegurando que el no entregar fondos públicos a las instituciones que lucran es suficiente. Asimismo argumenta que lo que debiera importar a los estudiantes es no pagar de su propio bolsillo, pero el cómo se entreguen las platas es problema del Gobierno”. Según el mismo dirigente, si las transformaciones en educación es “dirigida y procesada por los mismos viejos partidos y actores de la transición, es difícil esperar otra cosa que no sea un mero maquillaje” y cuando se evidenciaron “los conflictos de interés presentes tanto en la Concertación como en la derecha, comprendimos que una iniciativa que cambie el sistema educativo desde su raíz no provendría desde el mundo político chileno”.

En breve, el problema de la educación parece planteado en dos grandes ámbitos: (1) Costo y financiamiento y (2) Acceso y calidad.

Si tomamos universidades de la misma o equivalente calidad, encontraremos que el costo es parecido, la diferencia está en el destino de los excedentes: en las privadas, va a los dueños de la universidad y en las estatales, va a los gestores y administradores de la misma. En cuanto al financiamiento, en las privadas sale principalmente de las familias de los estudiantes y en parte del Estado y en las estatales principalmente del Estado y en parte de las familias.

La otra parte del problema parece estar en el segundo ámbito: Acceso y calidad. En efecto, si la universidad –pública o privada- es de alta calidad, el acceso será selectivo y la retribución en remuneraciones a sus egresados, será adecuada. Si la calidad de la universidad es deficiente, también en ambos casos, el acceso será irrestricto pero no habrá retribución o habrá una pobre retribución en términos de remuneraciones laborales a sus egresados.

Así las cosas me parece que la solución va por un cambio integral del sistema educacional que apunte a la educación como instrumento de emancipación -tanto respecto de los grandes empleadores particulares, como del Estado- que no solo dé igualdad de oportunidades con posterioridad al egreso del sistema educacional sino que también permita el fácil y libre intercambio, en cualquier momento de la vida, entre la actividad laboral y la educacional que deje que cada cual avance hasta donde su potencial se lo permita, en el momento y forma que lo desee. Parece también evidente que un sistema así solo puede tener éxito si el sistema educacional apunta a la formación no solo de trabajadores y empleados asalariados sino principalmente de emprendedores, innovadores y creadores que no solo produzcan valor agregado y riquezas sino también trabajos mejores y más satisfactorios.

Me parece que la educación debe ser siempre sin fines de lucro, en el caso de la educación superior así lo dice la ley, quienes entraron a esa actividad lo sabían desde el principio y solo la falta de fiscalización y la complicidad estatal permitió su existencia y afincamiento. Por otra parte, lo que se recibe gratis no es apreciado aprecia, así, la educación pagada es mejor aprovechada, pero para que ello sea factible, debe ser segmentada en tramos mucho más breves que permitan que los afectados puedan asumir una carga económica más reducida, en momentos sucesivos de su vida. Una educación superior que retiene a sus alumnos por 5, 6 ó 7 años continuados es un arcaísmo insostenible: un sistema hecho para hijos de ricos o de la elite gobernante. No hay hijo de vecino común y corriente que pueda resistir ese ritmo de pagos ni de endeudamiento.

El sistema debe apuntar a una educación analítica, culturalmente globalizada, experimental, con frecuentes reciclajes y oportunidades de acceso y reentrada del sistema educacional al mundo laboral y viceversa, acompañado de un sistema que de igualdad de oportunidades para el acceso al crédito, al financiamiento y las informaciones necesarias para emprender con razonables posibilidades de éxito.

La diferencia en calidad de la educación media es consecuencia de muchas variables que van desde el lugar de residencia hasta la madurez del estudiante, en un sistema flexible como el que se describe la baja calidad que se obtuvo en un determinado momento podría ser revertida cuando cada persona en cualquier momento y condición de su vida, decida complementar o perfeccionar su educación media y orientarla para acceder a un ámbito específico de la creatividad y el emprendimiento. Esta flexibilidad abriría la competencia y debilitaría el sistema de castas generado por los colegios VIP a que acceden tanto los vástagos de la elite de izquierda como de derecha.

De esta manera, los verdaderos agentes de cambio social y económico serían los emprendedores de la clase media, que empleando sus virtudes y valores habrían encontrado el ambiente apropiado para hacer realidad todas sus potencialidades

No creo tener la solución perfecta, pero dado que esto no ha sido tema electoral y no ha logrado atraer la atención de la clase política, propongo estas ideas a la reflexión de los lectores.

Con motivo de la acusación constitucional al Ministro de Educación Harald Beyer, el destacado intelectual Agustín Squella escribió un agudo análisis de un criterio que está siendo empleado en algunas instancias de poder en Chile:

“Se afirma también que ni la persona ni la trayectoria ni la gestión del Ministro Beyer importan en este caso sino establecer un hito en la lucha por terminar con el lucro en la educación universitaria, o sea transpersonalismo puro y duro. Lo que una persona es o haya hecho no cuenta a la hora de juzgarlo. Lo único que vale es la meta a que se quiere llegar sin importar quienes queden en el camino. El transpersonalismo, en su desprecio por la persona y en su venerar del Estado, de la razones de Estado y de las causas colectivas, infesta muchas veces la política y hace prevalecer la ética de los resultados (es bueno para la causa sacrificar a un sujeto) sobre la ética de la convicción (en conciencia no estoy convencido que ese sujeto deba ser sacrificado), por mi parte creo que no pocas veces la primera de tales éticas es solo un mal disfraz que esconde la falta de coraje para ser consecuentes con la segunda”.

Esta explicación del comportamiento arbitrario, inmoral y de discutible legalidad en que incurren algunas autoridades estatales parece tener la capacidad explicativa necesaria para dar una respuesta satisfactoria a comportamientos que sorprenden e indignan.

Luego años de escucha e interceptación de las comunicaciones personales y empresariales del comisionista en armamentos Guillermo Ibieta, el 2 de junio del 2009 la Policía de Investigaciones le incautó el disco duro de su computador, conteniendo 100.000 archivos, en el marco de la investigación del llamado caso Riggs y su “arista”, el caso Leopard.

La investigación, originalmente dirigida a esclarecer la eventual existencia de transferencias de dineros hacia el general Pinochet en la adquisición de un lote de tanques Leopard, tomó ahí una dirección diferente: determinar si constituyeron delito las comisiones pagadas por Ibieta a dos de sus agentes o empleados en el proceso de obtención del contrato para hacer, en astilleros holandeses, modificaciones menores a los buques adquiridos en ese país.

Súbitamente, la información obtenida en los archivos digitales de Ibieta fue transferida ilegalmente a la prensa, la que comienza a fabricar la imagen de una relación dolosa entre miembros de la Armada culpándolos de haber cometido graves delitos contra la “seguridad nacional” al, presuntamente, haber transferido información clasificada a Ibieta, según se deduciría de esos archivos.

La inmoralidad es evidente, la investigación periodística se sustenta en la “filtración” de la información reservada obtenida por la PDI y en custodia de la Fiscalía para los fines de la causa judicial, contra marinos a los que se acusa de haber “filtrado” esa misma información a Ibieta!. Y nadie se escandaliza.

Aquí un periodista juega un rol fundamental: establece la presunta comisión de un delito y comienza la “construcción de un caso” presionando a la Armada a través de artículos de prensa, reclamando la necesidad de iniciar una investigación por la “vulneración de la seguridad nacional” por parte de miembros de la Armada, escondiendo la fuga previa, de la misma información, desde el fiscal hacia si mismo.

Aquí entra otro medio de comunicación, esta vez digital, el cual dando por sentado la culpabilidad de todas las personas que aparecen mencionadas en los archivos de Ibieta, efectúa una campaña destinada a establecer que esas personas han sido declaradas culpables por lo que deben ser castigadas, ya!, aunque no haya habido juicio formal al respecto.

En esta acción, se destruye la carrera de varios oficiales, contra los cuales no ha sido probado ningún delito.

En el intertanto, en su investigación el Ministro de Fuero Manuel Antonio Valderrama y el Fiscal Metropolitano Oriente Carlos Gajardo solicitan  al Ministro de Defensa información detallada sobre el proceso de adquisición de las fragatas, en Holanda, la que fue entregada por la Armada al Ministerio de Defensa Nacional mediante el Oficio Secreto N° 4561/3079 del 25 de Junio de 2012.

Pues bien, muy poco después, el mismo medio digital los dio a conocer, in extenso y completamente, en su publicación electrónica. Repitiendo la inmoral acción anterior con el “disco duro de Ibieta” y ahora si atentando gravemente contra la seguridad nacional.

A continuación, haciendo un enlace entre ambas informaciones y configurando “un caso”, el medio digital comienza a hacer campaña para la destitución de los oficiales de la Armada ya seleccionados como objetivos y la revocación de sus nombramientos ya aprobados.

La Armada por su parte, con fecha 8 de Junio del 2011, reacciona a esta arremetida e inicia una investigación interna por la presunta fuga de información (solo dentro de la Armada, ya que no tiene competencia para investigar el mismo posible delito cometido en la Fiscalía Civil), designando al Fiscal Naval CF Jt Sr. Cristian Pfeiffer. Mientras esta investigación avanzaba, habiéndose hecho parte el Consejo de Defensa del Estado prácticamente desde sus inicios con plenos poderes y teniendo plena vista a la Investigación, la Corte Suprema ante el requerimiento planteado por ese organismo fiscalizador, designa al Ministro en Visita Sr. Patricio Martínez Sandoval de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, quien a contar del 10 de Septiembre del año pasado, toma el control de la investigación y en tan sólo 20 días somete a procesamiento a 5 Almirantes y 3 Comandantes, quienes estuvieron detenidos hasta por 19 días en el Cuartel de Orden y Seguridad de Viña del Mar.

Este “estudio de los autos” constituye una importante marca de lectura veloz, ya quesegún certifica su propia Secretaría «siendo las 12:15 (del 10 de septiembre)se constituye el Ministro Martínez, (quien recibe los antecedentes de la causa) integrada en 11 tomos en fojas 3352 y más de 26 Cuadernos Separados Secretos (CSS)”. Cada uno de estos CSS con una enorme cantidad de páginas. “Estudió” mas 4.000 páginas a tan alta velocidad que estuvo en condiciones de dictar autos de procesamiento el día 28 del mismo mes (18 días después). Los encarcelados no fueron acusados de nada concreto, nunca supieron de sus eventuales delitos y fueron puestos en libertad tras 19 días de cautiverio infamante, sin explicación. Actualmente la investigación, sigue entrampada en la Corte Marcial. ¿Era necesaria tanta precipitación para encarcelar a 2 Vicealmirantes, 3 Contraalmirantes, 2 Capitanes de Navío y 1 Capitán de Fragata, todas personas, profesionales, con familias y subalternos, que pasaron múltiples cedazos y controles durante sus carreras para llegar a esos grados? ¿Ayudó a la causa de la justicia el espectáculo grotesco montado por la misma prensa que creó un caso que hasta hoy todo indica sin fundamento?.

Sobre la base de tan endebles argumentos, un oficial fue dado de baja, injusticia aplaudida por el entonces Ministro de Defensa Andrés Allamand Zavala, quien en una potente demostración de liderazgo se unió al coro declarando a un medio de prensa: ”Renuncia de un Capitán de la Armada “refuerza” (su) política de probidad”.

Aquí tenemos un caso evidente de “transpersonalismo” en que varias personas han sido vulneradas en sus derechos y en que lo que hicieron o dejaron de hacer ni significó ninguna diferencia, en realidad ni siquiera supieron de qué se los estaba culpando.

La pregunta que hay que hacerse es si las motivaciones de los agentes del Estado actúan en una lógica en que lo único que “vale es la meta a que se quiere llegar sin importar quienes queden en el camino” Y si su ética es la de los resultados en que “el fin perseguido valida todos los atropellos e injusticias” cometidas en el proceso.

También está la otra posibilidad: que no sea ninguna de las dos opciones sino pura y simple falta de ética y la manifestación de la existencia de un poder de facto que promueve sus propios intereses, corporativos y personales.

La ausencia de investigación y publicidad por parte de los medios respecto a las serias faltas a la seguridad nacional ocurridas en las “filtraciones” de información desde los tribunales de justicia, y la lentitud y falta de entusiasmo en el Poder Judicial para auto examinar sus propias falencias al respecto, llevan a sospechar de una extraña benevolencia o derechamente de complicidad entre las partes.

Lo peor es que este parece ser un sistema empleado en todo tipo de entes que explotan el poder que los ciudadanos les hemos conferido, en beneficio de sus creencia ideológicas o de si mismos.

Esto es importante para todos los chilenos. Hoy los afectados son otros, mañana puede ser usted o su familia, que también serán sacrificados sin posibilidad de defensa.