Entendiendo como “Mundo Militar” al conjunto de militares en retiro -oficiales y suboficiales- organizados en varias estructuras; a sus familias y a las personas y grupos que se relacionan con ellos y sobre los cuales éstos ejercen influencia o atracción. La relación entre la derecha y el «mundo militar» es un tema sobre el cual existen estereotipos que pocas veces son sometidos a análisis y cuestionamiento.

Desde un punto de vista sociológico, el mundo militar es una parte de la elite social, entendida ésta como un conjunto de individuos o grupos que ocupan posiciones de autoridad y ejercen influencia por cuanto poseen determinadas características que son valoradas socialmente. La capa superior de la sociedad la conforma la “elite gobernante” bajo la cual se sitúa una “elite no gobernante”. Los militares se encuentran en este segundo nivel. Para que cumplan su función, es fundamental que se sientan comprometidos con la elite gobernante, lo que requiere conocimiento y confianza mutua.

La organización militar chilena -desde su fundación por O´Higgins- fue una elite “abierta”, es decir accesible a cualquier persona que compartiera sus valores y doctrinas, tanto es así que en Chile, particularmente durante el siglo XX, se constituyó en uno de los mecanismos de movilidad social más eficaces, en particular para la clase baja en su avance hacia la clase media; para el movimiento del pueblo desde el campo hacia las zonas urbanas y de educación para los sectores más pobres de la sociedad.

Desde fines del siglo XIX este rol de movilidad social de la organización militar se acentuó, lo que sumado a sus tradicionales bajas rentas les ganó el desprecio de la aristocracia nacional y su apelativo de “siúticos” y “medio pelo” más aún a partir de los años ´30 del siglo XX en que su apoyo a las reformas sociales los terminó de alejar de la derecha. Este desprecio fue mutuo, ya que el contacto frecuente de la generalidad de los militares con la aristocracia provinciana, y de sus mandos con la aristocracia santiaguina, les mostró una clase anticuada, prejuiciosa y con una visión de mundo obsoleta y simple.

La asunción del gobierno de la Unidad Popular se encontró con el mundo militar cercano al partido mesocrático -la Democracia Cristiana- ; alejados de la Derecha por las razones expuestas, y profundamente anticomunista y antimarxista por su contacto generalmente conflictivo con esos partidos; en parte consecuencia del antimilitarismo ideológico de la izquierda y por el antagonismo generado por el empleo político de los militares para el control de huelgas y conflictos laborales. Era un choque de culturas entre un grupo tradicionalista, nacionalista y de clase media, con los partidos revolucionarios con una visión internacionalista y una vocación proletaria, exacerbada por la Guerra Fría y la nueva versión del socialismo castrista militarizado.

La “agudización de las contradicciones” por parte de la UP y otros movimientos de izquierda -como el MIR- que la entendían como motor de la revolución, agravó este antagonismo, pese a los esfuerzos de Allende por atraerlos en su apoyo. En este  proceso se fue produciendo la convergencia de la DC, los partidos de derecha y el mundo militar, y su agrupamiento en torno a un conjunto de valores democráticos occidentales y representativos de las clases medias, a los que la derecha adhirió con el fervor de alguien que se ahoga. El único punto de unión real era solo el sentirse igualmente atacados por la UP.

Se produjo así una alianza en que los militares actuaban en función de valores que representaban a la clase media –la generalidad de los chilenos- y con el propósito de “salvar a la república”; la DC –nunca amiga de los militares- envuelta en una lucha ideológica a muerte con el marxismo, necesitaba todos los apoyos que pudiera conseguir para derrocar a la UP, y la Derecha, articulada en torno a la defensa de su estilo de vida tradicional, de sus negocios, empresas y propiedades agrícolas, intereses que, por esta vez, convergían con los de los otros dos actores principales: los militares y el grueso del partido mesocrático.

A poco andar después del “11”, la DC se alejó del Gobierno Militar y éstos quedaron en el gobierno en compañía de la derecha, comprometidos en un programa político y económico compartido intensamente, pero por diferentes razones: los militares pensaban que era positivo para Chile y la derecha lo promovía porque “además” de ser positivo para Chile, lo era para sus intereses -y también lo fue-.

Sobre estas interpretaciones se construyó una presunta alianza. Pero en el fondo la diferencia sociológica de base se mantenía. Rosario Guzmán, hermana del asesinado senador Jaime Guzmán lo señala con crudeza: “(Jaime) supo que (ciertos próceres aristocráticos) lo despreciaban porque él nunca miró en menos a los militares. Entendía que la lógica y formación militares son diametralmente diferentes a los del mundo civil, pero él no se sentía superior a ellos ni les parecía justo haberlos utilizado para que pusieran orden en medio del caos y luego abandonarlos a su suerte y hacerles la desconocida”. Asi, en la misma medida que la distancia entre los valores de unos y los intereses de otros crecían, aumentaba la distancia entre los militares y la derecha. Durante veinte años la derecha esgrimió su condición de minoría parlamentaria como excusa para no hacer nada, y cada vez en forma más abierta destacó como la memoria del Gobierno Militar debilitaba su postura política y abría flancos para la defensa de sus intereses político – partidistas y económicos. El mundo militar debía callarse y agradecer que no les pegaran más de lo que ya estaban recibiendo.

Así las cosas llegó el gobierno de Piñera quien en su campaña electoral se comprometió a que se haría justicia con los militares prisioneros. Sin ser requerido, prometió:“En nuestro gobierno vamos a velar para que la justicia se aplique a todos los ciudadanos de nuestro país, incluyendo por supuesto a las personas que están en servicio activo o en retiro de nuestras Fuerzas Armadas y de Orden, sin arbitrariedades, en forma oportuna y sin mantener procesos eternos que nunca terminan, respetando garantías fundamentales como es el debido proceso, como es la presunción de inocencia y como es también la imparcialidad del tribunal que debe juzgar los casos, y también la aplicación correcta de acuerdo a nuestra legislación y de los tratados internacionales del principio de prescripción de los delitos”.

A semanas de asumir el cargo, se negó a conceder a los militares prisioneros los beneficios carcelarios que se les concedían a los criminales comunes y que le habían sido dados a todos los violentistas de la izquierda, incluidos los condenados por crímenes cometidos después del Gobierno Militar. El Ministerio de Justicia con Felipe Bulnes primero y luego con Teodoro Ribera, endureció las condiciones de los prisioneros, el número de procesados aumentó en forma exponencial y se incrementó el número de persecutores, sumando nuevos abogados y manteniendo a los que dejaron los gobiernos de la Concertación. Claramente las promesas electorales no significaban nada para quien las firmó.

El shock más fuerte fue su manejo de la Defensa: la designación de un ex ministro DC, Jaime Ravinet, quien llegó a continuar su agenda personal tal como lo había hecho en su desempeño ministerial durante la Concertación, y luego la designación de Allamand, acompañado de un grupo de jóvenes de la fronda aristocrática, encabezados por su jefe de gabinete, Eduardo Riquelme, que no perdió oportunidad de ofender, pasar a llevar y manifestar su desprecio a cuanto general pasó por su oficina. Allamand llegó a limpiar “los establos de Augías” de la corrupción, a poner orden y a mostrar su autoridad y “liderazgo”, y sobre todo a promover su candidatura presidencial. El broche de oro lo puso Piñera en persona con su abrupta descalificación de buena parte de los miembros de su Alianza de gobierno como “cómplices” del Gobierno Militar.

La situación actual es la previa al 11 de septiembre de 1973, los militares y la derecha no tienen nada en común. Los primeros tratando de regirse por principios y por los intereses nacionales, los segundos manejándose por conveniencias e intereses sectoriales. Ocasionalmente ambos podrán coincidir, pero será solo un accidente, no el motivo de una relación de fondo. No existe apoyo automático de uno hacia el otro y no hay afectio societatis de ninguna especie. Ambos grupos tiene diferentes visiones de mundo respecto a Chile.

La mejor muestra de lo dicho es un diálogo entre un conspicuo parlamentario de la UDI y la señora de un militar en retiro, en una reunión convocada por el primero en el Congreso en que el político, algo molesto ya que sus candidatos no estaba encontrando eco en el mundo militar, manifiesta: – “Tienen que apoyarnos para que la Concertación no logre una gran mayoría parlamentaria”; – “Se equivoca, no votaremos por ustedes. No nos representan”; … -cara de sorpresa … -“Si, mientras nuestros maridos arriesgaban sus vidas, ustedes se enriquecían y cuando hubo que defenderlos, ustedes los abandonaron”.

La Derecha parece creer, por motivos inexplicables, que los militares están “amarrados” a votar por ella, que no tienen libertad política. No asimilan que el presidente y su grupo «quemó las naves». Se trata de que “la Nueva Derecha” nuevamente está tratando de repetir su juego de 1891 y 1925. Las consecuencias serán, obviamente de su responsabilidad.

Para mal de males, “los militares” han adquirido conciencia del poder que les da disponer de un gran número de adherentes disciplinados capaces de organizarse para hacer sentir su peso electoral.

Varios miles de votos: los que le faltaron a Allamand en las primarias y que le seguirán faltando a la «nueva derecha», que se reparte a los votantes como si fueran monos amaestrados.

En Chile la clase media es mayoritaria. No es homogénea, existe una ya asentada y otra emergente. Ambas comparten los valores que las definen como clase media: viven de su trabajo, creen en el esfuerzo personal, valorizan la educación, son frugales y ahorrativas, respetan las reglas, quieren paz y estabilidad para seguir progresando. Sus valores son conservadores y burgueses y están conscientes y orgullosas de ello, sin embargo simultáneamente, en menor o mayor grado, su realidad económica es precaria: una enfermedad catastrófica o prolongada; un accidente grave –desde un terremoto a un incendio-; la concurrencia simultánea de varios hijos a la educación superior; perder el empleo o ser víctimas de un robo o estafa mayor, puede llevarse todo en un abrir y cerrar de ojos y devolverlos a la pobreza y la proletarización sin que puedan hacer mucho para evitarlo. La ayuda social gubernamental está focalizada principalmente hacia las clases mas desposeídas.

Su inconmovible confianza en que la educación es lo que hace la diferencia, -lo que consolida su nuevo estatus y solidifica su nueva realidad-, la ha llevado a hacer un esfuerzo titánico por llevar a sus hijos a la universidad, sin embargo los resultados han sido frustrantes: están endeudados, la educación a que tuvieron acceso es mediocre y siguen marginados del juego ya que carecen de las redes sociales para acceder a los cargos –públicos y privados- que hace ya tiempo fueron apropiados por las oligarquías sociales, sindicales y políticas, y que son los que tienen las remuneraciones a que aspiraban.

Los que soñaron con emprender, se encuentran con que la educación que recibieron no los capacitó para ello; que no tienen acceso al financiamiento y que siguen dependientes de otros o del Estado.

Esta es la base de la protesta. Desde el año 2011 los estudiantes de clase media y sus familias reclaman que la educación es un derecho y que para ello, no podía continuar siendo un negocio que ni siquiera les daba lo que les prometía y frente al cual se encontraban indefensos. En efecto, la educación superior entregada por las universidades estatales es, generalmente, de calidad, pero el número de estudiantes que admite es finito y la pobre calidad de su gestión hace que si se las pretendiera expandir, el costo creciera exponencialmente. Por su parte, la calidad de las universidades privadas es directamente proporcional a su costo, así, las de mejor calidad tiene altos precios y las más baratas, son deficientes.

Junto a lo anterior, se encontró con que las barreras académicas de entrada en ambos tipos de universidades segregaban a los alumnos según la calidad de la educación media recibida, con lo que la diferenciación se acentuaba: los estudiantes que recibieron mala educación media solo pueden acceder a universidades de calidad deficiente lo que los lleva, en un círculo vicioso, a endeudarse para luego no encontrar el empleo con la remuneración esperada, mientras que los provenientes de buena enseñanza media tendrían acceso a las universidades de calidad, -privadas o estatales- y podría acceder a los empleos mejor remunerados.

Según los estudiantes (Fielbaum, Andrés), la disputa quedó planteada en los siguientes términos: “Los estudiantes exigen que el negocio educacional se termine en todo el sistema educativo, y que la gratuidad se materialice en financiamiento directo a las instituciones para que estas puedan colaborar entre si en vez de competir. El gobierno, por su parte, exige respeto a la libertad de emprendimiento asegurando que el no entregar fondos públicos a las instituciones que lucran es suficiente. Asimismo argumenta que lo que debiera importar a los estudiantes es no pagar de su propio bolsillo, pero el cómo se entreguen las platas es problema del Gobierno”. Según el mismo dirigente, si las transformaciones en educación es “dirigida y procesada por los mismos viejos partidos y actores de la transición, es difícil esperar otra cosa que no sea un mero maquillaje” y cuando se evidenciaron “los conflictos de interés presentes tanto en la Concertación como en la derecha, comprendimos que una iniciativa que cambie el sistema educativo desde su raíz no provendría desde el mundo político chileno”.

En breve, el problema de la educación parece planteado en dos grandes ámbitos: (1) Costo y financiamiento y (2) Acceso y calidad.

Si tomamos universidades de la misma o equivalente calidad, encontraremos que el costo es parecido, la diferencia está en el destino de los excedentes: en las privadas, va a los dueños de la universidad y en las estatales, va a los gestores y administradores de la misma. En cuanto al financiamiento, en las privadas sale principalmente de las familias de los estudiantes y en parte del Estado y en las estatales principalmente del Estado y en parte de las familias.

La otra parte del problema parece estar en el segundo ámbito: Acceso y calidad. En efecto, si la universidad –pública o privada- es de alta calidad, el acceso será selectivo y la retribución en remuneraciones a sus egresados, será adecuada. Si la calidad de la universidad es deficiente, también en ambos casos, el acceso será irrestricto pero no habrá retribución o habrá una pobre retribución en términos de remuneraciones laborales a sus egresados.

Así las cosas me parece que la solución va por un cambio integral del sistema educacional que apunte a la educación como instrumento de emancipación -tanto respecto de los grandes empleadores particulares, como del Estado- que no solo dé igualdad de oportunidades con posterioridad al egreso del sistema educacional sino que también permita el fácil y libre intercambio, en cualquier momento de la vida, entre la actividad laboral y la educacional que deje que cada cual avance hasta donde su potencial se lo permita, en el momento y forma que lo desee. Parece también evidente que un sistema así solo puede tener éxito si el sistema educacional apunta a la formación no solo de trabajadores y empleados asalariados sino principalmente de emprendedores, innovadores y creadores que no solo produzcan valor agregado y riquezas sino también trabajos mejores y más satisfactorios.

Me parece que la educación debe ser siempre sin fines de lucro, en el caso de la educación superior así lo dice la ley, quienes entraron a esa actividad lo sabían desde el principio y solo la falta de fiscalización y la complicidad estatal permitió su existencia y afincamiento. Por otra parte, lo que se recibe gratis no es apreciado aprecia, así, la educación pagada es mejor aprovechada, pero para que ello sea factible, debe ser segmentada en tramos mucho más breves que permitan que los afectados puedan asumir una carga económica más reducida, en momentos sucesivos de su vida. Una educación superior que retiene a sus alumnos por 5, 6 ó 7 años continuados es un arcaísmo insostenible: un sistema hecho para hijos de ricos o de la elite gobernante. No hay hijo de vecino común y corriente que pueda resistir ese ritmo de pagos ni de endeudamiento.

El sistema debe apuntar a una educación analítica, culturalmente globalizada, experimental, con frecuentes reciclajes y oportunidades de acceso y reentrada del sistema educacional al mundo laboral y viceversa, acompañado de un sistema que de igualdad de oportunidades para el acceso al crédito, al financiamiento y las informaciones necesarias para emprender con razonables posibilidades de éxito.

La diferencia en calidad de la educación media es consecuencia de muchas variables que van desde el lugar de residencia hasta la madurez del estudiante, en un sistema flexible como el que se describe la baja calidad que se obtuvo en un determinado momento podría ser revertida cuando cada persona en cualquier momento y condición de su vida, decida complementar o perfeccionar su educación media y orientarla para acceder a un ámbito específico de la creatividad y el emprendimiento. Esta flexibilidad abriría la competencia y debilitaría el sistema de castas generado por los colegios VIP a que acceden tanto los vástagos de la elite de izquierda como de derecha.

De esta manera, los verdaderos agentes de cambio social y económico serían los emprendedores de la clase media, que empleando sus virtudes y valores habrían encontrado el ambiente apropiado para hacer realidad todas sus potencialidades

No creo tener la solución perfecta, pero dado que esto no ha sido tema electoral y no ha logrado atraer la atención de la clase política, propongo estas ideas a la reflexión de los lectores.

En Chile la clase media es mayoritaria. No es homogénea, existe una ya asentada y otra emergente. Ambas comparten los valores que las definen como clase media: viven de su trabajo, creen en el esfuerzo personal, valorizan la educación, son frugales y ahorrativas, respetan las reglas, quieren paz y estabilidad para seguir progresando. Sus valores son conservadores y burgueses y están conscientes y orgullosas de ello, sin embargo simultáneamente, en menor o mayor grado, su realidad económica es precaria: una enfermedad catastrófica o prolongada; un accidente grave –desde un terremoto a un incendio-; la concurrencia simultánea de varios hijos a la educación superior; perder el empleo o ser víctimas de un robo o estafa mayor, puede llevarse todo en un abrir y cerrar de ojos y devolverlos a la pobreza y la proletarización sin que puedan hacer mucho para evitarlo. La ayuda social gubernamental está focalizada principalmente hacia las clases mas desposeídas.

Su inconmovible confianza en que la educación es lo que hace la diferencia, -lo que consolida su nuevo estatus y solidifica su nueva realidad-, la ha llevado a hacer un esfuerzo titánico por llevar a sus hijos a la universidad, sin embargo los resultados han sido frustrantes: están endeudados, la educación a que tuvieron acceso es mediocre y siguen marginados del juego ya que carecen de las redes sociales para acceder a los cargos –públicos y privados- que hace ya tiempo fueron apropiados por las oligarquías sociales, sindicales y políticas, y que son los que tienen las remuneraciones a que aspiraban.

Los que soñaron con emprender, se encuentran con que la educación que recibieron no los capacitó para ello; que no tienen acceso al financiamiento y que siguen dependientes de otros o del Estado.

Esta es la base de la protesta. Desde el año 2011 los estudiantes de clase media y sus familias reclaman que la educación es un derecho y que para ello, no podía continuar siendo un negocio que ni siquiera les daba lo que les prometía y frente al cual se encontraban indefensos. En efecto, la educación superior entregada por las universidades estatales es, generalmente, de calidad, pero el número de estudiantes que admite es finito y la pobre calidad de su gestión hace que si se las pretendiera expandir, el costo creciera exponencialmente. Por su parte, la calidad de las universidades privadas es directamente proporcional a su costo, así, las de mejor calidad tiene altos precios y las más baratas, son deficientes.

Junto a lo anterior, se encontró con que las barreras académicas de entrada en ambos tipos de universidades segregaban a los alumnos según la calidad de la educación media recibida, con lo que la diferenciación se acentuaba: los estudiantes que recibieron mala educación media solo pueden acceder a universidades de calidad deficiente lo que los lleva, en un círculo vicioso, a endeudarse para luego no encontrar el empleo con la remuneración esperada, mientras que los provenientes de buena enseñanza media tendrían acceso a las universidades de calidad, -privadas o estatales- y podría acceder a los empleos mejor remunerados.

Según los estudiantes (Fielbaum, Andrés), la disputa quedó planteada en los siguientes términos: “Los estudiantes exigen que el negocio educacional se termine en todo el sistema educativo, y que la gratuidad se materialice en financiamiento directo a las instituciones para que estas puedan colaborar entre si en vez de competir. El gobierno, por su parte, exige respeto a la libertad de emprendimiento asegurando que el no entregar fondos públicos a las instituciones que lucran es suficiente. Asimismo argumenta que lo que debiera importar a los estudiantes es no pagar de su propio bolsillo, pero el cómo se entreguen las platas es problema del Gobierno”. Según el mismo dirigente, si las transformaciones en educación es “dirigida y procesada por los mismos viejos partidos y actores de la transición, es difícil esperar otra cosa que no sea un mero maquillaje” y cuando se evidenciaron “los conflictos de interés presentes tanto en la Concertación como en la derecha, comprendimos que una iniciativa que cambie el sistema educativo desde su raíz no provendría desde el mundo político chileno”.

En breve, el problema de la educación parece planteado en dos grandes ámbitos: (1) Costo y financiamiento y (2) Acceso y calidad.

Si tomamos universidades de la misma o equivalente calidad, encontraremos que el costo es parecido, la diferencia está en el destino de los excedentes: en las privadas, va a los dueños de la universidad y en las estatales, va a los gestores y administradores de la misma. En cuanto al financiamiento, en las privadas sale principalmente de las familias de los estudiantes y en parte del Estado y en las estatales principalmente del Estado y en parte de las familias.

La otra parte del problema parece estar en el segundo ámbito: Acceso y calidad. En efecto, si la universidad –pública o privada- es de alta calidad, el acceso será selectivo y la retribución en remuneraciones a sus egresados, será adecuada. Si la calidad de la universidad es deficiente, también en ambos casos, el acceso será irrestricto pero no habrá retribución o habrá una pobre retribución en términos de remuneraciones laborales a sus egresados.

Así las cosas me parece que la solución va por un cambio integral del sistema educacional que apunte a la educación como instrumento de emancipación -tanto respecto de los grandes empleadores particulares, como del Estado- que no solo dé igualdad de oportunidades con posterioridad al egreso del sistema educacional sino que también permita el fácil y libre intercambio, en cualquier momento de la vida, entre la actividad laboral y la educacional que deje que cada cual avance hasta donde su potencial se lo permita, en el momento y forma que lo desee. Parece también evidente que un sistema así solo puede tener éxito si el sistema educacional apunta a la formación no solo de trabajadores y empleados asalariados sino principalmente de emprendedores, innovadores y creadores que no solo produzcan valor agregado y riquezas sino también trabajos mejores y más satisfactorios.

Me parece que la educación debe ser siempre sin fines de lucro, en el caso de la educación superior así lo dice la ley, quienes entraron a esa actividad lo sabían desde el principio y solo la falta de fiscalización y la complicidad estatal permitió su existencia y afincamiento. Por otra parte, lo que se recibe gratis no es apreciado aprecia, así, la educación pagada es mejor aprovechada, pero para que ello sea factible, debe ser segmentada en tramos mucho más breves que permitan que los afectados puedan asumir una carga económica más reducida, en momentos sucesivos de su vida. Una educación superior que retiene a sus alumnos por 5, 6 ó 7 años continuados es un arcaísmo insostenible: un sistema hecho para hijos de ricos o de la elite gobernante. No hay hijo de vecino común y corriente que pueda resistir ese ritmo de pagos ni de endeudamiento.

El sistema debe apuntar a una educación analítica, culturalmente globalizada, experimental, con frecuentes reciclajes y oportunidades de acceso y reentrada del sistema educacional al mundo laboral y viceversa, acompañado de un sistema que de igualdad de oportunidades para el acceso al crédito, al financiamiento y las informaciones necesarias para emprender con razonables posibilidades de éxito.

La diferencia en calidad de la educación media es consecuencia de muchas variables que van desde el lugar de residencia hasta la madurez del estudiante, en un sistema flexible como el que se describe la baja calidad que se obtuvo en un determinado momento podría ser revertida cuando cada persona en cualquier momento y condición de su vida, decida complementar o perfeccionar su educación media y orientarla para acceder a un ámbito específico de la creatividad y el emprendimiento. Esta flexibilidad abriría la competencia y debilitaría el sistema de castas generado por los colegios VIP a que acceden tanto los vástagos de la elite de izquierda como de derecha.

De esta manera, los verdaderos agentes de cambio social y económico serían los emprendedores de la clase media, que empleando sus virtudes y valores habrían encontrado el ambiente apropiado para hacer realidad todas sus potencialidades

No creo tener la solución perfecta, pero dado que esto no ha sido tema electoral y no ha logrado atraer la atención de la clase política, propongo estas ideas a la reflexión de los lectores.

Con motivo de la acusación constitucional al Ministro de Educación Harald Beyer, el destacado intelectual Agustín Squella escribió un agudo análisis de un criterio que está siendo empleado en algunas instancias de poder en Chile:

“Se afirma también que ni la persona ni la trayectoria ni la gestión del Ministro Beyer importan en este caso sino establecer un hito en la lucha por terminar con el lucro en la educación universitaria, o sea transpersonalismo puro y duro. Lo que una persona es o haya hecho no cuenta a la hora de juzgarlo. Lo único que vale es la meta a que se quiere llegar sin importar quienes queden en el camino. El transpersonalismo, en su desprecio por la persona y en su venerar del Estado, de la razones de Estado y de las causas colectivas, infesta muchas veces la política y hace prevalecer la ética de los resultados (es bueno para la causa sacrificar a un sujeto) sobre la ética de la convicción (en conciencia no estoy convencido que ese sujeto deba ser sacrificado), por mi parte creo que no pocas veces la primera de tales éticas es solo un mal disfraz que esconde la falta de coraje para ser consecuentes con la segunda”.

Esta explicación del comportamiento arbitrario, inmoral y de discutible legalidad en que incurren algunas autoridades estatales parece tener la capacidad explicativa necesaria para dar una respuesta satisfactoria a comportamientos que sorprenden e indignan.

Luego años de escucha e interceptación de las comunicaciones personales y empresariales del comisionista en armamentos Guillermo Ibieta, el 2 de junio del 2009 la Policía de Investigaciones le incautó el disco duro de su computador, conteniendo 100.000 archivos, en el marco de la investigación del llamado caso Riggs y su “arista”, el caso Leopard.

La investigación, originalmente dirigida a esclarecer la eventual existencia de transferencias de dineros hacia el general Pinochet en la adquisición de un lote de tanques Leopard, tomó ahí una dirección diferente: determinar si constituyeron delito las comisiones pagadas por Ibieta a dos de sus agentes o empleados en el proceso de obtención del contrato para hacer, en astilleros holandeses, modificaciones menores a los buques adquiridos en ese país.

Súbitamente, la información obtenida en los archivos digitales de Ibieta fue transferida ilegalmente a la prensa, la que comienza a fabricar la imagen de una relación dolosa entre miembros de la Armada culpándolos de haber cometido graves delitos contra la “seguridad nacional” al, presuntamente, haber transferido información clasificada a Ibieta, según se deduciría de esos archivos.

La inmoralidad es evidente, la investigación periodística se sustenta en la “filtración” de la información reservada obtenida por la PDI y en custodia de la Fiscalía para los fines de la causa judicial, contra marinos a los que se acusa de haber “filtrado” esa misma información a Ibieta!. Y nadie se escandaliza.

Aquí un periodista juega un rol fundamental: establece la presunta comisión de un delito y comienza la “construcción de un caso” presionando a la Armada a través de artículos de prensa, reclamando la necesidad de iniciar una investigación por la “vulneración de la seguridad nacional” por parte de miembros de la Armada, escondiendo la fuga previa, de la misma información, desde el fiscal hacia si mismo.

Aquí entra otro medio de comunicación, esta vez digital, el cual dando por sentado la culpabilidad de todas las personas que aparecen mencionadas en los archivos de Ibieta, efectúa una campaña destinada a establecer que esas personas han sido declaradas culpables por lo que deben ser castigadas, ya!, aunque no haya habido juicio formal al respecto.

En esta acción, se destruye la carrera de varios oficiales, contra los cuales no ha sido probado ningún delito.

En el intertanto, en su investigación el Ministro de Fuero Manuel Antonio Valderrama y el Fiscal Metropolitano Oriente Carlos Gajardo solicitan  al Ministro de Defensa información detallada sobre el proceso de adquisición de las fragatas, en Holanda, la que fue entregada por la Armada al Ministerio de Defensa Nacional mediante el Oficio Secreto N° 4561/3079 del 25 de Junio de 2012.

Pues bien, muy poco después, el mismo medio digital los dio a conocer, in extenso y completamente, en su publicación electrónica. Repitiendo la inmoral acción anterior con el “disco duro de Ibieta” y ahora si atentando gravemente contra la seguridad nacional.

A continuación, haciendo un enlace entre ambas informaciones y configurando “un caso”, el medio digital comienza a hacer campaña para la destitución de los oficiales de la Armada ya seleccionados como objetivos y la revocación de sus nombramientos ya aprobados.

La Armada por su parte, con fecha 8 de Junio del 2011, reacciona a esta arremetida e inicia una investigación interna por la presunta fuga de información (solo dentro de la Armada, ya que no tiene competencia para investigar el mismo posible delito cometido en la Fiscalía Civil), designando al Fiscal Naval CF Jt Sr. Cristian Pfeiffer. Mientras esta investigación avanzaba, habiéndose hecho parte el Consejo de Defensa del Estado prácticamente desde sus inicios con plenos poderes y teniendo plena vista a la Investigación, la Corte Suprema ante el requerimiento planteado por ese organismo fiscalizador, designa al Ministro en Visita Sr. Patricio Martínez Sandoval de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, quien a contar del 10 de Septiembre del año pasado, toma el control de la investigación y en tan sólo 20 días somete a procesamiento a 5 Almirantes y 3 Comandantes, quienes estuvieron detenidos hasta por 19 días en el Cuartel de Orden y Seguridad de Viña del Mar.

Este “estudio de los autos” constituye una importante marca de lectura veloz, ya quesegún certifica su propia Secretaría «siendo las 12:15 (del 10 de septiembre)se constituye el Ministro Martínez, (quien recibe los antecedentes de la causa) integrada en 11 tomos en fojas 3352 y más de 26 Cuadernos Separados Secretos (CSS)”. Cada uno de estos CSS con una enorme cantidad de páginas. “Estudió” mas 4.000 páginas a tan alta velocidad que estuvo en condiciones de dictar autos de procesamiento el día 28 del mismo mes (18 días después). Los encarcelados no fueron acusados de nada concreto, nunca supieron de sus eventuales delitos y fueron puestos en libertad tras 19 días de cautiverio infamante, sin explicación. Actualmente la investigación, sigue entrampada en la Corte Marcial. ¿Era necesaria tanta precipitación para encarcelar a 2 Vicealmirantes, 3 Contraalmirantes, 2 Capitanes de Navío y 1 Capitán de Fragata, todas personas, profesionales, con familias y subalternos, que pasaron múltiples cedazos y controles durante sus carreras para llegar a esos grados? ¿Ayudó a la causa de la justicia el espectáculo grotesco montado por la misma prensa que creó un caso que hasta hoy todo indica sin fundamento?.

Sobre la base de tan endebles argumentos, un oficial fue dado de baja, injusticia aplaudida por el entonces Ministro de Defensa Andrés Allamand Zavala, quien en una potente demostración de liderazgo se unió al coro declarando a un medio de prensa: ”Renuncia de un Capitán de la Armada “refuerza” (su) política de probidad”.

Aquí tenemos un caso evidente de “transpersonalismo” en que varias personas han sido vulneradas en sus derechos y en que lo que hicieron o dejaron de hacer ni significó ninguna diferencia, en realidad ni siquiera supieron de qué se los estaba culpando.

La pregunta que hay que hacerse es si las motivaciones de los agentes del Estado actúan en una lógica en que lo único que “vale es la meta a que se quiere llegar sin importar quienes queden en el camino” Y si su ética es la de los resultados en que “el fin perseguido valida todos los atropellos e injusticias” cometidas en el proceso.

También está la otra posibilidad: que no sea ninguna de las dos opciones sino pura y simple falta de ética y la manifestación de la existencia de un poder de facto que promueve sus propios intereses, corporativos y personales.

La ausencia de investigación y publicidad por parte de los medios respecto a las serias faltas a la seguridad nacional ocurridas en las “filtraciones” de información desde los tribunales de justicia, y la lentitud y falta de entusiasmo en el Poder Judicial para auto examinar sus propias falencias al respecto, llevan a sospechar de una extraña benevolencia o derechamente de complicidad entre las partes.

Lo peor es que este parece ser un sistema empleado en todo tipo de entes que explotan el poder que los ciudadanos les hemos conferido, en beneficio de sus creencia ideológicas o de si mismos.

Esto es importante para todos los chilenos. Hoy los afectados son otros, mañana puede ser usted o su familia, que también serán sacrificados sin posibilidad de defensa.

A las 3:34 del 27 de febrero de 2010, en Chile hubo un terremoto acompañado de un maremoto de grandes proporciones. Desde ese mismo momento, todos los chilenos, con amplia experiencia en este tipo de fenómenos, supimos que nos encontrábamos ante un desastre mayor. No sabíamos dónde había sido el epicentro pero podíamos adivinar que la destrucción era inmensa.

Hubo pérdida generalizada de las comunicaciones de todo tipo, teléfonos fijos, celulares e internet; de la energía eléctrica y la conectividad terrestre.

A las 04:15 la Presidente de la República llegó a las instalaciones de la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI). En su declaración judicial expuso que “no tenía obligación de constituirse en la ONEMI, ya que las operaciones para el manejo de las crisis lo hace, desde allí, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) presidido por el Ministerio del Interior” y que concurrió ya que “allí sería posible obtener mayor cantidad de información” (que desde su oficina en La Moneda, se supone).

Ahí recibió la información disponible. Parece obvio que si se le dio era porque su calidad de Presidente así lo ameritaba y porque ella había ido ahí para eso. ¿Si no le correspondía tomar ninguna resolución y el manejo de la crisis estaba totalmente en manos del Ministro del Interior y su COE, ¿qué hacía ella ahí?, si solo era una espectadora ¿para qué quería estar informada de los detalles operativos?

Parece evidente que no estaba ahí en un rol periodístico sino en su calidad de Presidente de la República. Sin embargo, es destacable por lo contradictorio, que encontrándose la primera autoridad nacional presente en la ONEMI desde las 04:15, la crisis haya estado formalmente acéfala o en manos de funcionarios subalternos hasta la constitución del COE a las 06:30.

Como es de frecuente ocurrencia en casos de crisis mayores, la información disponible que se entregó a la Presidente fue contradictoria, en parte errónea, extemporánea y en general bastante confusa.

Preguntó por la magnitud, extensión y epicentro del terremoto, daños, víctimas o posibilidad de riesgo de tsunami; ahí supo que el terremoto era de grado 8,5 con epicentro 90 km al noreste de Concepción, o sea, en tierra. Que era extenso, afectando seis regiones del país, que no había información de víctimas y que el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) había descartado la posibilidad de tsunami, omitiéndose en este informe que a las 4:07 horas el mismo SHOA había enviado un fax de alerta de tsunami a la ONEMI, levantado  posteriormente.

A esa altura todo el Centro de Operaciones de Emergencia era un caos, la anomia y la abulia habían hecho presa de sus miembros. El video filmado por el director de televisión y empleado de la ONEMI señor Jorge Tapia Vidal, testigo directo de todo lo que ocurrió allí la noche de 27 de febrero de 2010, muestra el penoso espectáculo del “proceso de toma de decisiones” de  las máximas autoridades del país, en acción.

Tapia describe el caos: “Se produjo un cuello de botella porque el cúmulo de información que empezó a llegar, región, intensidad, los grados, los posibles deterioros, la conectividad, entraban en un tubo que se taponeó. Y como no había filtros se quedaron ahí… Toda la información que recababan los geólogos, los geógrafos, los sismólogos … hasta ahí no más llegaba”.

“Es inexplicable (que no se diera la alerta de tsunami). En la ONEMI hay un muro, con una pizarra donde están escritos qué hacer en caso de grado 1, 2 ó 3 y cuando llega al grado 7, se indica que hay que dar la alerta inmediatamente”.

Bastaba mirar el cartel de la muralla para que todos, incluyendo a la Presidente de la República, se dieran cuenta que un terremoto grado 8,5, se trataba de un desastre mayor y que había que evacuar a la población costera.

Era evidente que había que tomar urgentemente dos decisiones claves:

1.- Proteger la vida de la población: para lo cual había que decretar la  evacuación del borde costero en las regiones afectadas.

2.- Proteger sus propiedades: disponiendo la participación inmediata de las FFAA para el control de los saqueos que previsiblemente se iniciarían. Hay que recordar que debido al dictamen 42.822 de la Contraloría General de la República, a las FFAA les estaba explícitamente prohibido intervenir en cualquier situación civil sin una orden previa del gobierno.

No cabe duda que esas dos son decisiones de naturaleza absolutamente políticas y esa responsabilidad recaía en la Mandataria: era ella quien debía tomarlas, tanto si hubiera estado en la Moneda o en la ONEMI ¿O es qué alguien piensa que Pérez Yoma hubiera podido o debido decretar una evacuación de esa magnitud sin la autorización de la Presidente?; qué por estar el Ministro del Interior en funciones en el Centro de Operaciones de Emergencias la Presidente quedaba relevada de su responsabilidad de tomar las decisiones políticas?, o que el empleo de las FFAA lo iba a decidir Pérez Yoma en el COE?.

Ordenar la evacuación de millones de personas en medio de la noche es lo más político que puede haber en decisiones de gobierno; así como movilizar a las FFAA ante una emergencia descomunal y evidente, es completamente político. Tan político es que el ex ministro Bitar así lo confirma: “No podíamos entregar el gobierno con las FFAA en las calles”, dejando constancia del análisis político contingente de las consecuencias de tomar esa decisión. Y decidieron no hacerlo, dando prioridad a la “imagen” de la mandataria por sobre la “realidad” de la ciudadanía.

Más allá de los “protocolos” de la ONEMI, de la organización y del funcionamiento del COE y del lugar en que estuviera la Presidente de la República era esa la autoridad que debía tomar las riendas de la situación y decidir lo que fuera pertinente, sin más trámites ni dilaciones.

Las crisis representan peligro, y, en consecuencia, el valor es, por sobre todas las cosas, la primera cualidad de que deben estar dotados los líderes: valor en presencia del peligro físico y valor en presencia de la responsabilidad que deberán asumir como consecuencia de sus decisiones, acertadas o no; que tomen o dejen de tomar.

Las crisis también implican incertidumbre; tres cuartas partes  de las cosas sobre las que se basa la acción en esas condiciones, yacen ocultas en la bruma de una gran incertidumbre.

En presencia de esa incertidumbre, la Presidente espera y exige, en vano, que le llegue la información única, indubitable, completamente consistente y coherente con todas las noticias que recibe desde diferentes fuentes, que la libere de tener que tomar una decisión “política” y tener una opinión “técnica” a la cual atribuir la responsabilidad en caso que la evacuación resultara ser injustificada. Presiona al Director del SHOA para que le dé esa respuesta final, aun cuando éste dispone de menos información que la ONEMI y que ella.

Sin el valor para tomar una decisión, a la cabeza de su equipo que la había precedido en el derrumbe moral, cae en la inactividad y la impotencia.

Un célebre estudioso de la política y la guerra describe este proceso con gran estilo: “Cuando surgen las dificultades … cuando las cosas ya no funcionan como una máquina bien aceitada y comienzan a producir resistencia, el Jefe debe actuar con gran fuerza de voluntad. … El jefe debe luchar dentro de sí mismo con su propia sensación de la  disolución de todas las fuerzas físicas y morales y el espectáculo angustioso del sacrificio sangriento, y luego con todos los que lo rodean que, directa o indirectamente, le trasmiten sus sentimientos, sus temores y ansiedades. A medida que los individuos, uno tras otro, van agotando sus fuerzas, y su propia voluntad ya no basta para alentarlos y mantenerlos, la inercia de toda la masa comienza a descargar su peso sobre los hombros del comandante”.

Todas las crisis, y así lo muestra la historia hasta la saciedad, llegan a un momento en que todas las cabezas se vuelven hacia el Comandante y esperan de él La Decisión. Si ésta no llega, se precipita el desastre.

Allende en la Moneda, el 11 de septiembre, decide: “Se van todos, yo me quedo”; Piñera, el 5 de agosto, también en la Moneda, decide: “Los rescataremos”.

Bachelet, el 27 de febrero, en la ONEMI, no decide nada.

Eso es lo que mostró el video de Jorge Tapia, el derrumbe del equipo de gobierno presente en la ONEMI, incluyendo a la propia Presidente de la República, que se suponía debía ser su puntal indestructible. Ministros vagando con la vista perdida y la Presidente preguntando ¿y dónde está el piloto?, ante la inexistencia de un helicóptero  para volar -de noche- sobre Santiago; como si eso pudiera resolver algo.

En realidad, todos seguían obedeciendo a los mismos reflejos que Bitar: seguir haciendo política electoral, cuidando “la imagen” de la Presidente y “evitando los costos políticos” que los obsesionaron mientras fueron gobierno.

Cuando una falla de liderazgo de este tipo ocurre aisladamente, puede ser un accidente; cuando se repite una y otra vez, pone de manifiesto un déficit de carácter que debiera generar un profundo debate respecto a las condiciones de la ex-Presidente para ejercer un cargo de tanta responsabilidad y sujeto a desafíos tan graves como inesperados.

Los políticos están desprestigiados, y lo están por su incapacidad y falta de coraje para enfrentar las discusiones de fondo.  Basta de “blindajes”, piruetas judiciales e investigaciones ridículas en el Congreso, que nunca llegan a nada.

Dentro de lo que la prensa bautizó como “Caso Fragatas”, -la investigación llevada a cabo por el Fiscal de la Zona Oriente Carlos Gajardo para esclarecer los posibles delitos ocurridos en el proceso de modificación de las estructuras de las fragatas adquiridas por Chile al gobierno de Holanda-, se dispuso la incautación de la información contenida en el computador de uno de los investigados, el empresario  Guillermo Ibieta.

Este “disco duro”  fue incautado por la policía civil y entregado a la Fiscalía Oriente para, se supone, su custodia y análisis para los fines de la investigación. Muy poco después, un periódico electrónico nacional dio a conocer que había tenido acceso a los 100.000 archivos de información referida a “transacciones bancarias, informes de ex marinos chilenos, recomendaciones de lobby para distintos proyectos y un contrato secreto de Asmar”. Y precisa aun más: “Se trata de sólo una muestra de lo que contiene el disco duro de este “intermediario” de cuyos 43 gigabytes (el diario electrónico citado) obtuvo una copia íntegra. La misma que está en manos del fiscal de la zona oriente Carlos Gajardo”.

Esta información fue el puntapié inicial para varias semanas de especulaciones, suposiciones, cuestionamientos y nuevas acusaciones periodísticas a todas las personas y organismos que tuvieron la desgracia de estar mencionados en los documentos de Ibieta que, por lo demás, nadie podía asegurar que dijeran la verdad o mintieran.

Los afectados fueron severamente vulnerados en sus derechos. Los antecedentes obtenidos por la policía, en uso de las atribuciones entregadas a ellos para apoyar a la justicia, se transformaron en instrumento para juzgarlos y condenarlos frente a la opinión pública. No tuvieron ocasión de defenderse; fueron declarados culpables aunque la justicia, eventualmente, los declare inocentes.

El procedimiento parece ilegal e inmoral, sin embargo lo más grave es que no se aclaró la fuga de información secreta desde la Fiscalía Oriente desde la Policía o desde otra fuente, hacia el medio electrónico.

Pero es peor, esta situación, en si misma seria y preocupante, no terminó ahí. El fenómeno volvió a repetirse.

Dentro de la misma investigación, el Ministro de Fuero Manuel Antonio Valderrama Rebolledo y el Fiscal Metropolitano Oriente Carlos Gajardo, solicitaron  al Ministro de Defensa amplia información respecto al proceso de adquisición de los buques y materiales conexos, la que fue entregada por el Comandante en Jefe de la Armada al Ministro de Defensa Nacional mediante el Oficio Secreto N° 4561/3079 del 25 de Junio de 2012, –  junto a una carpeta con información  clasificada como Secreto, respecto al cual se solicitó tener presente lo señalado en el Código de Justicia Militar, el Código de Procedimiento Penal y el Código Procesal Penal en cuanto a “evitar la divulgación de la información durante la investigación y substanciación del eventual proceso y que al término de éste, los antecedentes sean devueltos a la Armada”.

Pues bien, muy poco después, el mismo medio digital los dio a conocer, in extenso y completamente, en su publicación electrónica. Nuevamente, ni el Ministro de Defensa Nacional, ni el Ministro de Fuero, ni el Fiscal de la Zona Oriente  tomaron acción legal ante esta gravísima vulneración de la seguridad de la defensa nacional.

De acuerdo a la ley, dentro de las 24 horas de haberse producido la publicación de estos documentos, y mediante ella, de haberse producido un eventual delito, las autoridades afectadas debieron haber interpuestos las denuncias correspondientes. En efecto, sea el Fiscal de la Zona Oriente o el Ministro de Defensa debieron haber procedido en la forma señalada. Aparentemente -algunos días después- sólo el Comandante en Jefe de la Armada lo habría hecho. Nada se ha sabido del avance de esa investigación.

Caben muchas preguntas, pero sin duda la primera y principal es saber la causa del aparente incumplimiento de la obligación funcionaria de diversas autoridades del Ejecutivo y también del Poder Judicial de denunciar posibles delitos que los podrían involucrarlos a ellos mismos y llevar a cabo las investigaciones necesarias para identificar a los culpables, los responsables, sus cómplices y determinar las razones de la repetición de hechos similares que configuran graves violaciones a la seguridad de la defensa nacional, delito que en todo el mundo es sancionado con severidad.

Y sigue. En otra investigación posterior, la referente a las responsabilidades de la forma caótica en que ¿se manejó? el terremoto y maremoto del 27 de febrero del año 2010, la fiscal Solange Huerta encargó a un equipo de la Policía de Investigaciones una completa indagatoria al respecto. Esta información, se supone, debía ir a complementar las declaraciones de muchas personas involucradas, de testigos y del análisis de múltiples documentos, algunos de capital importancia como el Plan Nacional de Catástrofes, que en conjunto deberían proporcionar a la jueza los elementos para atribuir inocencias y culpabilidades en forma justa, legal y ecuánime.

Esta vez, de nuevo, el primer informe, un voluminoso documento, fue “filtrado” a la prensa, es decir, los encargados de su custodia en el Juzgado, en la Policía o en otro lugar, nuevamente no cumplieron sus obligaciones y dieron la oportunidad a que comentaristas periodísticos inescrupulosos festinaran su contenido atribuyendo culpas, acusaciones e imputaciones de todo tipo a ciudadanos que, otra vez, quedaron a merced, -indefensos e impotentes-, de este poder fáctico conformado por los administradores periodísticos de la información judicial reservada. Lo mismo sucedió con un segundo informe,  del cual un periodista se ufana “El informe entregado esta semana, de 1.983 páginas (cinco tomos), es una ampliación del que la misma Fuerza de Tarea Reservada Occidente de la PDI entregó en febrero de 2012 a la fiscal Solange Huerta, que tenía 8.514 páginas (20 tomos). El total, por tanto, llega a las casi 10 mil páginas. Este último es más macizo, porque afina y concluye episodios incompletos en el anterior” y luego procede a describir su contenido y entregar sus especulaciones.

No es conducente y no es justo atribuir estas situaciones a la prensa como actividad o como gremio; menos cuestionar la libertad de prensa. Tampoco debilitar lo avanzado respecto a transparencia de los actos de las autoridades o funcionarios, pero es imprescindible la existencia de una contrapartida efectiva que acote la impunidad de los que trasgreden esas normas en beneficio propio -fama o dinero-.

El incumplimiento por parte de las autoridades Judiciales, Ministeriales, de la Policía y otros, de las normas legales que los obligan a denunciar, investigar y sancionar las conductas ilegales, abusivas y prepotentes de las autoridades en perjuicio de los ciudadanos de a pié, no puede ser tolerado. Menos la conformación de asociaciones ilícitas entre periodistas carentes de ética y traficantes de información reservada.

Mañana el afectado puede ser usted.

La forma tradicional de segmentar el espectro político y electoral en Chile –derecha, centro e izquierda- sufrió una primera baja con el debilitamiento y posterior extinción del “Centro”: la incorporación de la Democracia Cristiana a la Concertación y la virtual desaparición del Partido Radical. Con el transcurrir de los eventos electorales la Democracia Cristiana fue desperfilándose hasta casi desaparecer como actor político relevante y diferenciado.

Así es como quedaron dos grandes conglomerados: la izquierda y la derecha. La primera  integradas por el PS, el PC y los escombros de la DC y la segunda por RN y la UDI. Esto en lo formal. En la realidad, este esquema fue prontamente sobrepasado y se hizo insuficiente como instrumento para comprender la realidad política e incapaz de prestar un servicio útil para entender los procesos en el sistema político.

Lo que se conoció como “derecha política” y “derecha económica” dejaron de ser coincidentes. Ni siquiera siguieron siendo funcionales una con la otra. La primera quedó contenida en RN y la UDI y centró su interés en el juego parlamentario; en el debate ideológico desde una perspectiva dominada crecientemente por la ideología liberal y en la negociación parlamentaria con la izquierda, y la segunda, la derecha económica, comenzó a actuar en forma autónoma y negociar su apoyo y financiamiento con los grupos y partidos políticos de todo el espectro político, en base exclusivamente a sus intereses económicos corporativos. Alejándose de la ideología y de la política partidista de la derecha.

La antigua “izquierda” se segmentó también en dos corrientes. La primera que podríamos denominar “de gobierno”, reúne a las personalidades conspicuas de la izquierda tradicional –a los guerreros cansados- que aspiran y luchan por conseguir las mejores condiciones económicas personales y familiares posibles  y su inclusión a la socilité respetable de Chile mediante la conquista y administración del Gobierno y el aparato estatal, y una segunda corriente de izquierda que podríamos denominar “francesa”, preocupada de los problemas ambientales, de género, de los derechos reproductivos, de los homosexuales, de la sociología del desarrollo, de la creación de un estado de bienestar, de la justicia garantista y de los problemas de la pos modernidad en general.

Como se puede apreciar, los intereses de la “derecha económica” tienen una amplia intersección con los de la “izquierda de gobierno”. Asi es como se ven empresarios arrimados a la izquierda política y a varios asociados simultáneamente en ambos bandos. Ambas corrientes –derecha económica e izquierda de gobierno- conforman lo que se podría denominar el  “Grupo Económico”, que supera el ordenamiento político tradicional y se concentra en la realidad del poder económico.

Por el otro lado, la derecha política terminó siendo dominada por los “Liberals”, sectores de ideología liberal que hacen juego y son la contraparte benévola de la izquierda europea. En conjunto, “Franceses” de izquierda  y “Liberals” de derecha, conforman un ámbito de debate ideológico, valórico, o como se quiera llamarlo, de temas que preocupan a las elites intelectuales mundiales, -tengan o no que ver con las realidades nacionales-, que podríamos denominar el “Grupo Liberal”. Son los promotores de la pos modernidad en Chile y actúan como si constituyeran la vanguardia que está creando la contrapartida cultural del progreso económico alcanzado por el país. Esta vanguardia gestiona los medios de comunicación social en asociación con los empresarios que -como se dijo- cubren el total del espectro político – partidista y desde ahí maneja la agenda mediática que pone en tabla sus temas, sin afectar substancialmente a los intereses del Gobierno ni de los grandes empresarios, que son quienes los financian y sustentan en su quehacer.

Queda sin afiliación ni representación un gran número de ciudadanos que no participan en ninguno de los dos Grupos ya caracterizados, ellos constituyen la “clase media”, la pequeña burguesía o el ciudadano común, con intereses concretos, valores tradicionales y aspiraciones modestas que quedan excluidos de los temas que los dos Grupos anteriores ponen  en tabla y que dan origen a la diferenciación electoral y política formal del país. Su desinterés en política se basa, justamente, en que sus intereses no se intersectan con los de los otros dos Grupos identificados.

A este segmento podríamos denominarlo el Grupo de Clase Media y su existencia se hace evidente cuando se comparan los resultados de las encuestas de opinión y las electorales, en las que valoran el trabajo, la educación, el ahorro, el orden, la paz social, la evolución política, el respeto a las reglas y la seguridad, que tienen terror de regresar a la pobreza o que un tropezón les quite todo lo que han logrado a punta de esfuerzo y sacrificio. Estas personas, cuando son interrogadas sobre asuntos que les interesan superficialmente, como la Reforma Tributaria, la Ley Zamudio, el activismo por los Derechos Humanos, Patagonia sin Represas y Energía Renovable y No Contaminante, responden cualquier cosa “políticamente correcta” o repiten las consignas más voceadas, que suelen ser las más extremas. Este grupo casi no tiene representación política.

Las encuestas son elocuentes: lo que más les interesa en orden de prioridad: Educación; Salud; Pobreza; Sueldos; Empleo; Drogas. Lo que menos les interesa: Medio Ambiente; Derechos Humanos y Reformas Políticas. Pero hay más, se puede apreciar, que cuando el Grupo Liberal incursiona en las áreas de interés de la clase media, lo hace desde una perspectiva sociológica e ideológica: inclusión, desigualdad, conflictos sociales, y no desde la que preocupa a los afectados: pagar deudas; pagar educación; obtener educación de buena calidad y útil para que sus hijos se ganen encuentren empleo y se ganen la vida, evitar las violaciones y asaltos en sus barrios, transporte decente y barato, salud digna y conseguir políticos que efectivamente los representen.

El tema de derechos humanos es interesante de analizar: Cada cierto tiempo, se produce algún aniversario y los grupos Liberal y Económico, apoyados en su completo control de los medios caen en sus “dos minutos de odio”;  instalan una agenda que tiene a todo Chile de cabeza durante una semana, al cabo de la cual, el grupo que logró impactar mas cuenta con nuevos recursos para seguir su pelea “valórica” y dentro de cada bando sus miembros se realinean de acuerdo a las ganancias y pérdidas del ejercicio; y “vuelve el rico a su riqueza, vuelve el pobre a su pobreza y el señor cura a sus misas” … hasta el próximo aniversario, mientras las FFAA continúan al tope de la tabla de reconocimiento y afecto popular nacional.

Tal vez esto tal vez explique la proliferación de candidaturas presidenciales de afuerinos a los dos grupos mencionados. El riesgo es que uno de estos días aparezca un proyecto nacional – socialista a lo Hitler, que capitalice las frustraciones, miedos y esperanzas de la Clase Media, espina dorsal de Chile y triunfe con un proyecto totalitario. La alternativa es que aparezca una Angela Merkel con un proyecto social – cristiano de economía social de mercado; que funde una nueva derecha que sepa capitalizar democraticamente estas ansiedades y resolverlas.

Las palabras han perdido todo su significado. Los juegos de declaraciones, silencios, trascendidos y chamullos de los candidatos presidenciales y sus grupitos me tienen confundido. Como ya no entiendo quién dice qué va a hacer que, me he visto forzado a poner por escrito, en castellano simple y directo, que es lo que quiero como programa de gobierno para los próximos cuatro años. A partir de este listado, veré cual candidato es el que me interpreta. Si no hay ninguno, no voto.

Por si le es de utilidad, se los muestro:

1.- Economía.

En los últimos 40 años a mi familia le ha ido bien. Desde 1996, Chile tiene el ingreso per cápita más alto de la región. Entre 1973 y el 2014, el ingreso de las personas aumentó sensiblemente. Desde 1990 a la fecha, la pobreza se ha reducido mucho. El desempleo ha bajado sustancialmente y la inflación ha sido muy baja. Lo anterior indica que estamos en el buen camino.

Chile es una continuidad, si perseveramos siguiendo con lo que está resultando bien, seguramente seguiremos avanzando en forma sostenida.

En breve, en lo económico, no quiero revoluciones ni cambios radicales. Que por ningún motivo aumente el desempleo, ni la inflación ni que se detenga el crecimiento del país. No sé si la manera de allegar recursos para el estado es aumentando o disminuyendo los impuestos –eso es instrumental-, lo que quiero es que el gobierno disponga de los recursos necesarios para apoyar a los que de veras lo necesitan, pero sin matar la gallina de los huevos de oro.

Las claves que yo quiero que se respeten son: estabilidad de las reglas; apoyo a las pymes; control de los gastos fiscales y que las grandes empresas paguen sus impuestos sin hacer “planificación tributaria” tramposa.

2.- Desigualdad.

Si bien la igualdad no existe ni entre las personas ni entre los grupos ni entre las regiones, no me gustan las desigualdades excesivas. El gran igualador es la educación y el reconocimiento de los méritos de cada persona independiente de sus relaciones y apellidos. Esto no es fácil ni rápido de resolver, pero hay que avanzar decididamente y no postergarlo más.

Es evidente que en este tema hemos avanzado, pero falta. La empresa privada, con excepción de los puestos directivos, no se fija mucho en apellidos; busca y paga a la gente por sus resultados (es uno de los beneficios del lucro). No ocurre lo mismo en la administración pública, donde la repartija va más bien por las relaciones políticas y sociales, aquí mi gobierno tendría mucho por hacer. Lo mismo en las universidades, empresas del Estado (en especial Codelco), judicatura y otros en que los empleos se traspasan de padres a hijos y entre parientes y amigos.

Hay personas –familias- que nunca podrán salir de la marginalidad y la pobreza sin ayuda. Ellos requieren apoyo de mi futuro gobierno, pero a cambio del esfuerzo y compromiso de los beneficiarios. Nada de regalos ni bonos. Existen programas sociales para ello, hay que mejorarlos, hacerlos más potentes, más justos, eliminar su uso político y mejorar su eficiencia. Que la ayuda llegue en forma efectiva y oportuna a los que verdaderamente la necesitan. La mejor ayuda es capacitación y empleo, lo sé por experiencia.

La clase media está saliendo adelante, no necesita mucha ayuda, pero si requiere apoyo para hacerles la vida más grata: especialmente en vivienda, educación, salud y transporte.

3.- Educación.

Estoy dispuesto a aportar lo mío para que ningún estudiante capaz quede fuera del sistema y que sus posibilidades de progreso no sean limitadas por la mayor o menor solvencia económica de sus padres. Pero que se entienda bien, los estudiantes y padres que se beneficien de mi esfuerzo también deben comprometerse y cumplir. Deben estudiar y obtener buenos resultados académicos. No estoy para mantener flojos, vagos ni agitadores. Los profesores deben ser evaluados y, al igual que los alumnos flojos, si son deficientes, eliminados del sistema con financiamiento estatal. Los malos estudiantes que quieran seguir en la universidad, que paguen sus padres en una universidad privada. Los niños que destruyen los establecimientos en que se suponen que estudian o maltratan a sus profesores, deben ser eliminados del sistema estatal.

La diferencia entre las personas la hace la calidad de la educación que, como dije, creo que descansa principalmente en el esfuerzo de los estudiantes. Otros elementos importantes son la calidad de los profesores y la calidad de los establecimientos educacionales. Si a los malos profesores los quiere contratar un colegio particular, es asunto suyo. A los buenos profesores del sistema estatal hay que subirles el sueldo al doble o triple. Que los estudiantes de pedagogía se peleen por ser profesores de escuelas y liceos fiscales.

No me importa que haya establecimientos educacionales sin o con fines de lucro, tampoco que sean privados, estatales o algún tipo de combinación, que sean nacionales u originarios de otros países. Me importa que sea posible pagarlos y que la educación que entreguen sea de la mejor calidad. Para lo anterior, no tengo la solución, y no me interesa cual sea, me basta con que sean buenos y al alcance de mis capacidades económicas, con becas, aporte del estado o la solución que sea, siempre que funcione. Mientras más alternativas haya, mejor.

La educación pre escolar, la básica y la técnica son las que más urgentemente necesitan atención y apoyo porque son las más importantes.

4.- Gobierno.

El centralismo me asfixia. Los que vivimos en regiones no somos menos inteligentes ni menos responsables que los santiaguinos y sabemos bastante mejor que ellos que es lo que queremos y como lo queremos. Que parte sustantiva de los impuestos que las empresas pagan en cada región, queden en ella y déjennos administrarlos solitos.

Quiero gobierno regional elegido y con poder.

5.- Institucionalidad.

Siempre es mejor que haya menos senadores y diputados. Las regiones no necesitan más “representantes”, ya que los políticos ¿trabajan? para promover intereses económicos, partidos y grupos políticos e intereses de grupos sociales organizados, pero no al común de la gente (excepto en períodos electorales).

No quiero reelecciones ni destituciones del presidente de la república, por ese camino iríamos directo a la vía venezolana o argentina.

Quiero revocación de sus cargos, por parte de los ciudadanos de la región por la que fueron elegidos, para los diputados y senadores que se cambien de partido; no cumplan sus deberes o pierdan la confianza de sus electores. Más transparencia de los políticos respecto a sus haberes e intereses personales. Examen anti drogas periódico y obligatorio; asistencia mínima controlada a votaciones y comisiones;  reducción de “dietas” y asignaciones; sanciones efectivas por abuso de poder.

6.- Energía

No podemos seguir negándonos a todas las alternativas. No más carbón. No energía nuclear hasta que estemos seguros que no implica riesgos como los de Fukushima. Si a la energía hidroeléctrica, es la mejor y más abundante que tenemos. Si a las energías limpias y renovables, pero por ahora como complemento de la energía eléctrica.

7.- Relaciones exteriores.

No más contemplaciones con los abusos y despropósitos de los actuales gobiernos argentino y boliviano. Respeto al fallo de la Corte Internacional de Justicia y adelante con la Alianza del Pacífico. Sigamos avanzando hacia Oriente.

Las mejores relaciones con la región, pero sin acompañarlos en sus aventuras y desvaríos ideológicos.

8.- Seguridad

La justicia “garantista” nos quedó grande. Que los tribunales apliquen una mano más dura y que se avance substantivamente en el uso de “penas alternativas” a la privación de libertad. Que los padres sean hechos responsables de los delitos de sus hijos menores de edad.

Las ciudades son unos chiqueros: perros abandonados, paredes rayadas, calles sucias, con mala iluminación, plazas abandonadas o invadidas por muchachos borrachos, drogados o teniendo sexo en público. Este es el punto de partida para controlar la delincuencia. Hay que hacer un esfuerzo serio en esa dirección.

No más encapuchados; bombas molotov ni destrucción de buses y mobiliario urbano. No mas agresiones a Carabineros.

9.- Salud

Vamos avanzando. Hay que mejorar el control sobre las Isapres y controlar la calidad del servicio y de la gestión en los hospitales públicos y particularmente a los médicos.

10.- La Constitución.

Me parece que todo el asunto es una moda política. Fuera de modificar el sistema electoral bi-nominal y la ley de partidos políticos para poner fin a las reelecciones de los parlamentarios, el resto es cuento. No me interesa.

No es mucho lo que pido, solo que los políticos también piensen en nosotros y no solo en ellos.