La mayoría de los países tienen sistemas de “controles y equilibrios” entre los diversos poderes del Estado de manera de evitar los abusos y las arbitrariedades. En estos días La Moneda dice que con la experiencia con el General Soto “aprendió la lección” y alista reforma para remover en forma directa a jefes de FFAA y Carabineros, eliminando un “equilibrio de poder” cuya necesidad se aprendió duramente.

Según Chadwick “La experiencia de gobernar y la necesidad de ir modernizando las instituciones ha hecho al Presidente llegar a esta conclusión”. El objetivo de La Moneda es terminar con el llamado “decreto fundado”, el mecanismo que contiene el artículo 104 de la Constitución al que debió recurrir el Gobierno luego de la negativa del General Soto de poner su cargo a disposición.

En Chile, se creía que la supremacía sobre las FFAA la tenía la Constitución y tanto los poderes ejecutivo, el legislativo y judicial como las mismas FFAA no reconocían ni ejercían discrecionalidad alguna en su empleo. Menos aun en función de sus intereses políticos personales o de su gobierno.

Esto fue puesto a prueba de la peor manera posible durante el gobierno de Salvador Allende. Desde su triunfo, a fines de 1970, ya se temía lo peor. El 3 de enero de 1971 se aprobó el “Estatuto de Garantías Constitucionales” que el Partido Demócrata Cristiano (PDC) exigió a Allende para ratificar su triunfo electoral en el Congreso. El PDC le exigió que “se respeten las estructuras orgánicas y jerárquicas de las FFAA y el Cuerpo de Carabineros … .

No fue así, había una brecha en el sistema que era la potestad del Presidente de eliminar a los altos mandos militares por si y ante si, sin expresión de causa ni fundamentación alguna a ninguno de los otros poderes del Estado.

En 1970 el General Cesar Ruiz Danyou fue designado Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea. En 1973 el Presidente Salvador Allende lo nombró Ministro de Obras Públicas y Transportes, cargo en el cual permaneció sólo ocho días, tras presentar su renuncia en agosto de 1973.

Según Allende para permanecer en su cargo de Comandante en Jefe debía continuar en el cargo de Ministro de Obras Públicas y Transporte para controlar una huelga general de carácter político que llevaba a cabo ese gremio. El general Ruiz renunció a ambos cargos en medio de una fuerte tensión, en la cual prevaleció la imposición de Allende ya que tenía la potestad para forzarlo a plegarse a su voluntad.

Para evitar la repetición de este abuso, en la nueva Constitución el Gobierno Militar incluyó la participación del Congreso en la eventual destitución de un Comandante en Jefe, la que luego fue desnaturalizada transformándola en el envío de una mera información al Congreso. 

Ahora, Piñera y su Ministro Chadwick consideran la necesidad de eliminar toda participación del Congreso e intentan concentrar en el Presidente el poder absoluto y total sobre el comportamiento de los Comandantes en Jefe. Que el Congreso no se queje de su irrelevancia.

Esto no es aprender, es olvidar.

Acaba de terminar la penúltima vuelta de pleitos con Bolivia. Sigue el del Río Silala, luego, solo Dios sabe. La creatividad boliviana para entorpecer el desarrollo y la integración regional es inagotable. La capacidad para hacerse daño también.

El apogeo de Evo coincidió con el del Foro de Sao Paulo y Unasur, articuladores de la intención de conformar la Patria Grande e imponer el socialismo. El Foro integrado por los gobiernos socialistas de Argentina, Brasil, Uruguay, Venezuela, Ecuador, Cuba y el apoyo de Bergoglio de Argentina, lo animaron a creerse sus propias fantasías. En Chile, Bachelet se esforzó por dejar amarrado -en su estilo de tirar la piedra y esconder la mano- la cesión de un enclave territorial en Chile, que el Gobierno de Piñera rechazó sin apelación. Eso terminó. En todos los países de la región, descontando las dictaduras de Cuba, Bolivia y Venezuela, hay gobiernos liberales. Se abren nuevas oportunidades para progresar avanzando con realismo.

La Patria Grande socialista fracasó. Aunque las izquierdas se nieguen a asumirlo.

Se abre una nueva oportunidad: la Integración Liberal para la globalización.

La integración regional tiene un concepto clave: los “corredores bioceánicos” o mejor, los “corredores de comercio”, que no son para transportar carga desde un puerto en el Atlántico hacia otro en el Pacífico sino para transportar productos desde el corazón de Sudamérica indistintamente hacia puertos en uno o ambos océanos, en que su rol central no es alimentar un comercio cerrado intrarregional sino de importación y exportación hacia y desde el exterior de la región, para interactuar con el mundo global.

Desde nuestra perspectiva, el transporte desde Brasil y Argentina hacia el Asia Pacífico son prioritarios, y es ahí donde se juega el desarrollo de la frontera norte del país y en especial del Puerto de Arica.

En el ámbito del transporte terrestre, Bolivia ha jugado un rol obstruccionista destacado. El primer corredor o “eje de conectividad vial intrarregional” se planeó el año 2007 y fue el llamado “Corredor Central” que uniría por vía carretera el puerto de Santos en Brasil con Arica en Chile, pasando por Bolivia.

Durante su recorrido, cruza las ciudades intermedias brasileñas de São Paulo, Campo Grande, Corumbá y las bolivianas de Puerto Suárez, Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba y Oruro, para concluir en Arica.

El corredor vial está construido pero inoperante; Evo exige que la carga brasileña que transite por su país, sea transportada exclusivamente por empresas bolivianas lo que obviamente no puede ser aceptado por Brasil.

Esta exigencia liquidó el proyecto y ese corredor no pudo entrar en servicio regular perjudicando a Chile y a Brasil.

Desde otra perspectiva, la política nacional de transporte carretero hacia y desde Chile ha estado marcada por los intereses sectoriales bolivianos, la influencia política y la animadversión de Morales hacia Chile.

Dado que fracasó el acuerdo respecto del régimen de uso del Corredor Central, se hizo necesario diseñar y poner en ejecución un nuevo proyecto (sin la participación de Bolivia) que uniera el centro oeste y el sur de Brasil, Paraguay y Argentina, con los puertos del norte de Chile.

En 2014 se puso en ejecución un proyecto de integración vial que ha tenido un desarrollo importante y exitoso. Esta alternativa transita por Brasil, Paraguay, Argentina y Chile, partiendo de Sao Paulo, atravesando el Mato Groso del Sur, pasando por Paraguay, Paso Hondo en Salta (Argentina), paso de Jama hacia Antofagasta y finalizando en los puertos chilenos de Antofagasta, Mejillones e Iquique y está en sus fases finales de construcción. Las obras y lo mas complicado, el reglamento de operación del corredor, deberían entrar en funciones dentro de los próximos dos años.

El transporte terrestre binacional Arica a La Paz es otra muestra de las inconsistencias y caprichos bolivianos. El tratado de 1904 entre ambos países incluyó cláusulas para facilitar a Bolivia el acceso a puertos chilenos, entre las que destaca la obligación de Chile de construir un ferrocarril entre Arica y La Paz y derechos de libre tránsito hacia puertos en el Pacífico.

El ferrocarril se construyó pero a poco andar Bolivia adoptó como política no mantener operativo su tramo nacional y retener los vagones en su país sin devolverlos a Arica y comenzó a reemplazar el transporte ferroviario por transporte carretero, exigiendo a Chile la construcción y conservación de una vía carretera de altísimo costo, que el pesado tráfico boliviano (500 camiones diarios) destruye rápidamente.

Así, Chile llegó a la absurda situación de tener que mantener un tramo de ferrovía en territorio chileno, que no va a ninguna parte y que es inútil ya que el lado Boliviano se encuentra fuera de servicio, mientras simultáneamente mantiene en servicio, a sus costas, una carretera que sirve solo Bolivia.

Chile tiene dos culpas en esta situación absurda: no cobrar peaje,  lo que tiene todo el derecho, ya que pagar el costo por el uso de la ruta no es limitar el libre tránsito y segundo, porque no tiene la obligación de mantener a su costa dos vías transporte, una carretera y otra ferroviaria. Bolivia debe elegir una u otra.

Fuimos débiles.

Actualmente la prepotencia de los camioneros y autoridades bolivianas impone una serie de externalidades negativas en Arica, que no son debidamente cobradas a ese país. Chile está constantemente haciendo nuevas “ofertas” a Bolivia y ese gobierno se regodea poniendo nuevas y mas absurdas exigencias.

Chile mostró su falta de política respecto a Bolivia cuando abandonó a sus empresarios a su suerte y permitió que los chilenos dueños de ferrocarriles en Bolivia fuera expulsados, perdiendo chile una poderosa carta de negociación.

La Ferroviaria Oriental, que perteneció a Manuel Cruzat (50%) y que en un proceso de quiebra pasó a manos del grupo norteamericano Genesee Wyoming (que no pagó el precio y luego vendió a un tercero venezolano), y Ferroviaria Andina que pertenecía (24%) al Grupo Luksic. En ambos casos, el poder de los empresarios chilenos se esfumó en manos de inversionistas privados en Bolivia, tanto por los favores del gobierno boliviano como por el hecho de que las potentes espaldas financieras de quien las compró corresponderían, según fuentes bolivianas, a dineros públicos venezolanos, contaminados por la corrupción, y por montos sin límites razonables. Tales ferrocarriles ahora son esenciales para concretar el Tren Bioceánico Santos-Arica o Santos Ilo si se materializara.

Aun cuando el costo del corredor Santos-Ilo es tres veces más alto que Santos-Arica, no puede descartarse su concreción por razones geopolíticas y por la permanente enemistad de Bolivia con Chile.

Las inversiones citadas están marcadas además por la presencia del empresario venezolano-paraguayo, Carlos Gill Ramírez, asentado en Bolivia desde el año 2008, hoy día fuertemente vinculado a Evo Morales y al Vicepresidente Álvaro García Linera, y que fuera entronizado en los círculos de poder bolivianos por el embajador venezolano en este país[1].

Gill Ramírez ha exhibido una capacidad financiera poco habitual para inversionistas individuales. Bancos, agroindustria, hidrocarburos y actividades de transporte, lo transformaron en uno de los principales empresarios de Bolivia, con propiedades entre las que se cuentan las dos empresas ferroviarias ya citadas. Sus conexiones políticas y financieras con los gobiernos de Maduro y Morales permiten desconfiar de la transparencia de sus negocios. De cualquier manera, constituyen una clara intervención chavista en contra de los intereses nacionales de Chile y Brasil.

Así estamos, paralizados por nuestra desaprensión, carencia de visión y timidez diplomática y política.

Es hora de juntar fuerzas con los nuevos gobierno de Brasil y Argentina y estructurar y ordenar el transporte terrestre continental para poner en juego los inmensos recursos ubicados en el centro del continente.

La clave es que es imprescindible terminar con el aislacionismo comercial regional implantado por el Mercosur, ALBA y Unasur y el consiguiente atraso y pobreza de los estados.

La región debe de asumir que solo integrándose al mundo podrá disponer de los recursos para ser próspera. De no hacerlo, estaremos condenando a nuestros países a otro siglo de pobreza.

Es hora de acción, de voluntad, de audacia y de firmeza.

Las condiciones están, ¿están listos los líderes nacionales?, ¿lo está Piñera, lo está Macri, lo está Bolsonaro?.

---

[1] Ver Santiago Escobar; El Mostrador, 2018.

La batalla respecto al futuro se dio hace 50 años entre Fukuyama y Huntington y ganó Huntington.

En Chile, los líderes políticos tratan de hacer como que no ha pasado nada y en esa, «la derecha y la izquierda unidas jamás serán vencidas”.

Epur si muove.

A raíz de una sucesión de hechos dolosos ocurridos en el Ejército y en Carabineros de Chile se ha desatado una tormenta de análisis, comentarios, recomendaciones, acusaciones y descalificaciones las mas de las cuales adolecen de una falta de información penosa. Hemos podido ver a ex – Ministros y Subsecretarios que critican los procedimientos y estructuras organizacionales existentes: ¿qué hicieron por cambiarlos?, ¿por qué vivieron en paz y armonía con ellos?, si los encontraban inaceptables y su gobierno no quiso cambiarlos, ¿por qué no renunciaron?.

Respecto a Carabineros, el Presidente Piñera, “sostuvo que lo prudente” es esperar los resultados de las investigaciones de la Fiscalía “y no quedarnos con la versión de una parte”. El argumento de Piñera fue que “ya se han cometido muchos errores, en muchos gobiernos, por confiar ciegamente en la primera versión de Carabineros. Añadió, precisando que se exigió al jefe policial “que digan la verdad, que no oculten nada”.

Un empresario, ¿acepta las informaciones del gerente de una empresa en crisis sin evaluarlas críticamente?. Es claro que quienes lo informaron incorrecta o parcialmente actuaron mal, incluso dolosamente, pero él mismo también tiene parte sustantiva de la culpa.

Le pregunto, en una materia delicada, ¿es razonable quedarse con la versión de una parte o confiar ciegamente en la primera versión?. No, es evidente; es la precipitación por evitar “costos” políticos lo que lleva a la autoridad civil a no discriminar y terminar pagando el doble.

Esa confianza ciega que defrauda a que alude el Presidente es algo muy grave que se repite reiteradamente y que, al menos a mi juicio, esconde incompetencia y frivolidad de muchas autoridades políticas/civiles.

El 15de febrero de 2011 el Gobierno de Piñera promulgó la ley que aumentaba la dotación de Carabineros en 10.000 personas mas al año 2014. El Ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Hinzpeter, señaló que “nuestro Gobierno está cumpliendo con aquello con que se comprometió en la campaña presidencial y en estos 11 meses de Gobierno”,

En esos días el suscrito asesoraba a un miembro de la comisión de defensa que aprobaría la ley. Cuando pedí el proyecto me dieron el proyecto de ley, cuando insistí en “el proyecto técnico”, me dijeron no lo conocían. Pregunté porqué 10.000 y no 8.000 o 12.000, nadie tenía una idea concreta. 10.000 “sonaba bien”. Insistí tratando de saber el costo “del proyecto”; me dieron el costo en remuneraciones. Le recomendé a mi asesorado que preguntara respecto al financiamiento de aspectos tan evidentes como: alojamiento, alimentación, vestuario, equipamiento policial, equipamiento de seguridad, transporte, combustibles y vehículos, telecomunicaciones, educación, previsión a largo plazo, salud –considerando que Carabineros no tiene ley de salud-, bienestar, traslados y viáticos, infraestructura policial y un largo etc. Llegó la fecha de la sesión para analizar el proyecto, el Director General mostró un breve power-point, las preguntas de los miembros de la comisión fueron poquísimas, superficiales e insubstanciales y en medio de congratulaciones mutuas todos se fueron felices. Esa fue mi primera y última actuación como asesor.

Todo lo que importaba a los diputados era no aparecer interfiriendo con el incremento de los policías, la situación política y electoral lo hacía desaconsejable y la gran mayoría de los diputados no entendía nada y les interesaba menos. Lo peor, ni siquiera se hacían cargo de la complejidad que significaba “aumentar”, en 10.000 carabineros en cuatro años, la dotación existente. Es decir, reponer los retiros, jubilaciones o bajas diversas y “además” sumar 10.000 personas mas. No se trataba de contratar a los que pasaban frente a la comisaría y vestirlos de uniforme. Había que educarlos, entrenarlos, seleccionar y eliminar a los que no mostraran condiciones, en breve,  transformarlos en policías diestros para tratar con ciudadanos cada día mas exigentes, en situaciones conflictivas o peligrosas y en medio de un estricto marco legal.

La seguridad pública seguía suscitando inquietud en la ciudadanía y el siguiente gobierno, de Bachelet, no podía quedarse atrás.

El 8 de Octubre de 2014, con la presencia del ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Peñailillo, la Sala del Senado aprobó en general por 26 votos a favor, el proyecto de ley que aumenta la dotación de Carabineros de Chile en 6 mil funcionarios mas entre esa fecha y el final del año 2017 es decir 6.000 mas sobre los 10.000 ya autorizados por Piñera.

No supe nada “del proyecto”, solo lo que dijo el ministro señalando que esta vez, además de las remuneraciones,  se consideraba el costo operativo directo (vestimenta básica, consumos básicos y equipamiento operativo básico)”, es decir, la nada misma. Supongo que asumirían que los gastos extras se irían determinando y otorgando mediante incrementos presupuestarios anuales, a medida que fuera apareciendo. Tampoco se aclara si el aumento de 10.000 carabineros iniciado por el gobierno anterior había sido o no completado.

El ministro destacó que el proyecto que se votó consideraba, no sólo el aumento en la dotación, sino “permite tener una relación con las policías, desde el punto de vista del Ministerio del Interior, de mayor fluidez de la información, metas y programas que se están implementando, para poder evaluar cómo se están desarrollando las distintas inversiones y los recursos de apoyo para el trabajo policial”. Esto hace suponer que existiría una intención de supervigilar la gestión institucional. Lo que siguió mostró que no había nada de eso.

Esta vez algo del profesionalismo de los Congresales fue puesto a salvo ya que durante el debate se hizo manifiesta la necesidad de hacerse cargo de la situación de Dipreca, que debía asumir mayores gastos previsionales y de salud sin contar con un reajuste de sus recursos, situación que el titular de Interior se comprometió a analizar en una mesa de trabajo.

Recientemente, en el actual gobierno de Piñera,  se formó una nueva “mesa de trabajo” para tratar el mismo tema.  

Por su parte, el diputado Gonzalo Fuenzalida manifestó que la iniciativa impulsada por el Ejecutivo “es necesaria, pero hay un tema que no se ha abordado. Por ejemplo, la PDI no tiene fondos propios para reparar y construir cuarteles, comprar espacios. Eso no está presupuestado. No sacamos nada con aumentar dotaciones si no cabe la gente en la infraestructura que tienen”: el diputado olía que el proyecto era “de juguete”. La diputada de RN Marcela Sabat calificó el proyecto de ley presentado por el gobierno como un “despilfarro”.

A continuación el General Director de Carabineros hizo un curioso juego de cifras que no fue cuestionado por nadie: “Al año 2010 la planta estaba conformada por 45.748 funcionarios y al año 2014 aumentó a 53.522 efectivos (+7.774). Recalcó que esa cifra corresponde a la planta legal que no es lo mismo que la dotación efectiva porque existen vacantes que se van produciendo, ya que el escalafón tiene movilidad permanentemente, y es así como a la fecha la dotación efectiva es de 49.808 carabineros (es decir en 14 años  -2010 / 2014- años hubo un incremento real de 4.060 carabineros, habiéndose autorizado un aumento de 10.000, el año 2011).  Esto mientras se discutía un aumento de 6.000 nuevas plazas.

El 15 de mayo, durante la segunda sesión de la comisión de la Cámara, el General Director cifró la dotación de efectivos de Carabineros, entre civiles y operativos, en 58.228 personas (incluyendo recursos para pagar a 6. 857carabineros inexistentes). El punto es que el Presupuesto 2017 entregó el dinero considerando a un total de 65.085 . … y ningún Diputado ni funcionario del Ministerio del Interior preguntó para que entregar dinero para 6.857 carabineros que el mismísimo General Director les estaba diciendo que no habían sido contratados.

Algunos diputados reclaman contra el “secretismo” de Carabineros que nunca informó la cantidad exacta de funcionarios cuyos sueldos había que pagar, sin embargo no tuvieron problemas para autorizar presupuestos “creativos” anuales durante 10 años sin hacer las preguntas que debían. ¿Cómo sería el control de las demás partidas presupuestarias?

Ni se inquietaron al autorizar un aumento de dotaciones absolutamente innecesario y que en ninguno de los dos casos, 2011 y 2014, exigieron al Ministerio del Interior ver el Proyecto que estaban autorizando. Por lo demás un simple proceso de sumas y restas les habría mostrado el caos de la gestión de personal.

El epílogo de esta frivolidad político / policial fue el robo de $ 26.000.000.000 “empozados” para pagar los sueldos a Carabineros que no existían y que el Congreso aumento su número dos veces, en 16.000 personas, en forma completamente irresponsable mientras Carabineros administraba su personal mediante el sistema de “la Lista de Revista, en la cual las reparticiones registran al personal de su dotación y los beneficios a los cuales tienen acceso. Esa Lista de Revista se cruza con los documentos oficiales de altas y bajas”. Un sistema inventado, sin duda, por Gonzalo Fernández de Córdoba, El Gran Capitán.

Si el Gobierno y el Congreso -los civiles- no ponen un mínimo de interés, seriedad y responsabilidad en su trabajo, ¿para que quieren mas autoridad y control si ni siquiera usan lo que tienen?.

Pongamos serios, esto ya no da para mas.

En la entrevista dada a El Mercurio por el general Martínez, Comandante en Jefe del Ejército, explicó su plan para generar cambios profundos en su institución.

La acción inicial consiste en «Promover la reflexión mediante el análisis y discusión de la actuación del Ejército en los últimos 50 años en todas las áreas, incluida la de los Derechos Humanos, de manera de asegurarle al país profesionales que hayan aprendido de sus acciones para las tareas que el Estado les demanda».

Consiste en el análisis respecto a cómo el Ejército ha actuado en las distintas épocas y crisis que ha atravesado.

La retrospección incluirá el tacnazo del general Viaux en 1969; el asesinato del general René Schneider en1970; el involucramiento de los altos mandos del Ejército en el gabinete del Presidente Salvador Allende; el «tanquetazo» de junio de 1973; elGolpe de Estado de 1973; el actuar durante el Gobierno Militar; el de los oficiales y suboficiales que fueron parte de organismos de seguridad y el rol de integrantes del Ejército en las violaciones a los derechos humanos; el asesinato del general Carlos Prats; el rol del Ejército entre 1990 y 1998 respecto de la figura del General Augusto Pinochet; el nunca más del general Juan Emilio Cheyre; la tragedia de Antuco; el fraude financiero en el Ejército, la investigación sobre el mal uso de fondos vinculados a pasajes y demás crisis actualmente en curso.

Este análisis, permitiría identificar como esos hechos afectaron al ethos militar, se llevaría a cabo de manera descentralizada y participarían integrantes de la sociedad civil. Se estima que en poco más de un año se tendrían los primeros resultados de las evaluaciones. Este trabajo debería concluir el año 2020.

Sería, en propiedad, un análisis histórico de hechos políticos y sociales recientes.

En palabras de R.G. Collingwood, en su Idea de la Historia, abordar este trabajo requeriría disponer de una filosofía de la historia -generalmente aceptada- ligada al estudio sistemático y organizado de la historia y reconocer los límites de esta rama de la filosofía. Requería también que los analistas no sean objeto de la influencia directa de los hechos que investigan y por último, que sean capaces de sustraerse al instinto de creerse autores de la interpretación definitiva de los hechos analizados y que deberían continuar lo que podríamos llamar el devenir interpretativo a lo largo del tiempo para evitar que sus análisis caigan en la obsolescencia.

Este tipo de intentos tiene algunas trampas en que se cae con frecuencia. La primera, olvidar que los intérpretes interpretan a partir de lo que ellos son y creen. La segunda, creer que su interpretación es definitiva -la última y final- y que ella permanecerá en el tiempo y la tercera, la mas grave, intentar establecerla “interpretación correcta”, final, definitiva y a través de ella, clavar la rueda de los análisis y dejar fijada una “historia oficial” la que no se debe tocar y que es la única a la que se permite prevalecer.

Intentar llegar, mediante el análisis de hechos en que los mismos historiadores discrepan y sobre ellos a conclusiones que permitan al Ejército “asegurarle al país profesionales que hayan aprendido de sus acciones para las tareas que el Estado les demanda» parece tarea imposible.

Lo mas evidente: porque lo que analizan no son “las acciones de los militares actuales y futuros”, ya que ellos no las ejecutaron, sino que fueron efectuadas por otras personas, diferentes a ellos en múltiples aspectos y en grado no menor, por que cuando actuaron de una u otra manera, no sabían en que iban a resultar esas decisiones y actos. Y los interpretes actuales si lo saben y para peor, en forma diversa y discrepante.

Parece que no es una buena idea y que habría que revisar las premisas en que se apoya el intento del General Martínez.

Una recomendación sería dejar esta tarea a las aproximaciones que hagan diferentes personas –historiadores- , en diferentes momentos y mediante diferentes instrumentos filosóficos e historiográficos.

La mejor forma de mostrar el progreso del Ejército es avanzar decididamente hacia la excelencia profesional y humana en los tiempos y circunstancias que corren en estos días y en el futuro próximo. Creo.

La historia, si los absolverá.

Juez es la persona que tiene autoridad para juzgar y sentenciar y es responsable de la aplicación de las leyes. Es quien resuelve una controversia o que decide el destino de un imputado, tomando en cuenta las evidencias o pruebas presentadas en un juicio, administrando justicia.

Sin margen de error, en Chile no tenemos Jueces sino funcionarios judiciales que emiten sentencia dejando de lado la justicia, las evidencias y las pruebas, es decir, sin juzgar.

Una acepción de la palabra Perversión la define como “una anomalía del comportamiento que implica la desviación de una tendencia natural”.

Naturalmente los hombres sabemos lo que es justo y lo que es injusto; lo que es correcto y lo que es incorrecto y tratamos de atenernos a ello. En Chile, desde hace años, se practica una injusticia evidente que surge de la confrontación o disputa en la que vence el que pervierte la justicia, no el que tiene la razón. En Chile el Poder Judicial, ha pervertido la justicia para mal tratar a su gusto a los militares usándolos para cubrir y hacer olvidar su comportamiento políticamente incorrecto durante el Gobierno Militar, haciendo como que no ve los delitos que efectivamente cometieron sus jueces y los que le adjudica y cobra la izquierda.

“Justicia” a los militares

A fines de septiembre de1973, un teniente de la Armada –Infante de Marina- fue transbordado al Ministerio de Defensa. A los pocos días de llegar, debió trasladar a un detenido desde la oficina en que éste trabajaba, al Ministerio de Defensa, donde hizo entrega de él -en presencia de testigos-  a su mando directo, perdiéndose luego su rastro. 

Según el sentenciador …»no resulta verosímil que un oficial de la Armada de Chile, partícipe en un golpe de Estado, pretenda minimizar su responsabilidad alegando ignorancia  de lo que ocurría en la época en que él, precisamente, se desempeñaba en el Ministerio de Defensa Nacional, epicentro de la toma de decisiones y organización de operaciones” … “el condenado, aunque muy joven, era oficial de la Armada, es decir, no se trataba de un marinero haciendo su servicio militar. Se trataba de un engranaje de la institución naval” … “señalar que su participación se limitó a trasladar al detenido, hoy desaparecido, desde el lugar en que ese trabajaba hasta el Ministerio de Defensa, y desde ahí no haber sabido nada más de él” … “es una excusa inaceptable para un oficial, más aun cuando denota un desprecio absoluto por el destino de un ser humano”.

Lo condenó a cinco años y un día de prisión efectivos y se encuentra en el Campo de Prisioneros Políticos de Punta Peuco como “autor del delito de secuestro de una persona que fue retenida contra su voluntad desde el 5 de Octubre de 1973 hasta el día de hoy, con el agravante de demostrar desprecio hacia la vida humana al no haber continuado su preocupación, seguimiento y cuidado de la persona que transportó”.

Impunidad para los jueces

Desde septiembre de 1973 el Poder Judicial chileno comenzó a recibir “recursos de amparo” para ubicar a personas cuyo paradero se desconocía y que sus parientes presumían presos o muertos, fueron 9.000 recursos, si nueve mil. Ni uno solo de esos recursos fue acogido por los jueces pertinentes. Fueron negados o simplemente ignorados.

Muchas personas y organizaciones tenían conocimiento de que “algo estaba pasando”, los deudos y amigos de los afectados, los combatientes -los grupos violentista y sus conexiones políticas y las FFAA- las iglesias, y sobretodo el Poder Judicial en pleno. Todos los jueces tenían amplio conocimiento de la situación militar resultante del combate entre el Gobierno y los grupos violentistas.

Parafraseando al funcionario judicial que condenó al infante de marina, desde 1973 los jueces fueron parte de la sociedad  que presenciaron y vivieron el golpe de estado y su desarrollo posterior en primera persona; que no pretendan minimizar su responsabilidad alegando ignorancia de lo que ocurría en la época en que ellos, precisamente, se desempeñaban en el Poder Judicial, epicentro de las acciones para hacer justicia. “Los jueces, eran funcionarios con conocimiento y experiencia, no de subalternos sin conocimiento ni responsabilidad. Se trataba de un engranaje del Poder Judicial”. “Señalar que su participación se limitó a tomar conocimiento de la situación y luego no hacer nada … es una excusa inaceptable para un Juez, más aun cuando denota un desprecio absoluto por el destino de un ser humano”.

¿Por qué un militar es objeto de juicio y condena y los jueces que protagonizaron un comportamiento, por lo menos simétrico, continúan en la mas completa impunidad?  ¿Cuántos jueces han sido investigados y condenados por su estulticia?, ¿con que moral castigan a quienes hicieron algo muy parecido a los que hicieron ellos mismos y por las mismas razones?

Lo de los Jueces si que es “desprecio absoluto por el destino de muchos seres humanos”.

El Poder Judicial, una vez que regrese a la recta conducta que le corresponde, tendrá que mirar la viga en el ojo de los jueces, así como ha examinado estrictamente la paja en el ojo militar. Ello ocurrirá, inevitablemente, mas temprano que tarde.

Este abuso de poder es un delito feo e inmoral, pero se podría justificar imaginando una lealtad deformada, una ceguera corporativa o una complicidad entre miembros del mismo grupo. Pero hay más.

Cuandoel poder que la Constitución da a un Juez se transforma en una herramienta para la venganza personal o familiar; una oportunidad para castigar a quienes considera responsable del fracaso de su ideología, o una ocasión para mostrara su poder e impunidad ante sus víctimas, nos encontramos ante algo mucho mas perverso. Estamos frente a la bajeza y la maldad en su mayor expresión, ante una situación disolvente del Estado, destructor de la confianza pública.

Este comportamiento ha alcanzado cotas inimaginables, no ha cesado, sigue abusando de su poder, en estado de mengua, pero sigue.

Siquiere ver una radiografía al Poder Judicial chileno en acción “desde que volvió la democracia” y tiene un buen estómago, lo invito a ver el link que se adjunta, en que otro Oficial de Infantería de Marina relata la ordalía a que ha sido sometido:

https://www.dropbox.com/s/k5jjt8pudkbtt3i/JAS%20-%20Proceso.docx?dl=0

La izquierda ha producido organizadamente una gritadera de alcance internacional  por la muerte del señor Carillanca, un chileno de etnia mapuche, partícipe en un robo de vehículos y posteriormente parte de una emboscada contra Carabineros de Chile.

La escandalera ha sido como solo la izquierda las sabe hacer: lastimera, agresiva, insultante, mentirosa y con un solo objetivo, hacer daño al gobierno y a la convivencia nacional. Agudizar las contradicciones y profundizar los conflictos.

CHILENOS DE ETNIA MAPUCHE MUERTOS ENTRE EL AÑO 2.000 Y EL 2.018

Año 2.000 – 2006    Gobierno de Ricardo Lagos (Socialista)

Mauricio Huenupe

Jorge Sárez Marihuán

Edmundo Lemunao

Agustina Huanupe Pavian

Jorge Suárez Marihuan

Julio Huentecura

Zenén Díaz Nécul

José Huenante

Total: 8 muertos

Años 2006 – 2010 / 2014 – 2018    Michelle Bachelet  (Socialista)

Lonko Juan Collihuil

Matías Catrileo

Johnny Cariqueo

Jaime Mendoza Collio

José Quintriqueo

Víctor Mendoza Collío

Macarena Valdés

Total: 7 Muertos

Años 2010 – 2014 / 2018 – 2022   Sebastián Piñera (Renovación Nacional)

Rodrigo Melinao

Camilo Catrillanca

Total: 2 muertos

¿Cuántos Ministros del Interior, Intencdentes, generales de Carabineros u otras autoridades de gobierno o de Carabineros fueron sancionadas políticamente: En los gobiernos socialistas: ninguno, en los gobiernos democráticos: van seis.

Esta es la foto de los “progresistas”.

En la doctrina marxista -heredera de la visión hegeliana de la historia- la humanidad avanza por la dialéctica de las contradicciones, especialmente entre las clases sociales.
El corolario político, leninista, de esta visión es que para que se produzcan los cambios revolucionarios es necesario hacer más intensas las contradicciones de todo tipo (agudizarlas), hasta que exploten.

Según los “progre”, La violencia es la partera de la historia.

El progresismo, a horas de la muerte del señor Catrillanca y antes de haberse podido hacer una investigación que permitiera al gobierno dar informaciones con base de veracidad comprobada, hizo estallar una violencia nada de espontánea: según uno de los medios de comunicación en que la izquierda exponen sus ideas, “el homicidio ocurre un día antes de la jornada de protesta contra las zonas de sacrificio (primer conflicto a agudizar) y durante la semana de aprobación definitiva del aula segura (segundo conflicto), los hechos de esta día jueves (muerte de Catrillanca, tercer conflicto) nos muestran sabiamente el camino y la necesidad de luchar juntos (estudiantes, mapuches y clase trabajadora). Por lo tanto asumimos este lamentable hecho, como posibilidad para articularnos y golpear juntos (cuarto conflicto), que este hecho sacuda nuestra voluntad, iniciativa y creatividad para colocarlo fervientemente al servicio de la lucha”.

Listo, ya están las condiciones objetivas para incrementar la “agudización de las contradicciones” a piedrazos, bombas molotov, agresiones a carabineros, destrucción de los bienes públicos y privados y violencia pública.

Su excusa es la eterna lucha por la defensa de los Derechos Humanos. Desvergonzada elección, ya que ningún país comunista tiene establecidos los derechos humanos en su constitución. Ningún partido Comunista reconoce derechos humanos a sus opositores. A ninguno –China, la URRS, Corea, Cuba, Lula, Maduro y demás- le ha importado nada el medio ambiente; ni las etnias; ni la diversidad cultural; ni la libertad de prensa ni de expresión; ni de conciencia; ni de movimiento, nada.
Para el progresismo, los derechos humanos son solo una estrategia para debilitar y destruir a los gobiernos que se les oponen para luego, una vez capturado el poder, olvidarse de todo y retromarchar a la tiranía consubstancial a su ideología brutal.

La ideología de los Derechos Humanos funciona en tándem con otros elementos ideológicos: la de Género; la demolición de la Autoridad, la destrucción de la Familia, la Proletarización de la sociedad; la búsqueda e imposición del Enfrentamiento Violento frente a cualquier conflicto.

A fines de los años 90, Flacso (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, de las Naciones Unidas) se instaló en Chile y su primer caballo de batalla fue la ideología de género. La campaña se inició llevando una delegación chilena integrada por personeros de izquierda a cuanta conferencia internacional seminario, simposio o lo que fuera se hiciera sobre el tema y la firma de todo tipo de acuerdos, compromisos y adhesiones.

Así Chile comenzó a ser, de hecho, parte de innumerables esquemas y organismos ideológicos que financiaron difundieron e impusieron la ideología de género. El siguiente paso fue darles reconocimiento legal haciendo uso de mayorías ocasionales y de la inocencia y debilidad de los parlamentarios de derecha.
De repente nos vimos siendo “exigidos” por organismos multinacionales y organismos de fachada de la izquierda internacional, a dar cumplimiento a los “compromisos” suscritos, a modificar nuestras leyes y conductas para adecuarnos a esas exigencias, todo esto sin que la ciudadanía chilena se diera cuenta de cómo y cuándo nos habían metido en una máquina controlada desde algunas oficinas de las Naciones Unidas con sus correspondientes “Altos Comisionados”.
Otro organismo de igual jaez es el Programa de Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD) que promueve ideas, estrategias programas económicos, políticos y sociales, ente los cuales el del nefasto gobierno de Bachelet en su dramática segunda versión.

Así, perdimos control sobre nuestra propia libertad y autonomía y nos transformamos en sirvientes de la burocracia de la izquierda internacional.

Primero fue la conversión de las mujeres en proto hombres y luego la de los hombres en proto mujeres, así, diluida y puesta en cuestión la identidad básica de cada persona, se agudizó la orfandad e indefensión de los individuos.
Hemos llegado al sexo –género, en la nueva parla- optativo y cambiante.
Una persona –como el padre de una familia de actores norteamericanos- ya va en el tercer cambio de sexo. Pero no para ahí, como esas personas pueden casarse entre si, dos persona (una pareja) pueden transitar por amplia gama de combinaciones mediante cambios de sexo (hombre/mujer; mujer/mujer; hombre/hombre: bisexual/bisexual; hombre/bisexual; mujer/bisexual; etc) incluso quedar en una estación intermedia como transexual. Mas aun, como pueden adoptar hijos, esos niños se criarán en una condición de mutación paternal mas que desconcertante.

La grosería; vulgaridad; violencia; mentiras y campañas mediáticas, armas tradicionales del progresismo, apuntaron al debilitamiento y luego a la destrucción de toda autoridad. Es evidente que desde su punto de vista totalitario cualquier autoridad que no pertenezca a su secta es ilegítima y por consiguiente, merecedora de todo tipo de infamias, calumnias e insultos, así fueron cayendo políticos opositores, policías, empresarios, académicos, militares, pastores, periodistas y todos aquellos que se cruzaran en su camino. Un ejemplo paradigmático: la campaña contra el ex presidente Piñera, en su primer mandato, objeto de una campaña mediática infamante que duró todo su período de gobierno.
Así tenemos una sociedad en la que muchos de sus miembros viven en una completa incertidumbre respecto a si mismos, a sus relaciones, a sus conexiones sociales, a sus raíces familiares y a su ciudadanía. Completamente alienados, extraviados, inseguros de si mismos, de todo y de todos. Asustados e indefensos.

Últimamente hemos podido apreciar una campaña orientada a demostrar que el fin del Gobierno Militar fue fruto del “triunfo de la vía armada” del Partido Comunista y sus organizaciones de fachada como el FMR, infundio promovido y difundido por el Frente Amplio y en particular por el diputado Gabriel Boric, con motivo de su homenaje, en París, al asesino del senador Jaime Guzmán.

Cualquier lector podrá apreciar que no concuerdo con estas ideologías, pero, a diferencia de ellos, yo no impedirían que los que si las apoyan puedan practicarlas y tratar de difundirlas, es su elección y derecho.

Mi problema es al revés, exijo que no me obliguen a aceptar e incorporarlas en mi vida como imposición de quienes si la aceptan y prefieren. Que me las pasen de contrabando o me las impongan, sea por bullying vía “corrección política”; en forma leguleya o subrepticiamente.

Todos los chilenos podemos ver como se movilizan los progresistas para “exigir”, para desprestigiar, destruir o ridiculizar los que piensan como usted o como yo. Es hora de poner nuestro puntos de vista adelante y luchar por ellos.

Los progres no son mejores que nosotros, no son ni mas inteligentes ni mas capaces, solo son mas violentos y brutales, es hora de impedirles que “agudicen las contradicciones” y nos impongan su “hegemonía cultural”.