MAL TRATO PROGRESIVO

VIDEOS DE: SOBREMESA EN FAMILIA

Estamos en una crisis, tenemos problemas que abren muchas oportunidades ¿sabremos aprovecharlas?.

Soy de la generación de chilenos que nació y se crió en un país pobre, muy pobre. Con niños descalzos y desnudos, con una parte sustantiva de su gente desnutrida, con personas que, al atardecer, pasaban descalzos por las casas, vestidos con andrajos y con un tarro en sus manos, pidiendo las sobras de la comida.

Fue el Chile de la pos crisis de 1929 / 30 y 31 que casi nos destruyó y que llevó al Gobierno de Ibañez a establecer una política económica cerrada, de sustitución de importaciones ya que no vendíamos nada que pudiera sustentar las importaciones. Se suponía que sería breve, no lo fue, derivó en una política económica oligopólica, ineficiente, protegida y corrupta. La pobrezó llegó y se instaló. El socialismo se ofreció como una solución y fue peor el remedio que la enfermedad.

Vino la revolución militar y luego el gobierno de la izquierda renovada: se reabrió la economía al comercio mundial, se estimuló la libre competencia y se liberó el emprendimiento. Creímos que ya todo correría sobre rieles, automáticamente. Creímos que para el año 2010 seríamos desarrollados, con un PIB de varios miles de dólares por encima del de fines del siglo XX, que el crecimiento llevaría a una mejor distribución del ingreso y que el mercado solucionaría los problemas automáticamente. No lo hizo, la descomposición populista del Estado, la incompetencia del Congreso y sus políticos, del Poder Judicial, y la corrupción de los empresarios coludidos para aprovecharse de los consumidores mostró que no era así.

La reacción socialista fue caer en el error de pensar que el crecimiento no era tan importante, porque lo que importante era la distribución y comenzaron los bonos, las subvenciones, las dádivas y mas corrupción y mas crecimiento del Estado. Bajó el crecimiento económico, se frenó la movilidad social y decayó el nivel de vida, bajó el empleo y la llegada de más de un millón de inmigrantes empeoró todo. La esperanza puesta en la ampliación del acceso a la educación tuvo un éxito limitado: no llevó a los nuevos profesionales al nivel que tenían los que los precedieron en su ingreso al mercado. Terminaron cesantes y endeudados, con profesiones de baja calidad y empleabilidad y con una tremenda frustración personal, con amargura.

¿Qué falló?

El problema de base fue la descomposición del Estado y de la moral pública. Creo que la institucionalidad estatal está enferma de muerte. Nació en una época ya pretérita y no ha incorporado los cambios sociales, económicos, políticos, tecnológicos, geopolíticos ocurridos en el último medio siglo. Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y  Judicial han conformado una oligarquía anticuada, autoreferente y anquilosada, con formas, rituales, intereses de grupo, personales, familiares y corporativos, procedimientos y fines que satisfacen las necesidades y preferencia de sus miembros, pero que ignoran por completo a la ciudadanía.

Un ejemplo viviente en estos días es el debate para hacer una Nueva Constitución. El reclamo de la ciudadanía ante deficiencias graves en temas como las pensiones, los sueldos, el endeudamiento de las personas, la salud, la educación, el cambio climático, el transporte público y otras demandas concretas se resuelven en el ámbito legislativo y podrían ser enfrentadas desde ahora mismo, sin embargo, han terminado transformadas en un debate prolongado, innecesario e idológico que retardará hasta en dos años el comienzo de la satisfacción las necesidades reales de los ciudadanos. Todas las materias que interesan a los chilenos, pueden y deben ser enfrentadas ahora,  resolviendo en el proceso aquellos aspecto en que las disposiciones Constitucionales entorpezcan su diseño o tramitación, mediante modificaciones puntuales.  Los caprichos de las oligarquías políticas que administran deficientemente el Ejecutivo y el Poder Legislativo no pueden ser más importantes que las realidades de la vida de las personas.

El Poder Judicial, por su parte, ha derivado en una casta que se auto genera, en medio de luchas internas alejadas por completo de la aplicación y perfeccionamiento de la justicia, con asociaciones y relaciones ilícitas con actores políticos y comerciales y con la adscripción de algunos de sus miembros a idelogías políticas y filosóficas pretéritas a las que siguen fieles. La prevaricación y el abuso de los DDHH de los Militares y Policías, aplicados en sede judicial, no son tolerables. La falta de imparcialidad no puede continuar. La incompetencia de las Fiscalías impide que haya justicia.

Parece evidente que la disyuntiva entre un régimen socialista estatista o una alternativa liberal egoísta, individualista y dominada por minorías opresivas, no es lo que nos interpreta como sociedad. Nos alejamos de la libertad y abandonamos la justicia y la solidaridad.

Medidas fundamentales para salir adelante

Paz y Convivencia social. Este es un problema prioritario, complejo y pluricausal, que debe abordarse en forma urgente por parte del gobierno y debe enfrentarse desde tres lados:

– Dar a todas las persona los medios, la oportunidad y las vías para integrarse a la sociedad para su búsqueda de los fines sociales y personales establecidos como aceptables. Esto implica especial atención a los profesionales frustrados, el apoyo para la complementación o reconversión de sus habilidades, su reinserción laboral para alcanzar niveles de vida dignos y comparables a su esfuerzo.

– La sociedad no puede existir si los Deberes y Derechos no son establecidos, cumplidos y respetados, simultáneamente y sin excepción, por todos los miembros de la sociedad.Exigir, a todos, siempre, en todo lugar y circunstancia el cumplimiento de las reglas de comportamiento legal, personal y social.

Recuperar la soberanía ciudadana. Chile ha llegado al final de un camino en que las oligarquías políticas, asociadas con algunos detentadores del poder económico, han monopolizado la soberanía ciudadana y en ciertas materias y circunstancias, usan y abusan de su poder, en desmedro de la clase media. Es urgente restablecer -y si es necesario imponer- la solidaridad, la responsabilidad social y ejercer supervisión -correspondiente al principio de subsidiaridad del Estado-  sobre la forma en que ambos grupos realizan sus actividades.

Gestión Económica Chile necesita muchos empresarios, necesita su iniciativa, creatividad, laboriosidad y audacia y creemos que han hecho, y deben seguir haciendo, un aporte fundamental al crecimiento económico nacional.

– Los grandes empresarios han sido beneficiarios de la subsidiariedad y tenido un apoyo sustantivo a sus actividades, por parte del Estado y de la sociedad en su conjunto. Ha llegado la hora de exigirles, en retribución y solidaridad, un aporte económico mayor y que el Estado, como contrapartida a la subsidiariedad que les proporciona, exija su solidaridad, lealtad y compromiso con la pequeñas y medianas empresas, con sus trabajadores y con la ciudadanía y contribuir a la acción mancomunda de todos los emprendedores de Chile.

– El Estado no puede renunciar a ejercer un rol indicativo, y excepcionalmente ejecutivo, de la dirección, estímulo e intensidad del avance en el desarrollo de la infraestructura, los sectores tecnológicos y productivos mas relevantes para la sociedad y la economía, y de exigir la correcta materialización de esas actividades mediante la supervisión y evaluación constante, pública, completa y efectiva de los ciudadanos, empresas e instituciones.

Institucionalidad Política– Durante los últimos decenios, las instituciones políticas, particularmente los partidos políticos y sus representantes en el Congreso, han conformado una oligarquía que ha dejado de representar a los ciudadanos y se ha autonomizado para la satisfacción de sus propios intereses. Ya no es mas aceptable.

– Las condiciones tecnológicas de manejo de la información, de mayor educación de la ciudadanía y de supervisión y control, posiblitan un cambio culitativo de la organización y gestión de las instituciones del estado que devuelva la soberanía a los ciudadanos, que restituya a los representantes políticos a su condición de mandatarios de los primeros y los sustraiga del control de la oligarquías partidarias y de las influencias económicas de particulares.

– Las condiciones salariales, laborales, de privilegios, de prebendas, asignaciones y la incompetencia técnica y deficiente nivel cultural de los parlamentarios se han vuelto intolerables y el sistema parlamentario debe ser sometido a una revisión y cambio profundo.

Seguridad y cumplimiento de la ley. La sociedad chilena es presa de una creciente anomia. En nombre de la democracia y la autonomía personal se está produciendo una creciente desviación de la ciudadanía hacia conductas negativas como el crimen; la delincuencia juvenil; el tráfico de drogas y la drogadicción; la violencia doméstica; la violencia política y social; la ruptura familiar; el suicidio; los desórdenes mentales y el alcoholismo que en definitiva potencian el colapso de la gobernabilidad e impiden una vida social sana, respetuosa y segura.Este es un problema complejo y pluricausal, que nuestro juicio, como se señaló, debe enfrentarse desde tres lados:

– Generar las condiciones y estimular la integración de todas las personas a la vida en sociedad, respetando los márgenes de su libertad y preferencia personales, ejercidos en el marco de las leyes.

– Exigir el cumplimiento de las leyes. En este sentido, en Chile se aplica mas rigor en los pequeños crímenes que en los mayores. En efecto, los delitos económicos, de corrupción, de abuso de poder, de abuso de acceso a información privilegiada, de prácticas monopólicas o de concertación dolosa dañan a mas personas y mas gravemente que otros como robos y hurtos menores. Sin mencionar el grave daño a la cohesión social. La pena de cárcel debe incorporar el castigo según la gravedad social del delito.

– Alcanzar un grado aceptable de seguridad y paz basado en leyes universales, eficaces, aceptadas y respetadas, requiere urgentemente un Poder Judicial de mayor calidad de su personal, tecnológicamente actualizado, imparcial, oportuno e independencia que el actual, lo que implica un proceso de largo aliento, cuyas líneas generales deben ser debatidos en forma urgente y aplicados en forma inexorable. También requiere una atención preferencial por parte del estado.

Actividades antidemocráticas. Para asegurar el libre ejercicio de la democracia y controlar a sus enemigos, debe prohibirse la participación política y sindical de los grupos o personas que promuevan o hagan uso de la violencia para la obtención y uso del poder; que promuevan los conflictos sociales, de clase o laborales, para la conquista y el ejercicio del poder; que intenten atemorizar a grupos o personas en vista a doblegar su libertad y participación. Que atenten, interfieran o traten de debilitar la libre práctica de la religión, sus actividades públicas y sus lugares de culto y de significación. Tampoco podrán participar en partidos, grupos, clubes u otras organizaciones políticas o sociales ni difundir públicamente sus postulados e ideologías. Son medidas de autoprotección democrática que han sido descuidadas con grave daño para la sociedad.

Es hora de pensar con creatividad y realismo

DEMANDAS SOCIALES Y VIOLENCIA.

El fragor de la batalla a la que nos han arrastrado errores y pecados cometidos por las elites política, empresarial y social chilena nos desordena el panorama y entorpece el análisis sereno de la situación. Por eso es conveniente revisar las razones de fondo que originan el conflicto en curso y cuales son los objetivos de cada bando.

Los bandos en pugna en Chile tienen objetivos políticos diferentes que, al ser conseguidos, harán que nuestro país se organice de una forma u otra, lo que determinará nuestro futuro integralmente.

Básicamente las alternativas son cambiar: a un Estado Social; continuar con un Estado Subsidiario o sumergirnos en una Revolución Cultural radical.

El Estado Social es un sistema que apunta a garantizar y potenciar ciertos “derechos” que se consideran imprescindibles para que las personas desarrollen todo su potencial como ciudadanos: Salud; Educación; Trabajo; Vivienda; Jubilación; Cultura; Protección a los desvalidos; Medio ambiente; Asistencia jurídica y varios Derechos Sociales, como integración social, redistribución de renta y compensación de las desigualdades. Todos ellos garantizados en la legislación y exigibles por parte de todas las personas. El Estado Social, al menos en teoría, se ve como un estado intervencionista que regula el capitalismo y garantiza la primacía del bien común y la democracia.

En su aplicación a la realidad surgieron una serie de problemas, que no pudieron ser resueltos y hoy tensionan a Europa: Las demandas de los ciudadanos europeos crecieron sin cesar. Surgieron abusadores del sistema, como personas que hicieron de los seguros de cesantía y las licencias médicas una forma de vida. Los costos de la salud y de la previsión crecieron fuera de control. Los beneficios sociales estimularon la inmigración masiva y así se creó un desbalance entre los derechos establecidos para los ciudadanos y la capacidad de los estados para financiarlos.

En breve, el Estado Social está en crisis por la tendencia humana a trabajar menos y descansar más; a usar todas las oportunidades disponibles para obtener ventajas personales; a la tendencia de las autoridades a aceptar peticiones antes que rechazarlas, aunque sean insostenibles, y a su disposición a extraer recursos de las actividades productivas hasta hacerla no rentables o no competitivas.

El Estado Subsidiario por su parte, tuvo su origen en la Europa Occidental de la pos II Guerra Mundial y fue la reacción social a las experiencias fascistas y marxistas vividas durante ese conflicto. Esas sociedades rechazaron la intervención activa y directa del estado en el ámbito económico – social y reclamaron mayores espacios de libertad individual rebelándose contra los comisarios y gerentes designados por el partido nazi, fascista o comunista. Estas políticas se materializaron mediante el traspaso de empresas y bienes apropiados por el estado hacia los particulares, privatizándose importantes sectores de la actividad estatal, incluyendo los servicios públicos. Sin perjuicio de lo anterior se reconoció explícitamente que el Estado no podía renunciar a su función complementaria, exclusiva o concurrente con la actuación privada, en materia de previsión social, salud, educación, etcétera, cuando estas actividades no fueran cubiertas suficientemente por los particulares.

Así, el “estado subsidiario” quedó definido como: “un Estado que se hace cargo de aquellas funciones o actividades que, por su naturaleza (estrategias y/o bien común y/o monto de recursos requeridos), no pueden afrontar los particulares o no es aconsejable que así sea. La función del Estado se focaliza en el control de las reglas y normas en las cuales desenvolverse”.

Las críticas a este tipo de estado argumentan contra el abandono, por parte del estado, de actividades rentables y su entrega al sector privado, reteniendo las que dejan pérdidas. También se planteó que cuando se transfieren monopolios naturales al sector privado que solo aspira a maximizar el lucro, las necesidades sociales básicas quedan desprotegidas. La irresponsabilidad se extiende también a la protección ambiental y cultural. Se dice que el país necesita un Estado que sea capaz de emprender, sin limitantes, inversiones estratégicas, por ejemplo, en diversificación energética.

Como se puede apreciar, el problema clave gira alrededor de la definición del rol del estado, particularmente en cuanto a su capacidad / eficiencia en el emprendimiento y gestión directa, y la necesidad de que el estado haga una eficaz supervisión, regulación y control de actividades productivas de bienes y servicios por parte de los privados.

En Chile falló por el abuso de las elites políticas, económicas y sociales, la corrupción que causó o permitió, abusos, impunidad y prepotencia.

Cuando los gobiernos de la Concertación arribaron al poder se encontraron con un ordenamiento constitucional, implantado por el Gobierno Militar, que incorporaba la subsidiaridad como un principio rector del modelo de desarrollo económico, social y político, principio que no compartieron nunca. De hecho, cuando sus gobiernos contaron con los recursos necesarios, particularmente durante la segunda parte del gobierno de Lagos y durante todo el gobierno de Bachelet 2, se aplicaron a la construcción paulatina y de facto de un “estado social” paralelo al estado “subsidiario”, en los ámbitos judiciales, previsionales, de salud y otros. El problema grave en Chile estuvo en que esta falta de sintonía entre las preferencias políticas de casi todos los gobiernos y el tipo de modelo de desarrollo que estaban administrando, que sumado a la codicia y la corrupción de muchos actores privados coludidos con partes de aparato estatal y miembros de los Partidos Políticos y del Congreso, llevaron a un grave descuido de las funciones de “supervisión, regulación y control” imprescindibles para el correcto funcionamiento de un estado subsidiario. Esto agravado por la impotencia de la ciudadanía que nunca contó con los recursos de poder necesarios para exigir eficacia y honestidad a sus “representantes”, que en realidad representaban a los partidos políticos y grupos sociales o económicos.

La asociación dolosa de miembros de ambos poderes del Estado con empresarios privados corruptos, permitió la creciente concentración de importantes sectores de la economía; la implantación de prácticas abusivas en el retail; en la energía; en las Isapres; en las telecomunicaciones; en las AFP y la introducción ilegal del lucro en la educación – que estaba expresamente prohibido en la ley de educación que permitió la existencia de universidades privadas – y, emblemáticamente y pese a la “revolución de los pingüinos” el descuido del área educacional que por falta de supervisión y control estatal había generado las graves injusticias, insatisfacciones e ilegalidades que hoy estamos viendo hacer eclosión, causando la actual “indignación” de la gente.

El descuido y negligencia política de los que creen en un Estado con un rol subsidiario, provocaron que la gente se sintiera constantemente abusada y hoy corren el riesgo de ser desplazados, junto con su “modelo”.

La Revolución Molecular Disipada. El conflicto político creado por la deficiente gestión del Gobierno y del Estado en general, fue detonado por una insurgencia producto de una funesta combinación de preparación revolucionaria muy prolongada, bajo la mirada cómplice de los gobiernos y partidos de izquierda; por el abandono de la política en beneficio de los negocios, por parte de la derecha y por la trágica incompetencia del Ejecutivo.

Hoy se manifiesta, revolucionariamente y con extrema violencia, mediante “colectivos” y “asambleas”. En esta insurgencia podemos encontrar tres tipos de fuerzas: a) Los movimientos sociales (la horizontalidad es su componente básico); b) Los movimientos populares (introducen un componente de clase, como el FMR, el PC (AP), o los troskos); y c) Las fuerzas anarquistas y movimientos insurreccionales y delictuales y cuasi delictuales como las “barras bravas”.

Este bando aspira a una revolución cultural profunda y radical. Varios filósofos europeos de mediados y fines del siglo XX aportaron a una construcción destinada tanto a superar el “socialismo real” como a definir una “nueva política revolucionaria”, proponiendo la “fundación de otra política”, la cual debe conducir a “pensar y vivir de otra manera”, además de permitir la “recomposición del movimiento socialista”. Esta propuesta se “apropia de la subjetividad de las personas para permitir la “desestructuración del sistema de poder dominante”, lo cual implica conferirle un nuevo sentido a las cosas, para su reintegración como “nuevo poder”.

En términos actuales, Félix Guattari, su promotor original, sostiene que el fenómeno imperialista del sistema de “capitalismo mundial integrado”, debe ser resistido, confrontado, descompuesto y superado mediante una política de poder plasmada en una estrategia de “revolución molecular disipada”. Con este objetivo, las fuerzas revolucionarias proceden al “levantamiento de máquinas revolucionarias políticas, teóricas, (porno -) libidinales y estéticas”, cuyo objeto es el control y dirección del “inconsciente social”, esto es, del sistema cultural. De esta forma, la acción de “revolución molecular disipada” impulsa transformaciones sociales y políticas a gran escala y permite configurar un “nuevo modo de organización social y política”.

Georges Bataille, otro promotor de estas ideas, propone como preparación a “una vehemente y sangrienta revolución” el crear organizaciones cuyo fin fuera el éxtasis y el frenesí, el sacrificio de animales, las torturas parciales y las danzas orgiásticas de las religiones de fuego, sangre y terror. Centrado en el erotismo donde las escenas de sexo debían provocar sensaciones de repugnancia y horror. La exaltación de la crueldad lleva Bataille al límite extremo de la muerte en un “tormento de orgías… el goce de la tortura… (y) la práctica de la alegría frente a la muerte”. Los seguidores de estas ideas nos han llevado a sufrir un intento de revolución molecular (explosiones de violencia extrema, pequeñas, simultáneas, sin líderes visibles). No sabemos con certeza quién articula las acciones, ni cómo lo hace, carecen de jerarquías, vocero ni líder reconocible. Este sistema se inició con los movimientos estudiantiles del 2011(varios de cuyos miembros son actuales miembros del Congreso), se consolidó en los desmanes de larga duración en el Instituto Nacional y culminó el 18 de Octubre de 2019.

Este tipo de ideas son recurrentes entre los profetas que intentan una y otra vez insuflar nueva vida al agónico marxismo. Periódicamente se alza una nueva propuesta cada vez mas alejada de la realidad. Que un grupo de “hombres decididos” pueda derrotar a un ejército es cierto en Cuba, Venezuela, Nicaragua o Rusia, en que los revolucionarios fueron solo hienas que se comieron los cadáveres ya en descomposición del Estado que reemplazaron.

Lo que comenzó como una obra wagneriana, está terminando como una modesta comedia de oportunistas mediocres y mezquinos.

Se inició con la difusión, durante varios años, de la hegemonía cultural de la izquierda Concertacionista, en los ámbitos de la libertad individual irrestricta, la depreciación de la disciplina, el orden público y los “valores burgueses” promovidos en el Gobierno Militar (GM), en un contexto político de una nueva derecha liberal crecientemente avergonzada de haber apoyado al Gobierno Militar. De ahí su desprecio y abandono de la defensa y solidaridad con las FFAA.

Un grupo de derecha típico fue Renovación Nacional en un comienzo, reemplazada luego por Evópoli, que por provenir de la UDI debía ser aun más radical en su distanciamiento y repudio a las FFAA.

El progreso económico que benefició a todos y especialmente, -en forma subrepticia y no siempre honesta-, al mundo político terminó por hermanar a ambos grupos en una fusión cultural mutuamente conveniente. La derecha hizo como que aceptaba la política de género, alegremente en el ámbito de la homosexualidad, y mas penosamente en la pornografía, el aborto, la obscenidad pública y la inmoralidad insultante, lo que le permitió posar de moderna, dialogante y democrática

La izquierda por su parte validó sus expresiones “culturales” y obtuvo abundantes recursos fiscales para su difusión y promoción, en Chile y en el extranjero, cargos de agregados culturales y curadores de  inútiles museos varios.

Los actores del proceso de fusión del cambio cultural no tomaron nota del nacimiento, a su izquierda, de grupos anarquistas y nihilistas de diversos tipos que crecieron mas o menos ocultos dentro de la permisividad y la anomia generalizada. Mientras la economía pudo proveerles lo necesario para vivir de beneficios y subsidios fiscales, pasó desapercibida en su violencia, vulgaridad y desmadre social, que hacía frontera con el mundo delictual: tráfico de drogas, robos, asaltos y asesinatos entre pandillas. Se expresaron mediante demostraciones violentas sistemáticas de destrucción de la cultura nacional y burguesa -vandalización de monumentos, de símbolos, de organizaciones militares y policiales, actividades patrióticas y comunitarias- marchas con exhibiciones de vulgaridad no vistas en el mundo civilizado y una violencia física y sicológica desconocida en Chile desde los aciagos días de la Unidad Popular.

El Gobierno de Bachelet II, desató una corrida de incremento de las dádivas de dineros públicos, subsidios, bonos y estímulos que pudieron mantener controlados a estos elementos antisociales, hasta que la economía no aguantó más y fue elegido Piñera, con el voto de la masa burguesa que quería continuar con el avance del crecimiento económico, que beneficiaba a la corriente central de las clases medias, antigua y emergente.

El Gobierno de Piñera II repitió la increíble falta de sensibilidad política mostrada en su primer gobierno y como representante emblemático de la derecha avergonzada del G.M. -pero no de la fortuna hecha a su amparo-, trató de navegar la ola que se venía encima. Con su congénita incapacidad de empatía, su aproximación fue hacer como que no existía. No verla.

En efecto, la anarquía y anomia reinante, en un contexto de desprecio a la autoridad, las leyes y la convivencia social disfrutó de la incompetencia gubernamental de Piñera y de su incapacidad para percibir lo que estaba sucediendo y encontró la oportunidad perfecta para desplegar la violencia “libertaria”, “democrática” “popular” “moderna”, que había venido instalando.

Primero fue el penoso caso de los colegios fiscales y su emblemático Instituto Nacional que como vimos, posteriormente fue el puntapié inicial del vandalismo desatado por este lumpen anarco delictual, ahora seguro de encontrarse ante un contendor cobarde y paralizado. El caos comenzó con el movimiento “Evade” protagonizado por los alumnos de ese colegio que se prolongó, con violencia creciente, por muchas semanas sin que el gobierno se diera por aludido

En estos desmanes nunca se mencionaron las demandas sociales que luego expondrían los manifestantes del 25 de Octubre, en que la clase media sacó al aire sus propias demandas y reclamos que, en verdad, eran de político conocimiento e ignoradas desde hacía años.

Todos sorprendidos, nadie sabía que hacer, Piñera no entendía nada, en lo mas álgido de la crisis se fue a celebrar el cumpleaños de su nieto a una pizzería. Tal vez para dar un ingenuo mensaje de “normalidad”.

La izquierda institucional, oportunista, trató de apropiarse de la crisis. Fue duramente rechazada por el anarquismo y el lumpen. La solución fue, una vez mas, una coproducción cinematográfica de “la izquierda y derecha unidas, jamás serán vencidas”.

En rápido y abrupto conciliábulo acordaron “hacer una nueva constitución”. Un conejo sacado de la manga del pánico. Los compadres en su Congreso armaron una realidad paralela en que ellos estuvieran al centro, pero una vez mas, la izquierda madrugó a la derecha política. El profesionalismo político de la izquierda superó ampliamente a los aficionados de derecha.

.. y el nuevo problema central para resolver la crisis real y de fondo, los justos y evidentes reclamos de la clase media, cedieron el paso a las necesidades siquiátricas de la izquierda, concretamente, de los “autoflagelantes”, y se concretaron en la urgente necesidad de hacer una Nueva Constitución.

Camilo Escalona, en el discurso a sus correligionarios explica con claridad que había que ganar el plebiscito y hacer una nueva Constitución ya que este era el momento “de destruir la Constitución que Pinochet había creado para oprimir y perseguir al Partido Socialista”.

Toda la crisis quedaba así reducida a una venganza pequeña del PS en que la derecha autoflagelante le presta ropa para deshacerse de sus complejos y traumas para, juntos, “hacer un nuevo comienzo”.

Uno sin la sombra del Gobierno Militar. Uno sin Pinochet. Uno sin historia. Uno a la pinta de las oligarquías políticas que perdieron toda legitimidad.

La situación parece encaminarse hacia otros derroteros y no sería sorprendente que “la izquierda y la derecha unidas” terminen siendo destruidas.

Varios miembros del grupo dirigente de la izquierda, han manifestado que el eventual triunfo del rechazo a la redacción de una nueva constitución para Chile “no traerá la paz que todos anhelamos”. Traducido del cripto idioma de la izquierda chilena, indica que si en el plebiscito de abril de 2020 no gana su preferencia -el SI-, la violencia callejera continuará hasta imponerse.

Entre ellos destacan Heraldo Muñoz, pre candidato a la presidencia de la república y un antiguo y conocido senador, presuntamente “renovado”. En el nivel político e intelectual más basto, estas mismas aseveraciones -amenazas- se repiten con un lenguaje mas crudo y amenazador. Si la izquierda pierde el plebiscito, la violencia continuará, probablemente en forma intensa, hasta que el cambio que quieren, se produzca. De otra manera, la paz sería “artificial, (tiene que ser) sobre el fundamento de una nueva Constitución» Muñoz dixit.

Esto conlleva dos elementos: primero, que el proceso constitucional seguirá siendo empujado por la violencia de la izquierda y segundo, que el Gobierno no tendrá la voluntad o la capacidad para impedir dicha violencia.

Respecto a la voluntad gubernamental de imponer la paz, es una decisión política que deberá tomar quien presida la República en su momento. No entraré en esta materia. Si el gobierno se rinde a la extorsión extremista es una decisión política cuyas causas y efectos no abordaré aquí.

Lo que si analizaré es el planteamiento de que el gobierno carecería de la capacidad para imponer y mantener la paz, aun queriéndolo.

En efecto, el primer conjunto de razones gira alrededor de la eventual falta de voluntad de los mandos militares para tomar la decisión de dar y ganar esa batalla. Se señala que las excelentes condiciones económicas de que gozan en sus cargos actuales y en sus próximas condiciones de retiro, desalentarían su participación en una acción que las pongan en riesgo. Dado que quién decide la designación, permanencia y la remoción de los Comandantes en Jefe es el Presidente, esta suposición carece de sustento.

Otra razón sería la completa desmoralización de las FFAA, en particular del Ejército. Si bien esto es mas bien especulativo, habría que considerar que la motivación actual de los militares para combatir contra el extremismo sería triple: la primera por disciplina, formación y tradición y la segunda porque una acción de ese tipo iría en la línea de sus más profundas creencias políticas que en el caso que analizamos estarían en peligro mortal y tercero, que hay que recordar que la victoria del Gobierno Militar (GM) frente al primer intento de asalto al poder, en 1970 por parte de la izquierda revolucionaria, fue de tal magnitud y eficacia que a medio siglo de su inicio, aun se discute si cambiar o no la Constitución con que el GM estableció el régimen que nos gobierna. Y esa realidad pesa; es un camino ya recorrido que dejó experiencias valiosas.

Se alega también de que carecerían de “capacidad operativa”, aun cuando no entiendo claramente a que se refieren quienes señalan eso, cualquier persona más o menos interiorizada de las condiciones operativas de las FFAA de Chile discreparía completamente. En la actualidad las FFAA se integran y participan en ejercicios de guerra y en operaciones de paz junto a FFAA de países desarrollados y lo hacen obteniendo su aprobación e incluso su integración a sus operaciones al mismo nivel de las fuerzas de sus aliados mas cercanos.

Respecto a operaciones de seguridad interior, es posible que en esta versión de empleo, tengan mejor rendimiento de combate en operaciones con altos niveles de violencia, que cuando operan con restricciones en su empleo. Desde otra perspectiva, las fuerzas militares nacionales han tenido muy buen desempeño en operaciones imposición de la paz con diversa intensidad de violencia. Desde la perspectiva de las operaciones de conservación de la paz, la integración operativa entre las FFAA y la Fuerzas Policiales es muy fluida y de mucha confianza mutua, particularmente en la base.

En cuanto a inteligencia, el rendimiento y eficiencia de las organizaciones de inteligencia militar durante el gobierno militar, es también obvio que superaron ampliamente a sus oponentes apoyados por las potencias comunistas. Es indudable que la prohibición, durante varios años, de participar en inteligencia interna debe haber reducido esa capacidad, pero podemos imaginar que no sólo podrán recuperarla con rapidez, sino que la superarán ampliamente en corto plazo, particularmente en los ámbitos de la inteligencia electrónica, informática y ciberinteligencia.

Un capítulo central de la argumentación de quienes confían en que las FFAA carecen de capacidad de combate para cumplir las tareas que disponga el gobierno -el presidente de la república- para cumplir su mandato constitucional de imponer y mantener la paz y la seguridad interna y externa, se apoya en algunos cálculos aritméticos originados en los círculos anarquistas, comunistas, “intelectuales” chavistas y un conjunto variopinto de representantes del izquierdismo terrorista o militarizado, que dice mas o menos así:

A partir de 1985, el Gobierno Militar dispuso de hasta 50.000 soldados para mantener el control de la ciudad de Santiago que en esos años contaba con 5 millones de habitantes y no lo logró, y que hoy dispondría de sólo 10.000 para controlar una ciudad de mas de 7 millones de habitantes.

El cálculo no explica qué fue lo que habría cambiado entre antes y después de 1985. Las cifras de efectivos están lejos de la realidad y por otra parte, el control interno establecido por el Gobierno Militar fue el requerido para llevar a las fuerzas de la oposición a la negociación, en los términos que fueron necesarios para mantener las principales políticas establecidas por él. No más, no menos.

Los cálculos militares puramente numéricos suelen ser engañosos cuando no directamente falsos. Por ejemplo, la rama local del Partido Comunista dispone de un número muy exiguo de militantes y parlamentarios, estos últimos conseguidos mediante maniobras y manejos que les permitieron conseguir un número desproporcionado de representantes. Ese reducido número, dirigido con disciplina, mano dura y exigencia constante, ha conseguido desplegar una actividad mediática, política, sindical, social y de violencia, desproporcionada a su número, logrando simultáneamente, penetrar y destruir a un partido político de fuerte raigambre democrática como el PDC y simultáneamente contemporizar con violentistas populistas del Frente Amplio, un conjunto heterogéneo unido mas que nada por su irrealidad, similitud etaria y de discurso violento y demagógico. El PC siendo muy menor, doblegó a dos contendores de muy diversas características y mucho mayores en números.

Desde otra perspectiva, los análisis numéricos de la extrema izquierda muestra una severa obsolescencia analítica militar. Hoy existen multiplicadores de fuerzas mucho más relevantes; comunicaciones, inteligencia, movilidad, poder de fuego, artillería móvil, blindados, coordinación de fuegos y control de la maniobra, control del espacio aéreo, y muchos más.

Mirado desde el punto de vista político, si el gobierno, para su maniobra, logra convocar una cantidad significativa de apoyo político ciudadano, el tamaño de las FFAA y su potencial de apoyo se multiplicará considerablemente. Si no fuera así y el gobierno apreciara mal su fortaleza política, el espacio de poder faltante deberá llenarlo con un empleo mas intenso de las FFAA, que tienen sobrada capacidad para hacerlo.

Clausewitz sostiene que la guerra es “una extraña trinidad» en cuanto a las tendencias que predominan en ella: el odio y la violencia primitiva, de naturaleza emocional; el azar y las probabilidades que corresponden a la gestión del poder militar; y su carácter de instrumento político, de carácter primordialmente racional.

Estos tres elementos se dan en las guerras internacionales y con mucha mayor intensidad en las guerras civiles.

Parecería que los cálculos y suposiciones de la izquierda “revolucionaria” y su cada día más próxima izquierda “democrática”, requieren de más solidez y mesura. Amenazar con la guerra es invocarla y lucharla es un azar por completo impredecible; sabemos cómo comenzará pero ignoramos cómo concluirá.

Lo que si puedo asegurar a mis lectores, es que toda una vida en la profesión naval (Infantería de Marina) me permiten asegurar que las FFAA de Chile lucharán con gran destreza e intensidad. Toda la que se requiera para vencer a las fuerzas del mal, que ahora sí deben ser eliminadas de raíz impidiendo que los políticos de derecha vuelvan a entregar a Chile a sus enemigos, en su afán por promover su codicia personal o de grupo.

7 de enero 2020

Hace años, la entonces presidente Bachelet, manifestaba pública y festivamente: “Cuando la izquierda sale a la calle, la derecha tiembla”. No causó escándalo alguno. Menos la aseveración del ex presidente Lagos cuando, después de una intensa jornada de piedrazos y bombas incendiarias con la destrucción del mobiliario urbano y diversos bienes públicos, aseguraba “hay que dejar que los cabros se expresen”. La actual izquierda política y la violencia callejera son compañeras de ruta. Argumentan que esa es la respuesta del pueblo a la violencia institucional y armada de la oligarquía. Resta credibilidad a esta defensa el que la usen igual estando en el gobierno y teniendo no solo el uso legítimo de la violencia bajo su control, sino estando a cargo de la seguridad pública y la protección de los derechos de toda la ciudadanía. No se puede ignorar que la violencia callejera ha sido parte sustantiva del arsenal de la argumentación política e ideológica de los liderazgos de la izquierda, que usan y han abusado de ella, para torcer la voluntad de las mayorías y se ha agotado.

En 2013 escribía en este blog: “Desde hace años la derecha política, carente de líderes con peso intelectual y carismático, se debe resignar a seguir a caudillos antropófagos que no respetan a quienes votan por ellos. La derecha económica sigue soñando que tiene poder porque tiene dinero, cuando la verdad es exactamente al revés: tiene dinero porque el Gobierno Militar los proveyó de un ambiente en el cual pudieron enriquecerse, y que cuando heredaron un poder político que no merecían, no lo supieron emplear para el bien de los chilenos y no han sido capaces de conservarlo. Más temprano que tarde el fin de la libertad matará sus negocios”. Ese momento llegó y nada ni nadie podrá evitar que el ambiente actual en que la derecha económica y la derecha política se potencian mutuamente, cambie en forma sustancial.

Paralelamente a esa realidad de base, en la izquierda se desarrolló un duro conflicto entre los que se incorporaron -decentemente o a través de la corrupción- al sistema liberal y los que siguieron tratando de imponer -por idealismo o irrealidad- el régimen revolucionario.

Ninguno de los dos grandes actores políticos e ideológicos -izquierda y derecha-  pudo resolver sus contradicciones internas, las que  se potenciaron con la creciente incomunicación entre la gente común y la elite política institucional, cuya insensibilidad social y ceguera política las mantuvo ensimismadas en su prosperidad económica personal, vanidad, superficialidad e incompetenecia técnica, frecuentemente acompañadas de corrupción transversal.

Lo que había pasado era claro y -ahora lo vemos- evidente: los cambios económicos, políticos y sociales de fines del siglo XX, que dieron origen al sistema de elites y partidos políticos actuales y determinaron sus comportamientos, quedaron obsoletos por los cambios aún más profundos y radicales, que la sociedad chilena está viviendo en el siglo XXI, particularmente la difusión del conocimiento y del acceso a la información, en que las “masas” devinieron en “opinión pública”. La diferenciación social e intelectual entre quienes ejercen el poder y los que no lo tienen, se redujo radicalmente por efecto de la mayor educación general, la difusión del conocimiento político, económico y de gestión, debilitando las bases de la autoridad y la legitimidad de las elites.

El conjunto minoritario de individuos o grupos que aún ocupan las posiciones de autoridad perdieron su influencia y su legitimidad al no poder acreditar características de excelencia moral y técnica que validaran su presunta superioridad ante el pueblo, peor aun, en Chile parecen haber quedado bajo el promedio general de la sociedad. La cohesión interna, capacidad de organización y sistemas de reclutamiento de las elites se desprestigió por su opacidad y exclusión, derivando en la existencia de minorías dominantes que funcionan para la conservación de su poder personal y familiar y para hacer avanzar sus propios intereses.

El esquema de elites pos Gobierno Militar se resolvió en los años 80s y 90s y dio origen a una oligarquía que se apoderó de los partidos políticos y de la representación popular, imponiendo los candidatos, repartiendo los fondos para financiar las campañas, ubicando a sus parientes, amigos y asociados en los cargos claves de la administración pública y coludiéndose con empresarios que financiaron todo el sistema a cambio de acceso a su apoyo para proteger sus intereses y sobre todo, para asegurarse que el control que los políticos debería ejercer sobre sus actividades (subsidiariedad del Estado) para garantizar la salvaguardia del interés nacional y del pueblo, no fuera ejercido. La alta productividad generada por el sistema económico instalado por el Gobierno Militar permitió que la ineficiencia política sobreviviera por un lapso mas allá de lo que merecía, pero llegó a su fin y sus déficits quedaron expuestos.

Esta situación no es una crisis pasajera, es el fin de un sistema de organización social y política que dejó de interpretar la realidad. El escrutinio, la crítica, el cuestionamiento, la participación y sobre todo, la capacidad y voluntad de tener puntos de vista propios, posibles gracias a la combinación de educación, acceso a la información y discusión en redes de miles de personas de diferentes orígenes, intereses y experiencias, algunas calificadas y otras no, sobrepasan largamente la capacidad de los que algunas vez fueron sus “representantes” políticos. La función de intermediación de los políticos entre el pueblo y el gobierno dejó de ser real.

La opinión pública exige nuevos estándares de probidad, calidad, compromiso y transparencia -apoyándose en los nuevos sistemas de información- no puede ser satisfecha por el sistema político oligárquico y de aficionados existente actualmente. La información y los análisis disponibles para el público son más imparciales, realistas y honestos que los que produce y maneja el sistema político.

La guinda de la torta es, sin duda, la colusión obscena entre los políticos y los empresarios, en perjuicio del público. Esta colusión es en realidad una cooptación; una compra o arriendo de lealtades políticas por parte de los intereses económicos. La realidad nos señala que no estamos ante una falla parcial del sistema político, sino ante su obsolescencia, pérdida de legitimidad, comprobada incapacidad técnica y carencia de los valores morales imprescindibles. La esperanza de conseguir que sean ellos mismos –los políticos en ejercicio- quienes modifiquen las características del régimen político -dicten una Nueva Constitución- se reformen y cambien, es solo una ilusión sin fundamento. El cambio será profundo y radical y provendrá desde fuera del sistema.

Mire a su alrededor, lea el diario, escuche la radio y verá que la crisis es real y profunda. El sistema se agotó, necesitamos algo diferente. Es duro decirlo pero no habrá paz ni estabilidad mientras no hagamos una renovación completa y profunda del aparato estatal, del poder legislativo y del poder judicial. Todos ellos obsoletos y carentes de legitimidad y representatividad.

No tiene sentido cambiar la Constitución sin disponer de una Institucionalidad política efectiva. Deberíamos comenzar por su transformación dentro de la actual Constitución e ir haciendo los cambios constitucionales que sean necesarios cuando asi se determine.  

Esta transformación, para que sea real y efectiva debe, creo, ser un proceso, no la sola solución a una crisis. Podemos hacerlo

El año 2009 el Centro de Estudios Públicos publicó un conjunto de ensayos bajo el título “El Chile que Viene. De dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos” en el cual un grupo amplio y diverso de intelectuales de prestigio analizó los elementos que configuraban las distintas respuestas. Su relectura en estos días de crisis lleva a preguntarse ¿cómo fue que no tomamos conciencia ni hicimos nada?. El descrédito de las instituciones republicanas; el desprestigio de la política y los políticos; la desigualdad económica y social; la anomía con la vergüenza de la evasión en el Transantiago; la banalidad y turbiedad de la justicia; la codicia y la colusión entre empresarios y la corrupción de los funcionarios; la falta de un “relato” que uniera a los chilenos en un proyecto común mas allá de ir de vacaciones al Caribe o cambiar el auto; la mala calidad de la educación y la salud para parte importante de la población y el egoísmo llevado a la condición de virtud personal y social.

Me parece que la veloz marcha de la economía cubría todo, el crecimiento adormecía y hacía creer que todos los problemas se resolverían poniéndoles dinero encima, propio o de préstamos. Luego vino el período de los “bonos” que “resolvían” los cuellos de botella estacionales mientras aumentaba el gasto fiscal. No fue suficiente, el endeudamiento llegó al límite, los bajos sueldos ya no pudieron pagar las deudas. Luego las soluciones demagógicas y las mentiras, la frivolidad del Congreso y los políticos, la impudicia de las “dietas” parlamentarias y el broche de oro, el Ejército y Carabinero, dos de las instituciones mas queridas y respetadas cayeron también en horribles delitos de probidad; un Ejecutivo irresoluto y carente de sensibilidad política y social pusieron la lápida. La Iglesia Católica vino a dar la paletada final con sus escándalos de pedofilia y homosexualidad.

El año 2011 “la revolución de los pinguinos”, un período de desórdenes basados en deficiencias reales, estimulados por los políticos de oposición y mal enfrentados por el gobierno, llevaron a un serio descrédito de la autoridad y a la profesionalización de la violencia impune por parte de los menores. En el fondo de la crisis de los pingüinos y luego del Instituto Nacional estaba el rechazo a la excelencia; a la meritocracia; a la valorización del esfuerzo personal; de la selección y la competencia, en beneficio de un igualitarismo demagógico; el ideologismo de muchos de sus profesores y directivos y la existencia creciente de grandes grupos de profesionales egresados de malas universidades que no recibían la retribución económica y social que esperaban de la gran inversión de dinero y sacrificio hechos por sus padres.

Este conflicto recrudeció en el Instituto Nacional y otros colegios públicos tradicionales con tomas, enfrentamientos, con empleo de bombas incendiarias por parte de los alumnos y un despliegue de violencia y de duración no vista en años. Su desarrollo continuó hasta llegar a la instrucción -en las aulas- de terrorismo e insurgencia urbana por parte de terroristas de extrema izquierda, veteranos de la UP y su continuación durante y después del Gobierno Militar. Su larga duración permitió la formación y consolidación de grupos pequeños pero profesionales de jóvenes violentistas que pronto recibieron el aporte de anarquista y terroristas jubilados. Asi comenzó la campaña “evade” para no pagar el uso del Metro que se prolongó por meses en forma crecientemente eficiente y organizada, ante la serena impavidez del gobierno que solo tuvo respuestas parciales e ineficaces.

Asi llegamos al 18 de octubre con el asalto en masa a las estaciones del Metro -cuyos detalles no analizaremos- y que concluyó con el ataque organizado y sistemático extremadamente violento y destructivo a casi todas sus estaciones el Metro y su ampliación en los días siguientes a una amplia variedad de establecimientos comerciales, monumentos, edificios públicos y privados, transporte público incluyendo practicamente todo tipo de objetivos, sin descriminación de ninguna especie, en una orgía de violencia y destrucción dificil de describir.

Esta primera parte de la violencia estuvo protagonizada por grupos diversos, como pandillas narcotraficantes, anarquistas, “barras bravas” pre existentes, estudiantes organizados en otros contextos pero entrenados en el uso de la violencia y de un numeroso lumpen siempre dispuesto a aprovechar cualquier situación de desorden para robar, incendiar y destruir, siempre en completa impunidad.

Entre el 18 y el 25 de octubre, en barrios típicos de clase media, la presencia de personas de esas clases fue incrementándose. Se organizaron principalmente por vecindarios y en forma mas o menos pacífica, de todas maneras muy lejos de los violencia brutal de los vándalos y saqueadores que aun manenían el control total del movimiento, pero sin lograr darle cuerpo ni consistencia.

Este vandalismo inorgánico se prolongó hasta el 25 de octubre, hasta esa fecha se apreció la presencia de líderes espontáneos en la escena, pero no de dirigentes de nivel estratégico o político, que existieron, pero se mantuvieron actuando activamente en la dirección a distancia -wasap, twiter, teléfono-. Como se señaló, tampoco hubo presencia masiva de ciudadanos de clase media.

La marcha multitudinaria del día 25, convocada en varias ciudades del país, fue cualitativamente muy diferente a lo acontecido hasta ese momento: grupos familiares, pacíficos, de clase media, con peticiones concretas y razonables, sin distintivos partidarios de ninguna clase y con comportamento ciudadano. Hubo intentos de radicalizar la situación y aparecieron algunos (muy pocos) personajes de la política, fueron rechazados y marginados a veces en forma enérgica. Los manifestantes se retiraron ordenada y pacificamente.

Se puede decir que esta fue la expresión ciudadana más nítida y clara del disgusto y frustración de un inmenso grupo de personas que quería cambios y correcciones a lo existente pero que no intentaba hacer una revolución, destruir al Estado ni derribar al Gobierno. Todo esto transcurría ante la parálisis del gobierno y la ausencia de los parlamentarios que no atinaban a nada que no fuera ocultarse.

Tras estas protestas, diversas figuras del gobierno manifestaron por redes sociales su apoyo a los manifestantes, incluyendo al presidente que se refirieron a la multitudinaria marcha como «transversal» y «sin colores políticos. Pero no tuvieron la visión ni la habilidad para asumir el liderazgo de la situación.

En los días siguientes la participación de esta categoría de ciudadanos fue decreciendo, yo diría que principalmente por la tensión que fue generándose entre su interés por los cambios en las políticas en aplicación por parte del gobierno y su necesidad de proteger sus casas, negocios y barrios del ataque y destrucción por parte de los vándalos. Asi, desaparecieron de la escena y el protagonismo volvió a los vándalos ahora con el aplauso de los parlamentarios ya resucitados de su miedo y la simpatía subrepticia de los que apuestan a jugar a ambos opciones a la vez -la democracia y el golpe de estado-. Los intereses concretos de mejoras a las políticas de salud, pensiones, transporte, sueldos, corrupción y abuso del parlamente, desaparecieron y apareció un interés tipicamente político: Cambio de la Constitución. El gobierno por su parte lanzó una Agenda Social desabrida, sin alma y sin energía, por cumplir se podría decir.

De aquí en más, la protesta quedó en manos de pandillas de vándalos más o menos coordinadas entre si, apoyados por el Partido Comunista, elementos del Frente Amplio, anarquistas, feministas, grupos homosexuales, odiosos de la religión y lumpen político diverso, que fue decreciendo en número, incrementándose en violencia y girando su objetivo hacia el derrocamiento del gobierno y el reemplazo de la Constitución, objetivos ambos muy alejados de la masa que se manifestó el día 25 de octubre y siguientes y muy representativos de los intereses de los partidos políticos de izquierda y sus representantes en el Congreso, que adquirieron gran protagonismo mediático.

En esa situación estamos. El Congreso y todo el aparataje político partidista concentrado en cambiar la Constitución para adquirir poder en desmedro del Ejecutivo y “correr la cerca hacia el socialismo”, el Ejecutivo tratando de pasar desapercibido y el Poder Judicial obstruyendo el castigo a los delincuentes y facilitando el vandalismo. El juego politiquero se ha restablecido, los problemas reales avanzan a paso de funeral en busca de soluciones que solo postergan las demandas de la clase media, sin solucionar nada.

En abril será el plebiscito para decidir si habrá o no nueva constitución, será la última oportunidad para que la clase media se haga escuchar y meta al Estado en cintura -a los tres Poderes- de nos ser así iniciaremos un desastroso peregrinar de dos años de destrucción de la economía, de “agudización de las contradicciones” y demolición de lo logrado en 46 años de esfuerzo y sacrificio.

Las FFAA se mantiene al margen, como deben hacerlo los guardadores de la última esperanza de la Patria.

Así como la actual Constitución fue descalificada por la izquierda como la Constitución “de Pinochet”, ahora estamos frente al intento de imponer a la carrera una Constitución para «La Pobreza Socialista” que, seguramente, será más divisiva y rechazada que la primera.

A partir del 18 de Octubre nos hemos enfrentado a un monstruo que ha ido mutando según han ido interactuando el golpismo comunista con la incompetencia presidencial.

La estrategia subversiva es conocida y ha sido aplicada al pie de la letra en Chile por el Partido Comunista (PC), pero no es éste el momento para analizarla. Por ahora veamos sólo su accionar político.

Fase I.- Inicialmente la estrategia, establecida en la planificación política del PC para enfrentar a este gobierno, aspiraba a derrocar al presidente Piñera y a partir de esa crisis, maniobrar para revertir la derrota que la derecha le propinó en las elecciones presidenciales de 2017. El PC y la extrema izquierda enfrentaban una situación terminal, en que toda su ideología y sus principales lideres regionales entraban en una fase de derrota permanente y final, de la mano del socialismo del siglo XXI y del Grupo de Sao Paulo.

Esta estrategia se encaramó sobre la incapacidad del Gobierno para detener y controlar los disturbios violentos, recurrentes y sistemáticos principalmente en el Instituto Nacional, donde se conformó un núcleo duro de terroristas encuadrado por apoyo externo del partido y por anarquistas. Ese punto de partida, reforzado por expertos, fue la base del ataque organizado al Metro de Santiago. Desde ahí en más, vino la seguidilla de errores del Gobierno.

El éxito del PC en esta fase de la batalla los llevó a ampliar su objetivo al máximo deseable: la caída del gobierno y el cambio de la Constitución y eventualmente la captura del poder a mediano plazo, siempre con la simpatía disimulada de la izquierda institucional.

No ha habido estallido social ni manifestación pacífica de demandas, ha habido violencia urbana organizada y diversificada llevada al extremo. El PC actuó con maestría y fue enfrentada con incompetencia y temor hasta ganar el control de los espacios públicos. Se engañó a la derecha y a la ciudadanía haciéndola creer que Chile se manifestaba contra un modo de vida social.

Fase II.- La mezcla de cuadros comunistas nacionales y apoyos extranjeros; narcotraficantes; anarquistas; delincuentes comunes, lumpen y barras bravas, fue muy eficaz en la primera fase de la batalla, pero el abandono de la participación por parte de la clase media “emergente” fue degradando el terrorismo, hasta llegar a ser objeto del rechazo de la población, sin haber logrado la caída de Piñera. La “izquierda institucional”, presa del pánico, está siendo arrastrada a una condición de irrelevancia e ilegitimidad que, a mediano plazo, amenaza su propia existencia. No hubo intervención militar, no hubo incorporación de la clase media emergente a la revolución. La derecha y el gobierno sobrevivieron a la paliza inicial y comienzan a levantar cabeza de la mano de la opinión pública. Debilitada, con muchos tránsfugas que apostaron mal sus fichas y con oportunistas a la espera de determinar a cuál bando aproximarse. Nada nuevo en tiempos de crisis.

Fase III.- Ahora se lucha la batalla final: la Constitución y la última oportunidad de la izquierda institucional para salir con dignidad del embrollo en que se metió, y del PC y sus terroristas para imponer su dictadura chavista revolucionaria o al menos zafar con éxito y sobrevivir.

En este momento la lucha se está dando entre la “izquierda terrorista” que trata de continuar la via violenta y la “izquierda institucional» tratando de llevar la negociación de la crisis al Congreso y situarla en torno al cambio de la Constitución para imponer sus políticas socialistas. La parte más tibia de la derecha política sigue tratando de negociar, contra la voluntad de las organizaciones ciudadanas furiosas y en crecimiento. El Gobierno sigue como espectador.

Un escenario de esta batalla es el Estado, es decir, el Congreso, el Poder Judicial y el Gobierno. Otro son los medios de comunicaciones, con centro de gravedad en la televisión y las redes sociales. Existe un tercer elemento que ya parece más o menos resuelto: la eventual renuncia o destitución de Piñera.  La crisis económica que se aproxima será intensa y aguda a partir de estas fechas y por lo menos hasta fines del año 2020. Esta situación sería desastrosa para la izquierda institucional si se encontrara en el Gobierno. Tan conscientes están de ello que su estrategia se ha desplazado hacia el apoyo al gobierno para establecer el control del terrorismo callejero y social. A la derecha tampoco le conviene la caída de Piñera, menos a la ciudadanía. Podemos pensar que este escenario es poco probable, pese a los esfuerzos del Presidente y su entorno.

1.- Los medios de comunicaciones están siendo peleados activamente. La derecha le ha perdido la distancia a las redes sociales y ha incrementado su presencia y actividad. Gracias a su mayor educación y recursos intelectuales ha establecido una presencia sólida. La televisión, principalmente sus “rostros” están comenzado a marchar en reversa y a prepararse para los inevitables cambios que vendrán. Su rol ha sido funcional a la embestida del PC y sus dueños y controladores parecen haberse equivocado de caballo al iniciarse la carrera.

2- El Estado es el factor crítico. Como se sabe, el campo de batalla se ha instalado en el Congreso, con lo que el PC ha quedado excluido. En esta instancia los congresales de izquierda buscan alcanzar dos objetivos, mantener al Congreso como instancia útil y válida -para mantener su poder e ingresos- e imponer una Constitución que recoja sus preferencias socialistas. Los de derecha, buscan darle vida a la institución y tratar de debilitar la ofensiva socialista. Los intereses, preferencia y deseos de la ciudadanía no son actores ni son factores significativos que afecten al problema. No interesan a ninguno de los dos bandos partidistas.

3- El Congreso es parte del problema no de su solución: sobredotado en número; sobre pagado; técnicamente incompetente; corrupto; con miembros de baja calidad moral e intelectual; muchos de ellos envueltos en diversos negociados, corruptelas y máquinas de poder que han explotado al país por muchos años en forma obscena. Sufren de un desprestigio profundo que se refleja en su muy baja aprobación ciudadana, no representan a sus electores, los desconocen y nunca se han aproximado a ellos desde su elección.  Muchos de ellos -algunos muy locuaces y de alta exposición pública- han llegados a sus cargos con votaciones irrisorias y despreciables.

¿Podría un Congreso de esta calaña producir una Constitución válida, legítima, aceptable, eficaz?. No parece posible. Peor, la mala noticia para la izquierda revolucionaria del PC es que esto se manejará como una “cocina” que ya está funcionando y en la cual ellos no estarán presentes y “los independientes” no serán tales sino que miembros de la misma trenza de los políticos institucionales del Congreso.

Parece evidente que una reforma profunda del Congreso es imprescindible antes de comenzar a tratar el asunto Constitucional: reducir sustancialmente el número de sus miembros; eliminar sus prebendas; exigir calidad técnica mínima; una calidad moral comprobada -por lo menos que no hayan delincuentes- y que efectivamente representen el sentir de sus electores, y en este momento histórico, principalmente frente al cambio Constitucional que se propone, ninguno de ellos representa nada.

No tiene nigún sentido continuar con los afanes negociadores en un lugar, una institución, sin legitimidad, prestigio ni autoridad. Son parte del problema.

El Ejecutivo y el Poder Judicial El Gobierno tampoco representa a nadie. Elegido para llevar a cabo un programa, está haciendo lo opuesto, su incompetencia ya nadie la discute, mejor que administre al pais lo mejor que pueda mientras se renueva el Congreso y el Poder Judicial, respecto al cual no es mucho lo que hay que decir para demostrar que no vale nada. Nunca ni un solo Fiscal se ha hecho presente en los miles de robos, asaltos, pillajes, ataques con bombas, incendios y toda suerte de crímenes, para intentar determinar la identidad de sus hechores, una Poder Judicial que a un mes del inicio de los atentados y crímenes terroristas un no investiga nada que ayude a detener la criminalidad rampante que asola al país. La dupla Congreso – Poder Judicial han hecho de la justicia un mal chiste, una broma pesada, en que los inocentes son olvidados y a veces castigados y los culpables circulan impunemente por las calles y pasillo de instituciones “respetables”.

El estado Chileno, en pleno, es incapaz de proponer a la ciudadanía una Constitución aceptable, eficaz y duradera. No es capaz de producir un documento legítimo, representativo ni creíble. Lo único aceptable es que no interfiera en su renovación completa y total a la brevedad y despeje el camino para que personas intelectual y moralmente idóneas se hagan cargo de un proceso constitucional serio y digno de un pais como Chile, que culmine con su aprobación bajo otro Presidente de la República.

El actual Estado de Chile solo podría proponer una“CONSTITUCIÓN PARA LA POBREZA SOCIALISTA”.

29 de Noviembre de 2019