Mi generación y las coetáneas, nos formamos en un firme desinterés y desprecio por la política. En mi caso particular creo que lo heredé de mi padre, militar, que estuvo en servicio en los años ´30 y hasta finales de los  ´40 en que las FFAA se vieron envueltas en movimientos políticos que resultaron en divisiones y desprestigio.

Pero la realidad mostró que estábamos equivocados, en las grandes crisis políticas nacionales las FFAA siempre son arrastradas o empujadas a participar y quiéranlo o no, terminan envueltas en ellas.

Primer error. Creímos que manteniéndonos al margen podríamos evitar ser politizados. Allende usó a los Altos Mandos para intentar la materialización de su programa político. Forzando la interpretación de la Constitución los obligó a integrarse a su gabinete y a asumir cargos políticos en la administración pública. Algunos, como Prats, se unieron a él.

Durante el Gobierno Militar, algunos fueron destinados a tareas de gobierno pero la mayoría siguieron en sus actividades netamente militares. Estos últimos no participaron en política.

Terminado ese gobierno, fuimos forzados a ingresar a la ciudadanía electoral imponiéndosenos el voto obligatorio. La verdad es que nadie tenía el menor interés en ello, pero así fue. Pese a lo cual, muchos -la inmensa mayoría- decidieron no “estar ni ahí” con la política, pero comenzó la persecución político-judicial y nos “metieron ahí” a la fuerza.

Segundo error. Confiamos en que la legitimidad de nuestros motivos y la lealtad de los chilenos a quienes habíamos librado de la tiranía marxista nos defenderían de la venganza de los derrotados y harían causa común con nosotros. Nos abandonaron y algunos, los mas oportunistas, nos desconocieron.

Esto nos llevó, contra nuestro propios deseos y naturaleza a darnos cuenta de que la única alternativa válida era la de organizarnos y defendemos solos o estaríamos condenados a seguir siendo perseguidos y encarcelados por un poder judicial que la experiencia muestra que es solo una excrecencia de los poderes político y económico; sin posibilidad alguna de tener un juicio justo; sin consideración del contexto y difamados y humillados con museos financiados por el estado.

Asofar y la Multigremial de las FFAA, Carabineros e Investigaciones en Retiro (FACIR) son el gran resultado de esa decisión. Tenemos mas de 200.000 miembros y aumentarán.

Este breve recuento muestra que los militares que podemos participar en política – los retirados- debemos hacerlo y en forma autónoma, activa, decidida y con destreza. En eso estamos. Como personas serias que somos, esta participación requiere estudio, observación, análisis, aprendizaje y disciplina, que nos permita hacerlo con éxito.

La actividad política no es algo que interese a todos y es entendible, pero ello no exime de la obligación de estar informados; de dar su opinión constructiva y realista respecto a los asuntos que atañen a la comunidad militar y nacional y de elegir entre las alterativas que otros presenten.

Nos somos neutrales. Tenemos valores definidos que nos exigen acción concreta. Tenemos una visión social de Chile. Tenemos la formación adecuada para entender que la economía no es magia ni ciencia dura: es una ciencia social que se basa en relaciones causa efecto definidas, pero cuya intensidad y resultados están sujetas a la influencia y las necesidades humanas.

Sabemos de la importancia del estado, pero estamos conscientes que una cosa en una organización estatal seria y eficiente como la nuestra y otra muy distinta son otras entregadas al abuso y la corrupción de oligarquías políticas, sindicales y familiares.

Sabemos que el estado administrado por un lote ideologizado es el mayor peligro para la libertad y la prosperidad.

Confiamos en la iniciativa, la libertad y el emprendimiento de las personas.

No necesitamos de intermediarios que nos digan que es correcto y que no y ponemos el interés nacional por encima de los nuestros: es la característica básica de nuestra profesión y estilo de vida.

No es razonable que formemos un partido político, entraríamos al mismo juego; pero no por ello dejamos de tener poder político; poder que nace de nuestro número, comunidad de intereses gremiales, homogeneidad valórica, cohesión social, lealtad mutua y disciplina. En nuestro caso parece mas conveniente conservar la condición de movimiento social y gremial homogéneo, compacto y autónomo en vez de diluirse en una organización con alto número de miembros con intereses diversos.

La práctica política se adapta bien a nuestras costumbres pero nos exige tres cambios importantes: El primero, es que tratándose de una organización democrática cada persona vale un voto y todos tienen el deber de manifestar su opinión y preferencia; el segundo es que todos tiene también el deber a estar informados de las decisiones de la organización y el tercero, todos deben participar en los procesos de toma de decisiones y en su materialización, en la forma en que se establezca.

El próximo período electoral pondrá a prueba nuestras convicciones, nuestra habilidad política y nuestra disciplina.

Me parece evidente que como primer elemento para decidir a quien apoyar en primera vuelta habría que saber, con certeza, que candidatos comparten los mismos valores con nosotros y quienes no. Para ello hay que definir nuestras exigencias y plantearlas a todos, sin exclusiones, recibir formalmente sus respuestas e informarlas a toda nuestra comunidad. Ello nos permitiría determinar, objetivamente, a quien apoyar. Podría ser que ese candidato no sea uno de los con mayor intención de voto, pero eso no es vital; existe la segunda vuelta. Una vez establecido y hecho público el compromiso del candidato, deberíamos apoyarlo con toda nuestra energía y darle nuestro apoyo total.

Me parece que el primer y fundamental punto de divisoria de las aguas es el compromiso público del candidato y previo a las elecciones, de indultar a todos nuestros presos políticos; terminar la persecución política y judicial contra nuestros militares y cerrar los museos del odio contra las FFAA financiados por el estado.

Habrá que esperar el desarrollo de los acontecimientos para decidir que hacer en la segunda vuelta.

Lo mas importante, mientras nos mantengamos unidos podremos seguir luchando, no importa cuanto reveses tengamos. Confiemos en que la maldad y estupidez de nuestros enemigos en algún momento los pondrá a nuestro alcance, así se demore cien años.

La entereza e integridad de nuestros compañeros y amigos -capturados por el enemigo- que resisten en Punta Peuco ha sido el motor que ha despertado e impulsado a nuestra organización y motivado nuestro ingreso a la política.

Ahora que tenemos el instrumento debemos pasar a la acción.

El financiamiento, por parte de los gobiernos, de actividades culturales que contribuyan a la formación de los ciudadanos se ha prestado para múltiples abusos. En los regímenes autocráticos los gobiernos asignan esos recursos a quienes apoyan o promueven la ideología o las políticas que sus autoridades señalan, así sucede en Cuba, Venezuela y en Corea del Norte cuyos gobiernos vulneran las conciencias de la población, convirtiendo al arte, la cultura y la educación en vehículos de propaganda. En las sociedades democráticas esos recursos suelen asignarse mediante comisiones independiente que garanticen que la política y la cultura se mantengan separadas entre si.

El ejemplo mas notable fue la BBC en Gran Bretaña de la pos guerra, cuyo gobierno controlaba la distribución general de recursos pero transfería a la BBC la potestad sobre las decisiones y operaciones diarias. Este modelo tuvo muy buena recepción y sirvió de facilitador cultural durante muchos años y otros países optaron por crear organismos parecidos.

En Chile, este modelo fue admirado e intentado aplicar, a comienzos de los años 90, mediante un modelo de asignación de recursos públicos a través de concursos a cargo de jurados independientes, que fue prontamente desvirtuado y luego abandonado hasta politizarse completamente.

En Chile, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos fue construido durante los años 2008 y 2009 e inaugurado el 11 de enero de 2010, en el gobierno de Bachelet.

El 27 de febrero de 2012, en el gobierno de Sebastián Piñera, se firmó un acuerdo entre la  Dirección de Bibliotecas, Archivos, Museos (Dibam) para operativizar la ley de presupuesto Nº 20.557 de 2012 propuesta por el gobierno, transfiriendo $1.448.390.000 a la organización privada “Fundación Museo de la Memoria y los Derechos Humanos”, sin concurso alguno, es decir por una decisión de la mayoría política existente en el Congreso en esa fecha y cuya misión quedó establecida como “dar a conocer las violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos ocurridas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, es decir, durante la dictadura del general Pinochet”.

El Museo de la Memoria costó $12.040.000.000 y requiere algo mas de $1.500.000.000 anuales para cubrir sus gastos operacionales.

Podemos ver que la toma de distancia política entre el Estado y la asignación de fondos a organizaciones culturales quedó eliminada por la dictación de una ley que permitió asignar directamente recursos públicos a una fundación privada elegida arbitrariamente.

La entonces directora de Dibam, Magdalena Krebs ingresada a esa organización en 1983, se opuso a esta asociación tanto porque el nuevo proyecto favorecía a esa empresa privada en forma muy desproporcionada respecto a otros museos y bibliotecas nacionales como por el evidente sesgo ideológico del mismo. Esta actitud poco colaborativa posteriormente le costó el fin de su carrera en el Dibam por una campaña en su contra en las redes sociales y la acción de la Comisión de la Cultura y las Artes de la Democracia Cristiana.

En Junio de 2012 en una Carta a El Mercurio la Sra. Krebs manifestó que “Sería valioso que sus visitantes comprendiesen, por ejemplo, que entre muchos de los factores que contribuyeron a la destrucción de la democracia, tuvo un rol significativo la violencia imperante. A la luz de la contingencia que vivimos hoy, sería una gran contribución que el museo explicara los hechos anteriores al golpe, pues pondría una nota de atención sobre los límites, la necesidad de cuidar las formas y los procedimientos democráticos”, agregando: “En ese sentido, la opción que tomó el museo en cuestión, de circunscribir su misión sólo a las violaciones a los DD.HH., sin proporcionar al visitante los antecedentes que las generaron, limita su función pedagógica. La no existencia de consensos sobre la historia no exime al museo de su responsabilidad de ofrecer una visión amplia.”

Descalificándola los promotores de la visión acotada del Museo de la Memoria alegaron que “podríamos contextualizar también las purgas de Stalin, el Holocausto judío en la Alemania Nazi o las matanzas de Ruanda”. A este respecto me parece que tanto en el estudio de la historia como en el derecho, el contexto da el marco imprescindible para comprender y valorar las acciones de los protagonistas, lo que en este caso en particular, se eliminó por completo. Respecto al Holocausto, es precisamente lo que hizo Hanna Arendt en su obra «La banalidad del mal».

No sorprende que este tema genere un debate relativo a discrepancias políticas ni tampoco que existan personas que crean (o les convenga creer) que las violaciones a los derechos humanos no podrían ser “contextualizables” en muchos sentidos. En este ámbito, en Chile, en que la ideología, las pasiones y las conveniencias chocan tan frontalmente, no se ve viable un terreno común en el cual situar un debate conducente, sin embargo, esto no excluye otro tipo de cuestionamiento: el financiamiento público como validación para la existencia de un único Museo de la Memoria que ademas, al incorporar el logo de Dibam induce a creer que representa la opinión del gobierno de turno.

Lo que existe y se elude enfrentar es la crítica a los mecanismos de financiamiento: ¿por qué subsidiar un único museo sobre un tema respecto al cual no se ha llegado a un consenso país y, por lo mismo, entregar recursos que llegan hasta los 1.400 millones de pesos anuales para una corporación cultural privada como ésta?. En diferentes países del mundo, existen museos dedicados a la memoria y los derechos humanos, o al mismo Holocausto, que cuentan básicamente con financiamiento privado o colaboraciones de individuos, lo que legítimamente les permite elegir y difundir su interpretación de la historia.

En subsidio de lo anterior, parece evidente que una forma de neutralizar este déficit de ecuanimidad de los gobiernos pasa por la promoción y el apoyo a la diversidad de expresiones y a la mantención de archivos de carácter histórico con diferentes interpretaciones de una realidad que de por si es opinable y respecto de las cuales la opinión pública chilena se encuentra profundamente dividida. En este orden de cosas, la realidad cotidiana en la Araucanía, en el Sename y recientemente en el ataque terrorista a un ejecutivo de Codelco en Santiago, confirman que contextos que llevan o promueven la violencia facilita la violación de los derechos humanos y cuya contención oportuna facilitaría la protección de estos últimos.

El proceso de creación de un nuevo Museo de la Memoria en la ciudad de Concepción (Museo del Bio Bio) se encuentra avanzado y en proceso para iniciar su construcción el año 2018. El proyecto ganador ya fue seleccionado de entre 30 propuestas. Es interesante notar que el proyecto habla de dejar testimonio de “la represión política”, mezclando “causas con efectos”, creando de hecho “un contexto” que oficialmente es rechazado.

Dado que los estatutos de la Fundación para la Memoria y los Derechos Humanos incluyen a todo el país como su área de operaciones, no queda claro si el Museo de Concepción es una ampliación del Museo de Santiago o es una “franquicia” del Museo de la actual Corporación operada en el Bio Bio por otro grupo, pero lo que si queda claro de la información disponible es que su costo de construcción y operación será igual al actualmente existente: $12.000.000.000 y $1.500.000.000 anuales respectivamente y todo con cargo al Estado.

También está en proceso otro Museo en Puerto Montt, en efecto, la prensa local informa que: “El Consejo Regional de Los Lagos, aprobó el presupuesto Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) 2017, en donde están consideradas la licitación y comienzo de ejecución de las obras del Museo de la Memoria en Puerto Montt para el próximo año (2018). El estudio de Pre Factibilidad contratado por la Dirección de Arquitectura, con fondos FNDR, se ha implementado durante 2016 cumpliendo todas las etapas comprendidas y comprometidas en él”.

El financiamiento será igual a los museos de Santiago y al de Concepción: “para este proyecto, la dirección regional de arquitectura del MOP ha gestionado con Dibam (Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos) el financiamiento para instalar el inmueble, una vez que los trabajos estén terminados”, considerando costo similares, $12.000.0000.000 para el edificio y $1.500.000.000 anuales para el gasto de operación.

Estos tres Museos implican un gasto operacional de $4.500.000.000 anuales para sus gastos de operación, algo desproporcionado respecto a otros gastos, por ejemplo, respecto al Sename o el Museo Histórico Nacional.

Sin exagerar es posible la repetición, a futuro, de estos Museos en Antofagasta e Iquique y tal vez en Arica y Punta Arenas.

Estas realidades y estos proyectos muestran la disposición del actual gobierno para invertir en apoyo a la cultura y la existencia de ingentes recursos para ello, lo que aun no se nota es la disposición a financiar de la misma manera a quienes tienen otras ideas respecto a la forma de evitar la violencia política y sus trágicas consecuencia como es la violación de los derechos humanos.

De la misma manera se aprecia un esfuerzo por crear una cadena de Museos que, además de difundir una visión sesgada, percibida como hostil y violenta hacia muchos chilenos, crea una red de sustento y refugio para centenares de funcionarios políticos cesantes y ayuda a establecer una base para la supervivencia de un tipo de políticas fracasadas en toda  la región y en Chile.

En Chile hay diferentes Memorias respecto a la época de la violencia política, la destrucción de la democracia, la reconstrucción de la misma y de la lucha contra quisieron impedirlo, todos tienen el mismo derecho a recibir el apoyo del estado de Chile para exponer sus puntos de vista, otra cosa sería volver a un pasado que por opuestas razones, todos rechazamos. Este conflicto no de diluirá por olvido y acostumbramiento, sino que continuará acrecentando un tumor infeccioso que con seguridad explotará.

Hay dos tipos de memorias, debe haber dos tipos de museos.

Este fin de año en la Armada se produjo un grave caso de violación de los derechos humanos de un grupo de 6 mujeres tripulantes de un buque de guerra, que fueron víctimas de la instalación, -por parte de un marino de 22 años de edad-, de un sistema de televisión artesanal para fisgonear su dormitorio, grabar y distribuir a un grupo de amigos sus imágenes en actividades privadas. El delito –materializado por la grabación de 8 videos de 8 segundos- fue descubierto e investigado con prontitud y acuciosidad y se destacó que los delitos ameritarían penas desde 61 días de hasta 5 años de cárcel.

El hecho suscitó un repudio generalizado; la propia Presidente de la República alzó su voz para condenar severamente este abuso a los DDHH de las víctimas y exigir castigo ejemplar; políticos de todas las tiendas y sectores también manifestaron su indignación y exigieron un castigo implacable para el hechor y sus cómplices.

El Comandante en Jefe de la Armada fue citado al Congreso donde calificó esto como un delito, explicó detalladamente lo acontecido, ratificó el repudio institucional y aseguró justicia para las afectadas. Hasta el Ministro de Defensa, habitualmente prescindente en los asuntos relativos a su cartera, condenó como “inaceptable que en nuestra sociedad ocurran episodios … que lesionan la privacidad de las víctimas”.

Todos los demócratas concordaron en el diagnóstico y en la forma de enfrentar el problema. Tienen una misma comprensión de los Derechos Humanos.

En esos mismos días concluía una proceso de apelación elevado por Víctor Donoso, ex – Oficial de la Armada, prisionero en el penal de Punta Peuco por el presunto secuestro permanente del mirista Rudi Cárcamo, miembro del Grupo de Amigos Personales (GAP) de Allende, que se encuentra encarcelado en forma ilegal y arbitraria por decisión del Ministerio de Justicia.

Donoso fue encarcelado el día 20 de Julio de 2012 debiendo completar su pena el día 17 de Julio de 2017. La Comisión de Rebaja de Condenas le redujo 10 meses de dicha pena, debiendo entonces quedar en libertad el día 18 de septiembre de 2016.

El Ministerio de Justicia del Gobierno de la Nueva Mayoría, por si y ante si resolvió no dar cumplimiento a la resolución y lo mantuvo en prisión hasta el día de hoy, 1º de enero de 2017.

Ante tal desacato, en un fallo unánime, la Quinta Sala del tribunal de alzada capitalino declaró que la pena debía concluir el día hoy y estableció que “es un hecho no rebatido que el condenado empezó a cumplir la pena con fecha 20 de julio de 2012, culminando con fecha 17 de julio de 2017. En estas circunstancias, la Comisión de Rebaja de Condena le ha reducido al amparado un total de 10 meses de dicha pena (…). Por consiguiente, al 18 de septiembre de 2016, el amparado tiene la pena corporal cumplida”.

La resolución, además, declaró arbitrario el actuar del Ministerio de Justicia, entidad que se había negado a ordenar la libertad de Donoso. Por esto, los jueces estimaron que en el actuar de la secretaría de Estado “queda de manifiesto que se ha excedido de sus facultades legales”. Además, le pide al ministerio el envío de un informe para que “regularice cuanto antes la situación jurídica”.

De lo anterior queda establecido que el Gobierno, a través de su Ministerio de Justicia, ha atropellado los Derechos Humanos de Víctor Donoso, ha excedido sus facultades legales y ha incumplido un fallo judicial expreso y explícito.

Queda también claro que el Gobierno valora y hace respetar los derechos humanos de las personas teniendo en consideración  sus preferencias ideológicas y sus conveniencias políticas y que el Ministerio de Justicia cumple una función política y no de justicia.

Es evidente también que no todo el gobierno está en esta tesitura. Los autores de este tipo de atropellos son, a mi juicio, las viudas de una concepción política derrotada irremediablemente: La autonomía de los ciudadanos ya NO está sujeta a la discrecionalidad de los administradores del Estado. Esta concepción de la política, inmanente en la ideología representada en Chile por el Partido Comunista y materializada por sus representantes en el aparato estatal, está en extinción, pero aun causa daño.

El problema a dilucidar es que visión tiene la hegemonía en el Gobierno de la Nueva Mayoría: la de las viudas del marxismo leninismo representada por el PC y los jóvenes revolucionarios o la socialdemocracia de los izquierdistas democráticos.

Cabe preguntarse por qué de la misma forma que la izquierda reclama a la derecha su inacción ante las violaciones de Derechos Humanos en el Gobierno Militar, hoy actúan en la misma forma cuando en su Gobierno simple y sencillamente decide no cumplir los fallos judiciales.

La última vez que pasó eso, las consecuencias no fueron amables, duran hasta el día de hoy y nos acompañarán por muchos años.

El 21 de mayo de 2007 se anunció la construcción de un museo de la memoria. Según Wikipedia, “la primera piedra del Museo de la Memoria fue puesta por la presidenta Bachelet -quien también fuera víctima de tortura en la dictadura de Pinochet- a su inauguración asistieron unas 3000 personas entre representantes de organizaciones de derechos humanos, políticos, víctimas de la dictadura y sus familiares”.

Partimos mal. La prisión y tortura de Bachelet es una de las muchas áreas oscuras de su vida. Nunca quedó claro si fue o no torturada; al llegar a Australia en su primera declaración en libertad, dijo que no; después ha dicho que si; después, que un poco, o ha guardado pudoroso silencio. Su relación familiar con el mundo militar parece haberle merecido un “tratamiento especial”.

Su solicitud de prescripción del delito de ejercicio ilegal de la profesión médica presentada al 34 Juzgado del Crimen por el fiscal José Morales Opazo, al haber transcurrido 10 años desde haberse cometido el delito, es algo que contradice su pretensión de ser médico. Nunca se aclaró si fue médico o mintió.

Respecto a la concurrencia a la inauguración, su carácter masivo es cuestionable. Con todo respeto, pero hasta un partido de fútbol de barrio concita mayor concurrencia.

Podemos concluir que la veracidad y solidez ética de la autora y promotora  y la capacidad de convocatoria del proyecto es discutible.

Sigamos con una verdad; la misión del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos fue establecida como: “Dar a conocer las violaciones sistemáticas de los derechos humanos por parte del Estado de Chile entre los años 1973-1990, para que a través de la reflexión ética sobre la memoria, la solidaridad y la importancia de los derechos humanos, se fortalezca la voluntad nacional para que Nunca Más se repitan hechos que afecten la dignidad del ser humano”.

Impecable. Solo que incluye mentiras. No se juzga al “Estado de Chile” como la entidad permanente que es, sino solo en su personificación durante el Gobierno Militar, teniendo como protagonistas y culpables solamente a las FFAA y Carabineros.

Es entendible que la izquierda no quiera que el lapso de cobertura del Museo comience en 1965. Los obligaría a tener que enfrentar sus traiciones, miserias y renuncias, pero, ¿por qué no continuarlo hasta el presente?.

Tendríamos la oportunidad de probar la honestidad de Bachelet y su gobierno: investigaciones llevadas a cabo por miembros del Poder Legislativo y también del Ejecutivo, dan cuenta de la muerte, en un lapso de solo 11 años (2005 – 2016) de 1336 personas, mayormente menores de edad y la violación de los Derechos Humanos -incluyendo violencia física, violaciones y tortura- de varios miles mas de niños, niñas, ancianos y personas enfermas y desvalidas entregadas al cuidado del Estado de Chile. Todas estas personas estaban a cargo del Servicio Nacional de Menores (SENAME), un organismo gubernamental bajo control de Ejecutivo, administrado por personas asignadas a los diferentes cargos mediante cuoteo entre los miembros de los partidos de gobierno. Siempre bajo la supervisión y responsabilidad del Estado de Chile.

Ningún estado moderno ha cometido atropellos a los Derechos Humanos de ese nivel de maldad.

No cabe duda que los hechos ocurridos en el SENAME -bajo los gobiernos de la Concertación- caen en la misión del Museo encargado de “que a través de la reflexión ética sobre la memoria, la solidaridad y la importancia de los derechos humanos, se fortalezca la voluntad nacional para que Nunca Más se repitan hechos que afecten la dignidad del ser humano”.

Es nuestra obligación exigir que su martirio sea recordado mediante su inclusión en el Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos. No hacerlo solo destacaría que lo que se busca no es la protección de las personas y sus derechos sino el establecimiento de ventajas políticas y venganza contra las FFAA.

Si bien la Misión del Museo fue establecida específicamente para su objetivo de agredir a las FFAA, es evidente que “las violaciones sistemáticas de los derechos humanos por parte del Estado de Chile entre los años 1973-1990” tuvieron motivación, causas y actores mas allá de ellas. La desgracia de explicitar el contexto es que arruinaría el objeto político del Museo.

El conflicto base que dio origen al enfrentamiento interno de ese período fue el suscitado por la pugna entre el Gobierno Militar y el  Partido Comunista y su intento armado, -con abundante apoyo internacional- para revertir la derrota militar de 1973 y evitar someterse al proceso democrático establecido por el Gobierno Militar.

Así las cosas parece evidente que el Museo debe incluir la participación de los gobiernos extranjeros como Cuba, EEUU, la Unión Soviética, Alemania Oriental y la participación de las organizaciones guerrilleras sudamericanas que operaron coordinadamente en territorio chileno y que participaron como víctimas, cómplices y como violadores de los Derechos Humanos en Chile y en ese lapso . Caen exactamente en la Misión y en el lapso de tiempo materia del Museo.

Para finalizar, debemos considerar que en este período se han cometido las mas grotescas violaciones a los Derechos Humanos de los militares mediante la aplicación de procedimientos judiciales que fallan contra leyes expresas y vigentes, que procesan y condenan en forma injusta, inconstitucional, ilegal y arbitraria a militares y carabineros. No se ha respetado el principio de legalidad, el de igualdad ante la ley, la presunción de inocencia, de prescripción de la acción penal ni las normas del debido proceso.

Es evidente que esas causas serán revisadas y es muy probable que configuren un baldón imborrable para el Poder Judicial Chileno.

Los efectos de esos abusos serán corregidos y compensados, los culpables debidamente castigados y los antecedentes incluidos en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. No debe haber duda al respecto. Se hará justicia.

Si para mantener la privacidad de su actual Museo el gobierno prefiere crear nuevos museos para las víctimas del SENAME y para la “Memoria de los Crímenes Judiciales”, no se opondría a que la Multigremial de las FFAA en retiro, u otra organización ad-hoc, tenga un archivo igualmente privado de “La Venganza Judicial contra las FFAA de Chile”, financiado también por el Estado.

La reciente incursión del Ministro de Justicia que -siguiendo las aguas del Presidente de la Corte Suprema- manifiesta un interés tardío, condicionado y minúsculo respecto a la suerte de los militares presos políticos en Punta Peuco, es una manifestación concreta de un problema de fondo:

Cuál es la real naturaleza del Poder Judicial en Chile?:

1.- El Poder Judicial es una organización formada por personas selectas, de sólida formación jurídica; moral; imparcial, consecuente y capaz de auto controlarse o

2.- Es una organización burocrática que actúa como instrumento al servicio de los intereses de sus miembros; del gobierno de turno, de algunos grupos de poder existentes en el país y que requiere control democrático externo.

Debemos considerar que lo mas probables es que su naturaleza real esté situada en un punto entre ambos extremos en cuyo caso cada cual deberá determinar respecto a cual ellos lo encuentra mas próximo.

Un distinguido oficial de marina retirado, abogado, de inusual valor moral y probado hombre de bien, ha destinado años de arduo trabajo y esfuerzo mostrar al Poder Judicial y a los varios miles de profesionales del derecho en Chile las barbaridades jurídicas que el Poder Judicial ha cometido en perjuicio de centenares o miles de militares. Su profundo y detallado análisis señala errores, prevaricaciones y piruetas leguleyas que nadie se ha atrevido a desmentir, ni menos discutir abiertamente.

“Cometen delitos judiciales de lesa humanidad los jueces que fallan contra las leyes expresas y vigentes; que procesan y condenan en forma injusta, inconstitucional, ilegal y arbitraria a militares y carabineros; y que no respetan principios esenciales del derecho penal universal. Son cómplices de tales delitos las autoridades ejecutivas y legislativas del Estado por cohonestar la torcida aplicación de la ley y la prevaricación judicial, y por no efectuar las modificaciones legales necesarias para que dichos servidores de la patria les sea aplicado el mismo sistema procesal penal que le es aplicado a los demás chilenos.

A los militares y carabineros imputados por presuntos delitos ocurridos hace mas de cuatro décadas no les son respetados principios tales como el de legalidad y el de igualdad ante la ley, la prescripción de la acción penal, la presunción de inocencia y las normas del debido proceso, porque a ellos se les aplica en antiguo sistema de procedimiento penal; un sistema que vulnera los derechos fundamentales y que es incompatible con el derecho internacional de defensa de los DDHH”.

Toda la estructura jurídica nacional ha recibido esta crítica en absoluto silencio, ese silencio cobarde tan propio de la élite de los comunicadores y formadores de opinión pública de nuestro pobre país, domesticados por los grupos políticos y empresariales , dominados por sus mezquinas conveniencias personales, las timideces propias de personas de poca valía y merecimientos y paralizados por el temor a la máquina de difamar del Partido Comunista, guardan silencio cómplice.

La versión de la realidad que esgrimió la izquierda contra el Gobierno Militar fue que el Poder Judicial negó recursos de amparo a personas perseguidas por presuntos delitos, que mostró obsecuencia hacia el Poder Ejecutivo y que abandonaron gravemente sus deberes.

Ahora, bajo la dirección de ese mismo sector político y durante los últimos cuarenta años, sin inmutarse, han juzgado y condenado a militares ex miembros del aparato de seguridad de ese gobierno, aplicando leyes inexistentes, delitos ficticios, desconociendo la amnistía y lo peor, aplicando procedimientos judiciales no vistos desde la Alemania nazi o desde los juicios soviéticos contra sus disidentes.

El Poder Judicial que la izquierda condenó por servil hacia el Gobierno Militar y que habitualmente fue descalificado en forma soez, con un solo restallar del látigo del poder político esgrimido por P. Aylwin, fue puesto en cintura y llevado a cambiar su comportamiento hacia una dedicada incondicionalidad creativa en beneficio de los nuevos mandamases políticos, en una intensidad nunca vista en Chile.

Esta nueva “obsecuencia” ha tenido hitos llamativos: la creación de la ficción jurídica de los detenidos desaparecidos, aplicación de leyes con efecto retroactivo, los juicios risibles en su parcialidad y últimamente en la moda de las “filtraciones” que ha permitido a fiscales y jueces transformarse en actores políticos y mediáticos de primera magnitud, twiteros con miles de seguidores y opinólogos de cualquier tema o asunto. Todo esto mientras su capacidad para transformar estos escándalos políticos y mediáticos, creados artificialmente, no podían llegar a materializarse en fallos fundamentados. La evidente parcialidad en el trato benévolo a miembros de la izquierda política contrasta con el rigor aplicado a los opositores.

Estamos en presencia de una conducta reiterada que podemos pensar que forma una cultura, una forma de ser, una identidad.

Se siente venir un cambio de marea y alguna velas judiciales ya comienzan a orientarse a los nuevos vientos. Podría sobrevenir una tercera epifanía judicial en que, en forma súbita, los jueces y fiscales se percataran que la verdad y la justicia se encontraban en el otro bando.