A las 3:34 del 27 de febrero de 2010, en Chile hubo un terremoto acompañado de un maremoto de grandes proporciones. Desde ese mismo momento, todos los chilenos, con amplia experiencia en este tipo de fenómenos, supimos que nos encontrábamos ante un desastre mayor. No sabíamos dónde había sido el epicentro pero podíamos adivinar que la destrucción era inmensa.

Hubo pérdida generalizada de las comunicaciones de todo tipo, teléfonos fijos, celulares e internet; de la energía eléctrica y la conectividad terrestre.

A las 04:15 la Presidente de la República llegó a las instalaciones de la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI). En su declaración judicial expuso que “no tenía obligación de constituirse en la ONEMI, ya que las operaciones para el manejo de las crisis lo hace, desde allí, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) presidido por el Ministerio del Interior” y que concurrió ya que “allí sería posible obtener mayor cantidad de información” (que desde su oficina en La Moneda, se supone).

Ahí recibió la información disponible. Parece obvio que si se le dio era porque su calidad de Presidente así lo ameritaba y porque ella había ido ahí para eso. ¿Si no le correspondía tomar ninguna resolución y el manejo de la crisis estaba totalmente en manos del Ministro del Interior y su COE, ¿qué hacía ella ahí?, si solo era una espectadora ¿para qué quería estar informada de los detalles operativos?

Parece evidente que no estaba ahí en un rol periodístico sino en su calidad de Presidente de la República. Sin embargo, es destacable por lo contradictorio, que encontrándose la primera autoridad nacional presente en la ONEMI desde las 04:15, la crisis haya estado formalmente acéfala o en manos de funcionarios subalternos hasta la constitución del COE a las 06:30.

Como es de frecuente ocurrencia en casos de crisis mayores, la información disponible que se entregó a la Presidente fue contradictoria, en parte errónea, extemporánea y en general bastante confusa.

Preguntó por la magnitud, extensión y epicentro del terremoto, daños, víctimas o posibilidad de riesgo de tsunami; ahí supo que el terremoto era de grado 8,5 con epicentro 90 km al noreste de Concepción, o sea, en tierra. Que era extenso, afectando seis regiones del país, que no había información de víctimas y que el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) había descartado la posibilidad de tsunami, omitiéndose en este informe que a las 4:07 horas el mismo SHOA había enviado un fax de alerta de tsunami a la ONEMI, levantado  posteriormente.

A esa altura todo el Centro de Operaciones de Emergencia era un caos, la anomia y la abulia habían hecho presa de sus miembros. El video filmado por el director de televisión y empleado de la ONEMI señor Jorge Tapia Vidal, testigo directo de todo lo que ocurrió allí la noche de 27 de febrero de 2010, muestra el penoso espectáculo del “proceso de toma de decisiones” de  las máximas autoridades del país, en acción.

Tapia describe el caos: “Se produjo un cuello de botella porque el cúmulo de información que empezó a llegar, región, intensidad, los grados, los posibles deterioros, la conectividad, entraban en un tubo que se taponeó. Y como no había filtros se quedaron ahí… Toda la información que recababan los geólogos, los geógrafos, los sismólogos … hasta ahí no más llegaba”.

“Es inexplicable (que no se diera la alerta de tsunami). En la ONEMI hay un muro, con una pizarra donde están escritos qué hacer en caso de grado 1, 2 ó 3 y cuando llega al grado 7, se indica que hay que dar la alerta inmediatamente”.

Bastaba mirar el cartel de la muralla para que todos, incluyendo a la Presidente de la República, se dieran cuenta que un terremoto grado 8,5, se trataba de un desastre mayor y que había que evacuar a la población costera.

Era evidente que había que tomar urgentemente dos decisiones claves:

1.- Proteger la vida de la población: para lo cual había que decretar la  evacuación del borde costero en las regiones afectadas.

2.- Proteger sus propiedades: disponiendo la participación inmediata de las FFAA para el control de los saqueos que previsiblemente se iniciarían. Hay que recordar que debido al dictamen 42.822 de la Contraloría General de la República, a las FFAA les estaba explícitamente prohibido intervenir en cualquier situación civil sin una orden previa del gobierno.

No cabe duda que esas dos son decisiones de naturaleza absolutamente políticas y esa responsabilidad recaía en la Mandataria: era ella quien debía tomarlas, tanto si hubiera estado en la Moneda o en la ONEMI ¿O es qué alguien piensa que Pérez Yoma hubiera podido o debido decretar una evacuación de esa magnitud sin la autorización de la Presidente?; qué por estar el Ministro del Interior en funciones en el Centro de Operaciones de Emergencias la Presidente quedaba relevada de su responsabilidad de tomar las decisiones políticas?, o que el empleo de las FFAA lo iba a decidir Pérez Yoma en el COE?.

Ordenar la evacuación de millones de personas en medio de la noche es lo más político que puede haber en decisiones de gobierno; así como movilizar a las FFAA ante una emergencia descomunal y evidente, es completamente político. Tan político es que el ex ministro Bitar así lo confirma: “No podíamos entregar el gobierno con las FFAA en las calles”, dejando constancia del análisis político contingente de las consecuencias de tomar esa decisión. Y decidieron no hacerlo, dando prioridad a la “imagen” de la mandataria por sobre la “realidad” de la ciudadanía.

Más allá de los “protocolos” de la ONEMI, de la organización y del funcionamiento del COE y del lugar en que estuviera la Presidente de la República era esa la autoridad que debía tomar las riendas de la situación y decidir lo que fuera pertinente, sin más trámites ni dilaciones.

Las crisis representan peligro, y, en consecuencia, el valor es, por sobre todas las cosas, la primera cualidad de que deben estar dotados los líderes: valor en presencia del peligro físico y valor en presencia de la responsabilidad que deberán asumir como consecuencia de sus decisiones, acertadas o no; que tomen o dejen de tomar.

Las crisis también implican incertidumbre; tres cuartas partes  de las cosas sobre las que se basa la acción en esas condiciones, yacen ocultas en la bruma de una gran incertidumbre.

En presencia de esa incertidumbre, la Presidente espera y exige, en vano, que le llegue la información única, indubitable, completamente consistente y coherente con todas las noticias que recibe desde diferentes fuentes, que la libere de tener que tomar una decisión “política” y tener una opinión “técnica” a la cual atribuir la responsabilidad en caso que la evacuación resultara ser injustificada. Presiona al Director del SHOA para que le dé esa respuesta final, aun cuando éste dispone de menos información que la ONEMI y que ella.

Sin el valor para tomar una decisión, a la cabeza de su equipo que la había precedido en el derrumbe moral, cae en la inactividad y la impotencia.

Un célebre estudioso de la política y la guerra describe este proceso con gran estilo: “Cuando surgen las dificultades … cuando las cosas ya no funcionan como una máquina bien aceitada y comienzan a producir resistencia, el Jefe debe actuar con gran fuerza de voluntad. … El jefe debe luchar dentro de sí mismo con su propia sensación de la  disolución de todas las fuerzas físicas y morales y el espectáculo angustioso del sacrificio sangriento, y luego con todos los que lo rodean que, directa o indirectamente, le trasmiten sus sentimientos, sus temores y ansiedades. A medida que los individuos, uno tras otro, van agotando sus fuerzas, y su propia voluntad ya no basta para alentarlos y mantenerlos, la inercia de toda la masa comienza a descargar su peso sobre los hombros del comandante”.

Todas las crisis, y así lo muestra la historia hasta la saciedad, llegan a un momento en que todas las cabezas se vuelven hacia el Comandante y esperan de él La Decisión. Si ésta no llega, se precipita el desastre.

Allende en la Moneda, el 11 de septiembre, decide: “Se van todos, yo me quedo”; Piñera, el 5 de agosto, también en la Moneda, decide: “Los rescataremos”.

Bachelet, el 27 de febrero, en la ONEMI, no decide nada.

Eso es lo que mostró el video de Jorge Tapia, el derrumbe del equipo de gobierno presente en la ONEMI, incluyendo a la propia Presidente de la República, que se suponía debía ser su puntal indestructible. Ministros vagando con la vista perdida y la Presidente preguntando ¿y dónde está el piloto?, ante la inexistencia de un helicóptero  para volar -de noche- sobre Santiago; como si eso pudiera resolver algo.

En realidad, todos seguían obedeciendo a los mismos reflejos que Bitar: seguir haciendo política electoral, cuidando “la imagen” de la Presidente y “evitando los costos políticos” que los obsesionaron mientras fueron gobierno.

Cuando una falla de liderazgo de este tipo ocurre aisladamente, puede ser un accidente; cuando se repite una y otra vez, pone de manifiesto un déficit de carácter que debiera generar un profundo debate respecto a las condiciones de la ex-Presidente para ejercer un cargo de tanta responsabilidad y sujeto a desafíos tan graves como inesperados.

Los políticos están desprestigiados, y lo están por su incapacidad y falta de coraje para enfrentar las discusiones de fondo.  Basta de “blindajes”, piruetas judiciales e investigaciones ridículas en el Congreso, que nunca llegan a nada.

Dentro de lo que la prensa bautizó como “Caso Fragatas”, -la investigación llevada a cabo por el Fiscal de la Zona Oriente Carlos Gajardo para esclarecer los posibles delitos ocurridos en el proceso de modificación de las estructuras de las fragatas adquiridas por Chile al gobierno de Holanda-, se dispuso la incautación de la información contenida en el computador de uno de los investigados, el empresario  Guillermo Ibieta.

Este “disco duro”  fue incautado por la policía civil y entregado a la Fiscalía Oriente para, se supone, su custodia y análisis para los fines de la investigación. Muy poco después, un periódico electrónico nacional dio a conocer que había tenido acceso a los 100.000 archivos de información referida a “transacciones bancarias, informes de ex marinos chilenos, recomendaciones de lobby para distintos proyectos y un contrato secreto de Asmar”. Y precisa aun más: “Se trata de sólo una muestra de lo que contiene el disco duro de este “intermediario” de cuyos 43 gigabytes (el diario electrónico citado) obtuvo una copia íntegra. La misma que está en manos del fiscal de la zona oriente Carlos Gajardo”.

Esta información fue el puntapié inicial para varias semanas de especulaciones, suposiciones, cuestionamientos y nuevas acusaciones periodísticas a todas las personas y organismos que tuvieron la desgracia de estar mencionados en los documentos de Ibieta que, por lo demás, nadie podía asegurar que dijeran la verdad o mintieran.

Los afectados fueron severamente vulnerados en sus derechos. Los antecedentes obtenidos por la policía, en uso de las atribuciones entregadas a ellos para apoyar a la justicia, se transformaron en instrumento para juzgarlos y condenarlos frente a la opinión pública. No tuvieron ocasión de defenderse; fueron declarados culpables aunque la justicia, eventualmente, los declare inocentes.

El procedimiento parece ilegal e inmoral, sin embargo lo más grave es que no se aclaró la fuga de información secreta desde la Fiscalía Oriente desde la Policía o desde otra fuente, hacia el medio electrónico.

Pero es peor, esta situación, en si misma seria y preocupante, no terminó ahí. El fenómeno volvió a repetirse.

Dentro de la misma investigación, el Ministro de Fuero Manuel Antonio Valderrama Rebolledo y el Fiscal Metropolitano Oriente Carlos Gajardo, solicitaron  al Ministro de Defensa amplia información respecto al proceso de adquisición de los buques y materiales conexos, la que fue entregada por el Comandante en Jefe de la Armada al Ministro de Defensa Nacional mediante el Oficio Secreto N° 4561/3079 del 25 de Junio de 2012, –  junto a una carpeta con información  clasificada como Secreto, respecto al cual se solicitó tener presente lo señalado en el Código de Justicia Militar, el Código de Procedimiento Penal y el Código Procesal Penal en cuanto a “evitar la divulgación de la información durante la investigación y substanciación del eventual proceso y que al término de éste, los antecedentes sean devueltos a la Armada”.

Pues bien, muy poco después, el mismo medio digital los dio a conocer, in extenso y completamente, en su publicación electrónica. Nuevamente, ni el Ministro de Defensa Nacional, ni el Ministro de Fuero, ni el Fiscal de la Zona Oriente  tomaron acción legal ante esta gravísima vulneración de la seguridad de la defensa nacional.

De acuerdo a la ley, dentro de las 24 horas de haberse producido la publicación de estos documentos, y mediante ella, de haberse producido un eventual delito, las autoridades afectadas debieron haber interpuestos las denuncias correspondientes. En efecto, sea el Fiscal de la Zona Oriente o el Ministro de Defensa debieron haber procedido en la forma señalada. Aparentemente -algunos días después- sólo el Comandante en Jefe de la Armada lo habría hecho. Nada se ha sabido del avance de esa investigación.

Caben muchas preguntas, pero sin duda la primera y principal es saber la causa del aparente incumplimiento de la obligación funcionaria de diversas autoridades del Ejecutivo y también del Poder Judicial de denunciar posibles delitos que los podrían involucrarlos a ellos mismos y llevar a cabo las investigaciones necesarias para identificar a los culpables, los responsables, sus cómplices y determinar las razones de la repetición de hechos similares que configuran graves violaciones a la seguridad de la defensa nacional, delito que en todo el mundo es sancionado con severidad.

Y sigue. En otra investigación posterior, la referente a las responsabilidades de la forma caótica en que ¿se manejó? el terremoto y maremoto del 27 de febrero del año 2010, la fiscal Solange Huerta encargó a un equipo de la Policía de Investigaciones una completa indagatoria al respecto. Esta información, se supone, debía ir a complementar las declaraciones de muchas personas involucradas, de testigos y del análisis de múltiples documentos, algunos de capital importancia como el Plan Nacional de Catástrofes, que en conjunto deberían proporcionar a la jueza los elementos para atribuir inocencias y culpabilidades en forma justa, legal y ecuánime.

Esta vez, de nuevo, el primer informe, un voluminoso documento, fue “filtrado” a la prensa, es decir, los encargados de su custodia en el Juzgado, en la Policía o en otro lugar, nuevamente no cumplieron sus obligaciones y dieron la oportunidad a que comentaristas periodísticos inescrupulosos festinaran su contenido atribuyendo culpas, acusaciones e imputaciones de todo tipo a ciudadanos que, otra vez, quedaron a merced, -indefensos e impotentes-, de este poder fáctico conformado por los administradores periodísticos de la información judicial reservada. Lo mismo sucedió con un segundo informe,  del cual un periodista se ufana “El informe entregado esta semana, de 1.983 páginas (cinco tomos), es una ampliación del que la misma Fuerza de Tarea Reservada Occidente de la PDI entregó en febrero de 2012 a la fiscal Solange Huerta, que tenía 8.514 páginas (20 tomos). El total, por tanto, llega a las casi 10 mil páginas. Este último es más macizo, porque afina y concluye episodios incompletos en el anterior” y luego procede a describir su contenido y entregar sus especulaciones.

No es conducente y no es justo atribuir estas situaciones a la prensa como actividad o como gremio; menos cuestionar la libertad de prensa. Tampoco debilitar lo avanzado respecto a transparencia de los actos de las autoridades o funcionarios, pero es imprescindible la existencia de una contrapartida efectiva que acote la impunidad de los que trasgreden esas normas en beneficio propio -fama o dinero-.

El incumplimiento por parte de las autoridades Judiciales, Ministeriales, de la Policía y otros, de las normas legales que los obligan a denunciar, investigar y sancionar las conductas ilegales, abusivas y prepotentes de las autoridades en perjuicio de los ciudadanos de a pié, no puede ser tolerado. Menos la conformación de asociaciones ilícitas entre periodistas carentes de ética y traficantes de información reservada.

Mañana el afectado puede ser usted.

La forma tradicional de segmentar el espectro político y electoral en Chile –derecha, centro e izquierda- sufrió una primera baja con el debilitamiento y posterior extinción del “Centro”: la incorporación de la Democracia Cristiana a la Concertación y la virtual desaparición del Partido Radical. Con el transcurrir de los eventos electorales la Democracia Cristiana fue desperfilándose hasta casi desaparecer como actor político relevante y diferenciado.

Así es como quedaron dos grandes conglomerados: la izquierda y la derecha. La primera  integradas por el PS, el PC y los escombros de la DC y la segunda por RN y la UDI. Esto en lo formal. En la realidad, este esquema fue prontamente sobrepasado y se hizo insuficiente como instrumento para comprender la realidad política e incapaz de prestar un servicio útil para entender los procesos en el sistema político.

Lo que se conoció como “derecha política” y “derecha económica” dejaron de ser coincidentes. Ni siquiera siguieron siendo funcionales una con la otra. La primera quedó contenida en RN y la UDI y centró su interés en el juego parlamentario; en el debate ideológico desde una perspectiva dominada crecientemente por la ideología liberal y en la negociación parlamentaria con la izquierda, y la segunda, la derecha económica, comenzó a actuar en forma autónoma y negociar su apoyo y financiamiento con los grupos y partidos políticos de todo el espectro político, en base exclusivamente a sus intereses económicos corporativos. Alejándose de la ideología y de la política partidista de la derecha.

La antigua “izquierda” se segmentó también en dos corrientes. La primera que podríamos denominar “de gobierno”, reúne a las personalidades conspicuas de la izquierda tradicional –a los guerreros cansados- que aspiran y luchan por conseguir las mejores condiciones económicas personales y familiares posibles  y su inclusión a la socilité respetable de Chile mediante la conquista y administración del Gobierno y el aparato estatal, y una segunda corriente de izquierda que podríamos denominar “francesa”, preocupada de los problemas ambientales, de género, de los derechos reproductivos, de los homosexuales, de la sociología del desarrollo, de la creación de un estado de bienestar, de la justicia garantista y de los problemas de la pos modernidad en general.

Como se puede apreciar, los intereses de la “derecha económica” tienen una amplia intersección con los de la “izquierda de gobierno”. Asi es como se ven empresarios arrimados a la izquierda política y a varios asociados simultáneamente en ambos bandos. Ambas corrientes –derecha económica e izquierda de gobierno- conforman lo que se podría denominar el  “Grupo Económico”, que supera el ordenamiento político tradicional y se concentra en la realidad del poder económico.

Por el otro lado, la derecha política terminó siendo dominada por los “Liberals”, sectores de ideología liberal que hacen juego y son la contraparte benévola de la izquierda europea. En conjunto, “Franceses” de izquierda  y “Liberals” de derecha, conforman un ámbito de debate ideológico, valórico, o como se quiera llamarlo, de temas que preocupan a las elites intelectuales mundiales, -tengan o no que ver con las realidades nacionales-, que podríamos denominar el “Grupo Liberal”. Son los promotores de la pos modernidad en Chile y actúan como si constituyeran la vanguardia que está creando la contrapartida cultural del progreso económico alcanzado por el país. Esta vanguardia gestiona los medios de comunicación social en asociación con los empresarios que -como se dijo- cubren el total del espectro político – partidista y desde ahí maneja la agenda mediática que pone en tabla sus temas, sin afectar substancialmente a los intereses del Gobierno ni de los grandes empresarios, que son quienes los financian y sustentan en su quehacer.

Queda sin afiliación ni representación un gran número de ciudadanos que no participan en ninguno de los dos Grupos ya caracterizados, ellos constituyen la “clase media”, la pequeña burguesía o el ciudadano común, con intereses concretos, valores tradicionales y aspiraciones modestas que quedan excluidos de los temas que los dos Grupos anteriores ponen  en tabla y que dan origen a la diferenciación electoral y política formal del país. Su desinterés en política se basa, justamente, en que sus intereses no se intersectan con los de los otros dos Grupos identificados.

A este segmento podríamos denominarlo el Grupo de Clase Media y su existencia se hace evidente cuando se comparan los resultados de las encuestas de opinión y las electorales, en las que valoran el trabajo, la educación, el ahorro, el orden, la paz social, la evolución política, el respeto a las reglas y la seguridad, que tienen terror de regresar a la pobreza o que un tropezón les quite todo lo que han logrado a punta de esfuerzo y sacrificio. Estas personas, cuando son interrogadas sobre asuntos que les interesan superficialmente, como la Reforma Tributaria, la Ley Zamudio, el activismo por los Derechos Humanos, Patagonia sin Represas y Energía Renovable y No Contaminante, responden cualquier cosa “políticamente correcta” o repiten las consignas más voceadas, que suelen ser las más extremas. Este grupo casi no tiene representación política.

Las encuestas son elocuentes: lo que más les interesa en orden de prioridad: Educación; Salud; Pobreza; Sueldos; Empleo; Drogas. Lo que menos les interesa: Medio Ambiente; Derechos Humanos y Reformas Políticas. Pero hay más, se puede apreciar, que cuando el Grupo Liberal incursiona en las áreas de interés de la clase media, lo hace desde una perspectiva sociológica e ideológica: inclusión, desigualdad, conflictos sociales, y no desde la que preocupa a los afectados: pagar deudas; pagar educación; obtener educación de buena calidad y útil para que sus hijos se ganen encuentren empleo y se ganen la vida, evitar las violaciones y asaltos en sus barrios, transporte decente y barato, salud digna y conseguir políticos que efectivamente los representen.

El tema de derechos humanos es interesante de analizar: Cada cierto tiempo, se produce algún aniversario y los grupos Liberal y Económico, apoyados en su completo control de los medios caen en sus “dos minutos de odio”;  instalan una agenda que tiene a todo Chile de cabeza durante una semana, al cabo de la cual, el grupo que logró impactar mas cuenta con nuevos recursos para seguir su pelea “valórica” y dentro de cada bando sus miembros se realinean de acuerdo a las ganancias y pérdidas del ejercicio; y “vuelve el rico a su riqueza, vuelve el pobre a su pobreza y el señor cura a sus misas” … hasta el próximo aniversario, mientras las FFAA continúan al tope de la tabla de reconocimiento y afecto popular nacional.

Tal vez esto tal vez explique la proliferación de candidaturas presidenciales de afuerinos a los dos grupos mencionados. El riesgo es que uno de estos días aparezca un proyecto nacional – socialista a lo Hitler, que capitalice las frustraciones, miedos y esperanzas de la Clase Media, espina dorsal de Chile y triunfe con un proyecto totalitario. La alternativa es que aparezca una Angela Merkel con un proyecto social – cristiano de economía social de mercado; que funde una nueva derecha que sepa capitalizar democraticamente estas ansiedades y resolverlas.

Las palabras han perdido todo su significado. Los juegos de declaraciones, silencios, trascendidos y chamullos de los candidatos presidenciales y sus grupitos me tienen confundido. Como ya no entiendo quién dice qué va a hacer que, me he visto forzado a poner por escrito, en castellano simple y directo, que es lo que quiero como programa de gobierno para los próximos cuatro años. A partir de este listado, veré cual candidato es el que me interpreta. Si no hay ninguno, no voto.

Por si le es de utilidad, se los muestro:

1.- Economía.

En los últimos 40 años a mi familia le ha ido bien. Desde 1996, Chile tiene el ingreso per cápita más alto de la región. Entre 1973 y el 2014, el ingreso de las personas aumentó sensiblemente. Desde 1990 a la fecha, la pobreza se ha reducido mucho. El desempleo ha bajado sustancialmente y la inflación ha sido muy baja. Lo anterior indica que estamos en el buen camino.

Chile es una continuidad, si perseveramos siguiendo con lo que está resultando bien, seguramente seguiremos avanzando en forma sostenida.

En breve, en lo económico, no quiero revoluciones ni cambios radicales. Que por ningún motivo aumente el desempleo, ni la inflación ni que se detenga el crecimiento del país. No sé si la manera de allegar recursos para el estado es aumentando o disminuyendo los impuestos –eso es instrumental-, lo que quiero es que el gobierno disponga de los recursos necesarios para apoyar a los que de veras lo necesitan, pero sin matar la gallina de los huevos de oro.

Las claves que yo quiero que se respeten son: estabilidad de las reglas; apoyo a las pymes; control de los gastos fiscales y que las grandes empresas paguen sus impuestos sin hacer “planificación tributaria” tramposa.

2.- Desigualdad.

Si bien la igualdad no existe ni entre las personas ni entre los grupos ni entre las regiones, no me gustan las desigualdades excesivas. El gran igualador es la educación y el reconocimiento de los méritos de cada persona independiente de sus relaciones y apellidos. Esto no es fácil ni rápido de resolver, pero hay que avanzar decididamente y no postergarlo más.

Es evidente que en este tema hemos avanzado, pero falta. La empresa privada, con excepción de los puestos directivos, no se fija mucho en apellidos; busca y paga a la gente por sus resultados (es uno de los beneficios del lucro). No ocurre lo mismo en la administración pública, donde la repartija va más bien por las relaciones políticas y sociales, aquí mi gobierno tendría mucho por hacer. Lo mismo en las universidades, empresas del Estado (en especial Codelco), judicatura y otros en que los empleos se traspasan de padres a hijos y entre parientes y amigos.

Hay personas –familias- que nunca podrán salir de la marginalidad y la pobreza sin ayuda. Ellos requieren apoyo de mi futuro gobierno, pero a cambio del esfuerzo y compromiso de los beneficiarios. Nada de regalos ni bonos. Existen programas sociales para ello, hay que mejorarlos, hacerlos más potentes, más justos, eliminar su uso político y mejorar su eficiencia. Que la ayuda llegue en forma efectiva y oportuna a los que verdaderamente la necesitan. La mejor ayuda es capacitación y empleo, lo sé por experiencia.

La clase media está saliendo adelante, no necesita mucha ayuda, pero si requiere apoyo para hacerles la vida más grata: especialmente en vivienda, educación, salud y transporte.

3.- Educación.

Estoy dispuesto a aportar lo mío para que ningún estudiante capaz quede fuera del sistema y que sus posibilidades de progreso no sean limitadas por la mayor o menor solvencia económica de sus padres. Pero que se entienda bien, los estudiantes y padres que se beneficien de mi esfuerzo también deben comprometerse y cumplir. Deben estudiar y obtener buenos resultados académicos. No estoy para mantener flojos, vagos ni agitadores. Los profesores deben ser evaluados y, al igual que los alumnos flojos, si son deficientes, eliminados del sistema con financiamiento estatal. Los malos estudiantes que quieran seguir en la universidad, que paguen sus padres en una universidad privada. Los niños que destruyen los establecimientos en que se suponen que estudian o maltratan a sus profesores, deben ser eliminados del sistema estatal.

La diferencia entre las personas la hace la calidad de la educación que, como dije, creo que descansa principalmente en el esfuerzo de los estudiantes. Otros elementos importantes son la calidad de los profesores y la calidad de los establecimientos educacionales. Si a los malos profesores los quiere contratar un colegio particular, es asunto suyo. A los buenos profesores del sistema estatal hay que subirles el sueldo al doble o triple. Que los estudiantes de pedagogía se peleen por ser profesores de escuelas y liceos fiscales.

No me importa que haya establecimientos educacionales sin o con fines de lucro, tampoco que sean privados, estatales o algún tipo de combinación, que sean nacionales u originarios de otros países. Me importa que sea posible pagarlos y que la educación que entreguen sea de la mejor calidad. Para lo anterior, no tengo la solución, y no me interesa cual sea, me basta con que sean buenos y al alcance de mis capacidades económicas, con becas, aporte del estado o la solución que sea, siempre que funcione. Mientras más alternativas haya, mejor.

La educación pre escolar, la básica y la técnica son las que más urgentemente necesitan atención y apoyo porque son las más importantes.

4.- Gobierno.

El centralismo me asfixia. Los que vivimos en regiones no somos menos inteligentes ni menos responsables que los santiaguinos y sabemos bastante mejor que ellos que es lo que queremos y como lo queremos. Que parte sustantiva de los impuestos que las empresas pagan en cada región, queden en ella y déjennos administrarlos solitos.

Quiero gobierno regional elegido y con poder.

5.- Institucionalidad.

Siempre es mejor que haya menos senadores y diputados. Las regiones no necesitan más “representantes”, ya que los políticos ¿trabajan? para promover intereses económicos, partidos y grupos políticos e intereses de grupos sociales organizados, pero no al común de la gente (excepto en períodos electorales).

No quiero reelecciones ni destituciones del presidente de la república, por ese camino iríamos directo a la vía venezolana o argentina.

Quiero revocación de sus cargos, por parte de los ciudadanos de la región por la que fueron elegidos, para los diputados y senadores que se cambien de partido; no cumplan sus deberes o pierdan la confianza de sus electores. Más transparencia de los políticos respecto a sus haberes e intereses personales. Examen anti drogas periódico y obligatorio; asistencia mínima controlada a votaciones y comisiones;  reducción de “dietas” y asignaciones; sanciones efectivas por abuso de poder.

6.- Energía

No podemos seguir negándonos a todas las alternativas. No más carbón. No energía nuclear hasta que estemos seguros que no implica riesgos como los de Fukushima. Si a la energía hidroeléctrica, es la mejor y más abundante que tenemos. Si a las energías limpias y renovables, pero por ahora como complemento de la energía eléctrica.

7.- Relaciones exteriores.

No más contemplaciones con los abusos y despropósitos de los actuales gobiernos argentino y boliviano. Respeto al fallo de la Corte Internacional de Justicia y adelante con la Alianza del Pacífico. Sigamos avanzando hacia Oriente.

Las mejores relaciones con la región, pero sin acompañarlos en sus aventuras y desvaríos ideológicos.

8.- Seguridad

La justicia “garantista” nos quedó grande. Que los tribunales apliquen una mano más dura y que se avance substantivamente en el uso de “penas alternativas” a la privación de libertad. Que los padres sean hechos responsables de los delitos de sus hijos menores de edad.

Las ciudades son unos chiqueros: perros abandonados, paredes rayadas, calles sucias, con mala iluminación, plazas abandonadas o invadidas por muchachos borrachos, drogados o teniendo sexo en público. Este es el punto de partida para controlar la delincuencia. Hay que hacer un esfuerzo serio en esa dirección.

No más encapuchados; bombas molotov ni destrucción de buses y mobiliario urbano. No mas agresiones a Carabineros.

9.- Salud

Vamos avanzando. Hay que mejorar el control sobre las Isapres y controlar la calidad del servicio y de la gestión en los hospitales públicos y particularmente a los médicos.

10.- La Constitución.

Me parece que todo el asunto es una moda política. Fuera de modificar el sistema electoral bi-nominal y la ley de partidos políticos para poner fin a las reelecciones de los parlamentarios, el resto es cuento. No me interesa.

No es mucho lo que pido, solo que los políticos también piensen en nosotros y no solo en ellos.

En el contexto de las conmemoraciones del tercer aniversario del terremoto y tsunami del 27 de febrero del año 2010 han aparecido varios artículos referidos a las circunstancias políticas de los eventos de dicha noche.

Políticas?. Si, pues es obvio que las instituciones que debían actuar no funcionaron. Para algunos no funcionaron los órganos técnicos, como planteó Oscar Garretón en un periódico; para otros no funcionó el Mando Político, como quedó claro en el video que muestra a la Presidente Bachelet y su gabinete en la Onemi, sin saber que decidir ni desarrollando ninguno de los protocolos que la Directora de esa oficina había asegurado que existían. Sin embargo, es el trabajo de Ascanio Cavallo el que más sorprende, pues en una extensa serie de tres artículos desarrolla y comenta en detalle algunos de los procesos y eventos que ocurrieron esa fatídica madrugada. Sorprende por la manera en que, audazmente, se aleja del periodismo e incursiona en la hermenéutica manipulatoria.

El reportaje “La Ola Maldita” del periodista Juan Andrés Guzmán recibió el Premio de periodismo de excelencia que entrega anualmente la Universidad Alberto Hurtado y también ganó la categoría de mejor crónica. Relata que “El bote pesquero Pinita estaba a 5 millas al oeste de Constitución cuando comenzó el terremoto. El agua borbotaba y hacía crujir el barco. Todos estuvieron de acuerdo en que eso tenía que ser un terremoto. El capitán Ibarra llamó a su mujer por celular. Mientras hablaba, Ibarra recibió un llamado por radio de la Capitanía de Puerto de Constitución. Los marinos querían saber si veía olas yendo hacia la costa. —Negativo— respondió. Tras hacerlos brincar, el mar había vuelto a tener la quietud de un estanque. Y eso fue lo que informó”. Los tripulantes del Pinita se quedaron especulando sobre cómo estaría su ciudad.

Desde las 3:34 los marinos de la Capitanía de Puerto de Constitución se quedaron con esa información -el COE (Comité de Operaciones de Emergencia) de Concepción estaba mudo- hasta las 4:20 en que la misma Pinita (o la Pinta) les informó que tres grandes olas se dirigían a Constitución. Los marinos evacuaron su puesto entre las 4:20 y las 4:25 en que las olas llegan a la costa (en 5 minutos). Ante esta reacción Cavallo  llama a escándalo: “los marinos abordan la camioneta fiscal y vuelan hacia las alturas … no hacen ni el más mínimo intento de evacuar a la población … solo huyen” y lo compara con un comportamiento cuasi heroico de un periodista radial que habría participado en un intento de organizar una evacuación, pero sin decir donde estaba el periodista cuando las olas llegaron. Obviamente no estaba en la playa donde el Cavallo quería, sin explicar para que, ver a los marinos atajando las olas sin destino. En cinco minutos y en el borde del mar no cabía mas que escapar. El heroísmo fatal no tenía ahí utilidad alguna.

No tengo ninguna razón para pensar que el periodista en cuestión quiera perjudicar a la Armada, ni a las FFAA, menos aun a funcionarios de bajo rango que hacen su trabajo tan honradamente como pueden, pero debo reconocer que no consigo entender el sentido de sus imputaciones.

Al comienzo del gobierno de Aylwin, se estableció como política explícita y sostenida en el tiempo el marginar a las FFAA de toda acción que las pusiera en contacto directo con la ciudadanía. La prueba inicial –desastrosa- fue un intenso temporal de nieve bautizado como “el terremoto blanco” que azotó a Magallanes, en la cual ese gobierno no quiso recurrir a los medios de que las FFAA disponían; vehículos para nieve que podían transitar sin problemas en esas condiciones. Esto resulta claramente contrario al deber de un Gobierno, pero quizás las circunstancias del período hacían predominar la ideología por sobre el Bien Común.

En los sucesivos gobiernos de la Concertación esta aproximación siguió igual o peor. La sucesión de decisiones y políticas que se aplicaron a lo largo de varios de sus gobiernos fue el camino que llevó a esta situación de ineficacia gubernamental.

Veamos algunos ejemplos concretos.

Por Decreto N° 156 del 12 de marzo de 2002 se aprobó el Plan Nacional de Protección Civil, el plan maestro para organizar la respuesta del Estado ante catástrofes de gran envergadura. La única participación asignada a las FFAA fue la de incorporarse a los Comités de Operaciones de Emergencia (los COEs), pero no como Instituciones, orgánicamente, sino sólo con la presencia de un representante en la intendencia de cada región, para aportar los medios y recursos existentes en el lugar de la catástrofe,

Puesto en simple, el Plan preveía que las FFAA pusieran personas, camiones, carpas, cocinas etc. a disposición de los COE y cada Intendencia decidiría, dirigiría, coordinaría y comunicaría  todo, dejando a toda la estructura de mando – personas, comunicaciones y recursos de mando y control- de las instituciones, fuera del sistema. En las regiones, bajo el mando del Intendente y a nivel gobierno, bajo la dirección del Ministro del Interior:

El Plan dice que cada C.O.E., debía disponer de “un lugar físico que debe contar con las facilidades necesarias de comunicación, para centralizar la recopilación, análisis y evaluación de la información de modo que permita, de acuerdo al tipo de evento destructivo, realizar las coordinaciones, tomar decisiones oportunas y precisas, diseminar información procesada a los servicios técnicos ejecutores, autoridades superiores y medios de comunicación social”. Lo mismo vale para el COE de la ONEMI a cargo del Ministro del Interior.  Clarito. Sólo que ese lugar dotado de esas capacidades nunca existió.

Es en esos COEs  donde se debían reunir todas las informaciones, tomar las resoluciones disponer las acciones y  “diseminar las informaciones a los servicios técnicos ejecutores”. En pocas palabras, es de esos COEs desde donde debieron haber salido las informaciones hacia el SHOA informándole que lo que leían en sus instrumentos no se correspondía con la realidad objetiva reconocida e informada por otros medios dependientes de los COEs.

Es evidente que el gobierno de Bachelet pretendía continuar con lo que a esas alturas era un proceso asumido por más de una década: La política en aplicación desde Aylwin, -dejar a las FFAA solo como proveedores de personas y equipos actuando desarticulados de sus mandos-, sin que se haya leído o escuchado nunca alguna crítica a esa manera tan curiosa de planificar. Este criterio fue refrendado por el Decreto Exento N° 760 del 25 de febrero del 2010, que dispuso que ocurrido un evento catastrófico, su validación debería  ser verificada por los Directores Regionales de la ONEMI y efectuado lo anterior y previa aprobación de la Dirección Nacional de la ONEMI se efectuaran los requerimientos necesarios de fuerzas militares al Estado Mayor Conjunto.

No sólo no había voluntad para emplear orgánicamente a las FF.AA, como abiertamente reconoció el ex ministro Bitar posteriormente, sino que incluso el proceso para hacerlo en forma inorgánica era tan engorroso y complejo, que nunca podría funcionar en una situación catastrófica. Y así fue.

El 27 F en la ONEMI estaban todas las autoridades necesarias para disponer y hacer uso de las FFAA, desde la Presidente de la República hasta el Jefe del Estado Mayor Conjunto, pasando por los Ministros del Interior y de Defensa (recordar que los Comandantes en Jefes no estaban porque habían sido excluidos por ley) y nadie, repito, nadie, pidió que se autorizaran fuerzas militares para tomar el control de los disturbios y saqueos que ocurrían en Concepción. Bastaba que la presidente decretara Estado de Emergencia, lo que no hizo sino hasta el día siguiente.

No se puede sostener con seriedad, como lo hace Cavallo, que “las FF.AA. fallaron a Bachelet”, está claro que la falla mas gruesa fue del Ejecutivo, primero al hacer planes absurdos, mantenerlos sin cambios en el tiempo y finalmente no ser capaz de tomar las decisiones para intentar cumplirlos. Eso es ver lo que conviene ver.

Esta es una de las razones por las cuales es tan extraña e incomprensible su insinuación de Ascanio Cavallo de que la resistencia a salir a la calle por parte de las fuerzas de Ejército en Concepción sean “el tardío reflejo del resentimiento” por haber perdido protagonismo. ¿Resentimiento?. ¿Protagonismo?. Recordemos que Vidal, a la sazón Ministro de Defensa, nos recordaba frecuentemente lo plenamente integradas que estaban las FF.AA a la vida social chilena. Decidámonos, o las FFAA estaban reinsertas en la sociedad o no lo estaban, pero no se puede elegir de acuerdo a las conveniencias  circunstanciales. Eso sería acomodaticio y oportunista.

¿En que quedamos?.  Si la Presidente, que había reunido bajo su mando (a través de la ONEMI) a TODOS los recursos de acción del país; que podía decretar su empleo en el momento que quisiera; que estaba en comunicación con Tohá, Intendente de Concepción, no quiso sacar a las fuerzas militares a la calle, ¿debería hacerlo un militar, -el comandante de la guarnición de Ejército de Concepción-, por si y ante si?. ¿O es que el comentarista está proponiendo una acción fuera de la Ley?. 20 años de prédica, y práctica contra la iniciativa militar tienen efectos. Cuando al fin se decidió a hacerlo, en la tarde del día siguiente, la respuesta fue muy rápida y efectiva.

Cuando a las FF.AA. se les ordeno actuar en el marco de la Institucionalidad, lo hicieron con el aplauso de la sociedad, ¿o alguien olvida los, literalmente, aplausos de los ciudadanos penquistas ante la llegada de las columnas militares a la zona de catastrofe?. La TV tiene múltiples ejemplos, en Youtube también los hay.

Desde la misma mañana del 27 de febrero, se inició el proceso para transferir las culpas al SHOA. Sorprendentemente el primero y más virulento fue el entonces Ministro de Defensa, Francisco Vidal, responsable político de la defensa y furtivo  co-autor del funesto Decreto Exento N° 760. ¿Cómo entender esta actitud?. Que  el autor directo de las normas que mantenían a las FF.AA fuera de los procesos de decisión y acción dispuestos en el Decreto Exento Nº760 pretendiera que las FFAA violaran la ley, esta vez en su beneficio, parece oportunista.

El SHOA es UNO de los múltiples  organismos técnicos relevantes en una catástrofe  y como tal ASESORA a la autoridad de la cual depende, en este caso, al COE de la ONEMI. Nunca podría, por si mismo, anunciar a la población la eventualidad de un maremoto ni menos decretar una evacuación. Esa era responsabilidad política de la Presidente y de la ONEMI. El SHOA no tenía ni podía tener otra información que la de sus instrumentos ya que no contaba con observadores propios en la costa. Para eso estaban los COE regionales y el COE de la ONEMI. Nunca recibió ni la mas mínima información del COE como resultado de “la recopilación, análisis y evaluación de la información que este recibía de otras fuentes no hubo” diseminación de la información procesada a los servicios técnicos ejecutores”, como lo disponía el Plan Nacional de Protección Civil de la ONEMI y que el informe de la PDI declara que estaba disponible desde las 05:17  horas y era suficiente para tomar la decisión de disponer la evacuación.

No hay dudas de que el SHOA demostró una conducta titubeante y poco efectiva, pero pretender que esto es la causa de todos los problemas equivaldria a reclamar porque al chocar con el iceberg se derramó la sopa a bordo del Titanic. Lo que falló fue un cúmulo de procesos, pero sobre todo falló la capacidad superior de toma de decisiones, graficada en video en los  titubeos, contradicciones, obsesiones y falta de decisión. Una política destinada a reducir el rol de las FFAA en las catástrofes, cuya participación tradicional , probadamente eficaz, fue reemplazada por palabrería, propaganda y apariencias que se desarmaron por todas sus costuras cuando fue sometida a la prueba de  una catástrofe súbita, descomunal y muy extensa. Una Presidente que pedía un helicóptero para volar en medio de la noche sin un objetivo útil reconocible, es la evidencia final de este colapso.

Es evidente que como Estado, Chile no estaba preparado para la catástrofe que ocurrió. Muy probablemente cualquier plan hubiera quedado corto, pero la debacle de la gestión de la ONEMI, y sobre todo la incapacidad de la ex Presidente para tomar la decisión de disponer la evacuación de la población costera y poner a las fuerzas militares a controlar los desmanes, no hubieran revestido el carácter tan dramáticamente ineficiente que tiene lo acontecido esa trágica madrugada.

En este contexto, ya conocido, debatido hasta la náusea y hasta judicializado, es que resulta incomprensible la aproximación de Cavallo, para peor, reiterada en tres capítulos. La falta de investigación de los documentos primarios: planes, leyes, decretos es evidente, todo es comentario polarizado.

Resulta incomprensible que una persona de su fuste profesional y cargo académico se deje llevar por la pasión en esa forma. La acumulación de adjetivos, sentencias y frases semi acusatorias; la puesta en duda de hechos que no puede desmentir pero que no acepta que sobrevivan como verdades, parecían ajenos al estilo del Decano.

Decidámonos, o las FFAA estaban reinsertas en la sociedad o no lo estaban, pero no se puede elegir de acuerdo a las conveniencias  circunstanciales. Eso sería acomodaticio y oportunista.

¿En que quedamos?.  Si la Presidente, que había reunido bajo su mando (a través de la ONEMI) a TODOS los recursos de acción del país; que podía decretar su empleo en el momento que quiera; que estaba en comunicación con Tohá, Intendente de Concepción, no quiso sacar a las fuerzas militares a la calle, ¿debería hacerlo un militar, -el comandante de la guarnición de Ejército de Concepción-, por si y ante si?. ¿O es que Cavallo está proponiendo que debeían emprender una acción fuera de la Ley?. Cuando al fin se decidió a hacerlo, en la tarde del día siguiente, la respuesta fue muy rápida y efectiva.

Cuando a las FF.AA. se les ordeno actuar en el marco de la Institucionalidad, lo hicieron con el aplauso de la sociedad, ¿o alguien olvida los, literalmente, aplausos de los ciudadanos penquistas ante la llegada de las columnas militares a la zona de catastrofe?. La TV tiene múltiples ejemplos, en Youtube también los hay.

Desde la misma mañana del 27 de febrero, se inició el proceso para transferir las culpas al SHOA. Sorprendentemente el primero y más virulento fue el entonces Ministro de Defensa, Francisco Vidal, responsable político de la defensa y furtivo  co-autor del funesto Decreto Exento N° 760. ¿Cómo entender esta actitud?. Que  el autor directo de las normas que mantenían a las FF.AA fuera de los procesos de decisión y acción dispuestos en el Decreto Exento Nº760 pretendiera que las FFAA violaran la ley, esta vez en su beneficio, parece oportunista.

El SHOA es UNO de los múltiples  organismos técnicos relevantes en una catástrofe  y como tal ASESORA a la autoridad de la cual depende, en este caso, al COE de la ONEMI. Nunca podría, por si mismo, anunciar a la población la eventualidad de un maremoto ni menos decretar una evacuación. Esa era responsabilidad política de la Presidente y de la ONEMI. El SHOA no tenía ni podía tener otra información que la de sus instrumentos ya que no contaba con observadores propios en la costa. Para eso estaban los COE regionales y el COE de la ONEMI. Nunca recibió ni la mas mínima información del COE como resultado de “la recopilación, análisis y evaluación de la información que este recibía de otras fuentes no hubo” diseminación de la información procesada a los servicios técnicos ejecutores”, como lo disponía el Plan Nacional de Protección Civil de la ONEMI y que el informe de la PDI declara que estaba disponible desde las 05:17  horas y era suficiente para tomar la decisión de disponer la evacuación.

No hay dudas de que el SHOA demostró una conducta titubeante y poco efectiva, pero pretender que esto es la causa de todos los problemas equivaldria al reclamo de un pasajero porque al chocar con el iceberg se le derramó la sopa a bordo del Titanic. Lo que falló fue un cúmulo de procesos, pero sobre todo falló la capacidad superior de toma de decisiones, graficada en video en los  titubeos, contradicciones, obsesiones y falta de decisión. Una política destinada a reducir el rol de las FFAA en las catástrofes, cuya participación tradicional, probadamente eficaz, fue reemplazada por palabrería, propaganda y apariencias que se desarmaron por todas sus costuras cuando fue sometida a la prueba de  una catástrofe súbita, descomunal y muy extensa. Una Presidente que pedía un helicóptero para volar en medio de la noche sin un objetivo útil reconocible, es la evidencia final de este colapso.

Es evidente que como Estado, Chile no estaba preparado para la catástrofe que ocurrió. Muy probablemente cualquier plan hubiera quedado corto, pero la debacle de la gestión de la ONEMI, y sobre todo la incapacidad de la ex Presidente para tomar la decisión de disponer la evacuación de la población costera y poner a las fuerzas militares a controlar los desmanes, no hubieran revestido el carácter tan dramáticamente ineficiente que tiene lo acontecido esa trágica madrugada.

En este contexto, ya conocido, debatido hasta la náusea y hasta judicializado, es que resulta incomprensible la aproximación de Cavallo, para peor, reiterada en tres capítulos.

Resulta incomprensible que una persona de su fuste profesional y cargo académico se deje llevar por la pasión en esa forma. La acumulación de adjetivos, sentencias y frases semi acusatorias; la puesta en duda de hechos que no puede desmentir pero que no acepta que sobrevivan como verdades, parecían ajenos al estilo del Decano.

En todos los grupos humanos después de un largo invierno viene el jolgorio de la primavera con sus fiestas. Las fiestas son importantes para todas las sociedades: contribuyen a su solidaridad, fortalecen su cohesión y potencian su espíritu de cuerpo.

Las fiestas -mediante ritos que llegan a hacerse “tradicionales”-, generan intensos estados de ánimo entre los participantes. Se inician alegres, pacíficas y familiares aunque a veces incluyen actos vandálicos ajenos a su espíritu. Las personas se ponen atuendos que nunca usarían en público, cantan canciones y adoptan, sin sonrojarse, actitudes que jamás tendrían fuera de la estricta privacidad.

De este modo, quienes han participado en la fiesta viven y siente íntimamente los diversos estados de ánimo impuestos por la ocasión. El cuerpo social vive, en conjunto, una amplia variedad de emociones que de alguna manera irán conformando y reforzando la “cultura” del grupo.

A medida que avanza la sofisticación de las sociedades los rasgos más agudos y violentos de las festividades se van suavizando y éstas se van materializando en formas más sutiles y autocontroladas.

El modo de combinarse de los diversos elementos constitutivos de la fiesta es de una variedad infinita, pero hay cierto número de elementos que siempre aparecen, cualesquiera que sean los tipos de civilización:

Sea un desfile, una peregrinación o una “marcha”, las fiestas son masivas y reúnen a personas habitualmente dispersas y desvinculadas. Esta condición masiva es la que ayuda a romper los tabúes habituales homogeneizando a personas que eran “diferentes” pero que quieren dejar de serlo y fundirse en una nueva identidad. La fiesta es un rito de gastos o despilfarros, el grupo consume, y a veces incluso destruye,  bienes que había acumulado con trabajo y esfuerzo.

En las fiestas siempre hay una destrucción ostentosa sea de bienes materiales o de recursos sociales que hasta cierto momento habían sido considerados valiosos pero que su obsolescencia marca uno de los rasgos de la nueva situación social que se desea establecer, como lo que sucedió con la moda de las fotos masivas de personas desnudas, en que los manifestantes querían mostrar la desvalorización de los pudores tradicionales y el acortamiento de las distancias sociales formales: en cueros, todos somos más o menos iguales.

La fiesta lleva siempre consigo transformaciones, más o menos grandes, de las reglas morales. Se levantan algunos tabúes- y, se permiten hechos que habitualmente son reprobables. Es normal es que en la fiesta haya una cierta subversión de las reglas morales tradicionales. En Roma, durante las Lupercales los esclavos mandaban a los dueños. En el Dies Meretricium, las prostitutas recibían honores de los magistrados y de los pontífices.

Resumiendo, mientras más grande es la fiesta, más lleva consigo el trastorno legítimo de todas las leyes. La fiesta es a la vez un excedente de vitalidad para gastar, una forma de expresar e incorporar cambios sociales y una actividad que rompe con las preocupaciones vitales habituales.

En el caso de Chile, los profundos cambios habidos en los últimos 40 años demandan nuevos ritos de afirmación de la estructura social emergente, de sus símbolos y expresiones; de “fiestas” con características diferentes que reflejen los nuevos valores y formas sociales, de nuevas formas de expresar las alegrías y frustraciones, de reclamar y apoyar.

En este sentido las primeras marchas multitudinarias del año 2012, muestran mucha similitud con una fiesta. Grupos familiares, con abuelas y nietos, con gorros y vestuarios ad – hoc, con cánticos y slogans que mostraban su apoyo o rechazo a una amplia variedad de temas, desde “Aysén sin represas”, a las AFP, a los movimientos homosexuales o a la educación gratuita.

También estuvieron presentes “los encapuchados” y los vándalos a cara descubierta, los apaleos a los policías que lograban capturar, los saqueos a farmacias y sucursales bancarias, la destrucción de inmuebles, señalética y kioskos de periódicos. Culminando con el saqueo de supermercados lanzamiento de bombas molotov a la policía y rayados con pintura a casi todos los inmuebles por donde transcurría la marcha, desmanes efectuados en su mayoría por participantes marginales que no alcanzaban a marcar el espíritu original de la marcha.

Una parte de la concurrencia estaba de fiesta, disfrutando de la satisfacción de “ser parte activa” de algo valioso e importante, que daba cuenta de su nueva identidad de ciudadanos modernos, globalizados, autónomos y empoderados. De ciudadanos libres. La otra parte participaba con otra motivación: iniciar una revolución.

Para los revolucionarios la marcha era la oportunidad para mostrar y agitar una idea completamente diferente: su ambición de constituir una forma distinta de gobierno a la actualmente existente, de dar origen a un cuerpo político nuevo; iniciar la construcción de un nuevo estado.

Para los revolucionarios nada de lo existente es útil para construir su utopía, nada de lo hecho en los últimos 40 años es válido como promesa de progreso social y personal y aspiran a una sociedad radicalmente diferente. El progreso material y social alcanzado son insignificantes, el camino recorrido ha llegado a su fin y ahora es necesario refundar las estructuras políticas desde sus cimientos.

En este sentido, es preciso que cada chileno se auto analice con honestidad y defina si su participación y la de su familia en las “expresiones ciudadanas” multitudinarias es una manifestación festiva de su existencia como ciudadano que expone su nueva forma de integración y participación social para perfeccionar el sistema político existente o si lo que en realidad busca es una revolución que lo reemplace porque cree que el camino seguido por Chile hasta hoy es erróneo, perverso e incapaz de permitir la vida en libertad y dignidad.

En el primer caso, debemos aprender a controlar el desarrollo de nuestras «fiestas» y no dejar que los revolucionarios escamoteen nuestro derecho a expresarnos; si fuera la segunda alternativa y lo que quieren es hacer una revolución, que lo digan con claridad y expliquen cómo es el Chile que quieren.