Las palabras han perdido todo su significado. Los juegos de declaraciones, silencios, trascendidos y chamullos de los candidatos presidenciales y sus grupitos me tienen confundido. Como ya no entiendo quién dice qué va a hacer que, me he visto forzado a poner por escrito, en castellano simple y directo, que es lo que quiero como programa de gobierno para los próximos cuatro años. A partir de este listado, veré cual candidato es el que me interpreta. Si no hay ninguno, no voto.

Por si le es de utilidad, se los muestro:

1.- Economía.

En los últimos 40 años a mi familia le ha ido bien. Desde 1996, Chile tiene el ingreso per cápita más alto de la región. Entre 1973 y el 2014, el ingreso de las personas aumentó sensiblemente. Desde 1990 a la fecha, la pobreza se ha reducido mucho. El desempleo ha bajado sustancialmente y la inflación ha sido muy baja. Lo anterior indica que estamos en el buen camino.

Chile es una continuidad, si perseveramos siguiendo con lo que está resultando bien, seguramente seguiremos avanzando en forma sostenida.

En breve, en lo económico, no quiero revoluciones ni cambios radicales. Que por ningún motivo aumente el desempleo, ni la inflación ni que se detenga el crecimiento del país. No sé si la manera de allegar recursos para el estado es aumentando o disminuyendo los impuestos –eso es instrumental-, lo que quiero es que el gobierno disponga de los recursos necesarios para apoyar a los que de veras lo necesitan, pero sin matar la gallina de los huevos de oro.

Las claves que yo quiero que se respeten son: estabilidad de las reglas; apoyo a las pymes; control de los gastos fiscales y que las grandes empresas paguen sus impuestos sin hacer “planificación tributaria” tramposa.

2.- Desigualdad.

Si bien la igualdad no existe ni entre las personas ni entre los grupos ni entre las regiones, no me gustan las desigualdades excesivas. El gran igualador es la educación y el reconocimiento de los méritos de cada persona independiente de sus relaciones y apellidos. Esto no es fácil ni rápido de resolver, pero hay que avanzar decididamente y no postergarlo más.

Es evidente que en este tema hemos avanzado, pero falta. La empresa privada, con excepción de los puestos directivos, no se fija mucho en apellidos; busca y paga a la gente por sus resultados (es uno de los beneficios del lucro). No ocurre lo mismo en la administración pública, donde la repartija va más bien por las relaciones políticas y sociales, aquí mi gobierno tendría mucho por hacer. Lo mismo en las universidades, empresas del Estado (en especial Codelco), judicatura y otros en que los empleos se traspasan de padres a hijos y entre parientes y amigos.

Hay personas –familias- que nunca podrán salir de la marginalidad y la pobreza sin ayuda. Ellos requieren apoyo de mi futuro gobierno, pero a cambio del esfuerzo y compromiso de los beneficiarios. Nada de regalos ni bonos. Existen programas sociales para ello, hay que mejorarlos, hacerlos más potentes, más justos, eliminar su uso político y mejorar su eficiencia. Que la ayuda llegue en forma efectiva y oportuna a los que verdaderamente la necesitan. La mejor ayuda es capacitación y empleo, lo sé por experiencia.

La clase media está saliendo adelante, no necesita mucha ayuda, pero si requiere apoyo para hacerles la vida más grata: especialmente en vivienda, educación, salud y transporte.

3.- Educación.

Estoy dispuesto a aportar lo mío para que ningún estudiante capaz quede fuera del sistema y que sus posibilidades de progreso no sean limitadas por la mayor o menor solvencia económica de sus padres. Pero que se entienda bien, los estudiantes y padres que se beneficien de mi esfuerzo también deben comprometerse y cumplir. Deben estudiar y obtener buenos resultados académicos. No estoy para mantener flojos, vagos ni agitadores. Los profesores deben ser evaluados y, al igual que los alumnos flojos, si son deficientes, eliminados del sistema con financiamiento estatal. Los malos estudiantes que quieran seguir en la universidad, que paguen sus padres en una universidad privada. Los niños que destruyen los establecimientos en que se suponen que estudian o maltratan a sus profesores, deben ser eliminados del sistema estatal.

La diferencia entre las personas la hace la calidad de la educación que, como dije, creo que descansa principalmente en el esfuerzo de los estudiantes. Otros elementos importantes son la calidad de los profesores y la calidad de los establecimientos educacionales. Si a los malos profesores los quiere contratar un colegio particular, es asunto suyo. A los buenos profesores del sistema estatal hay que subirles el sueldo al doble o triple. Que los estudiantes de pedagogía se peleen por ser profesores de escuelas y liceos fiscales.

No me importa que haya establecimientos educacionales sin o con fines de lucro, tampoco que sean privados, estatales o algún tipo de combinación, que sean nacionales u originarios de otros países. Me importa que sea posible pagarlos y que la educación que entreguen sea de la mejor calidad. Para lo anterior, no tengo la solución, y no me interesa cual sea, me basta con que sean buenos y al alcance de mis capacidades económicas, con becas, aporte del estado o la solución que sea, siempre que funcione. Mientras más alternativas haya, mejor.

La educación pre escolar, la básica y la técnica son las que más urgentemente necesitan atención y apoyo porque son las más importantes.

4.- Gobierno.

El centralismo me asfixia. Los que vivimos en regiones no somos menos inteligentes ni menos responsables que los santiaguinos y sabemos bastante mejor que ellos que es lo que queremos y como lo queremos. Que parte sustantiva de los impuestos que las empresas pagan en cada región, queden en ella y déjennos administrarlos solitos.

Quiero gobierno regional elegido y con poder.

5.- Institucionalidad.

Siempre es mejor que haya menos senadores y diputados. Las regiones no necesitan más “representantes”, ya que los políticos ¿trabajan? para promover intereses económicos, partidos y grupos políticos e intereses de grupos sociales organizados, pero no al común de la gente (excepto en períodos electorales).

No quiero reelecciones ni destituciones del presidente de la república, por ese camino iríamos directo a la vía venezolana o argentina.

Quiero revocación de sus cargos, por parte de los ciudadanos de la región por la que fueron elegidos, para los diputados y senadores que se cambien de partido; no cumplan sus deberes o pierdan la confianza de sus electores. Más transparencia de los políticos respecto a sus haberes e intereses personales. Examen anti drogas periódico y obligatorio; asistencia mínima controlada a votaciones y comisiones;  reducción de “dietas” y asignaciones; sanciones efectivas por abuso de poder.

6.- Energía

No podemos seguir negándonos a todas las alternativas. No más carbón. No energía nuclear hasta que estemos seguros que no implica riesgos como los de Fukushima. Si a la energía hidroeléctrica, es la mejor y más abundante que tenemos. Si a las energías limpias y renovables, pero por ahora como complemento de la energía eléctrica.

7.- Relaciones exteriores.

No más contemplaciones con los abusos y despropósitos de los actuales gobiernos argentino y boliviano. Respeto al fallo de la Corte Internacional de Justicia y adelante con la Alianza del Pacífico. Sigamos avanzando hacia Oriente.

Las mejores relaciones con la región, pero sin acompañarlos en sus aventuras y desvaríos ideológicos.

8.- Seguridad

La justicia “garantista” nos quedó grande. Que los tribunales apliquen una mano más dura y que se avance substantivamente en el uso de “penas alternativas” a la privación de libertad. Que los padres sean hechos responsables de los delitos de sus hijos menores de edad.

Las ciudades son unos chiqueros: perros abandonados, paredes rayadas, calles sucias, con mala iluminación, plazas abandonadas o invadidas por muchachos borrachos, drogados o teniendo sexo en público. Este es el punto de partida para controlar la delincuencia. Hay que hacer un esfuerzo serio en esa dirección.

No más encapuchados; bombas molotov ni destrucción de buses y mobiliario urbano. No mas agresiones a Carabineros.

9.- Salud

Vamos avanzando. Hay que mejorar el control sobre las Isapres y controlar la calidad del servicio y de la gestión en los hospitales públicos y particularmente a los médicos.

10.- La Constitución.

Me parece que todo el asunto es una moda política. Fuera de modificar el sistema electoral bi-nominal y la ley de partidos políticos para poner fin a las reelecciones de los parlamentarios, el resto es cuento. No me interesa.

No es mucho lo que pido, solo que los políticos también piensen en nosotros y no solo en ellos.

En el contexto de las conmemoraciones del tercer aniversario del terremoto y tsunami del 27 de febrero del año 2010 han aparecido varios artículos referidos a las circunstancias políticas de los eventos de dicha noche.

Políticas?. Si, pues es obvio que las instituciones que debían actuar no funcionaron. Para algunos no funcionaron los órganos técnicos, como planteó Oscar Garretón en un periódico; para otros no funcionó el Mando Político, como quedó claro en el video que muestra a la Presidente Bachelet y su gabinete en la Onemi, sin saber que decidir ni desarrollando ninguno de los protocolos que la Directora de esa oficina había asegurado que existían. Sin embargo, es el trabajo de Ascanio Cavallo el que más sorprende, pues en una extensa serie de tres artículos desarrolla y comenta en detalle algunos de los procesos y eventos que ocurrieron esa fatídica madrugada. Sorprende por la manera en que, audazmente, se aleja del periodismo e incursiona en la hermenéutica manipulatoria.

El reportaje “La Ola Maldita” del periodista Juan Andrés Guzmán recibió el Premio de periodismo de excelencia que entrega anualmente la Universidad Alberto Hurtado y también ganó la categoría de mejor crónica. Relata que “El bote pesquero Pinita estaba a 5 millas al oeste de Constitución cuando comenzó el terremoto. El agua borbotaba y hacía crujir el barco. Todos estuvieron de acuerdo en que eso tenía que ser un terremoto. El capitán Ibarra llamó a su mujer por celular. Mientras hablaba, Ibarra recibió un llamado por radio de la Capitanía de Puerto de Constitución. Los marinos querían saber si veía olas yendo hacia la costa. —Negativo— respondió. Tras hacerlos brincar, el mar había vuelto a tener la quietud de un estanque. Y eso fue lo que informó”. Los tripulantes del Pinita se quedaron especulando sobre cómo estaría su ciudad.

Desde las 3:34 los marinos de la Capitanía de Puerto de Constitución se quedaron con esa información -el COE (Comité de Operaciones de Emergencia) de Concepción estaba mudo- hasta las 4:20 en que la misma Pinita (o la Pinta) les informó que tres grandes olas se dirigían a Constitución. Los marinos evacuaron su puesto entre las 4:20 y las 4:25 en que las olas llegan a la costa (en 5 minutos). Ante esta reacción Cavallo  llama a escándalo: “los marinos abordan la camioneta fiscal y vuelan hacia las alturas … no hacen ni el más mínimo intento de evacuar a la población … solo huyen” y lo compara con un comportamiento cuasi heroico de un periodista radial que habría participado en un intento de organizar una evacuación, pero sin decir donde estaba el periodista cuando las olas llegaron. Obviamente no estaba en la playa donde el Cavallo quería, sin explicar para que, ver a los marinos atajando las olas sin destino. En cinco minutos y en el borde del mar no cabía mas que escapar. El heroísmo fatal no tenía ahí utilidad alguna.

No tengo ninguna razón para pensar que el periodista en cuestión quiera perjudicar a la Armada, ni a las FFAA, menos aun a funcionarios de bajo rango que hacen su trabajo tan honradamente como pueden, pero debo reconocer que no consigo entender el sentido de sus imputaciones.

Al comienzo del gobierno de Aylwin, se estableció como política explícita y sostenida en el tiempo el marginar a las FFAA de toda acción que las pusiera en contacto directo con la ciudadanía. La prueba inicial –desastrosa- fue un intenso temporal de nieve bautizado como “el terremoto blanco” que azotó a Magallanes, en la cual ese gobierno no quiso recurrir a los medios de que las FFAA disponían; vehículos para nieve que podían transitar sin problemas en esas condiciones. Esto resulta claramente contrario al deber de un Gobierno, pero quizás las circunstancias del período hacían predominar la ideología por sobre el Bien Común.

En los sucesivos gobiernos de la Concertación esta aproximación siguió igual o peor. La sucesión de decisiones y políticas que se aplicaron a lo largo de varios de sus gobiernos fue el camino que llevó a esta situación de ineficacia gubernamental.

Veamos algunos ejemplos concretos.

Por Decreto N° 156 del 12 de marzo de 2002 se aprobó el Plan Nacional de Protección Civil, el plan maestro para organizar la respuesta del Estado ante catástrofes de gran envergadura. La única participación asignada a las FFAA fue la de incorporarse a los Comités de Operaciones de Emergencia (los COEs), pero no como Instituciones, orgánicamente, sino sólo con la presencia de un representante en la intendencia de cada región, para aportar los medios y recursos existentes en el lugar de la catástrofe,

Puesto en simple, el Plan preveía que las FFAA pusieran personas, camiones, carpas, cocinas etc. a disposición de los COE y cada Intendencia decidiría, dirigiría, coordinaría y comunicaría  todo, dejando a toda la estructura de mando – personas, comunicaciones y recursos de mando y control- de las instituciones, fuera del sistema. En las regiones, bajo el mando del Intendente y a nivel gobierno, bajo la dirección del Ministro del Interior:

El Plan dice que cada C.O.E., debía disponer de “un lugar físico que debe contar con las facilidades necesarias de comunicación, para centralizar la recopilación, análisis y evaluación de la información de modo que permita, de acuerdo al tipo de evento destructivo, realizar las coordinaciones, tomar decisiones oportunas y precisas, diseminar información procesada a los servicios técnicos ejecutores, autoridades superiores y medios de comunicación social”. Lo mismo vale para el COE de la ONEMI a cargo del Ministro del Interior.  Clarito. Sólo que ese lugar dotado de esas capacidades nunca existió.

Es en esos COEs  donde se debían reunir todas las informaciones, tomar las resoluciones disponer las acciones y  “diseminar las informaciones a los servicios técnicos ejecutores”. En pocas palabras, es de esos COEs desde donde debieron haber salido las informaciones hacia el SHOA informándole que lo que leían en sus instrumentos no se correspondía con la realidad objetiva reconocida e informada por otros medios dependientes de los COEs.

Es evidente que el gobierno de Bachelet pretendía continuar con lo que a esas alturas era un proceso asumido por más de una década: La política en aplicación desde Aylwin, -dejar a las FFAA solo como proveedores de personas y equipos actuando desarticulados de sus mandos-, sin que se haya leído o escuchado nunca alguna crítica a esa manera tan curiosa de planificar. Este criterio fue refrendado por el Decreto Exento N° 760 del 25 de febrero del 2010, que dispuso que ocurrido un evento catastrófico, su validación debería  ser verificada por los Directores Regionales de la ONEMI y efectuado lo anterior y previa aprobación de la Dirección Nacional de la ONEMI se efectuaran los requerimientos necesarios de fuerzas militares al Estado Mayor Conjunto.

No sólo no había voluntad para emplear orgánicamente a las FF.AA, como abiertamente reconoció el ex ministro Bitar posteriormente, sino que incluso el proceso para hacerlo en forma inorgánica era tan engorroso y complejo, que nunca podría funcionar en una situación catastrófica. Y así fue.

El 27 F en la ONEMI estaban todas las autoridades necesarias para disponer y hacer uso de las FFAA, desde la Presidente de la República hasta el Jefe del Estado Mayor Conjunto, pasando por los Ministros del Interior y de Defensa (recordar que los Comandantes en Jefes no estaban porque habían sido excluidos por ley) y nadie, repito, nadie, pidió que se autorizaran fuerzas militares para tomar el control de los disturbios y saqueos que ocurrían en Concepción. Bastaba que la presidente decretara Estado de Emergencia, lo que no hizo sino hasta el día siguiente.

No se puede sostener con seriedad, como lo hace Cavallo, que “las FF.AA. fallaron a Bachelet”, está claro que la falla mas gruesa fue del Ejecutivo, primero al hacer planes absurdos, mantenerlos sin cambios en el tiempo y finalmente no ser capaz de tomar las decisiones para intentar cumplirlos. Eso es ver lo que conviene ver.

Esta es una de las razones por las cuales es tan extraña e incomprensible su insinuación de Ascanio Cavallo de que la resistencia a salir a la calle por parte de las fuerzas de Ejército en Concepción sean “el tardío reflejo del resentimiento” por haber perdido protagonismo. ¿Resentimiento?. ¿Protagonismo?. Recordemos que Vidal, a la sazón Ministro de Defensa, nos recordaba frecuentemente lo plenamente integradas que estaban las FF.AA a la vida social chilena. Decidámonos, o las FFAA estaban reinsertas en la sociedad o no lo estaban, pero no se puede elegir de acuerdo a las conveniencias  circunstanciales. Eso sería acomodaticio y oportunista.

¿En que quedamos?.  Si la Presidente, que había reunido bajo su mando (a través de la ONEMI) a TODOS los recursos de acción del país; que podía decretar su empleo en el momento que quisiera; que estaba en comunicación con Tohá, Intendente de Concepción, no quiso sacar a las fuerzas militares a la calle, ¿debería hacerlo un militar, -el comandante de la guarnición de Ejército de Concepción-, por si y ante si?. ¿O es que el comentarista está proponiendo una acción fuera de la Ley?. 20 años de prédica, y práctica contra la iniciativa militar tienen efectos. Cuando al fin se decidió a hacerlo, en la tarde del día siguiente, la respuesta fue muy rápida y efectiva.

Cuando a las FF.AA. se les ordeno actuar en el marco de la Institucionalidad, lo hicieron con el aplauso de la sociedad, ¿o alguien olvida los, literalmente, aplausos de los ciudadanos penquistas ante la llegada de las columnas militares a la zona de catastrofe?. La TV tiene múltiples ejemplos, en Youtube también los hay.

Desde la misma mañana del 27 de febrero, se inició el proceso para transferir las culpas al SHOA. Sorprendentemente el primero y más virulento fue el entonces Ministro de Defensa, Francisco Vidal, responsable político de la defensa y furtivo  co-autor del funesto Decreto Exento N° 760. ¿Cómo entender esta actitud?. Que  el autor directo de las normas que mantenían a las FF.AA fuera de los procesos de decisión y acción dispuestos en el Decreto Exento Nº760 pretendiera que las FFAA violaran la ley, esta vez en su beneficio, parece oportunista.

El SHOA es UNO de los múltiples  organismos técnicos relevantes en una catástrofe  y como tal ASESORA a la autoridad de la cual depende, en este caso, al COE de la ONEMI. Nunca podría, por si mismo, anunciar a la población la eventualidad de un maremoto ni menos decretar una evacuación. Esa era responsabilidad política de la Presidente y de la ONEMI. El SHOA no tenía ni podía tener otra información que la de sus instrumentos ya que no contaba con observadores propios en la costa. Para eso estaban los COE regionales y el COE de la ONEMI. Nunca recibió ni la mas mínima información del COE como resultado de “la recopilación, análisis y evaluación de la información que este recibía de otras fuentes no hubo” diseminación de la información procesada a los servicios técnicos ejecutores”, como lo disponía el Plan Nacional de Protección Civil de la ONEMI y que el informe de la PDI declara que estaba disponible desde las 05:17  horas y era suficiente para tomar la decisión de disponer la evacuación.

No hay dudas de que el SHOA demostró una conducta titubeante y poco efectiva, pero pretender que esto es la causa de todos los problemas equivaldria a reclamar porque al chocar con el iceberg se derramó la sopa a bordo del Titanic. Lo que falló fue un cúmulo de procesos, pero sobre todo falló la capacidad superior de toma de decisiones, graficada en video en los  titubeos, contradicciones, obsesiones y falta de decisión. Una política destinada a reducir el rol de las FFAA en las catástrofes, cuya participación tradicional , probadamente eficaz, fue reemplazada por palabrería, propaganda y apariencias que se desarmaron por todas sus costuras cuando fue sometida a la prueba de  una catástrofe súbita, descomunal y muy extensa. Una Presidente que pedía un helicóptero para volar en medio de la noche sin un objetivo útil reconocible, es la evidencia final de este colapso.

Es evidente que como Estado, Chile no estaba preparado para la catástrofe que ocurrió. Muy probablemente cualquier plan hubiera quedado corto, pero la debacle de la gestión de la ONEMI, y sobre todo la incapacidad de la ex Presidente para tomar la decisión de disponer la evacuación de la población costera y poner a las fuerzas militares a controlar los desmanes, no hubieran revestido el carácter tan dramáticamente ineficiente que tiene lo acontecido esa trágica madrugada.

En este contexto, ya conocido, debatido hasta la náusea y hasta judicializado, es que resulta incomprensible la aproximación de Cavallo, para peor, reiterada en tres capítulos. La falta de investigación de los documentos primarios: planes, leyes, decretos es evidente, todo es comentario polarizado.

Resulta incomprensible que una persona de su fuste profesional y cargo académico se deje llevar por la pasión en esa forma. La acumulación de adjetivos, sentencias y frases semi acusatorias; la puesta en duda de hechos que no puede desmentir pero que no acepta que sobrevivan como verdades, parecían ajenos al estilo del Decano.

Decidámonos, o las FFAA estaban reinsertas en la sociedad o no lo estaban, pero no se puede elegir de acuerdo a las conveniencias  circunstanciales. Eso sería acomodaticio y oportunista.

¿En que quedamos?.  Si la Presidente, que había reunido bajo su mando (a través de la ONEMI) a TODOS los recursos de acción del país; que podía decretar su empleo en el momento que quiera; que estaba en comunicación con Tohá, Intendente de Concepción, no quiso sacar a las fuerzas militares a la calle, ¿debería hacerlo un militar, -el comandante de la guarnición de Ejército de Concepción-, por si y ante si?. ¿O es que Cavallo está proponiendo que debeían emprender una acción fuera de la Ley?. Cuando al fin se decidió a hacerlo, en la tarde del día siguiente, la respuesta fue muy rápida y efectiva.

Cuando a las FF.AA. se les ordeno actuar en el marco de la Institucionalidad, lo hicieron con el aplauso de la sociedad, ¿o alguien olvida los, literalmente, aplausos de los ciudadanos penquistas ante la llegada de las columnas militares a la zona de catastrofe?. La TV tiene múltiples ejemplos, en Youtube también los hay.

Desde la misma mañana del 27 de febrero, se inició el proceso para transferir las culpas al SHOA. Sorprendentemente el primero y más virulento fue el entonces Ministro de Defensa, Francisco Vidal, responsable político de la defensa y furtivo  co-autor del funesto Decreto Exento N° 760. ¿Cómo entender esta actitud?. Que  el autor directo de las normas que mantenían a las FF.AA fuera de los procesos de decisión y acción dispuestos en el Decreto Exento Nº760 pretendiera que las FFAA violaran la ley, esta vez en su beneficio, parece oportunista.

El SHOA es UNO de los múltiples  organismos técnicos relevantes en una catástrofe  y como tal ASESORA a la autoridad de la cual depende, en este caso, al COE de la ONEMI. Nunca podría, por si mismo, anunciar a la población la eventualidad de un maremoto ni menos decretar una evacuación. Esa era responsabilidad política de la Presidente y de la ONEMI. El SHOA no tenía ni podía tener otra información que la de sus instrumentos ya que no contaba con observadores propios en la costa. Para eso estaban los COE regionales y el COE de la ONEMI. Nunca recibió ni la mas mínima información del COE como resultado de “la recopilación, análisis y evaluación de la información que este recibía de otras fuentes no hubo” diseminación de la información procesada a los servicios técnicos ejecutores”, como lo disponía el Plan Nacional de Protección Civil de la ONEMI y que el informe de la PDI declara que estaba disponible desde las 05:17  horas y era suficiente para tomar la decisión de disponer la evacuación.

No hay dudas de que el SHOA demostró una conducta titubeante y poco efectiva, pero pretender que esto es la causa de todos los problemas equivaldria al reclamo de un pasajero porque al chocar con el iceberg se le derramó la sopa a bordo del Titanic. Lo que falló fue un cúmulo de procesos, pero sobre todo falló la capacidad superior de toma de decisiones, graficada en video en los  titubeos, contradicciones, obsesiones y falta de decisión. Una política destinada a reducir el rol de las FFAA en las catástrofes, cuya participación tradicional, probadamente eficaz, fue reemplazada por palabrería, propaganda y apariencias que se desarmaron por todas sus costuras cuando fue sometida a la prueba de  una catástrofe súbita, descomunal y muy extensa. Una Presidente que pedía un helicóptero para volar en medio de la noche sin un objetivo útil reconocible, es la evidencia final de este colapso.

Es evidente que como Estado, Chile no estaba preparado para la catástrofe que ocurrió. Muy probablemente cualquier plan hubiera quedado corto, pero la debacle de la gestión de la ONEMI, y sobre todo la incapacidad de la ex Presidente para tomar la decisión de disponer la evacuación de la población costera y poner a las fuerzas militares a controlar los desmanes, no hubieran revestido el carácter tan dramáticamente ineficiente que tiene lo acontecido esa trágica madrugada.

En este contexto, ya conocido, debatido hasta la náusea y hasta judicializado, es que resulta incomprensible la aproximación de Cavallo, para peor, reiterada en tres capítulos.

Resulta incomprensible que una persona de su fuste profesional y cargo académico se deje llevar por la pasión en esa forma. La acumulación de adjetivos, sentencias y frases semi acusatorias; la puesta en duda de hechos que no puede desmentir pero que no acepta que sobrevivan como verdades, parecían ajenos al estilo del Decano.

En todos los grupos humanos después de un largo invierno viene el jolgorio de la primavera con sus fiestas. Las fiestas son importantes para todas las sociedades: contribuyen a su solidaridad, fortalecen su cohesión y potencian su espíritu de cuerpo.

Las fiestas -mediante ritos que llegan a hacerse “tradicionales”-, generan intensos estados de ánimo entre los participantes. Se inician alegres, pacíficas y familiares aunque a veces incluyen actos vandálicos ajenos a su espíritu. Las personas se ponen atuendos que nunca usarían en público, cantan canciones y adoptan, sin sonrojarse, actitudes que jamás tendrían fuera de la estricta privacidad.

De este modo, quienes han participado en la fiesta viven y siente íntimamente los diversos estados de ánimo impuestos por la ocasión. El cuerpo social vive, en conjunto, una amplia variedad de emociones que de alguna manera irán conformando y reforzando la “cultura” del grupo.

A medida que avanza la sofisticación de las sociedades los rasgos más agudos y violentos de las festividades se van suavizando y éstas se van materializando en formas más sutiles y autocontroladas.

El modo de combinarse de los diversos elementos constitutivos de la fiesta es de una variedad infinita, pero hay cierto número de elementos que siempre aparecen, cualesquiera que sean los tipos de civilización:

Sea un desfile, una peregrinación o una “marcha”, las fiestas son masivas y reúnen a personas habitualmente dispersas y desvinculadas. Esta condición masiva es la que ayuda a romper los tabúes habituales homogeneizando a personas que eran “diferentes” pero que quieren dejar de serlo y fundirse en una nueva identidad. La fiesta es un rito de gastos o despilfarros, el grupo consume, y a veces incluso destruye,  bienes que había acumulado con trabajo y esfuerzo.

En las fiestas siempre hay una destrucción ostentosa sea de bienes materiales o de recursos sociales que hasta cierto momento habían sido considerados valiosos pero que su obsolescencia marca uno de los rasgos de la nueva situación social que se desea establecer, como lo que sucedió con la moda de las fotos masivas de personas desnudas, en que los manifestantes querían mostrar la desvalorización de los pudores tradicionales y el acortamiento de las distancias sociales formales: en cueros, todos somos más o menos iguales.

La fiesta lleva siempre consigo transformaciones, más o menos grandes, de las reglas morales. Se levantan algunos tabúes- y, se permiten hechos que habitualmente son reprobables. Es normal es que en la fiesta haya una cierta subversión de las reglas morales tradicionales. En Roma, durante las Lupercales los esclavos mandaban a los dueños. En el Dies Meretricium, las prostitutas recibían honores de los magistrados y de los pontífices.

Resumiendo, mientras más grande es la fiesta, más lleva consigo el trastorno legítimo de todas las leyes. La fiesta es a la vez un excedente de vitalidad para gastar, una forma de expresar e incorporar cambios sociales y una actividad que rompe con las preocupaciones vitales habituales.

En el caso de Chile, los profundos cambios habidos en los últimos 40 años demandan nuevos ritos de afirmación de la estructura social emergente, de sus símbolos y expresiones; de “fiestas” con características diferentes que reflejen los nuevos valores y formas sociales, de nuevas formas de expresar las alegrías y frustraciones, de reclamar y apoyar.

En este sentido las primeras marchas multitudinarias del año 2012, muestran mucha similitud con una fiesta. Grupos familiares, con abuelas y nietos, con gorros y vestuarios ad – hoc, con cánticos y slogans que mostraban su apoyo o rechazo a una amplia variedad de temas, desde “Aysén sin represas”, a las AFP, a los movimientos homosexuales o a la educación gratuita.

También estuvieron presentes “los encapuchados” y los vándalos a cara descubierta, los apaleos a los policías que lograban capturar, los saqueos a farmacias y sucursales bancarias, la destrucción de inmuebles, señalética y kioskos de periódicos. Culminando con el saqueo de supermercados lanzamiento de bombas molotov a la policía y rayados con pintura a casi todos los inmuebles por donde transcurría la marcha, desmanes efectuados en su mayoría por participantes marginales que no alcanzaban a marcar el espíritu original de la marcha.

Una parte de la concurrencia estaba de fiesta, disfrutando de la satisfacción de “ser parte activa” de algo valioso e importante, que daba cuenta de su nueva identidad de ciudadanos modernos, globalizados, autónomos y empoderados. De ciudadanos libres. La otra parte participaba con otra motivación: iniciar una revolución.

Para los revolucionarios la marcha era la oportunidad para mostrar y agitar una idea completamente diferente: su ambición de constituir una forma distinta de gobierno a la actualmente existente, de dar origen a un cuerpo político nuevo; iniciar la construcción de un nuevo estado.

Para los revolucionarios nada de lo existente es útil para construir su utopía, nada de lo hecho en los últimos 40 años es válido como promesa de progreso social y personal y aspiran a una sociedad radicalmente diferente. El progreso material y social alcanzado son insignificantes, el camino recorrido ha llegado a su fin y ahora es necesario refundar las estructuras políticas desde sus cimientos.

En este sentido, es preciso que cada chileno se auto analice con honestidad y defina si su participación y la de su familia en las “expresiones ciudadanas” multitudinarias es una manifestación festiva de su existencia como ciudadano que expone su nueva forma de integración y participación social para perfeccionar el sistema político existente o si lo que en realidad busca es una revolución que lo reemplace porque cree que el camino seguido por Chile hasta hoy es erróneo, perverso e incapaz de permitir la vida en libertad y dignidad.

En el primer caso, debemos aprender a controlar el desarrollo de nuestras «fiestas» y no dejar que los revolucionarios escamoteen nuestro derecho a expresarnos; si fuera la segunda alternativa y lo que quieren es hacer una revolución, que lo digan con claridad y expliquen cómo es el Chile que quieren.

Las palabras han perdido todo su significado. Los juegos de declaraciones, silencios, trascendidos y chamullos de los candidatos presidenciales y sus grupitos me tienen confundido. Como ya no entiendo quién dice qué va a hacer que, me he visto forzado a poner por escrito, en castellano simple y directo, que es lo que quiero como programa de gobierno para los próximos cuatro años. A partir de este listado, veré cual candidato es el que me interpreta. Si no hay ninguno, no voto.

Por si le es de utilidad, se los muestro:

1.- Economía.

En los últimos 40 años a mi familia le ha ido bien. Desde 1996, Chile tiene el ingreso per cápita más alto de la región. Entre 1973 y el 2014, el ingreso de las personas aumentó sensiblemente. Desde 1990 a la fecha, la pobreza se ha reducido mucho. El desempleo ha bajado sustancialmente y la inflación ha sido muy baja. Lo anterior indica que estamos en el buen camino.

Chile es una continuidad, si perseveramos siguiendo con lo que está resultando bien, seguramente seguiremos avanzando en forma sostenida.

En breve, en lo económico, no quiero revoluciones ni cambios radicales. Que por ningún motivo aumente el desempleo, ni la inflación ni que se detenga el crecimiento del país. No sé si la manera de allegar recursos para el estado es aumentando o disminuyendo los impuestos –eso es instrumental-, lo que quiero es que el gobierno disponga de los recursos necesarios para apoyar a los que de veras lo necesitan, pero sin matar la gallina de los huevos de oro.

Las claves que yo quiero que se respeten son: estabilidad de las reglas; apoyo a las pymes; control de los gastos fiscales y que las grandes empresas paguen sus impuestos sin hacer “planificación tributaria” tramposa.

2.- Desigualdad.

Si bien la igualdad no existe ni entre las personas ni entre los grupos ni entre las regiones, no me gustan las desigualdades excesivas. El gran igualador es la educación y el reconocimiento de los méritos de cada persona independiente de sus relaciones y apellidos. Esto no es fácil ni rápido de resolver, pero hay que avanzar decididamente y no postergarlo más.

Es evidente que en este tema hemos avanzado, pero falta. La empresa privada, con excepción de los puestos directivos, no se fija mucho en apellidos; busca y paga a la gente por sus resultados (es uno de los beneficios del lucro). No ocurre lo mismo en la administración pública, donde la repartija va más bien por las relaciones políticas y sociales, aquí mi gobierno tendría mucho por hacer. Lo mismo en las universidades, empresas del Estado (en especial Codelco), judicatura y otros en que los empleos se traspasan de padres a hijos y entre parientes y amigos.

Hay personas –familias- que nunca podrán salir de la marginalidad y la pobreza sin ayuda. Ellos requieren apoyo de mi futuro gobierno, pero a cambio del esfuerzo y compromiso de los beneficiarios. Nada de regalos ni bonos. Existen programas sociales para ello, hay que mejorarlos, hacerlos más potentes, más justos, eliminar su uso político y mejorar su eficiencia. Que la ayuda llegue en forma efectiva y oportuna a los que verdaderamente la necesitan. La mejor ayuda es capacitación y empleo, lo sé por experiencia.

La clase media está saliendo adelante, no necesita mucha ayuda, pero si requiere apoyo para hacerles la vida más grata: especialmente en vivienda, educación, salud y transporte.

3.- Educación.

Estoy dispuesto a aportar lo mío para que ningún estudiante capaz quede fuera del sistema y que sus posibilidades de progreso no sean limitadas por la mayor o menor solvencia económica de sus padres. Pero que se entienda bien, los estudiantes y padres que se beneficien de mi esfuerzo también deben comprometerse y cumplir. Deben estudiar y obtener buenos resultados académicos. No estoy para mantener flojos, vagos ni agitadores. Los profesores deben ser evaluados y, al igual que los alumnos flojos, si son deficientes, eliminados del sistema con financiamiento estatal. Los malos estudiantes que quieran seguir en la universidad, que paguen sus padres en una universidad privada. Los niños que destruyen los establecimientos en que se suponen que estudian o maltratan a sus profesores, deben ser eliminados del sistema estatal.

La diferencia entre las personas la hace la calidad de la educación que, como dije, creo que descansa principalmente en el esfuerzo de los estudiantes. Otros elementos importantes son la calidad de los profesores y la calidad de los establecimientos educacionales. Si a los malos profesores los quiere contratar un colegio particular, es asunto suyo. A los buenos profesores del sistema estatal hay que subirles el sueldo al doble o triple. Que los estudiantes de pedagogía se peleen por ser profesores de escuelas y liceos fiscales.

No me importa que haya establecimientos educacionales sin o con fines de lucro, tampoco que sean privados, estatales o algún tipo de combinación, que sean nacionales u originarios de otros países. Me importa que sea posible pagarlos y que la educación que entreguen sea de la mejor calidad. Para lo anterior, no tengo la solución, y no me interesa cual sea, me basta con que sean buenos y al alcance de mis capacidades económicas, con becas, aporte del estado o la solución que sea, siempre que funcione. Mientras más alternativas haya, mejor.

La educación pre escolar, la básica y la técnica son las que más urgentemente necesitan atención y apoyo porque son las más importantes.

4.- Gobierno.

El centralismo me asfixia. Los que vivimos en regiones no somos menos inteligentes ni menos responsables que los santiaguinos y sabemos bastante mejor que ellos que es lo que queremos y como lo queremos. Que parte sustantiva de los impuestos que las empresas pagan en cada región, queden en ella y déjennos administrarlos solitos.

Quiero gobierno regional elegido y con poder.

5.- Institucionalidad.

Siempre es mejor que haya menos senadores y diputados. Las regiones no necesitan más “representantes”, ya que los políticos ¿trabajan? para promover intereses económicos, partidos y grupos políticos e intereses de grupos sociales organizados, pero no al común de la gente (excepto en períodos electorales).

No quiero reelecciones ni destituciones del presidente de la república, por ese camino iríamos directo a la vía venezolana o argentina.

Quiero revocación de sus cargos, por parte de los ciudadanos de la región por la que fueron elegidos, para los diputados y senadores que se cambien de partido; no cumplan sus deberes o pierdan la confianza de sus electores. Más transparencia de los políticos respecto a sus haberes e intereses personales. Examen anti drogas periódico y obligatorio; asistencia mínima controlada a votaciones y comisiones;  reducción de “dietas” y asignaciones; sanciones efectivas por abuso de poder.

6.- Energía

No podemos seguir negándonos a todas las alternativas. No más carbón. No energía nuclear hasta que estemos seguros que no implica riesgos como los de Fukushima. Si a la energía hidroeléctrica, es la mejor y más abundante que tenemos. Si a las energías limpias y renovables, pero por ahora como complemento de la energía eléctrica.

7.- Relaciones exteriores.

No más contemplaciones con los abusos y despropósitos de los actuales gobiernos argentino y boliviano. Respeto al fallo de la Corte Internacional de Justicia y adelante con la Alianza del Pacífico. Sigamos avanzando hacia Oriente.

Las mejores relaciones con la región, pero sin acompañarlos en sus aventuras y desvaríos ideológicos.

8.- Seguridad

La justicia “garantista” nos quedó grande. Que los tribunales apliquen una mano más dura y que se avance substantivamente en el uso de “penas alternativas” a la privación de libertad. Que los padres sean hechos responsables de los delitos de sus hijos menores de edad.

Las ciudades son unos chiqueros: perros abandonados, paredes rayadas, calles sucias, con mala iluminación, plazas abandonadas o invadidas por muchachos borrachos, drogados o teniendo sexo en público. Este es el punto de partida para controlar la delincuencia. Hay que hacer un esfuerzo serio en esa dirección.

No más encapuchados; bombas molotov ni destrucción de buses y mobiliario urbano. No mas agresiones a Carabineros.

9.- Salud

Vamos avanzando. Hay que mejorar el control sobre las Isapres y controlar la calidad del servicio y de la gestión en los hospitales públicos y particularmente a los médicos.

10.- La Constitución.

Me parece que todo el asunto es una moda política. Fuera de modificar el sistema electoral bi-nominal y la ley de partidos políticos para poner fin a las reelecciones de los parlamentarios, el resto es cuento. No me interesa.

No es mucho lo que pido, solo que los políticos también piensen en nosotros y no solo en ellos.

La Derecha ha actuado con gran creatividad y energía en la destrucción de su candidatura presidencial y parece haber tenido éxito. El Presidente Piñera, actual líder político del sector ha destacado por sus empeños y logrado un amplio apoyo … de la oposición. Así, la candidata de la izquierda tiene altas posibilidades de alcanzar el poder. Su administración será una experiencia educacional muy intensa para la sociedad chilena actual. Desconozco que es lo que intenta hacer la Sra. Bachelet, aun no lo ha dicho, pero es evidente que una parte de sus seguidores esperan algo completamente opuesto a lo que la otra parte cree que va a ser su mandato. La clave parece ser que quiere seguir “avanzando” hacia una sociedad de bienestar, justo cuando sus promotores la abandonan: “El nuevo rey de Holanda, Guillermo Alejandro, manifestó en su primer discurso ante el Parlamento que el “Estado de bienestar clásico de la segunda mitad del siglo XX está terminado” y debe ser sustituido por “una sociedad participativa”. Después de la reedición de “la experiencia chilena” de los ’70 y de la aplicación integral del “otro modelo” habrá necesidad de rehacer la política económica que nos ha traído éxito y se abrirá otra oportunidad para una nueva derecha, de verdad. Hasta ahora, la promoción de la propuesta de una nueva derecha ha corrido por cuenta de los “liberals” con el aplauso de la izquierda. Todo comenzó con un curioso proyecto de Piñera que incorporó a Ravinet a su gabinete y culminó con la descalificación de su base política señalándolos como “cómplices pasivos” del Gobierno Militar en la violación a los derechos humanos. Con esta movida cree haberse ubicado al centro del escenario y como único líder posible, habiendo eliminado todos los que colaboraron o simpatizaron con ese gobierno, al igual que todos los que votaron por el “si” o se abstuvieron. La desgracia es que en esa misma “pasada”, se deshizo también de los partidos que podrían haberlo apoyado en su aventura presidencial del 2017, de un gran número de sus potenciales votantes y mostró rasgos de su carácter que mucha gente desconocía. Piñera carece de sensibilidad política y de empatía por lo que nunca será un líder y su comportamiento materialista, -que valora solo los factores económicos y materiales de la vida humana y política- lo llevan a error respecto a lo que caracterizaría y daría fuerza y legitimidad a su idea de “nueva derecha”. En efecto, su ruptura violenta y descalificatoria con quienes apoyaron al Gobierno Militar no es suficiente para legitimar su “nueva derecha. La izquierda jamás se cambiará de bando, la Democracia Cristiana lo haría solo al precio del suicidio; la derecha partidaria lo abandonó en su gran mayoría y no logrará atraer el voto ni las simpatías de la clase media, -la gran mayoría de los votantes- que nunca podrán considerarlo uno de ellos ni alguien que los entienda y represente, menos tras haber empujado al suicidio a un general anciano y enfermo. Su pasado y presente, ligado al éxito financiero especulativo, lo alienan del común de los chilenos que trabaja, produce, ahorra y cumple las reglas. Su reticencia a deshacerse de sus intereses económicos –de magnitud ofensiva para el ciudadano común- durante su campaña presidencial y hasta ya comenzado su administración, mostró hasta donde su apego a la riqueza disputaba con su ambición política. Un mandatario que, objetivamente, ha hecho un gobierno económicamente exitoso y que sin embargo se columpia en la parte baja de la tabla de la popularidad y aprecio ciudadano señala de manera inequívoca su distanciamiento con el hombre común y una profunda sospecha respecto a la validez de su compromiso. Su movida de alejarse abrupta y súbitamente del gobierno militar no logrará resolver sus deficiencias políticas y personales para lo que tendría que escribir de nuevo su historia personal, alterar por completo su personalidad y rediseñar los parámetros de su comportamiento empresarial. Empujar al suicidio a un general anciano y enfermo es la gota que colmó el vaso. Descontando las opciones marxista y corporativa, desde la perspectiva liberal tenemos dos alternativas: el estado social y el estado subsidiario. El Estado Social es un sistema que apunta a garantizar y potenciar ciertos “derechos” que se consideran imprescindibles para que las personas desarrollen todo su potencial como ciudadanos: Salud; Educación; Trabajo; Vivienda; Jubilación; Cultura; Protección a los desvalidos; Medio ambiente; Asistencia jurídica y varios Derechos Sociales, como integración social, redistribución de renta y compensación de las desigualdades. Todos ellos garantizados en la legislación y exigibles por parte de todas las personas. El Estado Social, al menos en teoría, se ve como un estado intervencionista que modera el capitalismo y garantiza la primacía del bien común y la democracia. En la realidad surgieron una serie de problemas, que no pudieron ser resueltos y hoy destrozan a Europa: Las demandas de los ciudadanos crecieron sin cesar. Surgieron abusadores del sistema, como personas que hicieron de los seguros de cesantía y las licencias médicas una forma de vida. Los costos de la salud y de la previsión crecieron fuera de control. Los beneficios sociales estimularon la inmigración masiva y así se creó un desbalance entre los derechos establecidos para los ciudadanos y la capacidad de los estados para financiarlos. En breve, el Estado Social falló por la tendencia humana a trabajar menos y descansar más; a usar todas las oportunidades disponibles para obtener ventajas personales; a la tendencia de las autoridades a aceptar peticiones antes que a rechazarlas aunque sean insostenibles, y a su disposición a extraer recursos de las actividades productivas hasta hacerla no rentables o no competitivas. El Estado Subsidiario por su parte, tuvo su origen en la Europa Occidental de la pos II Guerra Mundial y fue la reacción social a las experiencias fascistas y marxistas vividas durante ese conflicto. Esas sociedades  rechazaron la intervención activa y directa del estado en el ámbito económico – social y reclamaron mayores espacios de libertad individual rebelándose contra los comisarios y gerentes designados por el partido nazi, fascista o comunista. Estas políticas se materializaron mediante el traspaso de empresas y bienes apropiados por el estado hacia los particulares, privatizándose importantes sectores de la actividad estatal, incluyendo los servicios públicos. Sin perjuicio de lo anterior se reconoció explícitamente que el Estado no podía renunciar a su función complementaria, exclusiva o concurrente con la actuación privada, en materia de previsión social, salud, educación, etcétera, cuando estas actividades no fueran cubiertas suficientemente por los particulares. Así, el “estado subsidiario” quedó definido como: “un Estado que se hace cargo de aquellas funciones o actividades que, por su naturaleza (estrategias y/o bien común y/o monto de recursos requeridos), no pueden afrontar los particulares o no es aconsejable que así sea. La función del Estado se focaliza en el control de las reglas y normas en las cuales desenvolverse”. Las críticas a este tipo de estado argumentan contra el abandono, por parte del estado, de actividades rentables y su entrega al sector privado, reteniendo las que dejan pérdidas. También se plantea que cuando se transfieren monopolios naturales al sector privado que solo aspira a maximizar el lucro, las necesidades sociales básicas quedan desprotegidas. La irresponsabilidad se extiende también a la protección ambiental y cultural. Se dice que el país necesita un Estado que sea capaz de emprender, sin limitantes, inversiones estratégicas, por ejemplo en diversificación energética. Como se puede apreciar, el problema clave gira alrededor de la definición del rol del estado, particularmente en cuanto a su capacidad / eficiencia en el emprendimiento y gestión directa, y la necesidad de que el estado haga una eficaz supervisión, regulación y control de actividades productivas de bienes y servicios por parte de los privados. En Chile los gobiernos de la Concertación cuando arribaron al poder se encontraron con un ordenamiento constitucional, implantado por el Gobierno Militar, que incorporaba la subsidiaridad como un principio rector del modelo de desarrollo económico, social y político, principio que no entendieron ni compartieron nunca. De hecho, cuando sus gobiernos contaron con los recursos necesarios, particularmente durante la segunda parte del gobierno de Lagos y durante todo el gobierno de Bachelet, se aplicaron a la construcción paulatina y de facto de un “estado social” paralelo al estado “subsidiario”, en los ámbitos judiciales, previsionales, de salud y otros. El problema grave estuvo en que esta falta de sintonía entre sus creencias y el tipo de modelo de desarrollo que estaban administrando, sumado a las naturales tendencias humanas, llevaron al descuido de las funciones de “supervisión, regulación y control” imprescindibles para el correcto funcionamiento de un estado subsidiario, y a la asociación de algunos de los miembros de su gobierno con empresarios privados, lo que permitió la creciente concentración de importantes sectores de la economía; la implantación de prácticas abusivas en el retail; en la energía; en las Isapres; en las telecomunicaciones; en las AFP y la introducción ilegal del lucro en la educación – que estaba expresamente prohibido en la ley de educación que permitió la existencia de universidades privadas – y, emblemáticamente y pese a la “revolución de los pingüinos” el descuido del área educacional que por falta de supervisión y control estatal había generado las graves injusticias, insatisfacciones e ilegalidades que hoy estamos viendo hacer eclosión, causando la actual “indignación” de la gente. Si los que creen en la subsidiaridad tampoco logran que la gente deje de sentirse constantemente abusada, serán desplazados junto con su modelo. Una “nueva derecha, de verdad”, requiere un compromiso irreductible con el hombre común y un alejamiento cierto y comprobable de la defensa prioritaria de los intereses empresariales; necesita demostrar con su comportamiento que lucha por la defensa y promoción de principios y no de intereses; la gente deberá sentir que es escuchada, no dirigida; respetada, no utilizada. La clase media no se desvela por “mea culpas” ni por quien votó hace 40 años, sus problemas son de ahora: la colusión de las farmacias, la estafa de La Polar, la violencia callejera, los perros abandonados que muerden a sus hijos; las colas del hospital; el negocio de la educación que los acorrala; los empresarios que le tuercen la nariz a la ley para enriquecerse de manera obscena; las empresas que pagan impuestos ridículos; el maltrato a los empleados de las empresas de retail; el Transantiago que los hace perder días y semanas de vida viajando de un lugar a otro; la polución de las generadoras a carbón; la contaminación de las papeleras; el abuso de las oligarquías sindicales; la corrupción en el gobierno, desde El Jarrón, hasta las Aulas Tecnológicas, y así. Una nueva derecha es aquella comprometida a fondo con el hombre común; alejado de los negocios e intereses empresariales; implacable en el control de las reglas y las leyes; transparente siempre y en todo y con una gran humildad y oreja para escuchar y respetar al chileno común, particularmente al de regiones.

El 12 de marzo del 2002 mediante el Decreto N°156, firmado por Ricardo Lagos Escobar como Presidente de la República; José Miguel Insulza como Ministro del Interior y Michelle Bachelet como Ministro de Defensa, fue aprobado el Plan Nacional de Protección del Ministerio del Interior. En el se declara que las consideraciones fundamentales para reemplazar el Plan existente desde 1977 son la “necesidad (de) implementar un nuevo Plan que consulte los aspectos preventivos, de mitigación, de preparación y alertamiento temprano, respondiendo a los compromisos internacionales suscritos por Chile” y la necesidad de adecuarse al “proceso de modernidad y rediseño de la Administración Pública en que se encuentra empeñado el Supremo Gobierno …”.

El primer artículo del Decreto dispone taxativamente que todos los organismos “dependientes o relacionados con el Estado y las empresas del Estado, conformarán su acción a las directrices indicativas que se imparten en el plan aprobado y darán estricto cumplimiento a las tareas que a ellos se les asignan”, con lo cual todas las acciones quedan supeditadas a la disposición o autorización desde el puesto de mando central: la Onemi

En efecto, el artículo tercero establece que “El Ministerio del Interior adoptará las medidas tendientes a obtener la integral y oportuna aplicación del Plan Nacional de Protección Civil, mediante la coordinación que, conforme a su Ley Orgánica, corresponde ejecutar a la Oficina Nacional de Emergencia”. Esta centralización, en un plan de emergencia, en que la posibilidad de interrupción total y prolongada de las comunicaciones es casi segura, elimina la capacidad de las organizaciones, particularmente de las FFAA, para aplicar iniciativa y emprender acciones en los lugares incomunicados, en ausencia de órdenes de la Onemi / Ministerio del Interior. Para peor, el dictamen de la Contraloría Nº 42.822, emitido el año 2008, prohibió taxativamente a las FFAA intervenir en todo asunto que involucrara a civiles, sin orden previa del gobierno.

El Plan, en su Presentación identifica algunos desastres a ser considerados:

“terremotos, sequías, inundaciones, erupciones volcánicas, incendios urbanos y forestales, accidentes químicos, deslizamientos, aludes, etc., (que) son recurrentes en Chile”.

A continuación explica que la experiencia nacional está asociada a sus “impactos inmediatos” materiales y humanos  y a las “secuelas” que afectan a la calidad de vida, y destaca la necesidad de poner también un fuerte énfasis en la administración y manejo de riesgos, como estrategia efectiva de “prevención”.

Aquí encontramos el primer error que se irá agravando a medida que se desarrolla el Plan. En efecto, como se aprecia, el Plan considera tres tiempos secuenciales: prevención, impacto inmediato y secuelas, que son correctos para los ejemplos de catástrofes identificadas en el plan, pero que no son aptos para enfrentar un tsunami que requiere de un elemento específico fundamental que debe ser llevado a cabo con la máxima eficiencia en el lapso entre las medidas de prevención (pre catástrofe) y el impacto inmediato de la misma (pos catástrofe): la emisión de órdenes de alerta, alarma y evacuación, que deben llegar a todos los potenciales afectados, en cuestión de minutos y previa evaluación del Mando centralizado: la Onemi.

En la parte II, Antecedentes, se señala que la Protección Civil es responsabilidad del Estado y por extensión, del Gobierno que lo administra y dirige. Explica que el Ministerio del Interior tendrá a su cargo la planificación y coordinación de las actividades necesarias y que “las funciones que competen al Ministerio del Interior … serán ejercidas por éste a través de ONEMI”. “La creación de este órgano técnico especializado refleja la permanente preocupación del Estado de velar por el desarrollo de la protección civil, incluidos sus aspectos de prevención de desastres y de coordinación de las actividades de las entidades públicas o privadas, relacionadas con la temática, y del empleo de los recursos humanos y materiales disponibles”. En breve, la autoridad central -el Ministro del Interior- asume sus tareas a través de un organismo ad- hoc -la Onemi- que debe coordinar el accionar de todos los organismos técnicos participantes.

El Ministerio del Interior / Onemi, actúa a través de los Intendentes y Gobernadores y las Municipalidades, bajo su dirección, pueden “apoyar” su trabajo.

Esta parte concluye señalando que la ONEMI, en uso de sus atribuciones legales, “dispuso la constitución de Comités de Emergencia Regionales (C.E.R.), Provinciales y Comunales, con el carácter de comisiones de trabajo permanentes, presididos por el Intendente, Gobernador o Alcalde respectivo, y la constitución de los Centros de Operaciones de Emergencia, (C.O.E), esto es, un lugar o espacio físico que debe ser habilitado por la respectiva Autoridad Regional, Provincial y Comunal, para que se constituyan en él, en su oportunidad, las personas encargadas de administrar las emergencias o desastres que se produzcan y de adoptar o proponer, según proceda, las medidas de solución que de tales eventos se deriven”.

Esta parte es clave, ya que sitúa claramente las responsabilidades de planeamiento en los C.E.R. que luego llevan a cabo sus funciones operativas desde los C.O.E..

Las emergencias,  en su planificación y en su operación son administradas por los Intendentes que actúan desde instalaciones de mando ad-hoc, dispuestas por ellos.

En la parte IV. Marco Conceptual, el Plan insiste en que “la protección a las personas”, es ejercida bajo la coordinación de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior, ONEMI y ella implica la “ejercitación”. Que es bien sabido que en la zona en que ocurrió el tsunami, no se hizo.

Los CER se relacionan con las organizaciones públicas y privadas que proporcionan los medios humanos y materiales para “hacer cosas”, mediante los  Comités de Protección Civil, conformados por las “instituciones y organismos públicos y privados, que por mandato legal, competencia o interés, puedan aportar a la gestión de protección civil”.

Y dispone que “debe constituirse Comités de Protección Civil a nivel Nacional y en cada Región, Provincia y Comuna del país, siendo presididos cada uno de ellos, según corresponda, por el Ministro del Interior, por el Intendente Regional, Gobernador Provincial y Alcalde respectivos, quienes tendrán la facultad de fijar, por resolución fundada, las normas especiales de funcionamiento de los mismos, convocar a los miembros que los integrarán y el orden de subrogación. Estos Comités de Protección Civil, entre otras tiene la tarea “Mantener permanentemente operativas las instalaciones y servicios anexos de apoyo a las actividades a desarrollarse en el Centro de Operaciones de Emergencia, C.O.E.”

Deberán estar representados en estos Comités los servicios, organismos, cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas y Carabineros del área jurisdiccional respectiva, e instituciones de los sectores públicos y privados que, por la naturaleza de sus funciones e importancia de sus recursos humanos y materiales disponibles, sean necesarios para la prevención de riesgos y solución de los problemas derivados de emergencias, desastres y catástrofes”.  Otra vez de olvida la emisión de alertas y alarmas de tsunamis y de evacuación.

Se puede apreciar que las FFAA no participan como organizaciones estructuradas sino solo con los elementos que puedan existir normalmente en la zona de la catástrofe; a nivel nacional, la relación fuerzas militares – Onemi se concentra en la persona del Jefe del Estado Mayor Conjunto, cuando éste reciba las tropas y medios que el ministerio de  Defensa disponga para que concurra en apoyo de las intendencias. Es decir, los Comandantes en Jefes y la estructura de mando, coordinación y control institucional quedan desvinculadas de la crisis, así como sus medios logísticos, de comunicaciones y otros que no sean asignados al Jefe del Estado Mayor Conjunto.

Esta curiosa organización “desarma” las instituciones, deja afuera a sus Comandantes en Jefes y desarticula su forma normal de actuar, instalando una organización de tarea artificial y sin capacidad real de mando y control, al poner a fracciones de las mismas bajo el mando de la Jefatura del Estado Mayor Conjunto, dependiente directamente del Ministro de Defensa, que funciona solo cuando se le asignan medios es decir, en una base ad-hoc y obviamentedespués de la catástrofe.

En el caso del terremoto y maremoto del 27 de febrero del 2010, los CER no funcionaron desde sus COE, el Jefe del Estado Mayor Conjunto no pudo mandar ya que no tenía tropas ni medios asignados en ese momento y los Comandantes en Jefe estaban prohibidos, por el mismo Plan, de intervenir con sus medios. Como si fuera poco, el Ejecutivo no declaró Estado o Zona de emergencia hasta el día siguiente. Declaración que habría permitido  a las FFAA actuar en la protección de la ciudadanía.

Cuando se produce una emergencia, la alarma la constituye la misma emergencia. Un terremoto, por el movimiento de la tierra; una erupción volcánica, por el penacho de magma saliendo por la boca del volcán; una inundación, por la invasión del aguas. ¿Y los maremotos?. No cabe duda que los maremotos pueden estar asociados al movimiento de la tierra y ser percibido por las personas, pero también puede no serlo, también puede haber terremotos sin maremotos. En todos estos casos, alguien debe evaluar si se da o no alarma y orden de evacuación. Esa autoridad es el Ministerio del Interior / Onemi. Pregunta, ¿Cómo considera el Plan que se ordenarán ambas acciones, a todo Chile, incluyendo caletas y poblados, desde el nivel central en Santiago, en cosa de minutos?. No había ningún procedimiento que permitiera asegurar que eso ocurriera.

Una vez producida la alarma que, reitero, no estaba considerada para los tsunamis, se constituían los COE, para iniciar el manejo de la crisis. Al respecto el Plan dispone: “El Ministro del Interior, Intendentes Regionales y Gobernadores Provinciales y Alcaldes dispondrán la habilitación, en la ciudad donde tengan su asiento, de un “Centro de Operaciones de Emergencia”, C.O.E., que corresponde a un lugar físico que debe contar con las facilidades necesarias de comunicación para centralizar la recopilación, análisis y evaluación de la información de modo que permita, de acuerdo al tipo de evento destructivo realizar las coordinaciones, tomar decisiones oportunas y precisas, diseminar información procesada a los servicios técnicos ejecutores, autoridades superiores y medios de comunicación social”. Esto subraya lo absurdo de la acción del Intendente de Concepción llamando por teléfono al Comandante en Jefe de la II Zona Naval, preguntándole si iba a haber maremoto, cuando -de acuerdo al plan- era el SER / COE / Intendente quien debía llamarlo para informarle el resultado de la decisión de la Onemi y suya.

El Shoa, por su parte, debía reportarse a la Onemi y desde allí recibir las informaciones de terreno aportadas por las intendencias, gobernaciones y alcaldías, para corroborar sus predicciones teóricas, instrumentales, con la realidad observada por las personas. Eso ocurrió en forma intermitente, tarde, en forma incompleta o no ocurrió. ¿Cómo iba a ocurrir si los COE nunca funcionaron?

El Plan continúa: “El local, los elementos de trabajo, útiles de escritorios y demás que sean necesarios para el funcionamiento de los Comités de Protección Civil y Centros de Operaciones de Emergencia, serán suministrados a nivel nacional por ONEMI y a nivel regional, provincial y comunal, por la Intendencia Regional, Gobernación Provincial y Municipalidad respectiva. En esta parte, se omite el elemento clave: comunicaciones. Lo peor: el equipamiento, cuando existió, fue escuálido o insuficiente. Y en todo caso, inadecuado para emitir alertas y alarmas.

Un periodista poco serio, sin haber leído el Plan, se sorprende y acusa a las Capitanías de Puerto por no “organizar la evacuación”. Primero, no estaban autorizadas para hacerlo; segundo, los COE nodeclararon alrtas ni evacuación; tercero, las que recibieron información directa del Shoa, podían podían alertar a los buques navegando y a los capitanes de los buques en puerto –Lota Talcahuano, San Vicente, San Antonio, entre las principales- a los que se les ordenó zarpar, cosa que la mayoría hizo. Pero no tenían ninguna atribución para disponer ni menos organizar alertas y evacuaciones de la población civil. ¿Por qué la II Zona Naval recibió información del Shoa?: porque está en la red de comunicaciones marítima de alerta a los buques navegando y en puerto. ¿Por qué no advirtieron a la población de Talcahuano?; porque el Plan lo prohibía expresamente, eso lo debía hacer la Onemi vía Intendencia. Sus atribuciones se limitaban a advertir a los buques.

Que la justicia y la prensa no se agoten en buscar culpables entre los ejecutores antes de analizar con cuidado el Plan pergeñado por las altas autoridades desde el 12 de Marzo del 2002 , concentradas más en la distribución de poder y manejo de fondos que en producir resultados que satisficieran el Bien Común. La justicia en Chile es inescrutable e incomprensible para el ciudadano común: El ex Ministro Pérez validó el plan, no proveyó los medios que insistentemente solicitó la ex Directora de la Onemi y se presentó tarde a cubrir su puesto en la Onemi: fue declarado inocente de todo. El Subsecretario Rosende llegó a la hora a su puesto para situaciones de emergencia, se hizo cargo de un plan inoperante y sin los medios necesarios para hacerlo funcionar: fue declarado culpable -el que ahora haga hara kiri para apoyar a su candidata presidencial es harina de otro costal-.

El Decreto Exento N°760 del 25 de febrero del 2010 firmada por los Ministros Edmundo Pérez y Francisco Vidal es una muestra clara de la voluntad gubernamental de acaparar poder aun creando esquemas operativos absurdos. En él se establece una comunicación directa entre la Onemi y el Estado Mayor de la Defensa, para que éste disponga personal y capacidad de transporte de carga a disposición  de la Onemi, como únicas tareas asignadas a la defensa nacional en caso de catástrofe, excluyendo en forma completa a las FFAA, como si ellas no tuvieran nada más que hacer y aportar cuando la población es sometida al violento estrés de una catástrofe. Esa aberración fue abolida por Decreto Exento N° 889 del 16 de marzo del 2010, firmado por los ministros Ravinet y Hinzpeter.

Lo que mató a esas 181 personas fue un plan absurdo, hecho con un criterio ideológico de marginación de las FFAA. Apuntado a producir efectos mediáticos mediante la repartición de carpas, mediaguas y frazadas a los damnificados de algún evento menor.

Dentro de lo que la prensa bautizó como “caso fragatas” ocurrió una grave vulneración a la seguridad nacional al publicarse, por parte de un medio electrónico, la totalidad de un documento clasificado por la Armada como secreto. Estos incluían contratos de adquisición de municiones y modificaciones estructurales para el empleo de helicópteros de combate y su armamento, así como otros delicados elementos. Nos cuesta pensar en algo más reservado para la función primordial de la Armada que las armas de combate de sus buques.

Mediante el Oficio Secreto N° 4561/3079 del 25 de Junio de 2012, el Comandante en Jefe de la Armada respondió una solicitud del Ministro de Fuero Manuel Antonio Valderrama Rebolledo y el Fiscal Metropolitano Oriente Carlos Gajardo, pidiendo  al Ministro de Defensa amplia información del proceso de adquisición de los buques y materiales conexos respecto a la cual la Armada solicitó “tener presente lo señalado en el Código de Justicia Militar, el Código de Procedimiento Penal y el Código Procesal Penal en cuanto a evitar la divulgación de la información durante la investigación y substanciación del eventual proceso y que al término de éste, los antecedentes sean devueltos a la Armada”.

Dicho documento permaneció un tiempo prolongado en la página del periódico electrónico el cual luego la retiró, reponiéndola el martes recién pasado.

El documento se encuentra en http://www.theclinic.cl/2013/06/11/el-fracaso-del-presidente-del-cde-para-reabrir-investigacion-sobre-filtracion-de-documentos-de-la-armada/ y de su lectura queda claro que se trata de información en extremo sensible para la defensa nacional. Llama la atención la aseveración del medio electrónico en cuanto a que “un informe de la PDI descartaba cualquier afectación a la seguridad nacional”, lo que daría pie al abandono de la investigación y cierre del caso. Esta última afirmación, de ser cierta, permite preguntarse cuáles son los criterios que emplea la PDI que difieren en forma tan frontal respecto a lo que asegura la Armada, sobre todo tratándose de material e información más del ámbito de esa institución que del quehacer de la PDI.

La columna del medio electrónico viene acompañada de una foto a color, de buenas dimensiones, mostrando a Sergio Urrejola, Presidente del Comité Penal del Consejo del Estado, no dejando ninguna respecto a quien es el “naif” al que la columna se refiere.

¿Qué es lo que lo hace a Urrejola acreedor a esta descalificación?

El periódico lo explica con meridiana claridad: “El jueves de la semana pasada todos los abogados del Consejo de Defensa del Estado (CDE) que concurrieron a dar cuenta de sus causas al Comité Penal, debieron abandonar la sesión a poco andar. Se iniciaba así una exposición “reservada” en la que un profesional del organismo reveló una instrucción perentoria enviada por el presidente Sergio Urrejola para que se presentara una querella criminal en una causa que lleva la Fiscalía Centro Norte”. “La discusión interna en el Comité Penal donde estuvo el presidente de la instancia Eduardo Urrejola, su colega Daniel Martorell, la procuradora fiscal Irma Soto y la jefa de Defensa Judicial María Teresa Muñoz, no fue sencilla, porque la orden de Urrejola buscaba a toda costa la presentación de un libelo criminal. –para investigar la filtración de la información secreta y determinar los responsables de la misma”-. “Sin embargo, Urrejola perdió: el Comité Penal, resolvió auscultar un poco más los antecedentes, porque hasta ahora no se establecía con claridad cómo podía haberse afectado la seguridad nacional con la publicación”

Al respecto es necesario recordar que de acuerdo a la ley, dentro de las 24 horas de haberse producido la publicación de estos documentos, y mediante ella, de haberse producido un eventual delito, las autoridades afectadas debieron haber interpuestos las denuncias correspondientes. En efecto, sea el Fiscal de la Zona Oriente o el Ministro de Defensa Andrés Allamand debieron haber procedido en la forma señalada. Aparentemente -algunos días después- sólo el Comandante en Jefe de la Armada lo habría hecho. Obviamente las 24 horas han pasado en exceso, pero más vale tarde que nunca.

¿Dónde estaba lo naif de la instrucción del Presidente Urrejola?. También el medio es claro: “Hipotéticamente, si el CDE se hubiera querellado en este caso y la fiscalía reabierto la causa, una serie de funcionarios habrían tenido que desfilar por el Ministerio Público Centro Norte, ya que serían sospechosos de la filtración. Los primeros, por cierto serían los fiscales oriente que llevan el caso fragatas Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, porque tuvieron acceso al documento. Le seguirían los intervinientes del CDE, los abogados defensores, los detectives que indagaron el caso, empleados del Ministerio de Defensa, la Marina, los miembros del Comité Penal, entre otros, ya que la copia “1 de 1” del documento quedó publicada en The Clinic Online”. Todo lo cual aparentemente al medio le resulta intolerable. Al respecto hay que recordar que los “desfiles” de marinos y policías por los tribunales han llegado a ser de normal ocurrencia y generalmente precedidos de abundante especulación periodística, difamación de los afectados y siempre acompañados de gran publicidad, lo nuevo sería en este caso, que tales medidas alcanzaran a los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena; a los intervinientes del CDE; a los abogados defensores, y a los miembros del Comité Penal del Consejo de Defensa del Estado, que aparentemente se encontrarían en un estatus diferente al del resto de los chilenos, que los pondría fuera del alcance del estado de derecho imperante en nuestro país.

La pretensión de Urrejola no parece nada de naif, por el contrario, muestra a un funcionario que, aunque en forma tardía, pretende hacer que se cumpla la ley e impere el Estado de Derecho sin priorizar la defensa de los intereses corporativos de los demás miembros del Comité Penal.

Los resultados de esta situación mostrarán empíricamente y sin lugar a ambigüedades hasta donde el Consejo de Defensa del Estado es capaz de ejercer sus funciones cuando los dardos llegan hasta las puertas de sus propias oficinas.

Les ruego a los lectores mantener este asunto bajo observación, el Consejo del Defensa del Estado es uno de los últimos refugios de los intereses nacionales y el guardián del estado de derecho, su eventual renuncia a cumplir su deber confirmaría que en Chile “las instituciones” no estarían funcionando y pondrían en evidencia el nivel de indefensión del ciudadano común: usted, yo, su familia y la mía.