Archivo de la categoría: Chile – Política

«Recreándose» y «medicándose». Los «vacíos de la Ley».

La marihuana está sobre la mesa, el mundo político se da de codazos para ser el mas moderno, liberal y abierto de mente. El problema es que el tema es tratado con frivolidad y nadie se hace cargo de las “externalidades” evidentes.

Personalmente creo que cada persona mayor de edad tiene derecho a tomar sus decisiones, a elegir drogarse, emborracharse, contaminar sus pulmones con tabaco u otra cosa o inflingirse cualquier tipo de daño a cambio de lo que considere una retribución placentera, pero en reciprocidad, debe asumir la responsabilidad correspondiente, a su costo personal o familiar. No tiene derecho a reclamar del estado que lo cure, lo apoye y lo rehabilite.
El estado, por su parte retiene la obligación de regular el ejercicio de estas actividades en vista a evitar que ella y sus efectos dañen a otras personas.

Si la sociedad decide que se hará cargo de la salud y rehabilitación de todos los ciudadanos, entonces tiene el perfecto derecho de reglamentar y ejercer el control de esas actividades, incluyendo el penalizarlas.

El congreso está en pleno festival de legalización del uso “medicinal” y “recreativo” de la marihuana. Lo primero que resulta evidente es que esto es un sofisma en vista a abrir su uso indiscriminado. Se dice que se autorizará el cultivo de un número limitado de plantas por consumidor, aparentemente cinco. Si en una casa viven ocho personas, ¿pueden cultivar cuarenta plantas?; cómo se va a controlar ¿la policía revisará casa por casa contando las plantas?; como se va a penalizar el cultivo en exceso ¿la policía se limitará a llevarse las plantas excedentes?.¿Quién y cómo calificará si la plantación es para un fin medicinal o para consumo recreativo?, ¿quién recetará este “medicamento”?. Todo esto parece bastante utópico o hipócrita.

El uso “recreativo” es un chiste: si un chofer de micro se “recrea» con tres pitos de marihuana antes de salir a su “vuelta” y mata a dos peatones, ¿cómo sería juzgado si se “recreó” en su tiempo libre?. No hay sensores portátiles y es muy difícil medir el grado de intoxicación.
¿Qué puede hacer un pasajero que aprecia que el conductor del bus se ríe mas de la cuenta y tiene los ojitos rojos como conejo?. ¡Que decir si se trata del piloto del avión que vamos a abordar!.

Así como existe diferencia entre un bebedor social moderado y un alcohólico, ¿existe diferencia entre un fumador “recreativo” y un drogadicto?, porque la ley no distingue. Un gerente de una empresa ¿puede despedir a un empleado que se “recrea” constantemente?. Un diputado que está frecuentemente en estado de “recreado” ¿puede seguir en ejercicio de su cargo?.

La ley y toda la situación derivada de introducir el uso abierto de un tóxico, sin considerar sus externalidades es de una irresponsabilidad inaceptable. Cuando mueran los primeras víctimas de un consumidor “recreado” y el crimen no pueda ser sancionado por que “hay vacíos en la ley”, quedará en evidencia que el vacío está en las cabezas de los encargados de legislar previendo las consecuencias evidentes.

Hace pocos días un diputado hacía un enérgico alegato contra la reducción de los espléndidos sueldos de los miembros de su corporación y señalaba que un gerente cualquiera ganaba esa cantidad –lo que no es cierto- por lo que si los chilenos queríamos tener legisladores de excelencia, teníamos que estar dispuestos a pagar sueldos de ese nivel. Con todo respeto, cualquier empleado gerencial en una empresa privada que hiciera su trabajo con tal grado de liviandad, sería despedido al segundo día de trabajo.

Fernando Thauby García
T3 SpA
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8 de julio de 2015

García Linera hace prospectiva y deja directrices para el gobierno de Chile

El Vicepresidente de Bolivia, se va de Chile dejándonos sus proyecciones prospectivas, sus recomendaciones para nuestra política exterior y un mensaje claro: la hostilidad boliviana no terminará hasta que Chile ceda y les dé lo que quieren.
Como ya se está haciendo costumbre, una alta autoridad del gobierno de Bolivia viene a nuestro país, interviene en nuestros asuntos internos, nos falta el respeto, nos amenaza y se va tan campante.

No pidió permiso para venir y llegó sin ni siquiera avisar. Declaró con toda soltura que la notificación de que un avión oficial de su gobierno aterrizaría en Chile era suficiente aviso, y con su aspecto atildadito y algo amanerado no tuvo empacho en dejarnos varios mensajes:

– Bolivia crece a paso de carga y Chile está estancado.
– Bolivia “aceptará” el fallo de la Corte Internacional pero no cejará en sus acciones para obligar a Chile a cederle un territorio soberano en nuestro país.
– Bolivia actuará mediante acciones “paralelas y simultáneas” en otros frentes aun cuando la disputa se encuentre en La Haya.
– Bolivia tiene otros temas con los cuales seguir hostilizando a Chile. No los mencionó pero se puede colegir que se refiere a los asuntos de los ríos Lauca y Silala y otros por inventar.

También nos aclaró el panorama para que siguiéramos su ejemplo y adoptáramos políticas eficaces como las de Bolivia:

– Deberíamos seguir las políticas que recomienda el movimiento estudiantil chileno.
– La política económica de nuestro país debería cambiar hacia una como la de Bolivia, que demostradamente es mas eficiente.
– Los proyectos ferroviarios de Brasil, China y Perú para unir el centro del continente con el Océano Pacífico son inviables si no van por Bolivia, pero no pasarán por Chile.
– Chile no debería tomar mediadas diplomáticas cuando políticos de países como Perú, Paraguay, Uruguay, Ecuador o Venezuela apoyan a Bolivia. Es malo para nuestro país.
– Ellos quieren un acceso soberano al Pacífico y están abiertos a sentarse a conversar. No quieren «imponer».
– Ellos “cortaron” a Bachelet porque no concretó y se quedó solo en conversaciones.
– Respecto a la reelección continuada de Morales, ella no solo es lógica y aceptable, sino que es una necesidad para satisfacer su aspiración marítima y asegurar el desarrollo nacional.

La autosuficiencia del Vicepresidente Boliviano para imponernos su presencia, su desprecio hacia nuestro país y en particular hacia sus autoridades, el desafío abierto nuestros derechos e intereses y su insultante soberbia contrasta penosamente con la actitud dubitativa, temerosa, casi pusilánime de nuestras autoridades.
Mas temprano que tarde pagaremos un precio por ello y nos obligará a emprender acciones que podrían haberse evitado si hubiéramos mostrado mas asertividad y dignidad cuando aun era tiempo.

Curiosamente, nuestro país sigue dócilmente y sin cuestionamientos -en el marco de Unasur- el liderazgo político regional de Ecuador y Bolivia.
¿No estaremos “leseando”?

Fernando Thauby García
T3 SpA
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4 de julio de 2015

A Sebastián Piñera: Atentamente

En su columna del día 28 de Junio, se pregunta: “¿Qué le está pasando a Chile?, ¿Por qué ha perdido su liderazgo y dinamismo y se está alejando del camino del progreso?. Chile va por mal camino, se ha perdido el rumbo y el ritmo, y estamos viviendo un clima generalizado de desconfianza y creciente frustración. Frente a esta situación debemos hacernos dos preguntas: ¿Cuáles son las causas del estancamiento? ¿Cómo recuperar la senda del progreso?”
Y se explica: “En efecto, las cifras son claras: hemos perdido gran parte de nuestra capacidad de crecer y crear empleos, la inversión retrocede fuertemente, la productividad cae, las oportunidades, la innovación y el emprendimiento se debilitan. Por su parte, los estudios de opinión pública muestran que la inmensa mayoría de los chilenos piensa y siente que Chile va por mal camino, y temen ver afectada negativamente su calidad de vida y, lo más importante, su desarrollo personal y familiar.”

“A mi juicio, (el error) central ha sido el programa de la Nueva Mayoría: se sustentó en un diagnóstico equivocado, al confundir la voz radicalizada e impaciente de la calle con la opinión más moderada y mayoritaria de la gente, optando por la lógica refundacional de la retroexcavadora, que desconoce la valiosa trayectoria seguida por nuestro país en las últimas décadas. Además, adoptó una ideología equivocada, confundiendo lo público, que nos interesa y compromete a todos, con lo estatal. Esta confusión llevó a implementar soluciones en base a un rol hegemónico del Estado, desplazando y debilitando el aporte de la sociedad civil. Tercero, está implementando reformas estructurales con poco análisis, mucha improvisación y pobre implementación”.
Para recuperar el camino del progreso, Piñera dice que hay que buscar el equilibrio entre cuatro principios: Libertad; Progreso, Justicia y Seguridad para lo cual es necesario confiar en la ideas propias, crear un referente político y “lo más importante, preparar un proyecto de futuro para reencantar a los chilenos y conquistar sus voluntades y corazones. Un proyecto de futuro exigente, optimista y viable, basado en los principios descritos y pensado para la pujante y amplia clase media de nuestro país, de forma que todos los chilenos sientan que tienen un lugar para aportar con su esfuerzo y que pueden beneficiarse de sus frutos”.

Brillante; pero el futuro comienza en el pasado y su propuesta no se hace cargo de la magnitud y profundidad de la desazón que su gobierno dejó entre sus partidarios y en muchos otros chilenos.

Nada mejor que un ejemplo:
Su candidatura, -incluso desde antes de ser candidato-, creó varios grupos para preparar lo que sería el Programa. Los grupos Tantauco, en diversas áreas de gobierno. Trabajé en el área de Defensa. Un grupo grande de personas especialistas en diversas áreas, civiles y ex – militares. Fue un trabajo extenso y profundo, se llegó a conclusiones y propuestas mas sólidas que en cualquiera de las elecciones anteriores. Ganó la elección. Puso de Ministro a un DC con una trayectoria discutible en un extraño e ingenuo intento de atraer a gente de ese partido. No lo logró; hubo que sacarlo en medio de acusaciones de faltas a la probidad; no hubo investigación y todo quedó en la nebulosa. Puso a Allamand, -para que no siguiera tirando piedras desde la vereda-, quién se dedicó a usar su cargo y a las FFAA para promover su candidatura. Su gestión de la Estrategia de Seguridad y Defensa fue inolvidable; llegó a excesos risibles. Salió Allamand y el cargo quedó acéfalo. Se dijo que alguien había sido nombrado ministro, nunca fue visto pero cobró sus sueldos religiosamente.
Piñera desechó a sus partidarios e ignoró su trabajo, gobernó la defensa con personalismo. Fueron cuatro años desperdiciados y una gran oportunidad perdida.

Para ser elegido Piñera necesitó los votos del mundo militar, para lo cual en noviembre de 2009, durante su campaña electoral, se comprometió ante Oficiales y Suboficiales de las FFAA y de Orden en retiro a aplicar durante su gobierno la prescripción de las causas vinculadas a los DDHH. La transcripción de la grabación dice así:
– Habla el Candidato Sebastián Piñera .. (Aplausos) … “Por eso yo he querido centrar estas palabras con ustedes en estos cinco compromisos claros y específicos. Y quisiera agregar un compromiso más, que tiene que ver con un tema ajeno a lo que hemos estado conversando, que son materias de carácter previsional y de beneficios, que es el tema de la justicia en nuestro país. Y quiero aplicar los principios que siempre han orientado a la verdadera justicia. En
 nuestro gobierno vamos a velar para que la justicia se aplique a todos los ciudadanos de nuestro país, incluyendo por supuesto a las personas que están en servicio activo o en retiro de nuestras Fuerzas Armadas y de Orden, sin arbitrariedades, en forma oportuna y sin mantener procesos eternos que nunca terminan, respetando garantías fundamentales como es el debido proceso, como es la presunción de inocencia y como es también la imparcialidad del tribunal que debe juzgar los casos, y también la aplicación correcta de acuerdo a nuestra legislación y de los tratados internacionales del principio de prescripción de los delitos. Y por eso estamos simplemente aplicando lo que es en esencia lo que garantiza un verdadero estado de derecho, que es que la justicia tiene que ser aplicada en forma equitativa y los principios de la justicia como el debido proceso, como las normas de prescripción, como la imparcialidad de los tribunales, como la oportunidad en que la justicia debe ser aplicada, deben aplicárseles a todos los chilenos sin ninguna distinción, y creo que este es un principio que honra a nuestro país, fortalece nuestro estado de derecho y, además, apunta definitivamente a conquistar una plena y total reconciliación en un país que, por distintas razones, estuvo sometido durante mucho tiempo a divisiones muy profundas, a divisiones que generaron mucho encono, mucho rencor y mucha odiosidad entre los chilenos, y yo creo que los países que se quedan atrapados en el pasado y que no son capaces de levantar la vista para mirar al futuro, son países que en cierta forma están renunciando a ese futuro, y por esa razón nuestro gobierno va a tener una orientación de futuro, vamos a tratar de cerrar las heridas”.

¿Qué piensan los beneficiarios de las promesas de Piñera? Un botón de muestra: “En ningún gobierno de la Concertación nuestros prisioneros recibieron un trato tan cruel y displicente como en éste. El Ministerio del Interior ha incrementado substantivamente el número de abogados destinados a hacer daño a nuestra gente … y lo ha logrado. El Ministerio de Justicia se ha esmerado en endurecer el maltrato hacia nuestros prisioneros. Cuando dos Vicealmirantes, en cumplimiento de las obligaciones de su cargo, concurrieron a Punta Peuco a ver a los marinos prisioneros, el Ministro de defensa, Andrés Allamand construyó un caso de deslealtad e intervención política que terminó afectando la carrera de ambas autoridades navales”.
También sostienen que: “La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el número 6 de su artículo 4, establece: “Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena, los cuales podrán ser concedidos en todos los casos”. En el mismo sentido discurre el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el número 4 de su artículo 6. Es decir, todos los delitos, incluso los más graves sancionados con pena de muerte, pueden ser amnistiados, indultados o conmutada la pena por otra más benigna. Estos tratados expresan claramente que la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena “podrán ser concedidos en todos los casos”. Sin embargo, Felipe Bulnes, Ministro de Justicia designado por Piñera declaró: “ni aunque esté moribunda una persona condenada por crímenes contra los derechos humanos podrá ser indultada”. Pues bien, hay moribundos en Punta Peuco. Tanto Bulnes como Piñera sabían que la amnistía fue siempre una opción y deberían recordar que “Quien niega el perdón a su hermano, es inútil que espere el perdón de Dios”.
Si el gobierno de Piñera, después de prometer lo que prometió actuó en sentido opuesto, ¿cómo esperar mayor justicia y clemencia de la Nueva Mayoría que incluye a quienes fueron derrotados por las FFAA, y que jamás han ocultado su aspiración a que no haya “ni perdón ni olvido”?.

La conclusión que podemos sacar de este ejemplo es que no bastan los resultados económicos, como nos dice Sebastián Piñera: La forma en que se gobierna, la honradez, el cumplimiento fiel a las promesas, el respeto a las personas, la humanidad que va mas allá de las conveniencias electorales, políticas coyunturales e incluso de las leyes, es lo que hace la diferencia para la gran mayoría de las personas .. y esa es una de las causas mas profundas de la desazón que entristece, deprime y frustra a los chilenos.

No toda la gente es como Piñera, no todos se satisfacen con los logros mensurables y la popularidad personal, hay muchos que anhelan vivir en una sociedad de solidaridad, paz, transparencia, seguridad y honestidad; saber que aun los productivamente menos eficientes también podrán vivir con dignidad y que nadie será abandonado a su suerte en ninguna circunstancia.

Pero no solo hubo engaño y crueldad, también hubo deshonestidad: El 8 de Octubre del 2012, Roberto Méndez, de Adimark, ante la pregunta de: -¿Qué fue lo más grave de la fallida licitación del litio?, declaraba:
-El gran error fue el trabajo mal hecho, se hicieron las cosas mal, sin tomar los resguardos necesarios. Había críticas por licitar, que en una de las empresas había gente ligada a Pinochet, además el hermano del ministro, todo indicaba que había que tomarse el máximo de resguardos y no se hizo, eso sencillamente entorpece, es una cosa absolutamente inadmisible. -¿Esta seguidilla de errores se producen por falta de astucia y manejo político? -Se debe a una mezcla muy explosiva. Una ansiedad por mostrar triunfos y éxitos, unido a una incapacidad para entender el deterioro de las confianzas que ha sobrevenido sobre el país. Esa mezcla hace que se comentan estos errores, que no se revisen las cifras, que se exagere en la interpretación … Esa ha sido la tónica del gobierno, una impericia en la comunicación, en no entender que la sociedad está escéptica a las comunicaciones de cualquier autoridad, pero especialmente del gobierno. -¿Hay algún rasgo mesiánico en esta ansiedad por mostrar logros? -No sé si mesiánico, lo que hay es cierto exitismo en la personalidad del Presidente, que se traduce en el tenis, en los deportes, en las relaciones con sus amigos, eso se ha traspasado a la gestión gubernamental. Hay una necesidad de ser y parecer exitoso que ha sido llevada más allá de lo prudente. -¿Hacía donde se dirige el país cuando el Poder Ejecutivo pelea públicamente con los otros poderes del Estado?. No veo ningún actor político que esté enfrentando esta situación y la opinión pública resiente eso, hay una especie de desamparo social. El gran espacio que hay en la política chilena es de liderazgos que busquen acuerdos, rescatar las instituciones y no veo a nadie en eso”.

Sr. Piñera, le recomiendo una lectura atenta de la columna de Ernesto Ottone que comienza así: “La desazón es un sentimiento de disgusto, de malestar, de pesadumbre. Es un sentimiento inquietante y desagradable que se instala en el cuerpo social y permanece como un pesado manto sobre las relaciones sociales, generando conductas que pueden ir de la ira a la apatía, de la agresividad a la desesperanza. En Chile, hoy impera la desazón. Se podría decir que esa desazón es exagerada, que observando con serenidad el funcionamiento del país y la cotidianidad de los chilenos, si bien hay cosas preocupantes, no aparecen visos de catástrofe que den lugar a una percepción tan extendida. Sin embargo, como bien sabemos, las percepciones raramente coinciden con la realidad, están marcadas por múltiples subjetividades, se comparan con situaciones anteriores y aspiraciones futuras”. Sus esfuerzos electorales comienzan desde la profunda desazón de quienes fuimos sus partidarios. Atentamente

Fernando Thauby García
T3 SpA
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30 de Junio de 2o15

FILTRACIONES JUDICIALES: ¿búsqueda de la verdad o intereses personales?

El diario El Mostrador en su edición del 10 de junio, nos informa las increíbles declaraciones del Jefe de la Zona Oriente Alberto Ayala a los periodistas, respecto a la eliminación de Carlos Gajardo de su función de persecutor en el caso Corpesca: “ … todas las investigaciones deben tener un debido proceso y cuando yo veo permanentemente que elementos de una investigación están en los diarios y medios, yo como fiscal regional tengo que tomar las medidas del caso», … «no tengo cómo imputar nada a nadie, sería una infamia de mi parte hacerlo, pero tengo que tomar las medidas. Tuve muchas personas afectadas, por esto abrimos investigaciones respecto a filtraciones. De muchas otras causas ustedes se acogieron al legítimo derecho de guardar sus fuentes y yo debo resguardar el debido proceso».

El fiscal jefe sostuvo que no ha conversado con el fiscal Gajardo. Que no comete la infamia de imputar nada a nadie, pero igual lo defenestra. Hubo persona afectadas que siguen sin ser reparadas. Inicia investigaciones respecto a filtraciones pero no puede mostrar resultados.
El Mostrador también señala que: “El movimiento de Ayala fue interpretado como un “golpe blanco” al fiscal Gajardo. De acuerdo a fuentes internas, Gajardo era el único que no se “agachaba” ante Ayala”.
“Las versiones decían entonces que Ayala tenía un “dilema” con Gajardo por no poder “controlarlo” y no poder “sacarlo”, ya que es el fiscal “estrella”.
“Para muchos, dejar a Gajardo fuera del caso Corpesca es una pasada de cuentas de Alberto Ayala, ya que ambos mantienen una “difícil” relación desde hace meses, cuyo punto más álgido fue en febrero”.

Considero increíbles estas declaraciones porque dejan al descubierto una mezquina lucha de vanidades, una guerra despiadada por la notoriedad y el escalamiento burocrático, a costa de lo que se supone que es su muy delicada función: impartir justicia. Si hay algo desmoralizador para la sociedad son estos abusos; constituyen una traición a la buena fe de los ciudadanos y un abuso de poder inaceptable. Dejan al descubierto que las “filtraciones” de los elementos de las investigaciones -que se suponen reservadas- ocurren en beneficio de los miembros del poder judicial tratando de alcanzar el estrellato por medio de una impúdica competencia.
Pero esto es aun mas escandaloso: Las infidencias y abuso de poder de los funcionarios de la justicia destruyen carreras, reputaciones y causan graves e irreparables perjuicios a las personas que tienen la desgracia de caer en medio de esta lucha de intereses personales, sin que la Corte Suprema, el Ministerio de Justicia, ni el Congreso se den siquiera por aludidos. Tan grave como eso, es que en la furia de esta riña nadie tiene tampoco el menor recato en atentar grave e impunemente contra la seguridad nacional.
Dentro de lo que la prensa bautizó como “Caso Fragatas”, -la investigación llevada a cabo por el Fiscal de la Zona Oriente Carlos Gajardo para esclarecer los posibles delitos ocurridos en el proceso de modificación de las estructuras de las fragatas adquiridas por Chile al gobierno de Holanda-, se dispuso la incautación de la información contenida en el computador de uno de los investigados, el empresario Guillermo Ibieta.
Este “disco duro” fue incautado por la policía civil y entregado a la Fiscalía Oriente para, se supone, su custodia y análisis para los fines de la investigación. Muy poco después, un periódico electrónico nacional dio a conocer que había tenido acceso a los 100.000 archivos de información referida a “transacciones bancarias, informes de ex marinos chilenos, recomendaciones de lobby para distintos proyectos y un contrato secreto de Asmar”. Y precisa aun más: “Se trata de sólo una muestra de lo que contiene el disco duro de este “intermediario” de cuyos 43 gigabytes (el diario electrónico citado) obtuvo una copia íntegra. La misma que está en manos del fiscal de la zona oriente Carlos Gajardo”.
Esta información fue el puntapié inicial para varias semanas de especulaciones, suposiciones, cuestionamientos y nuevas acusaciones periodísticas a todas las personas y organismos que tuvieron la desgracia de estar mencionados en los documentos de Ibieta que, por lo demás, nadie podía asegurar que dijeran la verdad o mintieran.
Los afectados fueron severamente vulnerados en sus derechos. Los antecedentes obtenidos por la policía, en uso de las atribuciones entregadas a ellos para apoyar a la justicia, se transformaron en instrumento para juzgarlos y condenarlos frente a la opinión pública. No tuvieron ocasión de defenderse; fueron declarados culpables aunque la justicia, eventualmente, los declarara inocentes.
El procedimiento fue ilegal e inmoral, sin embargo lo más grave es que nunca se aclaró la fuga de información secreta desde la Fiscalía Oriente, desde la Policía o desde otra fuente, hacia el medio electrónico.
Pero es peor, esta situación, en si misma seria y preocupante, no terminó ahí. El fenómeno volvió a repetirse.
Dentro de la misma investigación, el Ministro de Fuero Manuel Antonio Valderrama Rebolledo y el Fiscal Metropolitano Oriente Carlos Gajardo, solicitaron al Ministro de Defensa amplia información respecto al proceso de adquisición de los buques y materiales conexos, la que fue entregada por el Comandante en Jefe de la Armada al Ministro de Defensa Nacional mediante el Oficio Secreto N° 4561/3079 del 25 de Junio de 2012, – junto a una carpeta con información clasificada como Secreto, respecto al cual se solicitó tener presente lo señalado en el Código de Justicia Militar, el Código de Procedimiento Penal y el Código Procesal Penal en cuanto a “evitar la divulgación de la información durante la investigación y substanciación del eventual proceso y que al término de éste, los antecedentes sean devueltos a la Armada”.
Pues bien, muy poco después, el mismo medio digital los dio a conocer, in extenso y completamente, en su publicación electrónica. Nuevamente, ni el Ministro de Defensa Nacional, ni el Ministerio de Justicia, ni la Corte Suprema, ni el Ministro de Fuero, ni el Fiscal de la Zona Oriente tomaron acción legal ante esta gravísima vulneración de la seguridad de la defensa nacional.
De acuerdo a la ley, dentro de las 24 horas de haberse producido la publicación de estos documentos, y mediante ella, de haberse producido un eventual delito, las autoridades afectadas debieron haber interpuestos las denuncias correspondientes. En efecto, sea el Fiscal de la Zona Oriente o el Ministro de Defensa debieron haber procedido en la forma señalada. Algunos días después, sólo el Comandante en Jefe de la Armada lo había hecho.
No pasó nada, ni entonces ni después.
Esto se ha repetido muchas veces, por ejemplo, con la Investigación respecto a lo sucedido el 27 de febrero de 2010, en que todos los tomos de la investigación fueron a parar al escritorio de Ascanio Cavallo, decano de Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez, quien la usó para especular, suponer y desprestigiar impunemente a personas e instituciones.
Caben muchas preguntas, pero sin duda la primera y principal es saber la causa del incumplimiento de la obligación funcionaria de diversas autoridades del Ejecutivo y también del Poder Judicial de denunciar posibles delitos y llevar a cabo las investigaciones necesarias para identificar a los culpables, los responsables, sus cómplices y determinar las razones de la reiterada repetición de hechos similares que configuran graves violaciones a un Derecho Humano como es la honra y dignidad de las personas, y a la seguridad de la defensa nacional, ambos delitos sancionados con severidad en todo el mundo.
No es conducente ni justo atribuir estas situaciones a la prensa como actividad o como gremio; menos cuestionar la libertad de prensa. Tampoco debilitar lo avanzado respecto a transparencia de los actos de las autoridades o funcionarios, pero es imprescindible la existencia de una supervisión y una contrapartida efectiva que acote la impunidad de los que trasgreden esas normas en beneficio propio -fama o dinero-.
El incumplimiento por parte de las autoridades Judiciales, Ministeriales, de la Policía y otros, de las normas legales que los obligan a denunciar, investigar y sancionar las conductas ilegales, abusivas y prepotentes de las autoridades judiciales en perjuicio de los ciudadanos de a pié, no puede ser tolerado. Menos la conformación de asociaciones ilícitas entre periodistas carentes de ética y traficantes de información reservada.
La pregunta clave es: ¿quién custodia a los custodios?. Sus autoridades jerárquicas, obviamente que no. Las autoridades políticas y judiciales se desentendieron y guardaron silencio, hoy están pagando por su complicidad.
Cuando los afectados son miembros de la Judicatura las investigaciones mueren en la nada. Cuando son otros, los fiscales abusan de su poder.
Mañana el afectado puede ser ser usted y estará indefenso.

Fernando Thauby García
T3 SpA
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11 de junio de 2015

Mar para Bolivia: Clericalismo y Lucimiento personal

Entre el 9 y el 14 de septiembre del 2006 en la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, se llevó a cabo un seminario con tres grupos -de Bolivia, Chile y Perú- de cuatro de académicos cada uno, convocados por dicha universidad, que concluyó en un documento de análisis y apoyo a  la construcción de una posible solución respecto de la demanda marítima boliviana.

Los académicos fueron elegidos por los organizadores; por Chile lo hizo Jorge Magasich un profesor de historia, activamente de izquierda, residente en Europa.

Para ser incluido entre los elegidos fue requisito suscribir algunos criterios:

  • La demanda de Bolivia es razonable y atendible.
  • El problema es de interés hemisférico permanente.
  • Desde la perspectiva del desarrollo económico regional, la satisfacción de la reivindicación marítima boliviana es un factor clave.

Esta convocatoria se llevó a cabo en el peak de popularidad de las políticas económicas y sociales alimentadas, en la región, por el alto precio de los recursos naturales y la euforia chavo – lulista generada a partir del Foro de Sao Paulo, con el apoyo y simpatía de la izquierda europea. Recordemos que este Foro comenzó a funcionar a partir de 1990 con los partidos de izquierda regionales bajo el liderazgo del Partido de los Trabajadores de Brasil, con el propósito de reordenar las huestes de la izquierda marxista regional después de la caída del Muro de Berlín, para “hacer la luz sobre las consecuencias del neoliberalismo” en los países de Latinoamérica y el Caribe y organizar la unidad antiimperialista en la región.

El diagnóstico del ambiento político en Chile que Magasich identifica como marco de la propuesta (2009) se resume en su aseveración: “encuestas de opinión efectuadas en Chile indican que, si bien la mayoría de la población tiene aún reticencias a otorgar una salida al mar a Bolivia, hay una evolución favorable de la opinión. Un comportamiento revelador fue el de varios miles de chilenos que concurrieron a una manifestación para escuchar al Presidente Evo Morales en 2004, donde gritaron sostenidamente: “¡Mar para Bolivia!”.

El seminario analizó tres escenarios de posible solución:

Opción I A: Integración de un corredor y un espacio trinacional por Arica, con borde costero. Incluye derechos marítimos y mar territorial para los tres países; puerto y aeropuerto; carreteras, líneas férreas y recursos naturales. No afectará a los derechos de Perú derivados de los tratados de 1929 y 1999.

Opción I B: Corredor Boliviano. Cesión por parte de Chile de un corredor terrestre para Bolivia entre los límites de Chile y Perú. No aclara si la cesión es por parte de ambos países – a ambos lados de la Línea de la Concordia- o solo por parte de Chile.

Opción 2.- Enclave Boliviano en la Región de Antofagasta, con un puerto para Bolivia a construirse en Cobija. Incluye libre utilización por parte de Bolivia y de libre circulación de ciudadanos bolivianos de los caminos y ferrocarriles chilenos.

El contexto político y el desarrollo de esta propuesta presentan algunas características destacables

  • Se trata de una invitación de la Universidad Católica de Lovaina, cuyas autoridades no participaron en las deliberaciones, en sus conclusiones ni actuaron ante los gobiernos ni organismos internacionales para su conseguir su eventual puesta en práctica, lo que permite calificarla como una actividad legítimamente académica.
  • Los participantes fueron de “sensibilidad” de izquierda y por consiguiente con una cosmovisión que no es compartida por todos los chilenos. Esto es particularmente notorio cuando suponen que la voluntad política y la ideología superan los considerandos económicos y técnicos. En esta línea, es cuestionable la posibilidad de que Chile pueda cooperar en el ámbito económico con el gobierno de Bolivia que llama a escándalo por la existencia de servicios públicos privatizados, como ocurre en Chile. En este caso, ferrocarriles, puertos, carreteras, agua y energía. Lo mismo respecto al rol de la iniciativa privada, del estado y muchos otros temas. Sería un diálogo muy complejo. Sin perjuicio de lo señalado, es clara la coincidencia entre esta propuesta y las acciones del Gobierno de Bachelet respecto a la eventual concesión de un enclave en el norte de Chile. Esas negociaciones no trascendieron a la opinión pública sino hasta después de su cancelación por parte del gobierno Piñera.
  • Las tres premisas fundamentales son cuestionables:

-La demanda de Bolivia no es necesariamente razonable. Bolivia tiene acceso al mar, no soberano, pero eficiente. Tampoco existe en Bolivia una opinión mayoritaria clara respecto a que es lo que los bolivianos quieren.

-El problema es de interés hemisférico permanente. No es cierto. La identidad ideológica de los gobiernos regionales en ejercicio en ese momento jugó un papel relevante en la posición política de algunos de ellos.

-Desde la perspectiva del desarrollo económico regional, la satisfacción de la reivindicación marítima boliviana es un factor clave. Tampoco es válida. El uso del mar no requiere ineludiblemente la soberanía territorial.

  • El entusiasmo chavo – lulista murió. Las condiciones económicas regionales cambiaron dramáticamente. Mercosur falleció y las políticas económicas de los gobiernos chavistas fracasaron rotundamente.
  • Los reiterados excesos verbales y políticos de Morales contra Chile destruyeron la buena voluntad nacional existente en ese momento hacia Bolivia. El apoyo hacia un  “mar para Bolivia” no fueron de «miles de personas» sino que fue un evento reducido organizado por sus pares ideológicos en Chile. Actualmente hasta el partido Comunista chileno, organizador del evento antes mencionado, trata de hacer olvidar esa postura.
  • Varias de las alternativas consideradas en el Acta de Lovaina, ya fueron propuestas por Chile a Bolivia en el pasado y fueron rechazadas por sus gobiernos.

En breve, la de Lovaina fue una propuesta voluntarista que desconoció las peculiaridades del proceso político y social tradicional en Bolivia; hecha en un momento de optimismo político bilateral y regional que ya pasó, en gran parte debido a la irresponsabilidad de los gobiernos altiplánicos.

La segunda parte del desarrollo del Acta de Lovaina continuó en el mes de mayo de 2015 moviizada por parte de Mons. Dr. Víctor Manuel Fernández, Arzobispo – Obispo de Buenos Aires y Rector de la Universidad Católica Argentina (UCA), acompañado por Leonardo Jeffs Castro de la Universidad de Valparaíso, quienes invitaron a un grupo de académicos latinoamericanos a reunirse para retomar la Propuesta de Lovaina de 2006, ahora conectándola con la próxima visita del Papa Francisco a Bolivia y en una clave de acercamiento educacional y cultural.

El Rector de la UCA. Víctor Fernández dirigió el debate, presentó las conclusiones e hizo el cierre. El profesor Jeffs no participó en forma visible.

En un texto escrito por el Arzobispo – Obispo, bajo el título “Relanzar un sueño”, se pregunta: “¿se debe convalidar necesariamente el principio de que “el ganador se lleva todo”, sobre todo cuando implica quitar completamente a un país su acceso libre al mar?”. Señala también: “Ante la próxima visita del Papa Francisco a Bolivia y posteriormente a Chile un grupo de académicos de Bolivia, Chile, Perú y Argentina consideran que es una ocasión adecuada para proponer proyectos de integración en el Cono Sur” y agrega: “La salida al mar de Bolivia se presenta como una cuestión apta para plasmar una auténtica voluntad de integración latinoamericana”. “La nueva propuesta será entregada a los Presidentes de UNASUR, Tabaré Vázquez (Uruguay) y de CELAC Rafael Correa (Ecuador), solicitándoles que la entreguen a los Presidentes de Chile, Bolivia y Perú y les soliciten que inicien conversaciones entre los tres. Se pide también “que el ex Presidente de Uruguay José Mujica sea designado por UNASUR y CELAC para realizar gestiones de buena voluntad entre las tres naciones hermanas para que sea adoptada la solución propuesta”.

El convocante y protagonista central de este seminario, Víctor Manuel Fernández, estudió filosofía y obtuvo la licenciatura en Teología; en 1990 obtuvo el doctorado en Teología con una tesis sobre la relación entre el conocimiento y la vida en San Buenaventura. Fue profesor de Ética, Sicología, Hermeneutica, Antropología, Método Exegético, Nuevo testamente, Homilética,  y Teología Espiritual; ha colaborado en el Celam en el ámbito de la reflexión teológica pastoral; participó como invitado y colaboró como perito en la Comisión de Redacción de la  V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Cariba en Aparecida (2007). Participó también activamente en la Encíclica Papal sobre ecología del años 2014. Hombre de confianza del pontífice, se le atribuyeron aportes al Papa Francisco para la exhortación Evangelii gaudium. El propio Papa cita como referencia de ese documento pontificio un trabajo de Fernández.

El contexto político y el desarrollo de esta segunda propuesta presentan también características peculiares:

  • La iniciativa y el liderazgo del evento fue toda de Fernández, liderazgo que es natural si se considera que él entiende y arma todo el evento en el contexto de la próxima visita de Bergoglio a Bolivia y mas tarde a Chile. De la misma manera llama la atención que –a diferencia de lo ocurrido en Lovaina- se incluyeron participantes argentinos a título desconocido.
  • El recato y la prudencia de los organizadores de la reunión de Lovaina contrasta con la extroversión e intrusividad del Arzobispo – Obispo Fernández, en especial su abuso de confianza al tomar acción política regional a través Unasur y Celac sin la autorización ni conocimiento de los afectados, que se vieron en la necesidad de protestar públicamente. El historiador nacional y Premio Nacional de Historia 2008 Eduardo Cavieres, lo hizo en forma expresiva: “Nos sentimos utilizados. Ha existido un general rechazo a las distorsiones producidas respecto a la reunión y al Acta de Buenos Aires que se hace extensivo, en diversos grados, a todos los participantes”. El académico peruano Daniel Parodi se manifestó en forma similar: “Nunca propusimos la mediación ni de Celac, ni de Unasur ni de José Mujica. De hecho, nos enteramos de nuestra supuesta propuesta al día siguiente. Hasta ahora no sabemos como un foro académico se convirtió en la punta de lanza de una campaña de Unasur en la región”.
  • La aproximación de Fernández a la interpretación de la Guerra del Pacífico es discutible y muchos historiadores presentan contextos mas complejos, matizados y políticos del proceso. Si se consideran los atributos académicos de Fernández -su experiencia es próxima a la Ética, la Teología y otras ciencias de ese género – es comprensible su lejanía de la Historia y la Política.

La apreciación de Fernández respecto a que “La salida al mar de Bolivia se presenta como una cuestión apta para plasmar una auténtica voluntad de integración latinoamericana” señala un objetivo distante de las materias que se esperaría de competencia del Cardenal – Arzobispo de Buenos Aires y de la agenda de la reunión y , sin duda, su iniciativa personal de promover una acción política concreta mediante los Presidentes de UNASUR y de CELAC para dar la señal de partida de conversaciones en la línea de su propuesta se aproxima mucho a lo que se define como clericalismo: “Influencia del clero en los asuntos de Estado, en especial si es excesiva”.

Al respecto el Papa Francisco señala que “la tentación del clericalismo —con un deseo de señorear sobre los laicos—, implica una separación errónea y destructiva del clero, una especie de narcisismo que conduce a la mundanidad espiritual. Aunque parezca una paradoja, en este sentido, el clericalismo y la secularización del clero van de la mano”. E insiste: «Clericalizar la Iglesia es hipocresía farisaica». «No a la hipocresía. No al clericalismo hipócrita. No a la mundanidad espiritual».

La carrera ascendente de Fernández aproximándose a Bergoglio permite preguntarse si esta iniciativa tiene su origen en una solicitud del Papa o es una iniciativa personal de Fernández. El Pontífice ha sido ambiguo al respecto: Según Fernández “el Papa no solicitó esto; cuando estábamos empezando a organizarlo, le conté lo que pensábamos hacer, y él solo me respondió: la Universidad tiene libertad académica”.

Si el promotor de esta acción política fuera el Papa, estaríamos ante un problema grave; si fuera una iniciativa de Fernández, sería solo de otro exceso de entusiasmo clerical.

Sería muy positivo que este incordio fuera aclarado y controlado por las autoridades vaticanas.

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Atentamente

Fernando Thauby García
T3 SpA
Consultores
3 de junio de 2015

Comisión Rettig de Verdad y Probidad Política

Suavemente al comienzo, pero con fuerza desde comienzos del mes de mayo, tanto la Prensa  como la Oposición y la Nueva Mayoría declaraban que el 21 de mayo recién pasado era la última oportunidad para que la Presidente tomara las riendas de la crisis y recuperara el control de la agenda y la capacidad de gobernar.

El Gobierno prefirió una Mensaje con medidas sociales poco significativas para la mayoría y omitir, no digamos solo el enfrentamiento de la crisis política y moral que vive el país, sino cualquier referencia al respecto. Su Mensaje fue claro: En Chile no pasa nada anormal y funciona como siempre lo ha hecho. No por ignorar un problema éste desaparece.

Pocas horas después del Mensaje, el destituido Director del Servicio de Impuestos Internos sacó del ropero de la Nueva Mayoría un cadáver en descomposición: existieron presiones del Ministerio del Interior y de “los políticos” para que retardara o trabara la investigación de lo que, ya era claro, se trataba de una organización para obtener recursos en forma fraudulenta para financiar la precampaña de la candidatura de la actual presidente.

Estamos ante dos problemas en extremo difíciles: primero, la Jefe de Estado no pudo, no supo o no quiso enfrentar la crisis y profirió soslayarla sacrificando a algunos de sus acompañantes. El problema crítico es que es imposible que la opinión pública acepte el mensaje de la presidente de que ella no estaba informada de todo esta maquinaria delictiva, que para colmo incluía no solo a empresarios que podríamos calificar como algunos de “los poderosos de siempre”, sino conspicuamente, el ex yerno del general Pinochet, beneficiario emblemático de la privatización de industrias estatizadas por la Unidad Popular y segundo, que el problema al no ser enfrentado, terminó de liquidar la escasa credibilidad que aun conservaba Bachelet y la entrega por capítulos de esta fea telenovela no le permitirá dejarla atrás y seguir ejerciendo el mando de la República. Estamos en el peor de los mundos, sin liderazgo creíble y con una gotera de escándalos que caen en su cercanía, con el riesgo de que en cualquier momento alguno la toque directa e irremediablemente y con instituciones vitales para la República sometidas a un desgaste que podría llevarlas a su debilitamiento y destrucción. Hoy día el riesgo de un escándalo que impacte directo a Bachelet es significativo, y las consecuencias de eso pueden llevarla a la misma posición de Richard Nixon: jurando por TV que era inocente sin que nadie le creyera y que a esas alturas era irrelevante que fuera o no cierto ya que a nadie le importaba y todos querían que se fuera.

La pregunta que todos los chilenos nos hacemos ya no es si existieron -y existen- o no máquinas armadas para hacer cohecho en gran escala, defraudar al fisco para obtener y traficar poder, sino cómo y cuándo el Poder Ejecutivo estará en condiciones morales, éticas y mentales para hacer el trabajo para el cual fue elegido y dotado de recursos y atribuciones: Gobernar el país de acuerdo a la Constitución y las leyes.

Un elemento que agudiza esta crisis es que el desastre y la pérdida de credibilidad afecta también al Poder Legislativo que venía en un tobogán de desprestigio que ya lo tenía en el piso. La ciudadanía no quiere, respeta ni valora para nada a los senadores y diputados. Abomina de “los políticos” en general y quiere no verlos mas. Justo es reconocer que muchos miembros de ambas corporaciones han hecho todo lo que han podido para ponerse en esa posición, desde bailar con vedettes en plena sede porteña hasta todo tipo de abusos y excesos en sus gastos, honorarios y procedimientos.

El tercer Poder del Estado, el Judicial tiene una rama, las Fiscalías, que aun conservan algo de credibilidad pero debilitadas por su recurrente y ya antiguo abuso de poder mediante la “filtración” de antecedentes y declaraciones reservadas y partes del secreto del sumario, que a los pocos minutos de obtenerse, salen a la publicidad a través de “medios amigos”, con grave desmedro de la reputación y los derechos de los afectados, todo en beneficio de las carreras de los custodios de dichos documentos. Por un lado es cierto que los fiscales no pueden hacer carrera funcionaria y en los escasos años de su ejercicio deben de hacer todo lo que puedan para cimentar su futuro en otra parte, pero suelen poner demasiado empeño en detrimento de los acusados de turno.

En breve, el Ejecutivo está paralizado y ha mostrado persistente incapacidad y voluntad de enfrentar el desastre político y moral que lo llevó y lo mantiene en el poder. El Legislativo es parte del problema. No tiene la legitimidad para enfrentar un proceso de limpieza y regeneración política y el Poder Judicial y aun conserva la capacidad de seguir ventilando la corruptela pero carece de la legitimidad política y moral para jugar un rol de liderazgo. La opinión pública no confia en ninguno de ellos y prefiere a Carabineros y las FFAA por decenas de puntos en cada encuesta que haya en el país, pero ellas están excluidas del problema y para todos es mejor que eso siga así.

¿Qué hacer?, ¿Cómo salir de esta encrucijada?.

Lo que no hay que hacer es terminar de demoler la institucionalidad que aun existe.

Tenemos un Congreso que está golpeado, desprestigiado y que alberga a demasiadas personas que reiteradamente han mostrado falta de honradez y pudor, pero su renovación mediante una forma arbitraria o por fuera de los márgenes constitucionales agravaría la situación. Esto indica que la renovación de esa instancia solo puede ser gradual y a lo largo de un lapso de algunos años.

Tenemos un Poder Judicial que está prestando servicios útiles. Hay pues que potenciarlo, rodearlo de respeto y consideración y exigirle en forma inclemente que cumpla sus deberes. Ese es un rol que debe cumplir la prensa y la opinión pública.

Y tenemos un Poder Ejecutivo. Paralizado, extraviado y hasta asustado. No viene al caso seguir devaluándolo, por el contrario es preciso apuntalarlo con buena fe y criticarlo con lealtad y espíritu de cuerpo. Es el gobierno de Chile.

No hay que terminar de destruir las instituciones sino que debemos rescatarlas de las manos de quienes abusaron de ellas; restaurarlas, reforzarlas y recuperarles su majestad y honor.

Pero falta algo, creo que lo mas importante: falta el motor que dinamice esta renovación. Falta la instancia que identifique y permita la eliminación de la minoría dominante que se apoderó de la política en Chile.

Y aquí ya tenemos una experiencia que en su momento fue útil.

Me refiero a la Comisión Rettig.

El Decreto Nº 355 del 25 de abril de 1990 creó una Comisión de Verdad Y Reconciliación que en sus considerandos adaptados a las presentes circunstancias diría:

1º.- Que la conciencia moral de la Nación requiere el esclarecimiento de la verdad sobre las graves violaciones a la probidad y a la ética política cometidas en el país entre 1990 y 2015:

2º.- Que sólo sobre la base de la verdad será posible satisfacer las exigencias elementales de la justicia y crear las condiciones indispensables para alcanzar una efectiva confianza pública e instituciones sólidas.

3º.- Que sólo el conocimiento de la verdad rehabilitará en el concepto público la dignidad de la política y de la función pública y permitirá reparar en alguna medida el daño causado;

4º.- Que el juzgamiento de cada caso particular, para establecer los delitos que puedan haberse cometido, individualizar a los culpables y aplicar las sanciones que correspondan, es atribución exclusiva de los Tribunales de Justicia.

5º.- Que el ejercicio de las acciones judiciales para dichos efectos, no permite esperar que el país pueda lograr una apreciación global sobre lo ocurrido en un plazo más o menos breve;

6º.- Que la demora en la formación de un serio concepto colectivo al respecto es un factor de perturbación de la convivencia nacional y conspira contra el anhelo de disponer de un estado probo y eficaz.

7º.- Que sin perjuicio de las atribuciones que corresponden a los Tribunales de Justicia, es deber del Presidente de la República, en cuanto encargado del gobierno y la administración del Estado y responsable de promover el bien común de la sociedad, hacer todo lo que su autoridad le permita para contribuir al más pronto y efectivo esclarecimiento de esa verdad;

8º.- Que el informe en conciencia de personas de reconocido prestigio y autoridad moral en el país, que reciban, recojan y analicen todos los antecedentes que se les proporcionen o puedan obtener sobre las más graves violaciones a la probidad y la honradez, permitirá a la opinión nacional formarse un concepto racional y fundado sobre lo ocurrido y proporcionará a los Poderes del Estado elementos que les permitan o faciliten la adopción de las decisiones que a cada cual correspondan;

9º.- Que para satisfacer sus objetivos, la tarea de esas personas ha de cumplirse en un lapso relativamente breve, lo que exige limitarla a casos de asociaciones ilícitas, trafico de influencias, elusión de impuestos y falsificaciones ideológicas para la justificación de transacciones financieras.

Me parece que una instancia así podría ayudar a restablecer el control de la situación y aliviar al Ejecutivo de una carga paralizante; liberar al Congreso para que legisle y advertirlo que viene cambios radicales en la permanencia y comportamiento de sus miembros, y satisfacer los anhelos de Justicia y claridad de la opinión pública.

Podría identificar y sancionar moralmente a los corruptos -o al menos a algunos de ellos- y detendría el deterioro de las instituciones sin las cuales la democracia y la República sufrirán un daño quizás irreparable.

Obviamente nada puede comenzar sin un “Nunca Mas” corporativo del Congreso, Diputados y Senadores; de los Partidos Políticos, y sin un un reconocimiento explícito del Gobierno de sus manejos financieros pre y pos electorales.

El problema es grave y requiere actuar ahora mismo, no queda tiempo para seguir debatiéndonos en el patético deporte de demoler la República.

Algunos políticos se comportan como niños peleando por el asiento, en un tren que corre velozmente hacia el descarrilamiento.

Evo Morales, el peor enemigo de Bolivia

La actual rabieta boliviana contra Chile se inició el año 2002 con la llamada Guerra del Gas.
A mediados de 1990 se descubrió gas en el departamento de Tarija. Como es habitual, al comienzo se habló de yacimientos gigantescos y riqueza instantánea para el país. Los apetitos de la oligarquía boliviana se despertaron, y en el otro extremo los chavistas vieron la posibilidad de emular la revolución que se iniciaba en Venezuela.

El conflicto se inició, como también es habitual, protestando contra Chile que no había dicho nada ni intervenido en forma alguna. Las protestas ya se habían iniciado en tiempos de Pinochet y Banzer, obligando a este último a recular y abandonar las negociaciones por el corredor de Charaña planteado por el entonces gobierno de Chile, que evidentemente favorecían a Bolivia. Recrudecieron cuando Jorge Quiroga, elegido tras la muerte del presidente Banzer, decidió exportar el gas por el puerto chileno de Mejillones hacia los mercados de EEUU y México. Los gritones se opusieron a todo. Al final no se concretó nada y el gas siguió bajo tierra.

Quiroga fue sucedido por Gonzalo Sánchez de Lozada. El empresario minero boliviano insistió en el negocio y en el puerto de Mejillones. Sánchez, junto a la Pacific LNG, British Petroleum, Repsol YPF y Petrobras (desde detrás de las bambalinas), insistieron en dar avante con el negocio. Evo Morales y Felipe Quispe, dirigentes chavistas de los coqueros y de los campesinos, respectivamente, movilizaron a la opinión pública y detuvieron el negocio -¿negociado?-.

Sea lo que fuere, Chile no tenía nada que ver en la transacción ni en nada se beneficiaba, pero igual fue uno de los malos. A la animadversión tradicional se unía el odio político, mal que mal Chile personificaba al pérfido país cuasi blanco y neoliberal

Tras un sainete político – folclórico cayó Sánchez de Lozada quien huyó raudamente a los EEUU asumiendo la presidencia Carlos Meza –el actual insultador y promotor mediático de la estrategia boliviana contra Chile en La Haya-. Tras un nuevo período de anarquía y caos promovido por Morales y Quispe, el gobierno cayó en manos de Eduardo Rodríguez Veltzé -coludido con ambos conspiradores- que llamó a elecciones anticipadas el 4 de septiembre de 2005. El 18 de diciembre de 2005 Evo Morales ganó las elecciones nacionales y desde entonces no suelta el poder haciendo toda suerte de contorsiones pseudo constitucionales para agarrarse al sillón.

El problema de fondo en Bolivia era el destino de las entradas por la venta del gas y la lucha por el poder entre la elite blanca de tradicional y las fuerzas políticas emergentes mestizas y aborígenes.

Morales “quebró el vidrio” y sacó el fantasmón de Chile para agitarlo frente a las turbas. Una vez mas, Chile fue utilizado para “agudizar las contradicciones” internas y al final, declarado “culpable” de casi todo, sin perjuicio de lo cual, ciudadanos y autoridades bolivianas siguieron contrabandeando televisores y autos robados en Chile.

Y llegó Evo Morales.

En Chile, desde hacía años, había venido formándose una corriente de buena voluntad hacia las aspiraciones bolivianas. Entre los años 2007 y 2009 el gobierno de Bachelet trabajó una idea que experimentó variaciones, pero que mantuvo una línea central: la oferta de un “enclave, no soberano”, en la región de Tarapacá y en general próxima a Iquique. Un ex Ministro del primer gobierno de Bachelet explica: “Se exploró la concesión de un territorio costero sin soberanía, (incluyendo) su ubicación, su extensión y las normas bolivianas que podrían regir en ese enclave para las empresas y trabajadores bolivianos en industria, servicios, comercio y turismo”. Lo que hoy se llama supremacía territorial.

El año 2010, el senador PS Jaime Gazmuri escribía: “Ciento treinta años después (de la guerra), la cuestión de resolver la demanda boliviana de una salida soberana al Pacífico está en el centro de la agenda bilateral y, como siempre, vinculada a las mutuas relaciones con el Perú. La reciente proposición del senador UDI Longueira de someter a plebiscito una eventual solución añade nuevas voces a quienes pensamos que ha llegado el tiempo histórico de resolver esta cuestión”, “durante más de un siglo, la posición chilena ha tenido dos elementos comunes. El primero ha sido su negativa a ceder soberanía en el antiguo litoral boliviano, adquirido por Chile en el Tratado de Paz de 1904, con el argumento de que no es posible romper la continuidad territorial. El segundo ha sido la disposición a ceder soberanía de territorios al sur de la línea de la Concordia y al norte de Arica: un corredor boliviano desde la frontera”. “Las recientes declaraciones del canciller de ese país de que el Perú no será un obstáculo para el tema abren esa posibilidad. En las negociaciones anteriores han estado sobre la mesa un conjunto de otras materias, muchas de las cuales seguramente volverán a discutirse: eventuales compensaciones, cesión de enclaves sin soberanía”.

El año 2012 las relaciones bilaterales con Bolivia ya se encontraban deterioradas, particularmente por la insistente presión por la demanda marítima de ese país que fuera incluida en su Constitución del año 2008 que contiene una disposición transitoria, que da plazo hasta el 06 de Diciembre del 2013 para denunciar y renegociar el Tratado de Paz y amistad del año 1904. El clavo en el ataúd fue la decisión boliviana de recurrir a la Corte Internacional de Justicia, el 23 de marzo del 2012.

¿Por qué Morales tomó ese camino?. Porque era el pegamento imprescindible para mantener a su nación unida tras su mandato renovable sin término. Además, si a Perú le había funcionado, ¿por qué a ellos no?

El Canciller David Choquehuaca, algo mas educado, pero sobre todo mucho mas sagaz que Evo, percibía que el camino era erróneo y el mismo día que anunciaba la decisión de su gobierno de recurrir a la Corte Internacional de Justicia dejaba la caída para reanudar las conversaciones con Chile. Una petición absurda.

Nuestro gobierno, por boca de su ministro de RREE insistió en su posición:

«Chile no tiene una deuda con Bolivia». No obstante, existe la disposición a «darle facilidades a Bolivia de otra naturaleza». “Aquí lo que hay es una discusión y un planteamiento en Bolivia que pone como una exigencia una salida soberana al mar, cosa que Chile no está en condiciones de hacer. Esa solución hoy no es posible», sostuvo.

La conciencia de estar destruyendo lo avanzado en tantos años era claramente perceptible para algunos bolivianos: la columna de Ramiro Prudencio Lizón aparecido en el periódico La Razón el 6 de Junio de 2012 así lo confirma:

“La actual política intransigente del gobierno del presidente Piñera respecto al tema marítimo ha agudizado la creencia generalizada en Bolivia de que Chile tiene como política básica el rechazo a todo entendimiento sobre la materia. Pero, felizmente, la realidad es diferente. Al contrario de lo que piensan muchos bolivianos, la política tradicional chilena, salvo cuando las relaciones están muy frías como ahora, ha sido buscar una solución al problema marítimo boliviano.

En el transcurso del siglo XX, y luego de haberse suscrito el Tratado de Paz de 1904, hubo diversas negociaciones entre los dos países sobre el tema. Basta recordar lo sucedido en los últimos años, desde la ruptura de relaciones diplomáticas de 1962, a raíz del conflicto del río Lauca, cuando Chile decidió nunca más tratar el asunto marítimo. Pero poco tiempo después, el gobierno del presidente Eduardo Frei reanudó conversaciones reservadas sobre la cuestión marítima.  Estas continuaron con el gobierno de Salvador Allende, oportunidad en la que se concibió una posible solución con base en la entrega de un corredor al norte de Arica, tal como se había estudiado en 1950.

A la caída de Allende, el régimen militar que tomó el poder, encabezado por el general Augusto Pinochet, buscó un arreglo directo con Bolivia. De este modo, se llegó a la negociación iniciada en Charaña, que fue la más importante del siglo XX. En esa oportunidad, Chile ofreció ceder un corredor al norte de Arica, con continuidad territorial desde Bolivia hasta el mar. Como compensación exigió un canje de territorios. Lo increíble es que en Bolivia surgió una oposición irracional al trueque de territorios, al extremo de que el general Banzer se sintiera obligado a suspender relaciones diplomáticas con Chile y dar fin con ello a tan trascendental negociación.

Pese a esta abrupta ruptura de relaciones, Chile aceptó ingresar a una nueva negociación, la del  “Enfoque fresco”, la cual se concretó en la reunión de cancilleres de Montevideo, de 1987.  Pero declaraciones anteladas de nuestro gobierno de que Bolivia nunca aceptaría el canje de territorios frustró este nuevo emprendimiento.

Cuando surgieron en Chile los gobiernos democráticos, ya no hubo negociaciones formales sobre la materia. El temor a la compensación territorial paralizó la obra de los gobiernos nacionales hasta la llegada del nuevo siglo. Al despuntar éste, se suscribió la Declaración de Algarve, Portugal, donde se estipulaba que los dos gobiernos tratarían todos los temas de la agenda bilateral sin ninguna exclusión.  

Posteriormente, el presidente Ricardo Lagos manifestó al mandatario Carlos Mesa su intención de ceder a Bolivia el corredor al norte de Arica. Pero, lamentablemente, pronto provino una desinteligencia entre dichos jefes de Estado en la Cumbre de Monterrey, que frustró ese ofrecimiento. Por último, apenas el mandatario Morales asumió al poder (invitó al) presidente Lagos viniese a Bolivia para tratar el asunto del gas y, naturalmente, el marítimo. Aquí Lagos le informó sobre su disposición de ceder el corredor en forma soberana y, además, de adquirir nuestro gas a un precio doble del que pagaban Brasil y Argentina.

Pero poco después, absurdamente, el Gobierno volvió a suscribir un acuerdo de venta de gas a Argentina con la cláusula de la “molécula de gas”. Es decir que Argentina se comprometiera a no vender gas boliviano a Chile. Desde ese momento, el gobierno de Bachelet reculó en lo referente al mar, lo mismo que su sucesor, el presidente Piñera, quienes mencionaron que sólo concederían una zona sin soberanía”.

Recientemente se han completado las presentaciones para la vista de la objeción de competencia de la CIJ, presentada por Chile. El esfuerzo actual de Morales y su grupo es tratar de alargar el pleito todo lo que sea posible, mantener viva la controversia para poder usarla en sus maniobras políticas para agarrarse del poder a cualquier costo, aun sabiendo que con cada acto hostil y provocador hacia Chile, Bolivia aleja mas y mas la posibilidad de obtener un mejor trato.

Siempre en clave críptica, el ex presidente y agente de Bolivia en La Haya asegura: «No estamos  demandando el Tratado de 1904, ni estamos intentando  anularlo, evadirlo o modificarlo, voy a reiterar lo que Bolivia plantea ante esta Corte: es que  a la luz de una serie de  promesas,  actos unilaterales  o bilaterales, Chile sostuvo  y admitió encontrar una salida efectiva para el enclaustramiento de Bolivia”.

Promesas no hubo, ofertas de negociar, si, con y sin soberanía y con y sin compensaciones. No se negoció por decisión boliviana. ¿Qué significa salida al enclaustramiento boliviano?, nadie lo sabe y ninguna autoridad boliviana se atrevería a decirlo, por la simple razón de que no hay consenso boliviano al respecto.

Pero el Vicepresidente Álvaro García Linera nos da alguna luces:

“Los bolivianos «vamos a tener mar”, pero uno de los cinco requisitos para conseguir ese objetivo es que el «presidente Evo (Morales) siempre nos acompañe, siempre nos conduzca”. “Con la demanda interpuesta contra Chile, Bolivia busca que el alto tribunal obligue al vecino país, mediante una resolución, a negociar de buena fe con el Estado boliviano una salida marítima con soberanía.
No existen  fechas establecidas para el desarrollo de este contencioso, pero si la CIJ se declara competente y conoce la demanda, puede dictar una resolución después de al menos cinco años”.

Las claves:

  • Que Evo nos conduzca siempre: Reelección eterna. Chavista
  • Una salida marítima con soberanía: Es decir con cambios en el tratado de 1904.
  • Este proceso va a durar mas de cinco años:  Morales debe permanecer el mando por un lapso mayor que eso.

Para no perder su incoherencia habitual, el gobierno boliviano, en La Haya, por boca de su abogado estrella, el iraní Payam Akhnavan declara que “a Bolivia le puede servir tanto un corredor, como un enclave o incluso una zona especial”, sea lo que sea que “una zona especial” signifique”.

  1. Hemos completado el círculo y Bolivia aparece pidiendo lo que se les ofreció y rechazaron. Todo un perfil siquiátrico de Evo.
  2. El tema está claro. El asunto con Chile es directamente funcional a la necesidad de asegurar la prolongación del gobierno de Morales. A mayor abundamiento, la prensa boliviano consigna una declaración suya: Evo quiere que el proceso de cambio dure “como en China”: “Si nos unimos de verdad, nuestro proceso puede ser como en China, gobernar para toda la vida, pero sirviendo al pueblo boliviano”, afirmó Morales.

Para un caudillo bárbaro como Morales, ignorante de la historia, centrado en su pobre humanidad, todo comienza y termina con el mismo.

Todo el capital de buena voluntad que se había acumulado en Chile fue dilapidado en medio de insultos, provocaciones y comentarios estúpidos. No queda nada. Actualmente la inmensa mayoría de los chilenos es partidario de no conceder nada a Bolivia, ni hoy ni nunca.

En mucho tiempo ningún Presidente se arriesgará a acercarse a Bolivia para tratar este tema. Peor aun, los cambios habidos en la sociedad chilena hacen que sea muy probable que nunca mas ningún presidente de Chile pueda alterar el estatus quo territorial de la República sin la autorización directa del pueblo, con un plebiscito. Los chilenos ya no conceden carta blanca a nadie para que proceda según su parecer o su ideología frente a algo que pertenece a toda la nación y que fue ganada con su sangre.

De la misma manera, las reiteradas marchas y contramarchas bolivianas, las eternas pillerías, vueltas y revueltas, mentiras y distorsiones ofensivas en su puerilidad, han liquidado toda su credibilidad. Bolivia tendrá que hacer un plebiscito que asegure a los chilenos que su gobierno realmente representa la voluntad de su nación.

Y eso, lo sabemos, es imposible: en Bolivia no hay dos personas que quieran lo mismo respecto a las relaciones con Chile.

Bolivia ¿a quién beneficia el acceso “soberano” al mar?

El sentido común sugiere que para entender lo que una persona o grupo quiere, debemos comenzar por entender las palabras con que lo definen. Bolivia aspira a obtener “un acceso soberano al mar”.

La palabra “acceso” tiene un significado relativo a “acercarse o llegar a algo”; es “tener entrada o paso a algún lugar o persona”; y “soberano”, que ejerce o posee la autoridad suprema e independiente.

Actualmente y como ha quedado demostrado hasta la saciedad, Bolivia tiene acceso al mar y lo tiene en condiciones excepcionalmente amplias y convenientes, como beneficio obtenido en el Tratado de Paz y Amistad con Chile, de 1904. Puede acercarse, llegar y entrar al mar. Tiene acceso.

Lo que busca entonces es soberanía sobre un espacio terrestre para transitar por territorio chileno y un tramo en la costa de Chile apto para construir un puerto bajo su control.

Tener un “corredor de territorio soberano” y un “espacio costero” no significa obtener una ganancia económica ni de eficiencia del transporte de carga y pasajeros, muy probablemente la calidad de los servicios decaiga durante un lapso significativo, antes de igualar a lo que tienen hoy, si es que ello llegara a suceder.

¿A quién beneficia el acceso ”soberano”?.

Los comerciantes y exportadores bolivianos privilegian un “acceso eficiente” -acercarse, llegar y entrar al mar con rapidez, seguridad y a bajo costo-, que ya lo tiene y que muy probablemente no mejorará en manos del gobierno boliviano. Los emigrantes ya circulan por miles entrando y saliendo de Chile sin necesidad de que el acceso sea “soberano”. Los pequeños comerciantes llevan y traen su contrabando hormiga. Los turistas van y viene a su antojo.

El periódico El Día, de Santa Cruz – Bolivia- del martes 5 de mayo, bajo el título de ¿A quién beneficia el mar?, señala: “Hay un juego de política y otro mayor de intereses económico. Morales & Cía. tiene mucho que ganar. El mundo sobrio olvida reclamos territoriales, tal vez justos, en aras de una coyuntura nueva, diferente, globalizada, donde los nacionalismos vienen a ser un énfasis retrógrado. No imaginamos a México pidiendo a Texas”.

“Pareciera que no se pide mucho, un pasadizo soberano para en su extremo, en la costa, levantar barracones y muelles cuyo único destino será, siendo realistas, el de trampolín para el tráfico de cocaína. Ya se intentó en oriente con la vergüenza del Tipnis (carretera que  cruza un parque nacional). Allí se olvidó a la Pachamama, se le quitó la identidad de ser vivo a la Madre Tierra porque los insignes cocaleros deseaban (y lo están haciendo) expandirse para fortificar su imperio. Bien se denominó a ese proyecto “la rodovía de la cocaína”. Lula y otros en Brasil y los conocidos de siempre en este lado apostaban al fantástico negocio con una retórica de progreso y bienestar”. Los traficantes “de solo imaginar un pase libre hasta el Pacífico sin trabas ni control, se marean”. “Nuestro producto estrella de exportación es la droga. No mientan los jerarcas, se necesita el mar para exportar”. “No me importa lo de Chile, allá ellos y su propia perspectiva. Muy pocos (bolivianos) se beneficiarán si un día las olas golpean un territorio llamado “nuestro”. Este es un baile de poderosos y los de abajo no danzan en este ruedo”.

En Chile hay quienes creen que es una aspiración del pueblo boliviano, otros piensan es una necesidad sicológica para tratar de superar su limitaciones históricas, otros que es una herramienta para jugar en la política interna. Para otros –los mas activos en mostrar su apoyo a las maniobras bolivianas- es una parte de su concepción ideológica latinoamericanista, que privilegia los intereses colectivos de una imaginaria comunidad latinoamericana y pospone los intereses nacionales que considera estrechos y clasistas. Al igualar la lucha de clases con la lucha de los países mas pobres contra los mas ricos, toman posición con los primeros en desmedro de los intereses nacionales.

Han terminado los alegatos de esta parte del pleito. Morales hoy nos ha notificado que “su país tiene otros planes «mucho más interesantes» en caso de que no le fuera bien con la demanda que interpuso contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya”. «Si en esta primera demanda no (nos) fuera bien, ni se imaginan ustedes que tenemos planes mucho más interesantes que esta primera etapa de batalla legal en la comunidad internacional», Agregó que los nueve años que lleva en el Gobierno le han permitido «aprender y entender no solamente los procedimientos internacionales, sino también cómo hacer planes para que Bolivia vuelva al Pacífico con soberanía». http://www.emol.com/noticias/nacional/2015/05/09/716234/morales-dice-que-bolivia-tiene-otros-planes-si-no-le-va-bien-ante-la-cij.html. Anteriormente ya nos había amenazado con agitar el asunto del río Silala y del Río Lauca y tal vez llevarlos también a la Corte Internacional de Justicia.

Es evidente que las interferencias bolivianas no terminarán con este pleito. Asi las cosas, tendríamos que ser estúpidos para no darnos por enterados y ponernos en acción desde ahora. Lo primero, es tomar nota que hay mucha personas y grupos en Bolivia que son mas sensatos que Morales y sus coqueros. Es tarea nuestra contactarlos, apoyarlos y transformarlos en interlocución válidos y privilegiados. Lo segundo, es que hay que tomar acción para evitar que Morales siga usando la CIJ para sus maniobras y jugarretas y eso comienza con el Pacto de Bogotá. Lo tercero, es que Morales y su gobierno deben sufrir las consecuencias de los insultos y agresiones a Chile, tenemos como y con qué hacerlo, en varios ámbitos, comenzando por una agudización del combate al tráfico de drogas por vía marítima y la identificación pública de los líderes de las redes que las dirigen desde Bolivia.

No es razonables quedar a la espera de que nos demanden o que armen una encerrona contra nuestro país para entonces empezar a preparar una “defensa jurídica” que nos tendrá, otra vez, ocupados perdiendo el tiempo con este individuo y su lote.

Pareciera muy poco inteligente volver a negociar con el actual gobierno boliviano. Solo es fortalecerlo para que nos agreda mas.

Sería toda una experiencia ver a nuestro país tomando la iniciativa y no limitándose a reaccionar cuando ya estamos bajo ataque.

Por último, nuestro gobierno, con estas y anteriores experiencias, debería revisar su posicionamiento ideológico latinoamericanista, pasando por su incomprensible entusiasmo por Unasur y terminando con Tellier y el Partido Comunista gritando en apoyo a los enemigos de Chile y solidarizando con ellos pública y encubiertamente.

El manoseo franco – boliviano y algunas reminiscencias coloniales locales

El 30 de octubre del este año, el Director Jurídico de la Cancillería de Francia, François Alabrune, se expidió con soltura respecto a nuestro pleito con Bolivia, y lo hizo en forma negativa para nuestros intereses nacionales.

Ese día el eslovaco Peter Tomka, en ese entonces presidente de la Corte Internacional de Justicia, hizo su cuenta anual informado a la Asamblea General del funcionamiento del tribunal.

La presentación en si misma no es mas que un ritual burocrático que no suscita mayor interés, pero en este caso, con posterioridad a la presentación de Tomka, Alabrune en representación del gobierno de Francia, hizo los comentarios que le parecieron pertinentes a su Cancillería:

“Entre los casos que hay en la Corte actualmente se incluyen cuatro casos sobre la obligación de negociar, como el de Bolivia y Chile referido a un acceso al Océano Pacífico. La obligación de negociar ha sido una de las piedras angulares del derecho internacional».

La intervención no fue aclarada por el gobierno francés, pero según los conocedores del tema, este tipo de afirmaciones se hacen en acuerdo con los actores involucrados, en este caso, con Tomka y mas importante, con quien se aprestaba a sucederlo a la cabeza del tribunal, el francés Ronny Abraham. La coincidencia sorprendente es que el juez ad hoc escogido por Bolivia, el secretario general de la Academia de Derecho Internacional de La Haya, Yves Daudet, es de la misma nacionalidad: francés.

No es ser mal pensado imaginar que esta intervención -y el posterior silencio aclaratorio- son una demostración política del gobierno de Francia. El hecho de haberse referido con nombre al caso de nuestro país con Bolivia confirma el contenido político del mensaje. Alabrune es un abogado, pero como funcionario de la Cancillería de su país es un funcionario político que cumple las directivas de su gobierno. Tal como es su momento lo hizo Felipe Bulnes, durante su olvidable desempeño como Ministro de Justicia y de Educación.

Mas allá de lo efectiva o real que pueda ser esta toma de partido del gobierno de Francia, el referirse a la disputa señalando que “la obligación de negociar ha sido una de las piedras angulares del Derecho Internacional”, constituye munición para la propaganda boliviana y un daño para nuestro país y eso no pudo pasar desapercibido para ese gobierno.

Las relaciones internacionales son relaciones de poder, es decir se manejan según parámetros políticos. El derecho internacional es sin duda un factor morigerador o si se quiere un arma mas dentro del arsenal que constituye el poder nacional de los actores en disputa, pero ello no obsta a la naturaleza política de las relaciones entre países, aunque nuestros expertos insistan en mantenerse asidos al salvavidas de plomo jurídico como único y decisivo argumento.

Sin duda el gobierno de Francia tiene sus propias razones para actuar así, y no somos nosotros quienes deban cuestionar sus intereses y políticas, pero si es asunto nuestro ser realistas en nuestros análisis, políticas y acciones.

El comportamiento de Francia, un país en declive, que infla su auto estima con planteamientos imperiales, es posible solo porque nosotros se lo permitimos y el que un caudillo bárbaro como Evo Morales puede lanzarnos insultos y maldiciones desde la punta de su cerro, es posible solo porque para él no tiene consecuencias.

Esta situación trae a colación la desafortunada interpretación de Felipe Bulnes, representante de Chile en este pleito, respecto a la naturaleza del conflicto creado por Bolivia, cuando a comienzos de este año, en una entrevista en un diario nacional manifestó su molestia por las, a su juicio, impropias intervenciones de actores políticos nacionales –pauteo las denominó -y puso a los chilenos “en su lugar”, -entre el segundo patio y el corral de las vacas- respecto a una materia que a su juicio debía ser algo de su sola y personal incumbencia y control: la preparación de la postura chilena para enfrentar este pleito.

Para pertenecer a la fronda chilena bastan conexiones familiares, el aprendizaje de algunos modales arcaicos y amanerados y algunas destrezas útiles para administrar el poder de su grupo social. Todo ello insuficiente para manejar nuestro destino o pretender la exclusividad en algún tipo de representación nacional.

Según Bulnes, “la situación preocupa al gobierno y a los expertos a cargo del caso -¿el mismo?-, pues podría exponer la estrategia jurídica chilena” … “Estoy completamente en desacuerdo y profundamente preocupado por el clima político que se ha ido instalando en el caso frente a Bolivia. Creo que no tiene precedentes y me parece que no estamos tomando conciencia de la irracionalidad con que se está imponiendo el debate. Lo digo, porque me parece completamente inapropiado que actores políticos relevantes de este país, rompiendo un precedente que ha sido la unidad y la responsabilidad con que se enfrenta un caso de esta naturaleza, busquen pautear la forma en que Chile debe defenderse ante la Corte Internacional de Justicia. Me parece incomprensible que pretendan fijar una posición respecto de lo que se debe hacer, pero aún más incomprensible me resulta que no reparen en que ello promueve una discusión pública sobre la estrategia judicial que debe adoptar Chile, cuando eso es contrario a las normas más básica de prudencia”.

De nuevo, Bulnes cree que está ante un problema judicial y de competencia solo de cierta auto designada elite e ignora que lo que pasa en Chile y con Chile es materia de todos los chilenos.

Hasta donde se sabe, Bulnes es conocedor del derecho comercial, pero no tiene trayectoria en política exterior ni en derecho internacional, por lo que resulta insólita su pretensión de mantener a los actores políticos fuera del tema. ¿Es que los representantes del pueblo chileno no tienen derecho –o la obligación- de dar su opinión, que puede o no ser acogida por el gobierno, pero que al ser planteada ayuda a una mejor comprensión de lo que los dueños de Chile, los chilenos de a pie, quieren?.

Se comporta como un representante típico de quienes se creen dueños de Chile aunque sean recién llegados a un tema y demuestren una clara falta de comprensión del Chile y del mundo de hoy. Firmar un cheque en blanco para que un representante de la fronda nacional “tome las mejores decisiones para Chile” es una exigencia que refleja la soberbia obsoleta, agraria y decimonónica sobre la que se encarama Bulnes para tratar de hacerse ver.

El comportamiento de Morales de Bolivia y del representante del Gobierno de Francia muestran que en el sistema internacional la competencia es sin guantes y de políticos que representan los intereses de los verdaderos dueños del país. Las opiniones de los ciudadanos cuentan, son ellos los que a la hora de las crisis ponen su vida y dinero para proteger la dignidad del país.

¿Qué hizo Bulnes por Chile en 1973 y en 1978?.

Espías y traidores

El Presidente de Perú -ex militar- ha iniciado un escandalillo a raíz de una información publicada por un diario de su país sobre una investigación que se estaría efectuando para aclarar la presunta venta de información de inteligencia a Chile, por parte de dos o tres miembros de la Armada de su país.
Su primera reacción ha sido llamar a su embajador “para consultas” y “exigir a Chile una completa y pronta investigación e informe” al respecto.

Una breve lectura de la información pública disponible muestra una forma curiosa y poco habitual de enfrentar problemas como el que se comenta:

1.- El Gobierno de Perú no ha establecido que haya existido algún “espionaje”. Nadie ha señalado la presencia ni existencia de «espías», tampoco ha establecido que algún organismo oficial de Chile haya tenido que ver en el asunto. Según el gobierno de Chile nuestro país no tiene nada que ver en el tema. La Armada de Perú lleva largo tiempo investigándolo y parece no haber llegado a nada concreto.
Es entonces perfectamente válido preguntarse ¿Con que cara Humala pide a nuestro gobierno que investigue y resuelva un problema interno suyo, de larga data, que su propio Gobierno y Armada no han podido aclarar?. Y además “exige” que se haga rápido.

2.- Según la prensa peruana esta venta de informaciones se habría producido entre los años 2006 y 2011, y se habría vendido información relativa a movimientos de la flota de ese país a industriales pesqueros italianos que no serían tales, sino chilenos.
Si los marinos peruanos venden información secreta al mejor postor, la situación interna en sus FFAA es grave y la inquietud de Humala debería orientarse mas bien a corregir un serio problema de desafección y desmoralización de sus militares. Por lo demás si alguien pone algo a la venta, casi siempre encontrará un comprador y eso no es algo que Chile pueda resolver en su nombre.

3.- Todos los gobiernos y FFAA del mundo, incluidas las de Perú, tienen organismos de inteligencia. Así, en la orgánica de las FFAA peruanas en todos las organizaciones de nivel estratégico y operativo existen organismos de inteligencia. Su Armada tiene un “Director de Inteligencia de la Marina”.

4.- En general, los organismos de inteligencia militar tratan de reunir información útil y pertinente para el proceso de conducción de las operaciones militares, es decir información sobre otras organizaciones militares o civiles armadas que puedan llegar a ser oponentes o enemigos.
Si el Director de Inteligencia de la Marina – el Contraalmirante Raúl Robles, en el caso de Perú – no está tratando de obtener de información útil para su Armada, es que está perdiendo el tiempo y dejando de hacer el trabajo para el que fue designado. Habría que reemplazarlo.
¿O lo está haciendo?.
Si es así, no parece razonable pensar que rechace a un vendedor de información sobre la Armada de Chile, de Ecuador o de Colombia por escrúpulos morales. De esta manera tendríamos que Humala está actuando con poca consistencia y armando un caso de la nada. Como ex – Militar debería estar al tanto. Por otro lado, él mismo fue Agregado Militar en Francia y Corea del Sur y si dice que no hizo ningún esfuerzo por obtener información mas allá de la que le fue proporcionada por sus anfitriones, es que estuvo con vacaciones pagadas para no hacer nada.

5.- Los traidores existen y seguirán existiendo siempre, el problema de identificarlos y expulsarlos es del que los contrató no de los ajenos. Humala es quien debe disponer las investigaciones y no pedirle informes a Chile y quien debe castigar a los traidores con sus propias leyes.

6.- Durante la década de los ´70 con Velasco Alvarado al mando, los soviéticos se constituyeron en los mentores y modelos de la inteligencia militar peruana e implantaron una forma de acción en extremo violenta y descarada. Lo experimentamos reiteradamente. Parece haber decaído desde entonces, pero no es razonable pensar que haya desaparecido del todo. Las versiones civiles de la inteligencia como el “chuponeo” de teléfonos y el robo de documentos, sigue siendo de uso frecuente a nivel político y gubernamental peruano.

Raya para la suma: Todo este escándalo no es mas que un ejercicio de mojigatería patética en busca de utilidad política interna, que está desprestigiando a su propio autor.